TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Circuito Judicial de Violencia contra la Mujer. Tribunal de Primera Instancia en función de Control.

San Cristóbal, 22 de agosto de 2013
AÑOS: 203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL : SP21-S-2013-007329
ASUNTO : SP21-S-2013-007329

Ref. CALIFICACION DE FLAGRANCIA E IMPOSICION DE MEDIDA DE COERCION PERSONAL

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

JUEZA: ABG. PEGGY M. PACHECO DE ARAQUE
FISCALIA: VIGESIMA SEPTIMA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL ESTADO TACHIRA
ABG. CARLOS SALAMANCA
DELITOS: VIOLENCIA FISICA Y VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA
IMPUTADOS: MARTINEZ MAURICIO JAVIER Y BALDOVINO MORALES RAFAEL ANTONIO
DEFENSORA: ABG. YOLIMAR CAROLINA VERA RAMIREZ
DEFENSORA PUBLICA PRIMERA PENAL ESPECIALIZADA
SECRETARIA: ABG. ERIKA YANGUATIN OSORIO

LOS HECHOS QUE DIERON OBJETO A LA PRESENTE SOLICITUD.

Riela al folio uno (1) de autos Denuncia Común, de fecha 20-8-2013 interpuesta por VILLAMIZAR VEGA MARIA ALEJANDRA por ante Funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación La Fría, en la cual manifestó lo siguiente: “Vengo a denunciar que el día de hoy, a eso de las 12:30 horas de la tarde del día de hoy, yo me encontraba dentro de mi casa y me percaté que llegaron mi ex concubino de nombre MAURICIO en compañía de su tío de nombre RAFAEL, entraron a la casa manifestando que tenían una orden para llevarse a mi hija de nombre N., yo me opuse y le dije que no podía llevársela, luego el partió una puerta me pegó y yo estoy embarazada, luego agarraron a la niña y se la llevaron y hasta la presente no se donde está, motivo por el cual me vine a este Despacho, a formular la respectiva denuncia; Eso es todo”.-

Riela al folio nueve (9) de autos Acta de Investigación Penal, de fecha 20-08-2013 levantada por Funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub Delegación La Fría Tipo B, Estado Táchira en la cual se dejó constancia de lo siguiente: Funcionarios Policiales se dirigieron hacia la siguiente dirección: Barrio 28 de Octubre, vereda 1, casa sin número de esta localidad, lugar éste en que la víctima señaló a dos personas de sexo masculinos como sus agresores quienes resultaron ser y llamarse: MARTINEZ DIAZ MAURICIO JAVIER C.C.- 1.094.828.812 y BALDOVINO MORALES RAFAEL ANTONIO V.- 28.639.854.-

En este sentido y en virtud de los hechos anteriormente descritos, correspondió a este Tribunal, resolver sobre la situación jurídica de los presuntos agresores MAURICIO JAVIER MARTINEZ, colombiano, natural de Departamento de la Guajira, República de Colombia, con cédula de identidad N° CC-1.094.828.812, de 25 años de edad, soltero, nacido en fecha 01-03-1988, de profesión obrero, residenciado en LA FRIA SECTOR 28 de octubre media cuadra de la cancha múltiple, San Cristóbal, Estado Táchira, a quien el Ministerio Público les atribuye la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA FISICA y VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA previsto y sancionado en el artículo 42 y 50 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y a RAFAEL ANTONIO VALDOBINO MORALES, venezolano, naturalizado, natural de Departamento de la Guajira, República de Colombia, con cédula de identidad N° V-28.639.854, de 43 años de edad, soltero, nacido en fecha 12-02-1970, de profesión obrero, residenciado en Barrio 28 de Octubre, Vereda 1, Casa S/N, específicamente media cuadra más arriba de la Cancha Múltiple, La Fría, Municipio García de Hevia, Estado Táchira, a quien el Ministerio Público les atribuye la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA FISICA previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de MARIA ALEJANDRA VILLAMIZAR VEGA e ILVA ROSA VEGA RUEDA.

DE LA FLAGRANCIA

Conforme se evidencia de la norma contenida en el artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, se tendrá como delito flagrante el que se está cometiendo o el que se acaba de cometer. También aquel por el cual el agresor se vea perseguido por la autoridad policial, por la mujer agredida o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar en donde se cometió. Como se evidencia, en este dispositivo de manera clara y precisa se establecen los supuestos o conductas típicas para encontrarnos frente a un delito flagrante. En primer lugar requiere que el sujeto sea detenido cuando está cometiendo un hecho. Se trata de la captura e identificación del delincuente en plena comisión del hecho, es lo que la doctrina llama FLAGRANCIA REAL. De igual manera admite la flagrancia cuando el sujeto es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, como producto de una persecución ininterrumpida de las autoridades o del público, que no le hayan perdido de vista, es la llamada FLAGRANCIA EX POST IPSO O CUASIFLAGRANCIA; y por último cuando se practica la detención de una persona con instrumentos o cosas provenientes del delito, tiempo después de haber cesado la persecución o sin que esta haya existido, conocida como FLAGRANCIA PRESUNTA A POSTERIORI. Por cierto, figura esta muy cuestionada debido a que la flagrancia está determinada por la posesión de los objetos provenientes del delito y no en cuanto a la participación del sujeto en el hecho.

