TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal en funciones de Control
San Antonio del Táchira, 5 de Agosto de 2013
203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2013-002770
ASUNTO : SP11-P-2013-002770

RESOLUCION

Celebrada como ha sido la audiencia de calificación de flagrancia en el presente asunto, se pasa a dictar el correspondiente auto fundado, en virtud de ello, el Tribunal, cumplidas las formalidades de ley, oída la solicitud efectuada por la Representante Fiscal, lo expuesto por los imputados y lo alegado y solicitado por la defensa, efectuó las siguientes consideraciones para motivar su decisión que, de conformidad con el artículo 161 del Código Orgánico Procesal Penal, es del tenor siguiente:

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

JUEZ: ABG. JERSON QUIROZ RAMIREZ
FISCAL: ABG. CARLOS WILLIAMS ZAMBRANO GARCIA
SECRETARIO: ABG. FRANCISCO JAVIER CORREA SERPA
IMPUTADO: CARLOS ANDRES GUZMAN GUTIERREZ
DEFENSOR: ABG. CARMEN AURORA IBARRA DE BARRIENTOS

DELITO: USO DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la Fe Pública.

- I -
LOS HECHOS QUE DIERON OBJETO A LA PRESENTE SOLICITUD.

Los hechos que dieron origen la presente investigación constan en ACTA POLICIAL, de fecha 16 de junio de 2013, suscrita por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana Comando Regional Nº 1 Destacamento de Fronteras Nº 11 Primera Compañía Tercer Pelotón Punto Control Fijo Peracal, quienes dejaron constancia entre otras cosas de lo siguiente:

“… Siendo las 06:00 horas de la tarde, encontrándome de servicio en el punto de control fijo de Peracal, logré observar un vehículo de transporte público informal (pirata) marca Chevrolet, modelo Caprice, color azul, conducido por el ciudadano Néstor Daniel Parada, en el cual se trasladaba un ciudadano de sexo masculino en condición de pasajero a quien le solicite que se identificara, presentando un ejemplar con apariencia de cédula de identidad de la República Bolivariana de Venezuela, donde se indica como titular de la misma a JUAN MIGUEL PABON GOMEZ, signada con el Nº V-16.028.763, fecha de nacimiento 09/09/1980, fecha de expedición 26/03/2012, fecha de vencimiento 03-2022, el mismo mostraba una actitud sospechosa y evasiva, procediendo de inmediato a solicitar al conductor del vehículo que se estacionara al lado derecho de la vía y verificar referido documento ante la Oficina del Servicio Administrativo de Identificación Migración Extranjería (SAIME), siendo atendido por el funcionario Luis Buitrago, quien manifestó que el documento registra en el sistema a nombre de JUAN MIGUEL PABON GOMEZ, y que a su vez posee características no acordes a los de este tipo de documento emitido por el SAIME, así como la fotografía del documento corresponde a los rasgos fisonómicos de la persona que la presenta, manifestando por voluntad que su verdadera identidad era CARLOS ANDRES GUZMAN GUTIERREZ, de nacionalidad colombiana, natural de Cali Departamento Del Valle, Cédula de Ciudadanía CC-16.915.226, de 32 años de edad, con fecha de nacimiento 30/11/1980, estado civil soltero, y residenciado calle principal casa sin numero sector Magallanes Sandiego Valencia estado Carabobo, la había adquirido con la finalidad de no encontrarse indocumentado en el país, procedí a notificarle el motivo de su detención, notificarle vía telefónica al Fiscal Vigésimo Quinto del Ministerio Público.

Acompaña el Ministerio Público como sustento de sus pedimentos la siguiente actuación:

