TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Táchira, 21 de Mayo de 2012
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2012-001339
ASUNTO : SP11-P-2012-001339

DE LAS PARTES

JUEZ: ABG. KARINA TERESA DUQUE DURAN
FISCAL: ABG. KARINA GAMBOA
SECRETARIA: ABG. DILY MARIE GARCÍA ROJAS
IMPUTADO: SAMUEL ORTIZ SIERRA
DEFENSOR: ABG. HENRY ACERO

Celebrada como fue la Audiencia de Calificación de Flagrancia el día 16 de mayo de 2012, en virtud de la solicitud de calificación de flagrancia presentada por la Abg. Karina Gamboa, Representante de la Fiscalía Octava del Ministerio Público, en contra del ciudadano: SAMUEL ORTIZ SIERRA, de nacionalidad colombiano, natural de Fonseca Guajira, República de Colombia, titular de la cédula de ciudadanía N° 18.956.679, nacido en fecha 17 de Abril de 1972, de 30 años de edad, hijo de Samuel Ortiz Ortiz (v) y Sara Elena Sierra Peñaloza (v), soltero, de profesión u oficio metalúrgica; residenciado el Palotal, parte alta, barrio Jorge Narciso Moros, calle 4, cerca de la cancha de béisbol grande, Municipio Bolívar, Estado Táchira, teléfono 0416-9340774; por la presunta comisión de los delitos de ACOSO U HOSTIGAMIENTO y VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 40 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana MARIE PALMERA CARMONA. Procede este Tribunal a dictar su Resolución en los siguientes términos:

DE LOS HECHOS

ACTA POLICIAL N° 098, de fecha 14 de mayo de 2012, funcionarios adscritos a la estación policial san Antonio dejan constancia de la siguiente diligencia policial efectuada: en esta misma fecha siendo las 2:30 horas de la tarde se hizo presente en la estación policial una ciudadana con actitud nerviosa y llorando con el fin de denunciar a su esposo que la noche anterior la había agredido física y verbalmente a su vez manifestó que ella se encontraba en estado de gestación; una comisión de este cuerpo policial procedió a trasladarse en compañía de la ciudadana quien dijo ser y llamarse MARIE PALMERA CARMONA, al lugar de trabajo del presunto agresor, donde la comisión realizo entrevista al ciudadano SAMUEL ORTIZ SIERRA, a quien se le informo el motivo de su detención y se le dio lectura de sus derechos legales y constitucionales como imputado, acto seguido fue trasladado al reten policial donde quedo plenamente identificado y se le notifico al ministerio público.

