TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO 1° DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTOBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA.
JURISDICCIÓN: CIVIL

I
INDICACION DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS:
SOLICITANTE: WILMA ZULAY PEÑA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No V-5.682.598, de este domicilio.-
ABOGADO ASISTENTE: CARMEN VIZCAYA MONTILVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-9.234.909, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 39.327.-
MOTIVO: Rectificación de Acta de Defunción.
ADMISION: En fecha 20 de febrero de 2.013, quedando inventariada bajo el No. 8390.-
II
NARRATIVA
En fecha 20 de febrero de 2.013, se recibió y admitió previa distribución, solicitud de Rectificación de Acta de Defunción, presentada por la ciudadana WILMA ZULAY PEÑA, asistida por la abogado CARMEN VIZCAYA MONTILVA, ya identificadas, basada en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil Venezolano y en los artículos 144 y 149 de la Ley Orgánica del Registro Civil. (f.01).-
Alega la solicitante en su escrito de petición lo siguiente: que consta en Acta de Defunción No. 369 emanada del Registro Civil del Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, de fecha 3 de abril del 2012, que el primero de marzo del 2012, falleció la ciudadana MARIA DEL CARMEN PEÑA AVENDAÑO, quien era venezolana, mayor de edad, titular de la cedula No.V-5.034.904; que es el caso que al momento de trascribir el nombre de la causante en el Registro de Defunción No. 369, de fecha 03-014-2012 (sic), se cometió el error de colocarla como SOLTERA y si bien es cierto de acuerdo al Código Civil, la mujer casada puede o no llevar el apellido de su esposo, una vez que fallece y al efecto de la Declaración Sucesoral ante el SENIAT, es de vital importancia a su decir corregirlo; que es el caso que manifiestan que agotaron todas las diligencias correspondientes ante el Registro Civil del Municipio San Cristóbal y el Consejo Nacional Electoral y por cuanto es un error de fondo y no error de forma, la única vía para solucionar esta situación es por la vía judicial y que por cuanto en la ultima cedula vigente de su madre aparecía CASADA, es decir, MARIA DEL CARMEN PEÑA DE CARRERO, como se evidencia en la copia de su cedula de identidad, Acta de Defunción y Declaración Sucesoral del que era su esposo VICENTE CARRERO, original de recibo de luz, constancia de Asiento Permanente emanado de la Delegación del Municipio Torbes, así como de Datos Filiatorios del SAIME a nombre de su fallecida madre y que anexo a la solicitud; es por estas razones que solicitó se ordene la RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE DEFUNCIÓN, en el punto mencionado; fundamentó su solicitud en los artículos 768 y 774 del Código de Procedimiento Civil y en los artículos 144 y 149 de la Ley Orgánica de Registro Civil. (f. 01).-
Por auto de fecha 20 de febrero de 2.013, este Tribunal admitió la presente demanda y en consecuencia, con apego a los artículos 768 y 770 del Código de Procedimiento Civil Vigente y a los artículos 144 y 149 de la Ley Orgánica de Registro Civil, se ordenó la publicación de un Cartel en un diario de los de mayor circulación de la Capital de la República, emplazando así a todas aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos en el presente procedimiento, para que comparezcan por ante este Tribunal al décimo día siguiente a que conste en autos la publicación y consignación en el expediente del cartel ordenado, a fin de que expongan lo que consideren conveniente al respecto; así mismo se libró Notificación al Fiscal Especializado de Protección del Niño y del Adolescente y Familia del Ministerio Público del Estado Táchira, mediante boleta para que comparezca por ante este Tribunal dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a aquel en que conste en autos su notificación, a fin de que intervenga en el presente asunto (f. 09).-
Mediante diligencia de fecha 11 de marzo de 2.013, el Alguacil de este Tribunal informó que el día 11 del mismo mes y año, hizo entrega de la boleta de notificación librada para el Fiscal Especializado del Niño y del Adolescente, y Familia del Ministerio Público del Estado Táchira, a la ciudadana MARIANELLA BRICEÑO, en su condición de Fiscal Décimo Tercera del Ministerio Público del Estado Táchira (f. 13).-
En fecha 08 de mayo de 2.013, la ciudadana WILMA ZULAY PEÑA, asistida por la abogado CARMEN VIZCAYA MONTILVA ambas ya identificadas, consignó ejemplar del Diario EL NACIONAL, del día 24 de abril de 2.013, donde aparece publicado el Cartel emitido por este Tribunal. Siendo desglosado y agregado mediante auto, el día 09 de mayo de 2.013. (fs. 14-16).-
III
MOTIVA
Conforme a las actas que integran el presente proceso, pasa esta Juzgadora a realizar una serie de análisis, que constituyen la base primordial del presente fallo.