.- Al folio dos (02) de la presente causa riela agregado Acta de Investigación Penal de fecha de fecha 16 de junio de 2013, suscrita por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana Comando Regional Nº 1 Destacamento de Fronteras Nº 11 Primera Compañía Tercer Pelotón Punto Control Fijo Peracal, quienes dejaron constancia entre otras cosas que siendo las 06:00 horas de la tarde, en el punto de control fijo de Peracal, se acercó un vehículo de transporte público informal (pirata) marca Chevrolet, modelo Caprice, color azul, conducido por el ciudadano Néstor Daniel Parada, en el cual se trasladaba un ciudadano de sexo masculino en condición de pasajero que se identificó, con un ejemplar con apariencia de cédula de identidad de la República Bolivariana de Venezuela, donde se indica como titular de la misma a JUAN MIGUEL PABON GOMEZ, signada con el Nº V-16.028.763, fecha de nacimiento 09/09/1980, fecha de expedición 26/03/2012, fecha de vencimiento 03-2022, el mismo mostraba una actitud sospechosa y evasiva, al verificar el referido documento ante la Oficina del Servicio Administrativo de Identificación Migración Extranjería (SAIME), resultó que el documento registra en el sistema a nombre del mismo, pero que a su vez posee características no acordes a los de este tipo de documento emitido por el SAIME, manifestando el mismo que su verdadera identidad era CARLOS ANDRES GUZMAN GUTIERREZ, de nacionalidad colombiana, natural de Cali Departamento Del Valle, Cédula de Ciudadanía CC-16.915.226, de 32 años de edad, con fecha de nacimiento 30/11/1980, estado civil soltero, y residenciado calle principal casa sin numero sector Magallanes Sandiego Valencia estado Carabobo, y que la había adquirido con la finalidad de no encontrarse indocumentado en el país, motivo por el cual fue detenido, y se notificó al Fiscal Vigésimo Quinto del Ministerio Público.

.- Al folio tres (03) de la presente causa riela agregada acta de Notificación de Derechos del imputado CARLOS ANDRES GUZMAN GUTIERREZ, de fecha 16 de junio del 2013.

.- Al folio cinco (05) consta Reconocimiento legal, practicado a CARLOS ANDRES GUZMAN GUTIERREZ, expedida por el Hospital “Dr. Samuel Darío Maldonado” San Antonio, del cual se desprende que al examen físico; se encuentra dentro de los límites normales.

Al folio 13 consta Experticia de Autenticidad o Falsedad practicada por la experto María Vivas, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Sub- Delegación San Antonio, a un ejemplar con apariencia de cédula de identidad, de las comúnmente emitidas por el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME), signado con el Nº V-16.028.763, a nombre de JUAN MIGUEL PABON GOMEZ, en la cual concluyen que es un documento FALSO Y DE ORIGEN ILEGAL EN EL PAIS.

En este sentido y en virtud de los hechos anteriormente descritos, fue aprehendido el ciudadano CARLOS ANDRES GUZMAN GUTIERREZ, correspondiendo a este Tribunal, resolver sobre la situación jurídica del mismo, a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de USO DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la Fe Pública.

-II -
DE LA AUDIENCIA

Por tales hechos, este Tribunal, fijó Audiencia, en la que la Representante del Ministerio Público, hizo una exposición sucinta de las circunstancias de tiempo modo y lugar en la que ocurrieron los hechos y señala los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales basa la solicitud de calificación de flagrancia del imputado CARLOS ANDRÉS GUZMÁN GUTIERREZ, de nacionalidad colombiana, natural de Cali, Departamento de Valle de Cauca, República de Colombia, nacido en fecha 30 de noviembre de 1980, de 32 años de edad, soltero, titular de la cedula de ciudadanía 16.915.226, hijo de Carlos Enrique Guzmán Páez (v) Dora Haydee Gutiérrez (v) de profesión u oficio Obrero, residenciado en la Avenida Principal de Magallanes, entre la Iglesia Pentecostal y el Centro de Internet, casa de color blanca y puertas blancas, San Diego, estado Carabobo, teléfono 0412-485.28.26 (personal), por la presunta comisión del delito de USO DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la Fe Pública; así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, se le oiga, previo el cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 131 ibídem se califique la aprehensión como flagrante conforme a lo establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, ordene la prosecución de la presente causa por los tramites del procedimiento especial, de conformidad con los artículos 235 y 354 del Código Orgánico Procesal Penal, se decrete Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por su parte, el imputado CARLOS ANDRES GUZMAN GUTIERREZ, impuesto del precepto constitucional del artículo 49 ordinal 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de los artículos 132 y 133 del Código Orgánico Procesal Penal, de las alternativas a la prosecución del proceso, consistentes en el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, previstas en los artículos 357 y 358 del Código Orgánico Procesal Penal, así como del procedimiento especial por admisión de hechos, establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestando el aprehendido que NO y al efecto libre de juramento, apremio y coacción expuso: “Me acojo al precepto constitucional, es todo”.

La defensora Pública Abg. Carmen Aurora Ibarra De Barrientos, realizó sus alegatos de defensa, y dejó a criterio del Tribunal valore si existen o no elementos para calificar la flagrancia en la aprehensión de su defendido, refiere que previa conversación con su patrocinado y valorando las circunstancias del hecho, y dada la entidad del delito que se le señala esta estaría dispuesto a acogerse a uno de los beneficios procesales que le son aplicables.