EN LA AUDIENCIA

El día dieciséis (16) de Mayo de 2012, siendo las 03:30 horas de la tarde se constituyó el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Extensión San Antonio, a los fines de celebrar Audiencia de Calificación de Flagrancia, del aprehendido: SAMUEL ORTIZ SIERRA, de nacionalidad colombiano, natural de Fonseca Guajira, República de Colombia, titular de la cédula de ciudadanía N° 18.956.679, nacido en fecha 17 de Abril de 1972, de 30 años de edad, hijo de Samuel Ortiz Ortiz (v) y Sara Elena Sierra Peñaloza (v), soltero, de profesión u oficio metalúrgica; residenciado el Palotal, parte alta, barrio Jorge Narciso Moros, calle 4, cerca de la cancha de béisbol grande, Municipio Bolívar, Estado Táchira, teléfono 0416-9340774; por parte de la Fiscalía Octava del Ministerio Público con el fin de que se califique el carácter Flagrante de su detención conforme al artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal y asimismo comunicarle a la Jueza de Control el Procedimiento por el cual optara. En este estado, el Tribunal impuso a éste último del derecho que le asiste de nombrar un abogado defensor para ejercer el derecho a “SER OÍDO” y para que lo asista en todos los actos del proceso, conforme lo previsto en el numeral 3 del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo tanto se le preguntó si tenía abogado de su confianza que lo asistiera, manifestando éste que NO; razón por la cual el Tribunal le designa como su defensor público al Abg. Henry Acero, a quien estando presente se le tomó el juramento de ley y al efecto expuso: “Acepto el cargo que se me hace en este acto y juro cumplir bien y fielmente las obligaciones inherentes al mismo”. El Tribunal deja constancia que desde el momento de la detención del aprehendido hasta el instante de su presentación física, por ante este Tribunal de Primera Instancia Penal en Función de Control no se da el supuesto de la violación de la libertad personal, contenido en el artículo 44 numeral 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el sentido de que “no se ha sobrepasado el lapso de cuarenta y ocho (48) horas sin que los detenidos sean presentados físicamente por ante la autoridad judicial” y que el mismo no presenta lesiones físicas aparentes ni señala haber sufrido lesión alguna propinada por los funcionarios aprehensores. Seguidamente la Juez declara la celebración inmediata de la Audiencia de Calificación de Flagrancia e Imposición de Medida de Coerción Personal, y así determinar las circunstancias que rodearon la aprehensión de los imputados, de conformidad con los artículos 248, 250 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal; advirtiendo a las partes, sobre la importancia y trascendencia de este acto, en el cual se va a administrar justicia, instándolas a litigar de buena fe y a no hacer planteamientos dilatorios o aquellos que sean propios del Juicio oral y público. Igualmente, le informa a las partes que esta audiencia se desarrollará en forma oral y con la presencia interrumpida de la Juez y de las partes cumpliéndose así con los principios de oralidad e inmediación, dejándose sólo se constancia en el acta de lo que las partes consideren les sirva de prueba para una eventual apelación. Estando el imputado provisto de abogado defensor, determinadas las condiciones físicas y psicológicas de los mismos y la temporalidad de su presentación ante el órgano jurisdiccional, la ciudadana Juez a los fines de resolver sobre las peticiones de las partes, declara abierto el acto cediendo el derecho de palabra a la representante fiscal quien expuso, de manera pormenorizada los hechos, el derecho y las pretensiones en las cuales funda la imputación; manifestando las circunstancias de tiempo, modo, lugar, espacio y de relación causal, entre el aprehendido y el hecho que se les imputa, y de como se produjo la aprehensión del mismo, e igualmente las razones de hecho y de derecho en las cuales fundamenta su solicitud de la calificación de flagrancia, para el imputado SAMUEL ORTIZ SIERRA, por la presunta comisión de los delitos de ACOSO U HOSTIGAMIENTO Y VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 40 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana Marie Palmera Carmona, reservándose el derecho de ampliar en el acto conclusivo fiscal en caso de ser necesario. Solicitando en resumen la representante del Ministerio Público lo siguiente:
• Que SE INFORME a los imputados del hecho punible que se le atribuye, así como las alternativas a la prosecución del proceso; así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, se le oiga, previo el cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 131 ibídem
• Que se decrete la aprehensión de los imputados en estado de FLAGRANCIA, alegando la presencia de los presupuestos del artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• Que se acuerde la aplicación del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, conforme lo previsto en el último aparte del artículo 94 de Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• Que se le imponga a los imputados de MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, que garantice las resultas del proceso.

Acto seguido, la Juez impuso al imputado del contenido del Precepto Constitucional y Legal, contenido en los artículos 49 numeral 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 131 del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo las impuso e instruyó de las medidas alternativas a la Prosecución del proceso, aún cuando no se puedan materializar en este acto le son informadas manifestando los aprehendidos haber entendido en que consistían las mismas, preguntándole finalmente el ciudadano juez si deseaban declarar, manifestando éstos que NO y al efecto el Tribunal deja constancia de que los imputados se acogieron al precepto constitucional. En este estado el Tribunal sede el derecho de palabra a su defensor Abg. Henry Acero, quien hizo sus alegatos de defensa, refiere que la en cuanto a la calificación de flagrancia, dejo a su criterio, le sea otorgada una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de la Libertad aduciendo que es un ciudadano venezolano y con arraigo en el país.

