TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal en funciones de Control
San Antonio del Tachira, 30 de Agosto de 2013
203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2013-003601
ASUNTO : SP11-P-2013-003601

RESOLUCION
DE LAS PARTES
JUEZ: ABG. RICHARD ENRIQUE HURTADO CONCHA
FISCAL: ABG. GERSON RAMIREZ
SECRETARIA: ABG. MARIA EUGENIA RODRIGUEZ HURTADO
IMPUTADO (S): RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ
DEFENSOR (A): ABG. BETTY SANGUINO

Este Tribunal expuso los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta la presente decisión de la flagrancia celebrada en fecha 27-08-2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 161 ejusdem, dicta el auto fundado de la audiencia, habiendo quedado debidamente notificado de la decisión en fecha 27-08-2013 en los siguientes términos:

DE LOS HECHOS

Los hechos que dieron origen a la siguiente investigación Penal, de fecha 25 de Agosto de 2013, siendo aproximadamente 08:25 horas de la Mañana se presento una ciudadana quien dijo llamarse: YAJARA VILLAMIL a formula una denuncia en contra del ciudadano: RAFAEL ANTONIO MARTÍNEZ MUÑOZ, quien es su expareja y expuso: que el día d hoy en horas de la madrugada , cuando me encontraba en el Barrio Cristo Rey por la Cancha, llegó él y me golpeo en el rostro y en los brazos, me decía que me montara en la moto por que si no lo hacia me seguía pegando delante de todo mundo, me monte en la moto y llegamos a mi casa , me baje y me decía palabras obscenas, me agarro del cuello para ahorcarme y yo le decía que me soltara y el me seguía insultando y no me soltaba, luego me soltó y el se fue los funcionarios adscritos al Estación Policial subdelegación, San Antonio, Municipio Bolívar estado Táchira, dejan constancia de las siguiente diligencia Policial Practicada en la presente averiguación, se trasladaron en la unidad 30214 en compañía de la ciudadana victima: YAJARA VILLAMIL ORTIZ, al barrio Simón Bolívar Parte alta , calle Principal, casa de color verde, Municipio Bolívar estado Táchira, lugar donde se encuentra, el ciudadano agresor en los hechos que s investigan , presente en la morada la victima señalo la residencia y manifestó la misma que el ciudadano que se encontraba en la parte de afuera en la motocicleta de color azul, era quien la había agredido se le solicito los documentos personales y los de la motocicleta la cual estaba tripulando, haciendo entrega de la cedula de identidad y el certificado de circulación con los datos de la motocicleta, CLASE, MOTOCICLETA, MARCA KEEWAY, MODELO ARSEN II 150, AÑO 2011, PLACA AA4G38N, COLOR, AZUL, se le notifico al ciudadano el motivo de su detención, realizándole un revisión corporal por la parte de afuera de la residencia, no encontrando ningún tipo de interés criminalístico, quedo plenamente identificado como: RAFAEL ANTONIO MARTÍNEZ MUÑOZ, Venezolano, mayor de edad titular de la Cedula de identidad N°- V- 17.128.865, se traslado al ciudadano para la sed del comando se verifico por el sistema de SSIPOL al fin de verificar si se encontraba solicitado y los de la motocicleta, arrojando el mismo no presentar registro Policial ni solicitud alguna en cuanto a la motocicleta no registra en la base de datos, se le leyeron los derechos notificando por vía telefónica a la ciudadana HERLIN QUNTERO Fiscal Octava del Ministerio Publico, se deja constancia de haber realizado en la sede de este Despacho la Inspección Técnica del vehiculo, el cual será trasladado al estacionamiento Judicial de San Antonio, Municipio Bolívar Estado Táchira, con sede en la s Adjuntas.

