TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO,
BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA
202° y 153°
Solicitante: Paul Scott Hanway III, natural de los Estados Unidos de Norte America, mayor de edad, N° de Pasaporte 305506801, domiciliado en la ciudad de Caracas Distrito Capital.
Apoderada Judicial: Rosa Marina Quintero Castro, venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio e inscrita en el inpreabogado bajo el N° 53.350, domicilio procesal en la ciudad de Caracas Distrito Capital.
Motivo: Solicitud de Exequátur.
En fecha 21 de septiembre de 2012, el ciudadano Paul Scott Hanway III, a través de apoderada, por escrito de fecha 21 de septiembre de 2012, solicita exequátur de la sentencia de decreto de Disolución Matrimonial N° 11-3-00975-6, dictada en fecha 18 de noviembre del 2011, por la Corte Superior del Estado de Washington para el Condado Kitsap, Estados Unidos de Norteamérica, señalado de conformidad con lo establecido en el artículo 852 del Código de Procedimiento Civil venezolano. Expresa en su solicitud que dicho Juzgado declaró de conformidad con las leyes de ese país, la cesación de los efectos civiles del matrimonio por mutuo acuerdo, que lo unía con la ciudadana Robin Hurst Hanway (fs.1-8).
El Tribunal para decidir observa:
Corresponde a este Tribunal Superior, pronunciarse acerca de la admisión de la solicitud de exequátur formulada por el ciudadano Paul Scott Hanway III, natural de los Estados Unidos de Norte America, mayor de edad, N° de Pasaporte 305506801, domiciliado en la ciudad de Caracas Distrito Capital, representado por su apoderada judicial Rosa Marina Quintero Castro, venezolana, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Caracas, abogada en ejercicio e inscrita en el inpreabogado bajo el N° 53.350; recibida previa distribución en esta Alzada, por lo que debe analizarse a la luz del Derecho Procesal Civil Internacional, atendiéndose para ello a la jerarquía de las fuentes en materia de Derecho Internacional Privado.
Este Tribunal Superior, pasa en primer término a pronunciarse acerca de la competencia para conocer la presente solicitud de exequátur y al respecto observa:
El artículo 856 del Código de Procedimiento Civil, señala:
Artículo 856. El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo examen de si reúne las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sean aplicables.
La norma en comento, es clara al señalar que las sentencias emanadas de autoridades extranjeras sobre asuntos de naturaleza no contenciosa, son competencia del Tribunal Superior del lugar donde se hayan de hacer valer dichos actos o sentencias.
En tal sentido, del estudio del presente expediente, se observa que la sentencia extranjera versa sobre la cesación de los efectos civiles del vínculo matrimonial por el consentimiento de ambos cónyuges; por lo que al tratarse de un asunto no contencioso, corresponde a este Superior Tribunal, el conocimiento directo de la presente solicitud de exequátur y así se decide.
Al respecto, el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, señala:
Artículo 1. “Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados.”
La norma citada, ordena la aplicación de las normas de Derecho Internacional Público, sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados Internacionales vigentes en Venezuela.
En el caso bajo análisis, se solicita se declare mediante el procedimiento de exequátur, la fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela, de una sentencia dictada por decreto de Disolución Matrimonial N° 11-3-00975-6, en fecha 18 de noviembre del 2011, por la Corte Superior del Estado de Washington para el Condado Kitsap, Estados Unidos de Norteamérica.
Al efecto, el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, establece:
Artículo 53. “Las sentencias extranjeras tendrán efecto en Venezuela siempre que reúnan los siguientes requisitos:
1. Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones jurídicas privadas;
2. Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual han sido pronunciadas;
3. Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio;
4. Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de esta Ley;
5. Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa;
6. Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado ante que se hubiere dictado la sentencia extranjera.”
Efectuado el estudio y análisis de los recaudos acompañados a la solicitud, es posible afirmar que en el presente caso, se han cumplido los requisitos de la Ley para declarar la ejecutoriedad de la sentencia dictada de decreto de Disolución Matrimonial N° 11-3-00975-6, dictada en fecha 18 de noviembre del 2011, por la Corte Superior del Estado de Washington para el Condado Kitsap, Estados Unidos de Norteamérica, de fecha 8 de Noviembre de 2011, por cuanto se verificó lo siguiente: 1.- La sentencia fue dictada en materia civil, específicamente en juicio de divorcio. 2.- Tiene fuerza de cosa juzgada de acuerdo a la ley del Estado en la cual fue pronunciada. 3.- La sentencia en cuestión no versa sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en el territorio de la República, como tampoco está basada en una transacción que no podía ser admitida, ni afecta los principios del orden público venezolano. 4.-Los Tribunales de Estados Unidos de América, tienen plena Jurisdicción para conocer de la causa, de conformidad con los principios generales de Derecho Internacional Privado. 5.- La sentencia en cuestión no contraría los principios y las leyes de orden público venezolano.
En virtud de lo expuesto, este Tribunal Superior concede fuerza ejecutoria al fallo dictado por decreto de Disolución Matrimonial N° 11-3-00975-6, dictada en fecha 18 de noviembre del 2011, por la Corte Superior del Estado de Washington para el Condado Kitsap, Estados Unidos de Norteamérica, tal como se hará en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se resuelve.
En mérito de las anteriores consideraciones y de las normas transcritas supra, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Concede fuerza ejecutoria en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, a la sentencia de Disolución Matrimonial N° 11-3-00975-6, dictada en fecha 18 de noviembre del 2011, por la Corte Superior del Estado de Washington para el Condado Kitsap, Estados Unidos de Norteamérica, que decreta por mutuo consentimiento de los cónyuges, la cesación de los efectos civiles del vínculo matrimonial, contraído entre Paul Scott Hanway III y Robin Hurst Hanway.
Remítase copia certificada de la presente decisión al Fiscal Superior del Ministerio Público.
Publíquese, regístrese, déjese copia certificada conforme lo dispone el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y en su oportunidad legal, bájese el expediente.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en el Edificio Nacional de la ciudad de San Cristóbal, el primero de octubre del año 2012. Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

La Jueza Titular,

Ana Yldikó Casanova Rosales

El Secretario,

Antonio Mazuera Arias
En la misma fecha, siendo las diez y treinta y cinco minutos de la mañana (10:35 a.m.) se publicó la anterior decisión y se dejó copia fotostática certificada de la misma para el archivo del Tribunal.
fflm
Exp. Nº 6954