REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA
DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO TACHIRA
San Cristóbal, tres (03) de abril de 2013
202 ° y 154 °
Expediente N° SP01-L-2013-000171
-I-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
PARTE RECURRENTE: GERMAN DAVID RODRIGUEZ BARRIENTOS, titular de la cédula de identidad Nº V.- 5.020.446.
ABOGADOS ASISTENTES DE LA PARTE RECURRENTE: DALIA DE CAIRES JIMÉNEZ Y LUIS ANTONIO COLMENARES GARCÍA, inscritos en el Instituto de Previsión Social bajo los Nº 14.248 y 71.876, respectivamente.
ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO: Providencia Administrativa Nº 15 de fecha (01) de Febrero de dos mil uno (2001), emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Táchira.
MOTIVO: Recurso de Nulidad contra Acto Administrativo emanado de la Inspectoría del Trabajo del Estado Táchira en un procedimiento de estabilidad.
-II-
PARTE NARRATIVA
Se inician las presentes actuaciones, mediante escrito presentado por el ciudadano GERMAN DAVIS RODRIGUEZ BARRIENTOS, titular de la cédula de identidad Nº V.- 5.020.446, asistido por los abogados DALIA DE CAIRES JIMÉNEZ Y LUIS ANTONIO COLMENARES GARCÍA, inscritos en el Instituto de Previsión Social bajo los Nº 14.248 y 71.876, respectivamente, contentivo de recurso de nulidad contra la providencia administrativa Nº 15 de fecha (01) de Febrero de dos mil uno (2001), emanada de la Inspectoría del Trabajo del estado Táchira, a través de la cual declaró con lugar la solicitud de despido justificado, autorizando el despido del ciudadano recurrente GERMAN DAVID RODRIGUEZ BARRIENTOS, titular de la cédula de identidad Nº V.- 5.020.446.
En fecha 25 de Junio del 2001, fue interpuesto el Recurso de Nulidad ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Agrario de la Circunscripción judicial del Estado Táchira, quien lo Admitió en esa misma fecha (folio 129 de autos).
En fecha 19 de Septiembre de 2001, este Juzgado Declina su competencia y lo remitió al Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción judicial de la región Los Andes, quien lo recibe en fecha 02 de Octubre del 2001, siendo admitido por éste en fecha 18 de Octubre del 2001.
En fecha 19 de febrero de 2003, el Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción judicial de la región Los Andes, Declinó su competencia y en misma fecha lo remitió a la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, quien lo recibió en fecha 17 de Marzo de 2003 (folios 291)..
En fecha 16 de Mayo de 2006, dicha Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, NO ACEPTA la declinatoria de competencia efectuada por el Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción judicial de la región Los Andes, y ordena su remisión en fecha 31 de Mayo de 2006, inmediata al referido Juzgado Superior a los fines del conocimiento de la causa, (folios 293 al 397).
En fecha 03 de Julio de 2006, fue recibido el reingreso del presente expediente, por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción judicial de la región Los Andes.
El 27 de julio de 2006 el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción judicial de la región Los Andes, declara CON LUGAR el Recurso de Nulidad y anula la Providencia Administrativa Nº 15 de fecha (01) de Febrero de dos mil uno (2001), emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Táchira (folios 340 al 345).
El 03 de Octubre de 2006, se ordena el cumplimiento voluntario de la Sentencia de fecha 27 de julio de 2006, y se remite al Juzgado Ejecutor de medidas del Estado Táchira, en fecha 10 de Octubre de 2007, quien recibe el 06 de Diciembre de 2007 notificando a la Inspectoría del Trabajo del Estado Táchira, de dicha Sentencia (folios 397, 409-411)
En fecha 31 de Enero de 2008, fueron enviadas las resultas de la mencionada comisión al Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción judicial de la región Los Andes y en fecha 05 de Mayo de 2008, este tribunal niega el pronunciamiento de la solicitud de reenganche.