DE LA AUDIENCIA

En San Antonio, estado Táchira a los 27 días del mes de Agosto de 2013, siendo las 10:00 horas de la mañana, en el despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Extensión San Antonio, se encuentra debidamente constituido el referido Juzgado, conformado por el Juez Abg. Richard Enrique Hurtado Concha y la Secretaria Abogado María Eugenia Rodríguez Hurtado, a los fines de dar inicio a la audiencia, con ocasión de las peticiones formuladas por la Fiscal Octava del Ministerio Público, Abogada Herly Quintero, en la causa 1C-SP11-P-2013-003601, quien expuso: “Presento ante usted, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 numeral 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, al ciudadano RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ, quien es de nacionalidad venezolana, natural de San Antonio, estado Táchira, nacido en fecha 29 de Diciembre de 1986, de 27 años de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 17.128.865, de estado civil soltero, de ocupación caletero, residenciado en Barrio Pedro Rafael Páez, vereda 13, casa s/n, San Antonio, estado Táchira, teléfono 0424-742.82.46 (Personal). Constituido el Tribunal por el Juez, Abg. Richard Enrique Hurtado Concha; la Secretaria, Abg. María Eugenia Rodríguez Hurtado, el Alguacil de Sala, presente la Fiscal Octava del Ministerio Público Abg. Herly Quintero y el imputado. En este estado, el Tribunal impuso a éste último del derecho que le asiste de nombrar un abogado defensor para ejercer el derecho a “SER OÍDO” y para que lo asista en todos los actos del proceso, conforme lo previsto en el numeral 3 del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo tanto se le preguntó si tenía abogado de su confianza que lo asistiera, manifestando ésta que NO, procediendo hacer el llamado al defensor publico de guardia Abg. Betty Sanguino, a quien estando presente el ciudadano Juez le impuso del nombramiento hecho sobre ella, tomándole el juramento de ley y al efecto expuso: “Acepto el cargo que se me hace en este acto y juro cumplir bien y fielmente las obligaciones inherentes al mismo”. El Tribunal deja constancia que desde el momento de la detención del aprehendido hasta el instante de su presentación física, por ante este Tribunal de Primera Instancia Penal en Función de Control no se da el supuesto de la violación de la libertad personal, contenido en el artículo 44 numeral 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el sentido de que “No se ha sobrepasado el lapso de cuarenta y ocho (48) horas sin que los detenidos sean presentados físicamente por ante la autoridad judicial” y que el mismo no presenta lesiones físicas aparentes ni señala haber sufrido lesión alguna propinada por los funcionarios aprehensores. Seguidamente el Juez declara la celebración inmediata de la Audiencia de Calificación de Flagrancia e Imposición de Medida de Coerción Personal, y así determinar las circunstancias que rodearon la aprehensión del imputado, de conformidad con los artículos 234, 235 y 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal; advirtiendo a las partes, sobre la importancia y trascendencia de este acto, en el cual se va a administrar justicia, instándolas a litigar de buena fe y a no hacer planteamientos dilatorios o aquellos que sean propios del Juicio oral y público. Igualmente, le informa a las partes, que esta audiencia se desarrolla en forma oral, así con los principios de oralidad e inmediación, por lo que sólo se dejara constancia en el acta de lo que las partes consideren les sirva de prueba para una eventual apelación, cediendo el derecho de palabra a la ciudadana Fiscal del Ministerio Público, quien expuso, de manera pormenorizada los hechos, el derecho y las pretensiones en las cuales funda la imputación; manifestando las circunstancias de tiempo, modo, lugar, espacio y de relación causal, entre el aprehendido y el hecho que se le imputa, y de como se produjo la aprehensión del mismo, e igualmente las razones de hecho y de derecho en las cuales fundamenta su solicitud de la calificación de flagrancia, para el imputado RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ, a quien le atribuye la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, delito este que se le imputa en este acto. Solicitando en resumen la representante del Ministerio Público lo siguiente: 1) Solicita que se decrete la aprehensión del imputado en estado de flagrancia, alegando la presencia de los presupuestos del artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. 2) Solicita que se acuerde la aplicación del procedimiento ESPECIAL, conforme lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, 3) Solicita que se le imponga al imputado Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia y 242 del Código Orgánico Procesal Penal. Fundamentando oralmente los supuestos por los que estima indispensable su imposición, por considerarla necesaria para garantizar la comparecencia de los imputados en el proceso. Una vez concluida la exposición Fiscal, el Juez, explicó Al imputado RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ, el significado de la presente audiencia; asimismo, se les impuso del precepto constitucional que lo exime de declarar en causa propia de reconocer culpabilidad contra si mismo y contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de su cónyuge si lo tuviere o de su concubina, de conformidad con el numeral 5 