TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal en funciones de Control
San Antonio del Tachira, 13 de Agosto de 2013
203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2013-002974
ASUNTO : SP11-P-2013-002974
RESOLUCION DE AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN
CON SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO

Celebrada como ha sido la audiencia de calificación de flagrancia en el presente asunto, se pasa a dictar el correspondiente auto fundado, en virtud de ello, el Tribunal, cumplidas las formalidades de ley, oída la solicitud efectuada por la Representante Fiscal, lo expuesto por el imputado y lo alegado y solicitado por la defensa, efectuó las siguientes consideraciones para motivar su decisión que, de conformidad con el artículo 161 del Código Orgánico Procesal Penal, es del tenor siguiente:

Punto Previo: En estricto acatamiento de la resolución N° 2012-0034 de fecha 12-12-12, dictada por la sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia , el cual en su Articulo 3establece: “Atribuir a los Tribunales de Primera Instancia en Funciones de Control, a Nivel Nacional, la competencia para conocer y decidir los procesos penales que tengan por objeto delitos cuyas penas en su limite máximo no excedan de ocho (8) años de privación de libertad, ello por razones de extrema necesidad en el cumplimiento del Servicio Judicial y la oportuna administración de Justicia. En consecuencia, aquellos aplicaran las normas del procedimiento establecido en el titulo II del Libro III del Decreto con Rango de Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.” Según comunicado recibido por ante este despacho el día 07-01-13 de la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en Circular N!° 1 de fecha 03-01-2013

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

JUEZ: ABG. KARINA DUQUE
FISCAL: ABG. HERLY QUINTERO
SECRETARIO: ABG. PAUL BURGOS
IMPUTADO (S): SERGIO LEONARDO RUIZ CASTELLANOS
DEFENSOR (A): ABG. CARMEN AURORA IBARRA

DE LOS HECHOS

Se lee de las actuaciones presentadas por el representante del Ministerio Público que, acta policial levantada por funcionarios adscritos a la Policía del Estado Táchira dejan constancia de que: “Siendo aproximadamente las 05:00 horas de la tarde del día de hoy 08/07/13 encontrándome de labores de patrullaje a bordo de la Unidad Motorizada… observamos a dos ciudadanos que se trasladaban en un vehículo tipo moto de color blanca, al cual se le indico que se estacionara a un costado de la acera, ya que el copiloto no poseía casco de seguridad, y se le iba a hacer la observación, quien intento darse a la fuga, siendo interceptado a poco metros del lugar, donde se le solicito la documentación respectiva para conducir moto y la propiedad de la misma, quien de una forma altanera y manoteando, manifestando que no iba a mostrar nada, en eso se le indico que cambiara y desistiera de su actitud, pero el mismo hizo caso omiso, y se abalanzó sobre el OFICIAL 3427 MANTILLA ANGEL, tratando de agredirlo físicamente, donde hubo necesidad de hacer uso de la fuerza para resguardar la seguridad física, sin necesidad de causarle algún daño físico…, siendo trasladado hacia el área del cuartel de prisiones.”