Dicho esto, el Juez impuso nuevamente al imputado CARLOS ANDRES GUZMAN GUTIERREZ, del precepto constitucional del artículo 49 ordinal 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de los artículos 132 y 133 del Código Orgánico Procesal Penal, de las alternativas a la prosecución del proceso, consistentes en el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, previstas en los artículos 357 y 358 del Código Orgánico Procesal Penal, así como del procedimiento especial por admisión de hechos, establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, y manifestó: “Ciudadano Juez acepto el hecho que se me atribuye expreso mis disculpas al estado venezolano, solicito la Suspensión Condicional del Proceso, y ofrezco reparar el daño causado de la manera que a bien usted tenga establecer, comprometiéndome a cumplir con las condiciones que se me fijen, es todo”.

Cedido nuevamente el derecho de palabra a la Defensora Pública Abg. Carmen Aurora Ibarra De Barrientos, manifestó:” Oído lo expuesto por mi defendido, Ratifico la solicitud de suspensión condicional del proceso, tal como lo establece el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal, y solicito se me otorgue copia simple de la presente acta, es todo.”

-III -
DE LA FLAGRANCIA

En relación a las circunstancias, que rodearon la aprehensión de la imputada CARLOS ANDRES GUZMAN GUTIERREZ, cabe señalar que el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, refiere:

“Para los efectos de este Capítulo, se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional y a los consejos legislativos de los estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado”.

Conforme se evidencia de la norma trascrita, se observa de manera clara y precisa los supuestos o conductas típicas para encontrarnos frente a un delito flagrante.

En primer lugar requiere que el sujeto sea detenido cuando está cometiendo un hecho. Se trata de la captura e identificación del delincuente en plena comisión del hecho, es lo que la doctrina llama FLAGRANCIA REAL. De igual manera admite la flagrancia cuando el sujeto es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, como producto de una persecución ininterrumpida de las autoridades o del público, que no le hayan perdido de vista, es la llamada FLAGRANCIA EX POST IPSO O CUASIFLAGRANCIA; y por último cuando se practica la detención de una persona con instrumentos o cosas provenientes del delito, tiempo después de haber cesado la persecución o sin que esta haya existido, conocida como FLAGRANCIA PRESUNTA A POSTERIORI. Por cierto, figura esta muy cuestionada debido a que la flagrancia está determinada por la posesión de los objetos provenientes del delito y no en cuanto a la participación del sujeto en el hecho.

En el caso de autos observa quien aquí decide, que el día fecha 16 de junio de 2013, funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana Comando Regional Nº 1 Destacamento de Fronteras Nº 11 Primera Compañía Tercer Pelotón Punto Control Fijo Peracal, estando de servicio, en el punto de control fijo de Peracal, se acercó un vehículo de transporte público informal (pirata) marca Chevrolet, modelo Caprice, color azul, conducido por el ciudadano Néstor Daniel Parada, en el cual se trasladaba un ciudadano de sexo masculino en condición de pasajero que se identificó, con un ejemplar con apariencia de cédula de identidad de la República Bolivariana de Venezuela, donde se indica como titular de la misma a JUAN MIGUEL PABON GOMEZ, signada con el Nº V-16.028.763, fecha de nacimiento 09/09/1980, fecha de expedición 26/03/2012, fecha de vencimiento 03-2022, el mismo mostraba una actitud sospechosa y evasiva, al verificar el referido documento ante la Oficina del Servicio Administrativo de Identificación Migración Extranjería (SAIME), resultó que el documento registra en el sistema a nombre del mismo, pero que a su vez posee características no acordes a los de este tipo de documento emitido por el SAIME, manifestando el mismo que su verdadera identidad era CARLOS ANDRES GUZMAN GUTIERREZ, de nacionalidad colombiana, natural de Cali Departamento Del Valle, Cédula de Ciudadanía CC-16.915.226, de 32 años de edad, con fecha de nacimiento 30/11/1980, estado civil soltero, y residenciado calle principal casa sin numero sector Magallanes Sandiego Valencia estado Carabobo, y que la había adquirido con la finalidad de no encontrarse indocumentado en el país, motivo por el cual fue detenido, y se notificó al Fiscal Vigésimo Quinto del Ministerio Público.

Así mismo, al folio 13 consta Experticia de Autenticidad o Falsedad practicada por la experto María Vivas, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Sub- Delegación San Antonio, a un ejemplar con apariencia de cédula de identidad, de las comúnmente emitidas por el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME), signado con el Nº V-16.028.763, a nombre de JUAN MIGUEL PABON GOMEZ, en la cual concluyen que es un documento FALSO Y DE ORIGEN ILEGAL EN EL PAIS.

