TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, veintitrés (23) de septiembre del dos mil trece (2013).

203° y 154°

PARTE DEMANDANTE: HERNANDO RAMIREZ FLOREZ, colombiano mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° E-82.134.390, domiciliado en esta ciudad y hábil.

ABOGADO ASISTENTE: Abg. SERGIO BALLESTEROS OMAÑA, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 28.338.

PARTE DEMANDADA: JOSÉ GREGORIO GARCÍA GARCÍA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.774.194, domiciliado en Seboruco, Estado Táchira y hábil.

MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES-INTIMACIÓN.

EXPEDIENTE: 13.110-2001.

PARTE NARRATIVA

Se inicia la presente causa, mediante demanda por Cobro de Bolívares-Intimación, intentado por el abogado SERGIO BALLESTEROS OMAÑA, con el carácter de endosatario en procuración del ciudadano HERNANDO RAMÍREZ FLOREZ, contra el ciudadano JOSÉ GREGORIO GARCÍA GARCÍA, alegando lo siguiente:
Que en fecha 19 de julio del año 2000, el prenombrado ciudadano dio en préstamo al demandado, la suma de SEIS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 6.000.000,00) tal y como consta en documento (pagaré) firmado por vía privada en fecha 19-07-2000, en San Cristóbal, Estado Táchira, el cual anexa marcado con la letra “A”, en el cual se evidencia que la suma de dinero adeudada se pagaría el día 26 de julio del dos mil, bien en dinero efectivo o bien con el traspaso de un vehículo MARCA: MAZDA, MODELO MX3-GS-P, AÑO 1.992, COLOR: GRIS, CLASE: AUTOMÓVIL, TIPO: COUPE, USO: PARTICULAR, SERIAL DE CARROCERÍA JM1EC4321N0124237, SERIAL MOTOR 6 CILINDROS CON PERMISO DE CIRCULACIÓN N° 014045, expedido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre, Jefatura de la Zona A-7 y de no ser así por la vía Judicial.
Ahora bien, pese a las gestiones amistosas realizadas para el pago de dicha suma de dinero, esto no se ha logrado, es por lo que acude ante este Tribunal para Demandar, como en efecto Demanda, por el procedimiento de Intimación, de conformidad con lo establecido en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil al prenombrado ciudadano, para que convenga o a ello sea condenado por este Tribunal en pagar las cantidades siguientes:
PRIMERO: La suma de SEIS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 6.000.000.00)
SEGUNDO: De conformidad con el Art. 274 del Código de Procedimiento Civil, las costas y costos del presente proceso.
TERCERO: Solicitó que la citación del demandado, se haga en la siguiente dirección. Calle 5 Bis, N° 1-12 de la ciudad de Seboruco. Y solicitó que se decretara Medida de Embargo sobre bienes propiedad del demandado y una vez decretada la misma, se comisione al Tribunal Ejecutor de Medidas.
Pidió que la presente demanda sea admitida y sustanciada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva en todos los pronunciamientos de Ley.
En fecha 08 de marzo del 2001, este Tribunal le dio entrada a la presente causa, se decretó la intimación del demandado, para que consignara por ante este Tribunal, en el lapso de diez (10) días, más un día que se le concedió como termino de distancia, contados a partir de su intimación y apercibido de ejecución, la cantidad de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 7.500.000,00) que comprende la suma demandada, los honorarios profesionales calculados prudencialmente por el Tribunal en un veinte por ciento (20%) y las costas calculadas prudencialmente por el Tribunal en el cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que formule oposición y que no habiendo ésta se procederá a la ejecución forzosa. Para la práctica de la intimación del demandado se comisionó amplia y suficientemente al Juzgado de los Municipios Jáuregui, Antonio Rómulo Costa, Seboruco, José María Vargas y Francisco de Miranda de esta Circunscripción Judicial, a donde se acuerda remitir la compulsa con oficio. De conformidad con el Art. 646 del Código de Procedimiento Civil, se decretó Medida de Embargo sobre bienes muebles propiedad del demandado hasta cubrir la cantidad de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 13.500.000,00) que comprende el doble de la cantidad intimada, más los honorarios prudencialmente calculados. Se advierte que si el embargo recayere en cantidad líquida de dinero sólo podrá hacerse hasta por la cantidad de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 7.500.00,00). Para la práctica de la medida decretada se comisionó al Juzgado Especializado de los Municipios Jáuregui, Antonio Rómulo Costa, Seboruco, José María Vargas, Francisco de Miranda, Uribante y Sucre de esta circunscripción judicial, a donde se acuerda remitir el despacho con oficio. Fórmese cuaderno de medidas. Se insta a la parte actora a impulsar las copias para la elaboración de la compulsa respectiva. En la misma fecha se libró despacho de embargo y se remitió con oficio N° 316 al Juzgado Comisionado, y se formó Cuaderno de Medidas.
En fecha 23 de septiembre de 2013, el Juez de este Tribunal, se aboco al conocimiento de la presente causa.