En el presente asunto la competencia de este Tribunal emana de la fiel aplicación de la Gaceta Oficial No. 39.152 de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 02 de abril de 2.009.
Este proceso comienza con escrito de solicitud en el cual la solicitante asistida de abogado alega: Que el Acta de Defunción No. 369 del año 2.012, perteneciente a su progenitora la ciudadana MARIA DEL CARMEN PEÑA AVENDAÑO, en el Registro Civil de la Parroquia La Concordia del Municipio San Cristóbal del estado Táchira y en el Registro Principal del estado Táchira adolece de errores, puesto que el funcionario que la levantó de manera involuntaria transcribió su nombre y su estado civil de manera errónea, ya que su nombre aparece como “MARIA DEL CARMEN PEÑA AVENDAÑO”, cuando lo correcto es “MARIA DEL CARMEN PEÑA DE CARRERO” y su estado civil como “SOLTERA”, cuando lo correcto a su decir es “CASADA”; lo cual le ha ocasionado problemas al momento de efectuar su respectiva declaración sucesoral ante el SENIAT. Fundamentando su solicitud en los artículos 144 y 149 de la Ley Orgánica de Registro Civil y en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.
Así mismo la actora consignó anexo a su solicitud documentales consistentes en: copia certificada del Acta de Defunción No. 369 del año 2.012, perteneciente a “MARIA DEL CARMEN PEÑA AVENDAÑO”, expedida el 24 de abril de 2012, por el Registro Civil de la Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira; constancia de Asiento Permanente perteneciente a “MARIA DEL CARMEN PEÑA DE CARRERO”, expedida el 28 de mayo de 2012, por la Delegación del Municipio Torbes, Dirección de Política y Participación Ciudadana, Gobernación del estado Táchira; copia mecanografiada de Acta de Defunción No. 38 del año 2005, perteneciente a “VICENTE CARRERO”, expedida el 27 de septiembre de 2005, por el Registro Civil del Municipio Torbes del estado Táchira; copia mecanografiada de Acta de Matrimonio No. 140 del año 1994, perteneciente a los ciudadanos “VICENTE CARRERO y MARIA DEL CARMEN PEÑA AVENDAÑO”, expedida el 02 de agosto de 1994, por la Prefectura de la Parroquia San Sebastian, Municipio San Cristóbal del estado Táchira; a las cuales esta sentenciadora les confiere valor probatorio de acuerdo a lo establecido en los artículo 1359 y 1360 del Código Civil; y así se decide.-
Igualmente la actora consignó copia simple de cedula de identidad No. V-5.682.598 pertenecientes a la ciudadana WILMA ZULAY PEÑA; a la cual esta sentenciadora le confiere valor probatorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 429 del Código Civil; y así se decide.-
Considera quién Juzga que con los documentos antes valorados ha quedado demostrado que la progenitora de la solicitante ciudadana MARIA DEL CARMEN PEÑA AVENDAÑO efectivamente tuvo su deceso el día primero de marzo del año 2012, que no encuentra incluido dentro de la declaración de su defunción su cónyuge ciudadano VICENTE CARRERO aunque él mismo es premuerto, y por ende, su nombre demuestra erróneo su estado civil como soltera, habiendo sido levantada esta Acta de Defunción bajo el No 369, el 03 de abril de 2.012, por ante la Prefectura de la Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal del estado Táchira, que reposa en los Libros de Registro Civil de Defunciones que llevan tanto el Registro Civil de la Parroquia La Concordia del Municipio San Cristóbal, como el Registro Principal ambos del estado Táchira.-
Ahora bien observa quien Juzga que el presente proceso se encuentra incurso dentro de las siguientes disposiciones normativas:
El artículo 144 de la Ley Orgánica de Registro Civil, establece: “Las actas podrán ser rectificadas en sede administrativa o judicial”
El artículo 149 de la Ley Orgánica de Registro Civil, establece: “Procede la solicitud de rectificación judicial cuando existen errores u omisiones que afecten el contenido de fondo del acta, debiendo acudirse a la jurisdicción ordinaria.”
