TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS PANAMERICANO, SAMUEL DARÍO MALDONADO Y SIMON RODRÍGUEZ DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA
COBRO DE BOLIVARES (INTIMACION)
EXPEDIENTE Nº. 2331-2013

DEMANDANTE: JESUS MARIA SANCHEZ SALON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.359.875, con domicilio en la Fria, Estado Táchira, obrando con el carácter de Endosatario en Procuración de la ciudadana EULALIA DEL CARMEN SANCHEZ SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 11.974.651 del mismo domicilio.

DEMANDADO: SOCIEDAD MERCANTIL INVERAVES C.A. debidamente inscrita por ante el registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, cuyo representante legal es el ciudadano CIRO GAROFALO CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 9.351.319, con domicilio en Coloncito, Municipio Panamericano del Estado Táchira.

Se inició el presente juicio de COBRO DE BOLÍVARES (Vía Intimatoria), intentada por el ciudadano, JESUS MARIA SANCHEZ SALON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.359.875, con domicilio en la Fria, Estado Táchira, obrando con el carácter de Endosatario en Procuración de la ciudadana EULALIA DEL CARMEN SANCHEZ SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 11.974.651 del mismo domicilio,
Contra la Firma INVERAVES C.A., de este domicilio, representada por su Representante Legal CIRO GAROFALO CONTRERAS, en fecha 27/06/2.013 (Folios 01 al 04). En fecha 03/07/2.013, el Tribunal dictó auto admitiendo la presente demanda (Folio 24). En fecha 08/011/2.013, la parte actora consignó diligencia, solicitando al Tribunal acordar comisión para la práctica de medida de embargo preventivo.
De lo antes expuesto este Tribunal trae a colación lo siguiente.
El artículo 267 en su ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil establece:
SIC:“…(omisis),También se extingue la instancia: 1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.”

La norma transcrita consagra la perención breve o especial, que extingue el proceso, ya no por acto de parte sino por la inactividad de ellas prolongada por un cierto tiempo, luego de ser admitida la demanda. Por lo tanto, la inactividad procesal y el transcurso del lapso legal, hacen verificar de pleno derecho esta figura.

La perención requiere de la concurrencia de tres elementos o condiciones, a saber: uno objetivo, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otro subjetivo, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez; y uno temporal, que es la prolongación de la inactividad de las partes por el lapso de treinta días.

En efecto, la mencionada sentencia fue dictada por el Magistrado Carlos Oberto Veliz de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 6 de Julio del 2004 entre otras cosas, establece lo siguiente:
“…Entonces, siendo claro que se trata de obligaciones impuestas por la ley (Ley de Arancel Judicial), tal como lo exige el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, no queda duda alguna de que al encontrarse el sitio o lugar donde haya de practicarse la citación o mas de 500 metros de la sede del Tribunal, el demandante deberá cumplir con tales cargas u obligaciones independientemente de la gratuidad contemplada en la constitución, ya que ésta ( la gratuidad) hace sólo referencia al arancel judicial o ingreso público tributario. El estado está facultado para establecer exenciones o exoneraciones tributarias, pero no para obligar a los particulares (transportistas, hoteleros o prestadores de servicio de manutención etc.) a soportar la gratuidad de los juicios. De manera, pues que tales sumas de dinero para pagar transporte, hospedaje o manutención no responden a la definición de ingreso público ni de tributo a que se contrae el artículo 2 de la Ley de Arancel Judicial, ni al de renta ordinaria previsto en el ordinal 4° del artículo 42 de la ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional ni al concepto doctrinario de tasa, lo que por vía de consecuencia, no vulnera la gratuidad de la justicia consagrada en el vigente texto Constitucional.
Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estrictas y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando está haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigió en la Ley a los fines de realizar las diligencia pertinentes a la consecución de la citación.
La jurisprudencia nacional señala que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entrañan una renuncia a continuar la instancia. Y así se decide.
Así mismo el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil establece.” La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267 es apelable Libremente”.
Las obligaciones han quedado determinadas por el Tribunal Supremo de Justicia, en la Jurisprudencia citada. De allí se tiene que a partir del auto de admisión de la reforma de la demanda, el actor tiene la obligación de cumplir las actividades y obligaciones que le impone la ley, para que fuese practicada la intimación de la parte demandada, cuales son las de cancelar los emolumentos previstos en la Ley de Arancel Judicial (hoy derogada por imperativo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y posteriormente aquellos pagos que impliquen la forma de emplazamiento que hayan de producirse, sanción que procede de pleno derecho por omisión en la falta de gestión procesal por parte del demandante para la citación o intimación en forma personal del demandado.