PARTE MOTIVA

La interpretación que ha hecho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el derecho a la obtención de una tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y principio pro actione, garantizados en nuestro Texto Constitucional, establece que todo ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia, al juzgamiento con las garantías debidas, a la obtención de una sentencia cuya ejecución no sea ilusoria y a que los requisitos procesales se interpreten en el sentido más favorable a la admisión de las pretensiones procesales. En consecuencia este principio forma parte del núcleo esencial de los derechos fundamentales a la tutela judicial eficaz y al debido proceso. No obstante, hacer uso de este derecho, activando los órganos jurisdiccionales para reclamar aquéllos que se crean conculcados, no es suficiente para materializar la resolución de los conflictos sometidos al arbitrio del Juez, como mecanismo idóneo para alcanzar la paz social, pues dicho acto, genera a los justiciables obligaciones o cargas que se traducen en conductas que permiten el impulso al proceso, con el conjunto de procedimientos y actos que le son propios para ser cumplidos por los sujetos involucrados en el mismo, en la forma, tiempo y lugar establecidos en la ley para que tengan los efectos previstos en la ley, con las consecuencias perjudiciales que se derivan de su incumplimiento por ser violatorio del orden público, tal y como lo señala la Sala de Casación Civil en sentencia Nº 729 del 27 de julio de 2004, y lo cual da potestad al Juez para actuar, aun de oficio.
Entre los actos procesales, la citación constituye formalidad necesaria para la validez del juicio y garantía esencial del principio contradictorio y en consecuencia, expresión fundamental del derecho a la defensa y elemento básico del debido proceso. Así pues, acordada en el auto de admisión, surge para el sujeto activo de la relación procesal, la carga de ejecutar los actos propios para su impulso dentro de los treinta días contados desde la fecha de dicho auto, los cuales, de manera reiterada la Sala de Casación Civil los ha determinado, so pena de ser perimida la instancia.
El artículo 267, Ordinal 1º, del Código de Procedimiento Civil, reza:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…”

Ahora bien, de la revisión de las presentes actuaciones, se observa que el auto de admisión de la demanda, en el cual se ordena la citación del demandado, fue dictado en fecha 08 de marzo de 2001 (F.04) y hasta la presente fecha, transcurrieron más de treinta días, sin que la parte actora hubiera suministrado las copias a los fines de la elaboración de la compulsa para la citación del demandado, evidenciándose que la misma, no impulsó la citación de la parte demandada dentro del lapso de treinta días, desde la fecha de la admisión de la demanda.

Sobre la perención los criterios jurisprudenciales han sido reiterados en tiempo. Así en sentencia de vieja data quedó sentado:

“… La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal. Consecuente con este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo…” (Sala de Casación Civil. Expediente N° 92-0439 del 22-09-1993)

Nuestro tratadista patrio, Ricardo Henríquez La Roche, en sus comentarios al “Código de Procedimiento Civil, Tomo II”, señala:

“Un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes… El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios.”.

Por otra parte, Sala de Casación Civil, en sentencia, del 06 de julio de 2004:

“… Ahora bien, dada la severidad del castigo, este Supremo Tribunal ha considerado de aplicación e interpretación restrictiva, las normas relativas a la perención y bajo estos lineamientos ha establecido, mediante su doctrina, que por cuanto la ley habla de las obligaciones que debe cumplir el demandante, basta que éste ejecute alguna de ellas a los efectos de la práctica de la citación, para evitar que se produzca la perención.
“… Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero ambas destinadas a lograr la citación del demandado.
En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial…….omisis…. en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de manera diferente, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención.”
…omisis…
.“… Que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación “ . (Subrayado del Juez).

De allí tenemos, que a partir del auto de admisión de la demanda, el actor deberá cumplir las actividades y obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación o intimación de la parte demandada; como es suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, es decir, el demandado; así como a través de diligencias, consignar las copias fotostáticas necesarias para la elaboración de la compulsa y poner a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el traslado a los fines de practicar la citación.
En la presente causa, se constata que en fecha 08 de marzo de 2001, se admitió la presente demanda, y hasta la presente fecha la parte actora, no ha suministrado las copias para la elaboración de la compulsa a los fines de la citación de la parte demandada, ni mucho menos indicó que consignaba los medios de transporte para practicar dicha citación; demostrando con esto que no impulsó la citación de la misma, dentro del lapso de treinta días, desde la fecha de la admisión de la demanda; de lo que se evidencia su falta de interés procesal, generando la pérdida de la instancia, la cual debe ser sancionada con su perención, y así se decide.
Por las razones de hecho, de derecho y jurisprudenciales antes expuestas este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente procedimiento judicial.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
En cuanto a la medida decretada, se levantará una vez quede firme la presente decisión.-
Archívese el presente expediente en su oportunidad legal.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada en el archivo del Tribunal.- El Juez, (Fdo) Pedro Alfonso Sánchez Rodríguez. La Secretaria, (Fdo) Maria Alejandra Marquina.