El artículo 462 del Código Civil, establece: “Extendido y firmado un asiento, no podrá ser rectificado o adicionado, sino en virtud de sentencia judicial, salvo el caso de que estando todavía presentes el declarante y testigos, alguno de éstos o el funcionario mismo, se dieren cuenta de alguna inexactitud o de algún vacío, pues entonces podrá hacer la corrección o adicción inmediatamente después de las firmas, suscribiendo todos los intervinientes la modificación “
En armonía con la norma antes transcrita se encuentra el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, que preceptúa: “Quien pretenda la rectificación de alguna partida de los registros de estado civil, o el establecimiento de algún cambio permitido por la ley, deberá presentar solicitud escrita ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil, a quien corresponda el examen de los libros respectivos según el Código Civil, expresando en ella cuál es la partida cuya rectificación pretende, o el cambio de su nombre o de algún otro elemento permitido por la ley. En el primer caso, presentará copia certificada de la partida, indicando claramente la rectificación solicitada y el fundamento de ésta. En el segundo caso, además de la presentación de la partida, el solicitante indicará el cambio del elemento que pretende. En ambos casos, se indicará en la solicitud las personas contra quienes pueda obrar la rectificación o el cambio, o que tenga interés en ello, y su domicilio y residencia”.
Por otra parte el artículo 770 del Código de Procedimiento Civil, reza. “Una vez que reciba la solicitud, pero antes de admitida, el Juez la examinará cuidadosamente para ver si llena los extremos requeridos en el Código Civil y en este Capitulo, y si se encontrare llenos los extremos de Ley, ordenará el emplazamiento para el décimo día después de la última citación que se practique de las personas mencionadas en la solicitud, contra quiénes pueda obrar la rectificación o el cambio, previa publicación de un cartel en un diario de los de mayor circulación de la capital de la República, emplazando para este acto a cuantas personas puedan ver afectados sus derechos. En cualquier caso de oposición, está se sustanciará por los tramites del procedimiento ordinario con citación del Ministerio Público, entendiéndose que la oposición formulada equivale a la contestación de la demanda”.
Cabe destacar que el artículo 771 ejusdem prevé: “Si las personas contra quienes obre la solicitud de rectificación o cambio y los terceros interesados no formularen oposición alguna la causa quedará abierta a pruebas, por diez días, previa citación del Ministerio Público, durante los cuales la parte interesada evacuará las que considere convenientes en apoyo de su solicitud. En esta articulación el Juez podrá mandar a evacuar de oficio las pruebas que considere necesarias, igualmente podrá promoverlas el Ministerio Público”.
En este sentido es de mencionar lo señalado por el Tratadista Ricardo Henríquez La Roche en su obra Código de Procedimiento Civil, Tomo V, Ediciones Liber, Caracas 2006, páginas 368 y 369: “…El legislador ha implementado un procedimiento su generis en el que ha previsto la eventualidad de una oposición por parte de cualquier interesado. Esa oposición justifica la apertura del juicio bajo las reposadas formas del procedimiento ordinario. Pero la no contención de los demandados o terceros interesados, justifica un tratamiento sumario de la pretensión, concediéndose al efecto un lapso probatorio de diez días, a fin de que el demandante acredite los supuestos materiales de la misma. No produce confesión ficta la no oposición, pues el objeto de la acción escapa al libre poder negocial de las partes: todo lo relativo a las actas del estado civil y su registro, así como la identificación de las personas, interesa al orden público, como ciertamente lo confirma la intervención inexcusable del representante del Ministerio Público…”
Aunado a ello de la revisión de las actas procesales, observa esta Sentenciadora que el Cartel de emplazamiento a los terceros interesados en el presente proceso fue debidamente publicado en un diario de circulación nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el día 24 de abril de 2.013, siendo consignado en el expediente mediante diligencia de fecha 05 de mayo de 2.013, de igual forma se observa de las actuaciones que conforman el presente expediente que la Notificación al Fiscal Especializado de Protección del Niño y Adolescente y Familia del Ministerio Público del Estado Táchira se verificó a través de la ciudadana MARIANELLA BRICEÑO, en su condición de Fiscal Décimo Tercera del Ministerio Público del Estado Táchira, el día 11 de marzo de 2.013, lo cual se deduce de diligencia plasmada el 11 del mismo mes y año, por el Alguacil de este Tribunal, en virtud de lo cual no se hizo presente la representación del Fiscal del Ministerio Público, a pesar de habérsele concedido íntegramente el tiempo previsto por la ley para ello; por lo tanto, transcurrido como se encuentran los lapsos establecidos en los ya mencionados artículos 769 y 770 del Código de Procedimiento Civil, y no habiendo intervención de ningún tercero que alegue tener interés en el presente juicio, ni objeción por parte del Ministerio Público, se considera que en el presente proceso de Rectificación de Acta de Defunción, no hubo oposición y así se considera.