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le informó que su declaración no es un objeto de prueba sino un medio para su defensa, que con ella puede desvirtuar si fuere el caso la precalificación que le ha hecho en la audiencia el Ministerio Público, conforme a la disposición contenida en el artículo 133 del Código Orgánico Procesal Penal, se les indicó y le informó que el Código Orgánico Procesal Penal, prevé las alternativas a la prosecución del proceso, consistentes en el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, previstas en los artículos 38 y siguientes, así como el procedimiento especial por admisión de hechos, establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, indicándoles que la oportunidad para hacer uso de tales instituciones de composición procesal no es la presente, sino en el caso de aprobarse el Procedimiento Abreviado en la audiencia de Juicio Oral y Público antes del debate, o en el Procedimiento Ordinario en la Audiencia Preliminar, le informó sobre el hecho por el cual el Ministerio Público lo presenta detenido en la audiencia y le explicó las circunstancias que para éste influyeron en la calificación jurídica, asimismo, se les hizo lectura del precepto jurídico aplicable, se le preguntó seguidamente si estaba dispuesto a declarar, a lo que manifestó el ciudadano OSCAR ADRIAN AHUMADA JAIMES, que NO manifestando: “Ciudadano Juez, me acojo al precepto constitucional, es todo”.
Seguidamente toma el derecho de palabra la Defensora Pública Penal Abg. Betty Sanguino, quien expuso: “Ciudadano Juez, conforme lo dicho por la representante del ministerio publico, me apego que sea decretada medida cautelar sustitutiva a la privativa de la libertad de posible cumplimiento, es todo”.
DE LA FLAGRANCIA
Corresponde en consecuencia a esta instancia, pronunciarse en primer término sobre la solicitud formulada por el Ministerio Público de aprehensión en flagrancia del imputado de autos, en virtud de la presentación hecha por el Ministerio Público y de los hechos anteriormente descritos.
El artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:
Artículo 44. “... 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden Judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial...”.
En el presente caso, no existiendo orden judicial, se hace necesario analizar todas las circunstancias del delito Flagrante. Al efecto el artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala:
Artículo 93. “Se tendrá como flagrante todo delito previsto en esta Ley que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como flagrante aquél por el cual el agresor sea perseguido por la autoridad policial, por la mujer agredida, por un particular o por el clamor público, o cuando se produzcan solicitudes de ayuda a servicios especializados de atención a la violencia contra las mujeres, realizadas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o fax, que permitan establecer su comisión de manera inequívoca, o en el que sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, toda autoridad deberá y cualquier particular podrá, aprehender al agresor. Cuando la aprehensión la realizare un particular, deberá entregarlo inmediatamente a la autoridad más cercana, quien en todo caso lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión.
Se entenderá que el hecho se acaba de cometer cuando la víctima u otra persona que haya tenido conocimiento del hecho, acuda dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del hecho punible al órgano receptor y exponga los hechos de violencia relacionados con esta Ley. En este supuesto, conocida la comisión del hecho punible el órgano receptor o la autoridad que tenga conocimiento, deberá dirigirse en un lapso que no debe exceder de las doce horas, hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, recabará los elementos que acreditan su comisión y verificados los supuestos a que se refiere el presente artículo, procederá a la aprehensión del presunto agresor, quien será puesto a la disposición del Ministerio Público, según el párrafo anterior.
El Ministerio Público, en un término que no excederá de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la aprehensión del presunto agresor, lo deberá presentar ante el Tribunal de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas, el cual, en audiencia con las partes y la víctima, si ésta estuviere presente, resolverá si mantiene la privación de libertad o la sustituye por otra menos gravosa…”.
En el anterior dispositivo se establecen los supuestos o conductas típicas para calificar como flagrante la aprehensión de una persona a quien se le atribuye la comisión de un delito. Ahora bien, conforme a lo relatado en el Acta Policial referida “ut supra”, concatenado con las demás diligencias de investigación que hasta la presente ha recabado el Ministerio Público, encontramos que las circunstancias en las cuales se produjo la aprehensión del imputado RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ, enmarcan perfectamente en los supuestos del artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; hechos y precalificación que no fueron desvirtuados en la audiencia por la Defensa. Por ello, este Tribunal considera procedente CALIFICAR LA FLAGRANCIA en la aprehensión del imputado de autos, en la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia por encontrarse llenos los extremos exigidos por el citado artículo 93. Y ASI SE DECIDE.