De la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente se pudo observar que desde el auto de admisión de fecha 02/04/2.008 y en fecha 07/05/2.008, la parte actora consignó diligencia, solicitando al Tribunal se pronuncie sobre la medida solicitada (folio 15), y no consta en autos diligencia alguna que permita evidenciar que la parte actora no promovió la citación de la parte demandada. Por lo que observa esta juzgadora que entre el auto de admisión hasta la presente fecha, transcurrieron más de 30 días, establecidos por el legislador para que opere la perención breve y no consta en autos que la parte actora haya consignado en ese lapso, las copias simples de la demanda para librar las compulsas, ni consignó los recursos necesarios para el logro de la citación del demandado cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal, en cuyo caso el Alguacil debe dejar constancia en el expediente que la parte actora le proporcionó lo exigido en el lapso previsto para ello es decir en el lapso de los treinta (30) días, obligaciones éstas establecidas por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
En virtud de todo lo antes expuesto, este Tribunal declara de oficio la perención de la instancia en el presente caso y así se decide.
DECISIÓN

En virtud de las anteriores consideraciones este Juzgado, de conformidad con los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el presente juicio de COBRO DE BOLÍVARES (Vía Intimatoria), intentada por JESUS MARIA SANCHEZ SALON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.359.875, con domicilio en la Fria, Estado Táchira, obrando con el carácter de Endosatario en Procuración de la ciudadana EULALIA DEL CARMEN SANCHEZ SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 11.974.651 del mismo domicilio, contra la SOCIEDAD MERCANTIL INVERAVES C.A. debidamente inscrita por ante el registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, cuyo representante legal es el ciudadano CIRO GAROFALO CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 9.351.319, con domicilio en Coloncito, Municipio Panamericano del Estado Táchira.

No se ordena notificar a la parte demandante por encontrarse esta a derecho.
No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

PARTE DISPOSITIVA
Por las consideraciones anteriormente expuestas, ESTE JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS PANAMERICANO, SAMUEL DARIO MALDONADO Y SIMON RODRIGUEZ DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, declara: PRIMERO: LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente procedimiento de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: Se ordena una vez quede firme la presente sentencia archivar el presente expediente y dejar copia debidamente certificada de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento civil. Dada, sellada y firmada en la Sala del Despacho del Juzgado de los Municipios Panamericano, Samuel Darío Maldonado y Simón Rodríguez de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Coloncito, a los trece (13) días del mes de Noviembre de dos mil trece. Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación. (L.S), LA JUEZ, DRA. SORAYA C. ARANGUREN DE ZAMBRANO, (Fdo) ilegible, LA SECRETARIA, ABG. MARIA ESPERANZA GUERRERO RIVAS, (fdo) ilegible, En esta misma fecha, siendo las diez de la mañana, se publico, se registro y se dejo archivada copia certificada de la anterior sentencia dando cumplimiento al auto anterior. Conste. SCRIA, MARIA GUERRERO, (fdo) ilegible, SCA/meg/Noel, LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS PANAMERICANO, SAMUEL DARIO MALDONADO Y SIMÓN RODRIGUEZ DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA CERTIFICA QUE LAS COPIAS QUE ANTECEDEN SON FIEL Y EXACTAS DE SU ORIGINAL INSERTAS EN EL EXPEDIENTE N° .2331-2013: DEMANDANTE :JESUS MARIA SANCHEZ SALON DEMANDADO: SOCIEDAD MERCANTIL INVERAVES C.A. CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES EL CIUDADANO CIRO GAROFALO CONTRERAS , MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (INTIMACION) Y SE CERTIFICAN DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 111 Y 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EN CONCORDANCIA CON EL 248 PARA SER AGREGADAS AL COPIADOR DE SENTENCIAS. DOY FE EN COLONCITO A LOS DOCE (12) DIAS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE. CONSTE
LA SECRETARIA

ABG. MARIA ESPERANZA GUERRERO RIVAS

SCAZ/megr/nsa.