DE LA AUDIENCIA

En el día de hoy, miércoles 10 de julio de 2013, siendo las 04:20 horas de la tarde se constituyo el Tribunal Tercer de Primer Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, extensión San Antonio, a los fines de celebrar Audiencia de Calificación de Flagrancia, seguida al ciudadano SERGIO LEONARDO RUIZ CASTELLANOS de nacionalidad venezolano, natural de San Antonio del Estado Táchira, nacido en fecha 15-01-1989, de 23 años de edad, estado civil soltero, titular de la cedula de identidad V-18.355.463, hijo de Ana Francisca Castellanos (V) y de padre desconocido, residenciado en el barrio Antonio Ricaurte casa 370-49, carrera 3 calle 5, San Antonio, estado Táchira, de profesión u oficio obrero, teléfono 0416-5267852. Constituido el Tribunal por la Juez, Abg. Karina Duque; el Secretario, Abg. Paul Burgos, el Alguacil de sala, presente la Fiscal Octava del Ministerio Publico Abg. Herly Quintero y el imputado. En este estado, el Tribunal impuso a este ultimo del derecho que le asiste de nombrar un abogado defensor para ejercer el derecho a “SER OIDO” y para que lo asista en todos los actos del proceso, conforme lo previsto en el numeral 3 del articulo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo tanto se le pregunto que si tenia abogado de su confianza que lo asistiera, manifestando este que NO solicitándole al Tribunal que se le designe un Defensor Publico; nombrándole al efecto el Tribunal Defensor Publico Abg. Carmen Aurora Ibarra, a quien estando presente el ciudadano Juez le impuso el nombramiento hecho sobre el, tomándole el juramento de ley y al efecto expuso: “ Acepto el cargo que se me hace en este acto y juro cumplir bien y fielmente las obligaciones inherentes al mismo”. El Tribunal deja constancia que desde el momento de la detención del aprehendido hasta el momento de su presentación física, por ante este Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones de Control, no se da el supuesto de la violación de la libertad personal, contenido en el articulo 44 numeral 1º de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en el sentido de que “No se ha sobrepasado el lapso de cuarenta y ocho (48) horas in que los detenidos sean presentados físicamente por ante la autoridad judicial” y que la misma no presenta lesiones físicas aparentes ni señala haber sufrido lesión alguna propinada por los funcionarios aprehensores. Seguidamente el Juez declara la celebración inmediata de la Audiencia de Calificación de Flagrancia e Imposición de Medida de Coerción Personal, y así determinar las circunstancias que rodearon la aprehensión del imputado, de conformidad con los artículos 234, 235 y 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal; advirtiendo a las partes, sobre la importancia y trascendencia de este acto, en el cual se va a administrar justicia, instándolas a litigar de buena fe ya no haber planteamiento dilatorios o aquellos que sean propios del Juicio Oral y Publico. Igualmente le informa a las partes, que esta audiencia se desarrolla en forma oral, así con los principios de oralidad e inmediación, por lo que solo se dejara constancia en el acta de lo que las partes considere les sirva de prueba para una eventual apelación, cediendo l derecho a al palabra a la ciudadana Fiscal del Ministerio Publico, quien expuso, de manera pormenorizada los hechos, el derecho y las pretensiones en las cuales funda la imputación; manifestando las circunstancias de tiempo, modo, lugar, espacio y de relación casual entre el aprehendido y el derecho que se le imputa, y de cómo se produjo la aprehensión del mismo, e igualmente las razones de hecho y de derecho en las cuales fundamenta sus solicitud de la calificación de flagrancia, para el imputado SERGIO LEONARDO RUIZ CASTELLANOS, a quien le atribuye la presunta comisión del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal; delito este que se le imputa en este acto. Solicitando en resumen la representante del Ministerio Publico lo siguiente:
• Que se imponga al aprehendido del hecho que se le imputa de conformidad a lo establecido en el artículo 356 del Código Orgánico Procesal Penal.
• Que se decrete la APREHENSION EN ESTADO DE FLAGRANCIA, del aprehendido de conformidad a lo establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal alegando la presencia de los presupuestos del artículo 235 eiusdem.
• Que se acuerda la aplicación del PROCEDIMIENTO ESPECIAL conforme lo previsto en el aparte del artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal.
• Solicito la MEDIDA CAUTELAR USTITUTIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD de conformidad a lo establecido en los artículos 242 del Código Orgánico procesal Penal.

Acto seguido el Juez impuso al aprehendido SERGIO LEONARDO RUIS CASTELLANOS, del contenido de los autos del expediente, de las razones expuestas por el Ministerio Publico y del objeto de la audiencia. Igualmente le impuso del Precepto Constitucional y Legal, contenidos en los artículos 49 numeral 5, de la constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 127 y 133 del Código Orgánico Procesal Penal, instruyéndole sobre la existencia de los medios alternativos de la prosecución del proceso que le son dables conforme a la entidad del delito que se le imputa, de conformidad a lo establecido en los artículos 357 y 358 del Código Orgánico Procesal Penal, explicándole claramente el alcance de los mismo y fin de que ejerza su derecho constitucional a “SER OIDO”, por lo tanto se le pregunto, si deseaba declarar manifestado “admito los hechos solicito las suspensión condicional del proceso”. A continuación, se le concede el derecho de palabra a la Defensora Publica Abg. Carmen Aurora Ibarra, quien expuso: ciudadano juez, pido a favor de mi defendido, una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad, me acojo al procedimiento especial, pido la Suspensión condicional del Proceso es todo. El Tribunal, una vez escuchada la solicitud formulada por el Ministerio Publico, lo planteado por el imputado y los alegatos formulados por la Defensa, procede en este acto dictar de forma oral los fundamentos de hecho y de derecho que motivan la dispositiva quedando así, debidamente notificadas las partes. PUNTO PREVIO: Atendido a lo emanado en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, resolución Nº 2012-0034 de fecha 12 de Diciembre de 2012, de acuerdo a su Articulo 3, este Tribunal Penal en Funciones de Control conocerá sobre aquellos delitos cuyas penas no excedan de ocho (08) años de privación de libertad, en lo que se expresa: “Atribuir a los Tribunales de Primera Instancia Estadales en Funciones de Control, a nivel nacional, la competencia para reconocer y decidir los proceso penales que tengo por objeto delitos cuyas penas en su limite máximo no exceden de ocho (08) años de privación de libertad, ello por razones de extrema necesidad del cumplimiento del servicio Judicial y la oportuna administración de justicia.