De lo cual quedo determinado, que el imputado en referencia, fue aprehendido en el momento de ocurrir el hecho, con objetos o instrumentos que hacen presumir con fundamento serio a este juzgador que pudiera tener comprometida su responsabilidad penal en la presunta comisión del delito atribuido. De allí, entonces es por lo que considera este Juzgador, procedente CALIFICAR COMO FLAGRANTE, la aprehensión del ciudadano CARLOS ANDRES GUZMAN GUTIERREZ, por la presunta comisión del delito de USO DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la Fe Pública; en consecuencia la aprehensión del prenombrado ciudadano, es legal de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 44 numeral 1, por encontrarse llenos los extremos del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

- IV -
DEL PROCEDIMIENTO

Calificada como ha sido la flagrancia en la presente causa, corresponde a quien aquí decide resolver sobre el procedimiento a seguir, en tal sentido se deben hacer las siguientes consideraciones: 1.- Ha sido Jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que si hay que verificar algunas circunstancias fuera del hecho flagrante la posibilidad de un procedimiento abreviado desaparece y es en este momento cuando el Fiscal debe solicitar el procedimiento ordinario a fin de salvaguardar los derechos procesales del imputado y averiguar mejor la conexión del delito o la existencia de una posible conspiración o cualquier otra causa que se necesite dilucidar mejor. 2.- De otro lado tenemos que el Ministerio Público ha solicitado la continuación de la causa por el procedimiento especial para el juzgamiento de delitos cuyas penas en su límite máximo no excede los ocho (08) años de prisión, ello dada la entidad del delito atribuido en la presente causa, entendiendo este Juzgador que ante la aceptación del hecho por parte de las imputadas de autos y su manifestación expresa y directa de acogerse dicho procedimiento, atendiendo lo solicitado por la representación del Ministerio Público, por el imputado de autos y su defensa técnica, se ordena la prosecución de la presente causa mediante el procedimiento ESPECIAL, de conformidad con lo establecido en los artículos 235, 354 y siguientes del código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

- V -
DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL
Y DEL PRECEPTO JURÍDICO APLICABLE

Conforme a lo previsto en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, para que proceda la privación judicial preventiva de libertad del imputado deben concurrir las siguientes circunstancias:

PRIMERO: La existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad personal y cuya acción para perseguirlo no se encuentre evidentemente prescrita.

SEGUNDO: Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido el autor o partícipe en la comisión del hecho punible.

TERCERO: Una presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad en un acto concreto de la investigación.

En el presente caso, de las actuaciones se evidencia la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, como lo es el delito de USO DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la Fe Pública.

Así mismo, consta en las actuaciones suficientes elementos de convicción que llevan a este Juzgador, estimar que el imputado CARLOS ANDRES GUZMAN GUTIERREZ, es autor o participe del delito atribuido por el Ministerio Publico, en virtud de lo expuesto en el ACTA DE INVESTIGACIÓN POLICIAL de fecha 16 de junio de 2013, inserta en las presentes actuaciones.

Ahora bien, analizadas las anteriores premisas, encuentra este Juzgador que la pena a imponer por el delito no sobrepasa lo previsto en el artículo 239 del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo en el presente caso no existe peligro de fuga, por cuanto el imputado de autos tiene residencia fija en el país, y no posee antecedente penales. Por lo que considera quien aquí decide, que los supuestos que pudieran dar origen a la Medida de Privación pueden verse plenamente satisfechos con una Medida menos gravosa, que garantice el sometimiento del imputado CARLOS ANDRES GUZMAN GUTIERREZ, a los demás actos del proceso, en consecuencia se decreta Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad al prenombrado, imponiéndole las siguientes condiciones:

1.-Presentaciones cada sesenta (60) días por ante el Tribunal, por intermedio de la Oficina de Alguacilazgo.
2.-Prohibición de salida del país sin la autorización del Tribunal.
3.-Obligación de someterse a todos los actos del proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

- VI -
DE LA ACEPTACION DE LOS HECHOS
Y DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO

En lo que respecta a la solicitud de Suspensión Condicional del Proceso hecha por el imputado del presente asunto, este Juzgador considera:

1.- Que el delito objeto del proceso es USO DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la Fe Pública, cuya pena aplicable no excede de ocho (08) años de prisión en su límite máximo.
2.-Que el imputado de autos, con pleno conocimiento de sus derechos, aceptó el hecho que se le atribuye, aceptando formalmente su responsabilidad en el mismo.
3.-Que no está comprobado en actas que el prenombrado imputado tenga antecedentes penales o que se encuentra sujeto a esta medida por otro hecho.
4.- Que el imputado de autos ofreció reparar el daño causado, mediante su participación en trabajos comunitarios. Lo cual pudo ser verificado.

