JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. Independencia, 08 de agosto de 2013. 203º y 154º De conformidad con lo ordenado en el auto de admisión de esta misma fecha, se ABRE EL PRESENTE CUADERNO DE MEDIDAS y visto el pedimento de EMBARGO PREVENTIVO formulado en el libelo de la demanda de COBRO DE BOLÍVARES POR CÁNONES DE ARRENDAMIENTO, incoada contra la ciudadana AURA CECILIA RINCÓN FINOL, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 7.797.175, con domicilio en Belandria, Municipio Independencia del Estado Táchira, en su carácter de ARRENDATARIA; por los ciudadanos TOMAS HELI VALENCIA VILLAMIZAR Y LOLA ESPERANZA ANGOLA DE VALENCIA, venezolanos, mayores de edad, domiciliados en el Municipio San Cristóbal del Estado Táchira y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-13.587.103 y V-4.634.743 respectivamente, en su carácter de ARRENDADORES, asistidos por los abogados Jesús Angel Mendoza Rodríguez y Gerardo Mendoza Duarte, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 153.907 y 153.461, en su orden; para resolver el Tribunal estima oportuno hacer las siguientes consideraciones: Dispone el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. (Subrayado de este Tribunal) Desarrollando el contenido de la norma transcrita anteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 20 de marzo de 2001, estableció lo siguiente: “Es criterio de este alto Tribunal que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando exista en los autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama. Por tal motivos es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil,… correspondiéndole al Juez analizar los recaudos presentados junto con el libelo de demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama…” (Subrayado de este Tribunal; Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Dr. Oscar Pierre Tapia, Año 2001, Tomo 3, Pág. 557). El criterio que ha venido sosteniendo nuestro Máximo Tribunal, es el de reconocer la soberanía de los jueces de instancia para proceder al decreto de una medida cautelar, señalando que deben verificarse los extremos señalados en el artículo 585 ejusdem, en el sentido que la discrecionalidad del Juez no es absoluta y éste debe verificar la existencia del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y la presunción del buen derecho; tal como se encuentra desarrollado en auto de fecha 25 de junio de 2001, dictado por la Sala de Casación Civil de nuestro Máximo Tribunal, que reza: “…Del criterio ut supra trascrito y por mandato expreso del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, se evidencia que el materia de medidas preventivas el juez es soberano y tiene amplias facultades para – aún (sic) cuando están llenos los extremos legales – negar el decreto de la medida preventiva solicitada, pues no tiene la obligación ni el deber de acordarla, por el contrario, está autorizado a obrar según su prudente arbitrio; siendo ello así resultaría contradictorio, que si bien por una parte el legislador confiere al juez la potestad de actuar con amplias facultades, por otra parte, se le considere que incumplió su deber por negar, soberanamente la medida…” (Subrayado de este Tribunal; Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Dr. Oscar Pierre Tapia, Tomo 6, Año 2001, Pág. 246). Bajo el amparo de los criterios normativos y jurisprudenciales antes transcritos y luego de haberse revisado exhaustivamente los recaudos presentados por la parte demandante junto con el libelo de demanda; este JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, NIEGA la medida preventiva de EMBARGO solicitada por la parte actora, toda vez que no se encuentran llenos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal. La Jueza Temporal, Abg. BETTY YAJAIRA VARELA MÁRQUEZ La Secretaria, Abg. MAURIMA MOLINA COLMENARES En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 2:30 p.m., quedó registrada bajo el N° 194 y se dejó copia certificada para el archivo del Tribunal. Abg. Maurima Molina Colmenares/ Secretaria Exp. N° 2432/2013 BYVM/ lcm.