Si analizamos detenidamente el presente caso nos encontramos que consta en autos:

Riela al folio uno (1) de autos Denuncia Común, de fecha 20-8-2013 interpuesta por VILLAMIZAR VEGA MARIA ALEJANDRA por ante Funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub Delegación La Fría, en la cual manifestó lo siguiente: “Vengo a denunciar que el día de hoy, a eso de las 12:30 horas de la tarde del día de hoy, yo me encontraba dentro de mi casa y me percaté que llegaron mi ex concubino de nombre MAURICIO en compañía de su tío de nombre RAFAEL, entraron a la casa manifestando que tenían una orden para llevarse a mi hija de nombre N., yo me opuse y le dije que no podía llevársela, luego el partió una puerta me pegó y yo estoy embarazada, luego agarraron a la niña y se la llevaron y hasta la presente no se donde está, motivo por el cual me vine a este Despacho, a formular la respectiva denuncia; Eso es todo”.-

Riela al folio nueve (9) de autos Acta de Investigación Penal, de fecha 20-08-2013 levantada por Funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub Delegación La Fría Tipo B, Estado Táchira en la cual se dejó constancia de lo siguiente: Funcionarios Policiales se dirigieron hacia la siguiente dirección: Barrio 28 de Octubre, vereda 1, casa sin número de esta localidad, lugar éste en que la víctima señaló a dos personas de sexo masculinos como sus agresores quienes resultaron ser y llamarse: MARTINEZ DIAZ MAURICIO JAVIER C.C.- 1.094.828.812 y BALDOVINO MORALES RAFAEL ANTONIO V.- 28.639.854.-

Ahora bien, ante lo expuesto en el acta policial y en el compendio de actuaciones que conforman la presente causa se determinó que la detención de los agresores MAURICIO JAVIER MARTINEZ, colombiano, natural de Departamento de la Guajira, República de Colombia, con cédula de identidad N° CC-1.094.828.812, de 25 años de edad, soltero, nacido en fecha 01-03-1988, de profesión obrero, residenciado en LA FRIA SECTOR 28 de octubre media cuadra de la cancha múltiple, San Cristóbal, Estado Táchira, a quien el Ministerio Público les atribuye la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA FISICA y VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA previsto y sancionado en el artículo 42 y 50 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y a RAFAEL ANTONIO VALDOBINO MORALES, venezolano, naturalizado, natural de Departamento de la Guajira, República de Colombia, con cédula de identidad N° V-28.639.854, de 43 años de edad, soltero, nacido en fecha 12-02-1970, de profesión obrero, residenciado en Barrio 28 de Octubre, Vereda 1, Casa S/N, específicamente media cuadra más arriba de la Cancha Múltiple, La Fría, Municipio García de Hevia, Estado Táchira, a quien el Ministerio Público les atribuye la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA FISICA previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de MARIA ALEJANDRA VILLAMIZAR VEGA e ILVA ROSA VEGA RUEDA, por encontrarse llenos los extremos del artículo 93 de la Ley Orgánica que rige la materia.-

DEL PROCEDIMIENTO

En cuanto a la solicitud de aplicación del procedimiento especial, formulado por la Representante del Ministerio Público, considera este Tribunal, que la solicitud de la referida aplicación es el ejercicio de una facultad conferida a la parte Fiscal y visto que aun es necesario otras diligencias de investigación, se ordena la conducción de la presente causa por los lineamientos del PROCEDIMIENTO ESPECIAL todo de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, ordenándose remitir las actuaciones a la Fiscalía Vigésimo Séptima del Ministerio Público del estado Táchira, en su oportunidad legal.

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION SOLICITADAS POR LA REPRESENTACION FISCAL

Del artículo 91 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, se desprende la facultad que tiene el Juez o la Jueza especializado o especializada en Violencia Contra la Mujer en funciones de Control, Audiencias y Medidas le corresponde ejercer el control judicial de las actuaciones realizadas tanto por los órganos receptores como también por el Ministerio Público, verificar si las medidas se encuentran ajustadas a la Constitución y las demás leyes, todo esto recordando que el Juez o la Jueza es garante de la constitucionalidad, trayendo como consecuencia su deber de velar por la incolumidad de la Carta Magna.