DE LA FLAGRANCIA

Corresponde en consecuencia a ésta instancia, pronunciarse en primer término sobre la solicitud formulada por el Ministerio Público de aprehensión en flagrancia del imputado de autos, en virtud de la presentación hecha por el Ministerio Público, y de los hechos anteriormente descritos. El artículo 24 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:
Artículo 24 “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.”
“Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o rea.”

El artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:

Artículo 44 “.....Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden Judicial a menos que sea sorprendido in fraganti, en este caso, será llevado a una autoridad policial Judicial...”.

En el presente caso no existiendo Orden Judicial, se hace necesario analizar las circunstancias del delito Flagrante. Al efecto el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, señala:

Artículo 234. “Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor o autora.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos de los Estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado o imputada”

En el anterior dispositivo se establecen los supuestos o conductas típicas para calificar como flagrante a un delito. En primer lugar requiere que el sujeto sea detenido cuando está cometiendo un hecho, se trata entonces, de la captura e identificación del delincuente en plena comisión del hecho, es lo que la doctrina llama FLAGRANCIA REAL; de igual manera se admite la flagrancia cuando el sujeto es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, como producto de una persecución ininterrumpida de las autoridades o del público, que no le hayan perdido de vista, es la llamada FLAGRANCIA EX POST IPSO O CUASIFLAGRANCIA; y por último cuando se practica la detención de una persona con instrumentos o cosas provenientes del delito, tiempo después de haber cesado la persecución o sin que esta haya existido, conocida como FLAGRANCIA PRESUNTA A POSTERIORI; por cierto, figura esta muy cuestionada debido a que la flagrancia está determinada por la posesión de los objetos provenientes del delito y no en cuanto a la participación del sujeto en el hecho.

Ahora bien, ante lo explicito de los elementos aportados por el representante del Ministerio Público en el expediente; como quiera que la solicitud fiscal a comprendido la presentación del imputado y la petición de calificación de flagrancia, basta entonces contrastar los hechos con la norma prevista del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal para determinar que la detención del ciudadano: SERGIO LEONARDO RUIZ CASTELLANOS, de nacionalidad venezolano, natural de San Antonio del Estado Táchira, nacido en fecha 15-01-1989, de 23 años de edad, estado civil soltero, titular de la cedula de identidad V-18.355.463, hijo de Ana Francisca Castellanos (V) y de padre desconocido, residenciado en el barrio Antonio Ricaurte casa 370-49, carrera 3 calle 5, San Antonio, estado Táchira, de profesión u oficio obrero, teléfono 0416-5267852, en la presunta comisión del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal; se produjo en estricta flagrancia por lo que se concluye que estamos en presencia de un delito flagrante, toda vez que la conducta desplegada por el imputado de autos se tipifica como por la presunta comisión del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal; en consecuencia la aprehensión del ciudadano SERGIO LEONARDO RUIZ CASTELLANOS, es legal de conformidad con lo prevé de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en su artículo 44 numeral 1 en concordancia con lo establecido en el en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Calificada como ha sido la flagrancia en la presente causa, corresponde a quien aquí decide resolver sobre el procedimiento a seguir, en tal sentido se deben hacer las siguientes consideraciones: Verificada como ha sido las actas presentadas por el Ministerio Público ha solicitado la continuación de la causa por el procedimiento estipulado en el Libro Tercer De los Procedimientos Especiales, Titulo II, De los Procedimiento Para el Juzgamiento de los Delitos Menos Graves, en sus artículos 354 al 362 ambos inclusive de Código Orgánico Procesal Penal, entendiendo esta Juzgadora que es el Ministerio Público el titular de la acción y es quien sabe y mantiene la estrategia de su actuar y de la investigación, reconociéndose que el Ministerio Público en este caso ha considerado que hay circunstancias que clarificar en la búsqueda de la verdad, por tales razones acogiendo lo señalado por norma adjetiva penal y la solicitud del Ministerio Público, se ordena la prosecución de la presente causa mediante el procedimiento Para el Juzgamiento de los Delitos Menos Graves debiéndose aplicar el procedimiento conforme a loe estipulado en Libro Tercer De los Procedimientos Especiales, Titulo II, De los Procedimiento Para el Juzgamiento de los Delitos Menos Graves, en sus artículos 354 al 362 ambos inclusive de Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL Y DEL
PRECEPTO JURÍDICO APLICABLE