DEL PROCEDIMIENTO
En cuanto a la solicitud de aplicación del procedimiento ordinario formulado por el Representante del Ministerio Público, a lo que se adhirió la Defensa, considera el Tribunal que en la Nueva Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se estableció un Procedimiento Especial el cual debe regir para los casos como el que aquí se está tratando; en consecuencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 94 de la citada Ley Orgánica y visto que es necesaria la práctica de otras diligencias de investigación, se ordena el trámite de la presente causa por los lineamientos del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, garantizándose además el ejercicio pleno del derecho a la defensa del imputado de autos. Y ASI SE DECIDE.

DE LA MEDIDA DE PROTECCION Y DE SEGURIDAD
En cuanto a la solicitud Fiscal y de la Defensa de imposición de una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, este Tribunal para decidir hace las siguientes consideraciones:
De conformidad con lo establecido en el artículo 242 numerales 3° y 9° del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el articulo 92 numeral 8 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es necesario proteger a la víctima de toda acción que viole o amenace sus derechos fundamentales, con el propósito de evitar nuevos actos de violencia en su contra; por otra parte, ante la petición de una Medida Cautelar para el imputado, este Tribunal acuerda lo solicitado por las partes y le impone al imputado RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ las siguientes condiciones: 1.- Cumplir arresto transitorio por cuarenta y ocho (48) horas. 2.- Presentarse una vez cada quince (15) días, ante la oficina del Alguacilazgo. 3.- Someterse a todos los actos del Proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 360 del Código Orgánico Procesal Penal. 4.- Prohibición expresa de no cometer nuevos hechos punibles. 5.- Prohibición expresa de no agredir física y/o verbalmente a la victima, ni frecuentar lugares donde esta se encuentre 6.- No cambiar de domicilio, sin previa autorización del Tribunal. 7.- Prohibición expresa de no consumir bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 8.- Obligación de someterse a todos los actos del proceso Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA
EN CONSECUENCIA, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL NUMERO DOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:
PRIMERO: SE CALIFICA LA FLAGRANCIA en la aprehensión del imputado RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ, quien es de nacionalidad venezolana, natural de San Antonio, estado Táchira, nacido en fecha 29 de Diciembre de 1986, de 27 años de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 17.128.865, de estado civil soltero, de ocupación caletero, residenciado en Barrio Pedro Rafael Páez, vereda 13, casa s/n, San Antonio, estado Táchira, teléfono 0424-742.82.46 (Personal), por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, de conformidad con lo establecido en artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia
SEGUNDO: SE ACUERDA EL TRÁMITE DE LA PRESENTE CAUSA POR EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL, conforme lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia.
TERCERO: DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, a favor, del imputado RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MUÑOZ, quien es de nacionalidad venezolana, natural de San Antonio, estado Táchira, nacido en fecha 29 de Diciembre de 1986, de 27 años de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 17.128.865, de estado civil soltero, de ocupación caletero, residenciado en Barrio Pedro Rafael Páez, vereda 13, casa s/n, San Antonio, estado Táchira, teléfono 0424-742.82.46 (Personal), por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, de conformidad con establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia y 242 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo el imputado cumplir con las siguientes condiciones: 1.- Cumplir arresto transitorio por cuarenta y ocho (48) horas. 2.- Presentarse una vez cada quince (15) días, ante la oficina del Alguacilazgo. 3.- Someterse a todos los actos del Proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 360 del Código Orgánico Procesal Penal. 4.- Prohibición expresa de no cometer nuevos hechos punibles. 5.- Prohibición expresa de no agredir física y/o verbalmente a la victima, ni frecuentar lugares donde esta se encuentre 6.- No cambiar de domicilio, sin previa autorización del Tribunal. 7.- Prohibición expresa de no consumir bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 8.- Obligación de someterse a todos los actos del proceso
Con la lectura de la presente acta quedaron notificadas las partes. Librese la correspondiente boleta de libertad. Se ordena remitir la causa a la fiscalía a los fines correspondientes, una vez vencido el lapso de ley.

ABG. RICHARD ENRIQUE HURTADO CONCHA
JUEZ SEGUNDO DE CONTROL
EL SECRETARIO

ABG.