Las medidas de protección y de seguridad tienen una finalidad preventiva por tal motivo el Legislador atribuye la competencia para su aplicación a los órganos receptores de denuncia, los cuales se encuentran debidamente señalados en el artículo 71 de la Ley Especial que regula la presente materia, es necesario destacar que dicha ley tiene por objeto prevenir, controlar, sancionar y erradicar abusos como el presente caso, así como asistir a las víctimas de los hechos en ella previstos, la ley abarca la protección y el respeto a la dignidad e integridad física, psicológica y sexual de la persona, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer; la protección de la familia y de cada uno de sus miembros y los demás consagrados en la Ley Aprobatoria de la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

En el caso en cuestión, el Representante del Ministerio Público ha solicitado la imposición de Medidas de Protección y Seguridad al presunto agresor y a criterio de esta Juzgadora le han sido impuesto las siguientes: 1.- Prohibición de agredir a la victima, 3.- Prohibir que el presunto agresor que por sí mismo o por terceras personas, realice actos de persecución, intimidación o acoso a la victima o algún integrante de su familia, de conformidad con el artículo 87 numeral 6 y 13 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hacia las víctimas MARIA ALEJANDRA VILLAMIZAR VEGA e ILVA ROSA VEGA RUEDA, entendiéndose las mismas de aplicación inmediata, ordenándose la notificación a la víctima de las Medidas impuestas al presunto agresor.-

DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL Y DEL PRECEPTO JURÍDICO
APLICABLE

Conforme a lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, le corresponde al Ministerio Público solicitarle al Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas en este caso, la imposición a la persona agresora de cualquiera de las medidas cautelares que comprende dicho artículo, declarando con lugar, todo ello con la finalidad de asegurar la protección personal, física, psicológica y patrimonial de la mujer víctima de violencia, considerando las circunstancias de gravedad que reviste el caso en particular, con la finalidad de evitar que el agresor o agresora logre evadir su responsabilidad penal y así se pueda garantizar la sujeción del mismo al proceso penal como tal.

En el presente caso, de las actuaciones se evidencia la comisión de unos hechos punibles que merecen penas privativas de libertad, cuyas acciones penales no se encuentran evidentemente prescritas, como son los delitos de VIOLENCIA FISICA y VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA previsto y sancionado en el artículo 42 y 50 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de MARIA ALEJANDRA VILLAMIZAR VEGA e ILVA ROSA VEGA RUEDA, en la que se deja constancia de su aprehensión, suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado Táchira y las demás actuaciones que corren insertas al dossier respectivo.