En cuanto a la medida de coerción personal solicitada por el Ministerio Publico, considera este Juzgador, que si bien el ciudadano SERGIO LEONARDO RUIZ CASTELLANOS, de nacionalidad venezolano, natural de San Antonio del Estado Táchira, nacido en fecha 15-01-1989, de 23 años de edad, estado civil soltero, titular de la cedula de identidad V-18.355.463, hijo de Ana Francisca Castellanos (V) y de padre desconocido, residenciado en el barrio Antonio Ricaurte casa 370-49, carrera 3 calle 5, San Antonio, estado Táchira, de profesión u oficio obrero, teléfono 0416-5267852, en la presunta comisión del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, que merece pena privativa de libertad, que no se encuentra evidentemente prescrita, por lo que considera este Juzgador que de conformidad con lo establecido en el artículo 44 numeral 1ro.- de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también de conformidad con lo establecido en el artículo 8, 9 , 232, 239, 354 y 355 todos del Código Orgánico Procesal Penal, que lo procedente en el caso in comento es decretar una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial de Libertad, por las siguientes razones: No esta evidenciado el peligro de fuga, toda vez que se trata de una ciudadana que si bien es cierto es nacional de la República de Colombia, es primarias en la comisión de delitos, conforme se evidencia de las actas presentadas por la Representante del Ministerio Público, no es menos cierto que tiene acreditado su arraigo en el País, es por lo que considera quien aquí decide que con una medida sustitutiva, se resuelve la situación de carácter procesal para la asistencia de la imputada a los actos del proceso, debiendo la imputada cumplir con las siguientes obligaciones: conforme al artículo 242 numerales 3, y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo cumplir con las siguientes condiciones:
1.- Presentaciones cada treinta días por ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal. 2.- Obligación de someterse a los actos del proceso. 3.- No incurrir en hechos de carácter penal. 4.- Donar un mercado al geriátrico de Ureña, debiendo consignar la respectiva constancia. Así se decide.

Así mismo celebrada la Audiencia en cumplimiento del derecho al debido proceso, respetadas las garantías constitucionales de intervención, asistencia y representación del imputado, este Tribunal adminiculado el conjunto de diligencias de investigación consignadas por el representante del Ministerio Publico y los alegatos de cargo esgrimidos por el fiscal, los de descargos presentados por la defensa, y la declaración del imputado, para decidir los planteamientos, estima necesario examinar cada una de las peticiones por separado, lo cual hace en los siguientes términos:

De la Suspensión Condicional del Proceso
Conforme a lo pautado en el artículo 356, 358, 359, 360, 361, 362 y 363 del código Orgánico Procesal Penal, en el que señala:

Artículo 356:……” En está misma audiencia, el Juez o Jueza de Instancia Municipal, deberá imponer al imputado del precepto constitucional que le exime de declarar en causa propia, e igualmente le informara de las formulas alternativas de Prosecución del Proceso, las cuales de ser solicitadas, podrán acordarse desde esa misma oportunidad procesal, con excepción del procedimiento especial por Admisión de los hechos. La resolución de todo lo planteado se dictará al término de la audiencia de presentación…”

El acusado asistido por su defensa, solicitó la medida alternativa de prosecución del proceso denominada Suspensión Condicional del Proceso, la cual es procedente por verificarse los siguientes supuestos de ley:

 La pena establecida para el delito imputado: La acusación fue admitida por un delito sancionado con pena inferior a ocho (08) años en su límite máximo.