La solicitante con todo lo narrado logró demostrar que su progenitora la ciudadana MARIA DEL CARMEN PEÑA AVENDAÑO, tuvo su deceso el día primero de marzo del año 2012, que esta suceso fue descrito por ante el Registro Civil de la Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal del estado Táchira, el día tres de abril del año 2.012, por la ciudadana Yovany Roselin Molina Peña, de treinta y dos años de edad, titular de la cédula de identidad N° V-15.306.353, quedando asentada dicha declaración en Acta de Defunción No. 369 del año 2.012, la cual se encuentra anexa dentro de lo que constituyen las actas procesales del presente expediente; en el caso que nos ocupa examinadas como han sido todas y cada una de las actas procesales, esta Juzgadora llega a la conclusión que de las normas sustantivas en comento, se deduce que no puede modificarse el acta de estado civil después de asentada, a menos que el error sea detectado de inmediato, la norma de igual forma establece el procedimiento a seguir ante el órgano jurisdiccional competente de tal forma que llega a la aseveración que ciertamente el funcionario que levantó el Acta de Defunción No. 369 del año 2.012, perteneciente a la ciudadana MARIA DEL CARMEN PEÑA AVENDAÑO, progenitora de la solicitante efectivamente incurrió en error de transcripción al plasmar su nombre como “MARIA DEL CARMEN PEÑA AVENDAÑO” cuando lo correcto debe ser “MARIA DEL CARMEN PEÑA DE CARRERO”, por cuanto la ciudadana antes identificada a quien pertenece el Acta de Defunción objeto de presente rectificación en vida era viuda del ciudadano “VICENTE CARRERO”, razón por la cual debe declararse la presente Solicitud de Rectificación de Acta de Defunción Con Lugar; y así se decide.-
Por último de la revisión de las actas y/o actuaciones procesales que conforman este expediente, quien Juzga concluye que no existe elemento alguno que haga presumir la falta de veracidad de lo alegado y probado por la parte solicitante; y así se decide.-
IV
DECISION
Por las razones expuestas este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, de conformidad con lo previsto en los artículos 131, 769, 770, 771 y 772 del Código de Procedimiento Civil, Vigente y en los artículos 26, 49 y 251 de nuestro Texto Constitucional, así como en los artículos 144, 148 y 149 de la Ley Orgánica de Registro Civil, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, DECLARA: CON LUGAR LA RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE DEFUNCIÓN N° 369 DEL AÑO 2.012, perteneciente a la ciudadana MARIA DEL CARMEN PEÑA AVENDAÑO, presentada por la ciudadana WILMA ZULAY PEÑA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.682.598, asistida de abogado, en consecuencia ordena al Registro Principal del estado Táchira, así como al Registro Civil de la Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal del estado Táchira, insertar la presente sentencia y hacer la debida nota marginal en el Acta de Defunción perteneciente a la ciudadana MARIA DEL CARMEN PEÑA AVENDAÑO ya mencionada, a objeto de que sea corregido en las mismas el nombre y el estado civil de la ciudadana antes identificada, en el sentido de que su nombre se escribe correctamente “MARIA DEL CARMEN PEÑA DE CARRERO” y su estado civil es “VIUDA de VICENTE CARRERO”; y así se decide.-
Ofíciese lo conducente al Despacho del Registro Civil de la Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal del estado Táchira, así como al Registro Principal del estado Táchira, anexándose copia certificada de la presente sentencia a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 774 del Código de Procedimiento Civil, expídase por Secretaría las copias fotostáticas requeridas de conformidad con lo previsto en el artículo 111 y 112 ejusdem.-
Publíquese, regístrese, y déjese copia.
Dada, firmada y Sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. En San Cristóbal, a los diez (10) días del mes de junio de dos mil trece.-
AÑOS: 203° de la Independencia y 154º de la Federación.

Abg. Ana Lola Sierra
Juez Temporal
Abg. Frank Villamizar Rivera
Secretario

En la mima fecha se dictó y publicó la anterior decisión, quedando registrada bajo el Nº 3956, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), asimismo se dejó copia certificada para el archivo del Tribunal y se libró oficios No. 3190-690 y 3190-691, al Registro Civil de la Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal y al Registro Principal ambos del estado Táchira, respectivamente, en cumplimiento a lo ordenado anteriormente.-

El Secretario

Sol. N° 8390