De las consideraciones anteriormente señaladas se infiere que se encuentran llenos los requisitos legales exigidos para aprobar, como en efecto se aprueba, la solicitud de Medida de Suspensión Condicional del Proceso para CARLOS ANDRES GUZMAN GUTIERREZ, en la comisión del delito de USO DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la Fe Pública.

Así mismo, se establece un Plazo de Régimen de Prueba de OCHO (08) MESES, de conformidad con lo previsto en el artículo 361 del Código Orgánico Procesal Penal, que empezará a contabilizarse a partir del día de hoy 18 de junio de 2013, hasta el día 18 de febrero de 2014; y como quiera que no existen los mecanismos para el correcto seguimiento del cumplimiento de la labor comunitaria y la imputada reside fuera de la jurisdicción del Tribunal, se exime del cumplimiento de la misma. Así se decide.

VII
DISPOSITIVA

EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSION SAN ANTONIO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. DECIDE:

PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión del ciudadano CARLOS ANDRÉS GUZMÁN GUTIERREZ, de nacionalidad colombiana, natural de Cali, Departamento de Valle de Cauca, República de Colombia, nacido en fecha 30 de noviembre de 1980, de 32 años de edad, soltero, titular de la cedula de ciudadanía 16.915.226, hijo de Carlos Enrique Guzmán Páez (v) Dora Haydee Gutiérrez (v) de profesión u oficio Obrero, residenciado en la Avenida Principal de Magallanes, entre la Iglesia Pentecostal y el Centro de Internet, casa de color blanca y puertas blancas, San Diego, estado Carabobo, teléfono 0412-485.28.26 (personal), por la presunta comisión del delito de USO DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la Fe Pública, por encontrarse llenos los extremos del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal.

SEGUNDO: Se Ordena la prosecución del proceso por los trámites del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, de conformidad con lo previsto en los artículos 235, 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la remisión de la causa al archivo de este Tribunal, hasta tanto se verifique el cumplimiento de las obligaciones aquí impuestas.

TERCERO: SE IMPONE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, al imputado CARLOS ANDRES GUZMAN GUTIERREZ, anteriormente identificado, por la presunta comisión del delito de USO DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la Fe Pública, imponiéndole como condiciones: 1.-Presentaciones cada sesenta (60) días por ante el Tribunal, por intermedio de la Oficina de Alguacilazgo. 2.- Prohibición de salida del país sin la autorización del Tribunal. 3.- Obligación de someterse a todos los actos del proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal.

CUARTO: DECRETA LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, en la presente causa para CARLOS ANDRES GUZMAN GUTIERREZ, por la comisión del delito atribuido, de conformidad con lo previsto en el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal.

QUINTO: SE FIJA al imputado CARLOS ANDRES GUZMAN GUTIERREZ, COMO PLAZO DE RÉGIMEN DE PRUEBA, OCHO (08) MESES, de conformidad con lo previsto en el artículo 361 del Código Orgánico Procesal Penal, que empezará a contabilizarse a partir del día 18 de junio de 2013, hasta el día 18 de febrero de 2014; debiendo cumplir con una labor social comunitaria cuyo cumplimiento deberá acreditar ante este Tribunal.

SEXTO: Como quiera que no existen los mecanismos para el correcto seguimiento del cumplimiento de la labor comunitaria y la imputada reside fuera de la jurisdicción del Tribunal, se exime del cumplimiento de la misma.
La presente decisión fue pronunciada de manera oral, al término de la audiencia celebrada en fecha 18 de junio de 2013, con fundamento en lo establecido en el artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 161 eiusdem. Con la lectura del acta respectiva, quedaron debidamente notificadas las partes de los fundamentos de hecho y de derecho de la presente decisión.

Regístrese y déjese copia para el Archivo del Tribunal. Regístrese, déjese copia y suspéndase la causa en este Tribunal hasta el cumplimiento de la Alternativa a la Prosecución del Proceso acordada.

ABG. JERSON QUIROZ RAMIREZ
JUEZ PRIMERO DE CONTROL

ABG. FRANCISCO JAVIER CORREA SERPA.
SECRETARIO

Asunto SP11-P-2013-002770. JQR.