 El consentimiento de las partes: El acusado, teniendo pleno conocimiento de sus derechos y de los efectos legales de la Suspensión Condicional del Proceso dio su consentimiento de acuerdo a sus cualidades en el proceso, el acusado aceptó formalmente su responsabilidad, y el representante fiscal no hizo objeción alguna.

 La buena conducta predelicitual del imputado: Este Juzgado presume de buena fe, la buena conducta del imputado y el no sometimiento previo a esta medida alternativa de persecución del proceso, dado que la mala conducta debe demostrarse expresamente o estar reflejado en las actas.

 La oferta de reparación del daño causado: Lo cual pudo ser verificado.

En consecuencia, se le concede a los ciudadanos SERGIO LEONARDO RUIZ CASTELLANOS, de nacionalidad venezolano, natural de San Antonio del Estado Táchira, nacido en fecha 15-01-1989, de 23 años de edad, estado civil soltero, titular de la cedula de identidad V-18.355.463, hijo de Ana Francisca Castellanos (V) y de padre desconocido, residenciado en el barrio Antonio Ricaurte casa 370-49, carrera 3 calle 5, San Antonio, estado Táchira, de profesión u oficio obrero, teléfono 0416-5267852, en la presunta comisión del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO y SE FIJA al acusado COMO PLAZO DE RÉGIMEN DE PRUEBA DE CUATRO (04) MESES, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo durante ese tiempo cumplir con las siguientes condiciones: Donar un mercado al geriátrico de Ureña, debiendo consignar la respectiva constancia. Así se decide.

DEL DISPOSITIV0 DE LA SENTENCIA
EN CONSECUENCIA, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL NUMERO UNO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:

PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión del aprehendido SERGIO LEONARDO RUIZ CASTELLANOS, de nacionalidad venezolano, natural de San Antonio del Estado Táchira, nacido en fecha 15-01-1989, de 23 años de edad, estado civil soltero, titular de la cedula de identidad V-18.355.463, hijo de Ana Francisca Castellanos (V) y de padre desconocido, residenciado en el barrio Antonio Ricaurte casa 370-49, carrera 3 calle 5, San Antonio, estado Táchira, de profesión u oficio obrero, teléfono 0416-5267852, en la presunta comisión del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal; por encontrarse llenos los extremos del articulo 234 del Código Orgánico Procesal Penal.
SEGUNDO: Se acuerda la prosecución del proceso por los tramites del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, de conformidad con el articulo 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la remisión de la causa al archivo judicial.
TERCERO: SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, al imputado SERGIO LEONARDO RUIZ CASTELLANOS, de conformidad con lo establecido en el articulo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo cumplir con las siguiente condiciones 1.- Presentaciones cada treinta días por ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal. 2.- Obligación de someterse a los actos del proceso. 3.- No incurrir en hechos de carácter penal. 4.- Donar un mercado al geriátrico de Ureña, debiendo consignar la respectiva constancia.
CUARTO: DECRETA LA SUSPENSIÓN ONDICIONAL DEL PROCESO, en la presente causa del imputado SERGIO LEONARDO RUIZ CASTELLANOS, por la comisión del delito atribuido, de conformidad con lo previsto en el articulo 358 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.
QUINTO: SE FIJA al acusado COMO PLAZO DE REGIMEN DE PRUEBA EL DE CUATRO (04) MESES, de conformidad con lo establecido en el articulo 361 del Código Orgánico Procesal Penal, que empezara a contabilizarse a partir del día de hoy 10 de Julio de 2013, hasta el día 14 de Diciembre del 2013.
Con la lectura de la presente acta quedaron notificadas las partes del dispositivo de la decisión y se ordena su libertad. Regístrese, déjese copia y suspéndase la causa en este Tribunal, hasta el cumplimiento de la Alternativa a la Prosecución del Proceso, acordada

ABG. KARINA TERESA DUQUE DURAN
JUEZA TERCER DE CONTROL

SECRETARIA