En fecha 05 de marzo de 2013 el Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira mediante sentencia interlocutoria declaró su incompetencia para el conocimiento de dicho proceso de nulidad y declinó la competencia para el conocimiento del mismo en los Tribunales de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Táchira, utilizando como fundamento de derecho la sentencia N° 955 del 23 de septiembre de 2010 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (caso: Bernardo Jesús Santeliz Torres y otros) mediante la cual se estableció con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República, que es la jurisdicción laboral la competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se plantean con relación a las providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, como para la resolución de los conflictos que surjan con motivo de la ejecución de éstas cuando han quedado firmes en sede administrativa, o que se trate de demandas de amparo constitucional con fundamento en lesiones causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos.
III
PARTE MOTIVA
En primer término, corresponde a este Tribunal determinar cuál es el órgano judicial competente para resolver el presente asunto, y lo hace haciendo las siguientes consideraciones:
En primer lugar, la decisión N° 955 del 23 de septiembre de 2010 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció que es la jurisdicción laboral la competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se plantean en relación con las providencias administrativas dictadas por las referidas inspectorías, como para la resolución de los conflictos que surjan con motivo de las ejecución de éstas que han quedado firmes en sede administrativa, o que se trate de demandas de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos, determinando que el juez natural en los casos de impugnación de actos administrativos en materia de inamovilidad laboral debe atenderse al contenido de la relación, más que a la naturaleza del órgano que la dicta, con el fin de fortalecer la protección jurídico - constitucional de los trabajadores.
En este sentido, la sentencia Nro.108 del 25 de febrero de 2011 (caso: Libia Torres Márquez) emanada de la Sala Constitucional estableció que todos los conflictos de competencia que hubiesen surgido con ocasión de procedimientos interpuestos contra las resoluciones administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, independientemente de la fecha en que se hayan planteado, se resolverían atendiendo el criterio vinculante contenido en la sentencia Nº 955/10, la cual tiene aplicación efectiva desde su publicación el 23 de septiembre de 2010, la cual estableció:
En ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 335 de la Constitución, se establece con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República, que el criterio vinculante contenido en la sentencia de esta Sala Nº 955 del 23 de septiembre de 2010, la cual tiene aplicación efectiva desde esa fecha (como se dispuso en sentencia Nº 43 del 16 de febrero de 2011), tiene alcance para todos los conflictos de competencia que surjan con ocasión a las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, e incluso para los conflictos de competencia que hayan surgido con anterioridad al presente fallo.
En consecuencia, en criterio de este Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Táchira, es que el Tribunal competente para el conocimiento del recurso de nulidad in comento, es el Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. Si bien es cierto que este es el criterio establecido por la sala de casación social a partir de la decisión Nº 955 del 23 de septiembre de 2010, se verificó que en la presente causa el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción judicial de la región Los Andes, se abocó antes de dicho criterio, razón por la cual ésta Juzgadora considera que es éste el Tribunal competente para conocer la causa.
Ahora bien, por cuanto el Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira se declaró incompetente para conocer la presente causa, y este Juzgado igualmente se declara incompetente para el conocimiento de la misma se plantea un CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA entre el Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira y este Tribunal para el conocimiento del referido recurso de nulidad, y por no existir un Superior común a ambos Tribunales se ordena su remisión a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
IV
PARTE DISPOSITIVA
Por la motivación antes expuesta este JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACIÓN Y EJECUCION DEL TRABAJO DEL ESTADO TACHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: SU INCOMPETENCIA para tramitar el conocimiento del Recurso de nulidad interpuesto por GERMAN DAVID RODRIGUEZ BARRIENTOS, titular de la cédula de identidad Nº V.- 5.020.446, contra la Providencia Administrativa Nº 15 de fecha (01) de Febrero de dos mil uno (2001), la cual se declaró con lugar la solicitud de despido justificado, autorizando el despido del ciudadano recurrente.
SEGUNDO: Plantea un CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA entre el Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira y este Tribunal para el conocimiento del referido recurso de nulidad.
TERCERO: Se ordena la remisión inmediata del presente expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
CUARTO: No hay condenatoria en costa dada la índole de la decisión.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, a los tres (03) días del mes de abril de Dos Mil Trece (2013).
LA JUEZ
DRA YALENA MORA.
El Secretario
Abg. Daniel Guerrero
Exp.2013-171
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