Es por ello que en cuanto a la solicitud de aplicación de una Medida Cautelar de Libertad, solicitada por la Representación Fiscal observa esta Juzgadora que a su criterio se encuentra procedente en Justicia y en Derecho imponerle al sujeto agresor Medidas Cautelares de Libertad de las contempladas en el artículo 92 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, en consecuencia este Tribunal DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD A LOS AGRESORES: MAURICIO JAVIER MARTINEZ, colombiano, natural de Departamento de la Guajira, República de Colombia, con cédula de identidad N° CC-1.094.828.812, de 25 años de edad, soltero, nacido en fecha 01-03-1988, de profesión obrero, residenciado en LA FRIA SECTOR 28 de octubre media cuadra de la cancha múltiple, San Cristóbal, Estado Táchira, a quien el Ministerio Público les atribuye la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA FISICA y VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA previsto y sancionado en el artículo 42 y 50 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y a RAFAEL ANTONIO VALDOBINO MORALES, venezolano, naturalizado, natural de Departamento de la Guajira, República de Colombia, con cédula de identidad N° V-28.639.854, de 43 años de edad, soltero, nacido en fecha 12-02-1970, de profesión obrero, residenciado en Barrio 28 de Octubre, Vereda 1, Casa S/N, específicamente media cuadra más arriba de la Cancha Múltiple, La Fría, Municipio García de Hevia, Estado Táchira, a quien el Ministerio Público les atribuye la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA FISICA previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de MARIA ALEJANDRA VILLAMIZAR VEGA e ILVA ROSA VEGA RUEDA, por encontrarse llenos los extremos del artículo 93 de la Ley Especial., imponiéndoseles el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1-Presentaciones cada (45) días por el Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, 2- No cometer hechos punibles, 3- Prohibición de agredir a la victima 4- someterse al proceso; 5- Prohibición de ingerir bebidas alcohólicas, 6- Asistir a charlas en el CPAO una vez cada (45) días, líbrese oficio; todo ello conforme a lo preceptuado en el artículo 92 numerales 1 Y 8 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y así se decide. En consecuencia, en mérito de los argumentos anteriormente esgrimidos, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO UNO EN FUNCIÓN DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. DECIDE:
PRIMERO: SE CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión de los imputados MAURICIO JAVIER MARTINEZ, colombiano, natural de Departamento de la Guajira, República de Colombia, con cédula de identidad N° CC-1.094.828.812, de 25 años de edad, soltero, nacido en fecha 01-03-1988, de profesión obrero, residenciado en LA FRIA SECTOR 28 de octubre media cuadra de la cancha múltiple, San Cristóbal, Estado Táchira, a quien el Ministerio Público les atribuye la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA FISICA y VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA previsto y sancionado en el artículo 42 y 50 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y a RAFAEL ANTONIO VALDOBINO MORALES, venezolano, naturalizado, natural de Departamento de la Guajira, República de Colombia, con cédula de identidad N° V-28.639.854, de 43 años de edad, soltero, nacido en fecha 12-02-1970, de profesión obrero, residenciado en Barrio 28 de Octubre, Vereda 1, Casa S/N, específicamente media cuadra más arriba de la Cancha Múltiple, La Fría, Municipio García de Hevia, Estado Táchira, a quien el Ministerio Público les atribuye la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA FISICA previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de MARIA ALEJANDRA VILLAMIZAR VEGA y ILVA ROSA VEGA RUEDA, por encontrarse llenos los extremos del artículo 93 de la Ley Especial.
SEGUNDO: Por ser una facultad de la Fiscalía Ministerio Público, se ordena la prosecución del proceso por los trámites del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, de conformidad con el artículo 94 de la ley especial que rige la materia, ordenándose la remisión de las actuaciones a la Fiscalía vigésima séptima del Ministerio Público, en su oportunidad legal, conforme al artículo 94 de la Ley Especial que rige la materia.-
TERCERO: SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD A LOS IMPUTADOS: MAURICIO JAVIER MARTINEZ, colombiano, natural de Departamento de la Guajira, República de Colombia, con cédula de identidad N° CC-1.094.828.812, de 25 años de edad, soltero, nacido en fecha 01-03-1988, de profesión obrero, residenciado en LA FRIA SECTOR 28 de octubre media cuadra de la cancha múltiple, San Cristóbal, Estado Táchira, a quien el Ministerio Público les atribuye la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA FISICA y VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA previsto y sancionado en el artículo 42 y 50 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y a RAFAEL ANTONIO VALDOBINO MORALES, venezolano, naturalizado, natural de Departamento de la Guajira, República de Colombia, con cédula de identidad N° V-28.639.854, de 43 años de edad, soltero, nacido en fecha 12-02-1970, de profesión obrero, residenciado en Barrio 28 de Octubre, Vereda 1, Casa S/N, específicamente media cuadra más arriba de la Cancha Múltiple, La Fría, Municipio García de Hevia, Estado Táchira, a quien el Ministerio Público les atribuye la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA FISICA previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de MARIA ALEJANDRA VILLAMIZAR VEGA e ILVA ROSA VEGA RUEDA, por encontrarse llenos los extremos del artículo 93 de la Ley Especial., imponiéndoseles el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1-Presentaciones cada (45) días por el Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, 2- No cometer hechos punibles, 3- Prohibición de agredir a la victima 4- someterse al proceso; 5- Prohibición de ingerir bebidas alcohólicas, 6- Asistir a charlas en el CPAO una vez cada (45) días, líbrese oficio; todo ello conforme a lo preceptuado en el artículo 92 numerales 1 Y 8 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.-
CUARTO: SE DECRETA MEDIDA DE PROTECCION Y SEGURIDAD A FAVOR DE LA VICTIMA: imponiéndosele a los agresores el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1.- Prohibición de agredir a la victima, 3.- Prohibir que el presunto agresor que por sí mismo o por terceras personas, realice actos de persecución, intimidación o acoso a la victima o algún integrante de su familia, de conformidad con el artículo 87 numeral 6 y 13 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Se ordena la experticia por el equipo interdisciplinario.

Remítase las presentes actuaciones a la fiscalía una vez vencido el lapso de ley.

A fin de cumplir con el principio de Preclusión de los Lapsos Procesales, una vez vencido el lapso de apelación REMÍTASE las actuaciones a la Fiscalía Vigésima Séptima del Ministerio Público del estado Táchira, en su oportunidad legal. Déjese copia para el Archivo del Tribunal.

ABG. PEGGY MARIA PACHECO DE ARAQUE
JUEZA PRIMERA DE CONTROL

ABG. ERIKA YANGUATIN OSORIO
Secretaria
En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.
SRIA
CAUSA PENAL SP21-S-2013-007329