DE LA FLAGRANCIA

Corresponde en consecuencia a esta instancia, pronunciarse en primer término sobre la solicitud formulada por el Ministerio Público de aprehensión en flagrancia del imputado de autos, en virtud de la presentación hecha por el Ministerio Público y de los hechos anteriormente descritos.

El artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:

Artículo 44. “... 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden Judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial...”.

En el presente caso, no existiendo orden judicial, se hace necesario analizar todas las circunstancias del delito Flagrante. Al efecto el artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala:

Artículo 93. “Se tendrá como flagrante todo delito previsto en esta Ley que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como flagrante aquél por el cual el agresor sea perseguido por la autoridad policial, por la mujer agredida, por un particular o por el clamor público, o cuando se produzcan solicitudes de ayuda a servicios especializados de atención a la violencia contra las mujeres, realizadas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o fax, que permitan establecer su comisión de manera inequívoca, o en el que sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, toda autoridad deberá y cualquier particular podrá, aprehender al agresor. Cuando la aprehensión la realizare un particular, deberá entregarlo inmediatamente a la autoridad más cercana, quien en todo caso lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión.
Se entenderá que el hecho se acaba de cometer cuando la víctima u otra persona que haya tenido conocimiento del hecho, acuda dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del hecho punible al órgano receptor y exponga los hechos de violencia relacionados con esta Ley. En este supuesto, conocida la comisión del hecho punible el órgano receptor o la autoridad que tenga conocimiento, deberá dirigirse en un lapso que no debe exceder de las doce horas, hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, recabará los elementos que acreditan su comisión y verificados los supuestos a que se refiere el presente artículo, procederá a la aprehensión del presunto agresor, quien será puesto a la disposición del Ministerio Público, según el párrafo anterior.
El Ministerio Público, en un término que no excederá de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la aprehensión del presunto agresor, lo deberá presentar ante el Tribunal de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas, el cual, en audiencia con las partes y la víctima, si ésta estuviere presente, resolverá si mantiene la privación de libertad o la sustituye por otra menos gravosa…”.

En el anterior dispositivo se establecen los supuestos o conductas típicas para calificar como flagrante la aprehensión de una persona a quien se le atribuye la comisión de un delito.

ACTA POLICIAL N° 098, de fecha 14 de mayo de 2012, funcionarios adscritos a la estación policial san Antonio dejan constancia de la siguiente diligencia policial efectuada: en esta misma fecha siendo las 2:30 horas de la tarde se hizo presente en la estación policial una ciudadana con actitud nerviosa y llorando con el fin de denunciar a su esposo que la noche anterior la había agredido física y verbalmente a su vez manifestó que ella se encontraba en estado de gestación; una comisión de este cuerpo policial procedió a trasladarse en compañía de la ciudadana quien dijo ser y llamarse MARIE PALMERA CARMONA, al lugar de trabajo del presunto agresor, donde la comisión realizo entrevista al ciudadano SAMUEL ORTIZ SIERRA, a quien se le informo el motivo de su detención y se le dio lectura de sus derechos legales y constitucionales como imputado, acto seguido fue trasladado al reten policial donde quedo plenamente identificado y se le notifico al ministerio público.

Por ello, este Tribunal considera procedente CALIFICAR LA FLAGRANCIA en la aprehensión del imputado de autos el ciudadano: SAMUEL ORTIZ SIERRA, de nacionalidad colombiano, natural de Fonseca Guajira, República de Colombia, titular de la cédula de ciudadanía N° 18.956.679, nacido en fecha 17 de Abril de 1972, de 30 años de edad, hijo de Samuel Ortiz Ortiz (v) y Sara Elena Sierra Peñaloza (v), soltero, de profesión u oficio metalúrgica; residenciado el Palotal, parte alta, barrio Jorge Narciso Moros, calle 4, cerca de la cancha de béisbol grande, Municipio Bolívar, Estado Táchira, teléfono 0416-9340774; por la presunta comisión de los delitos de ACOSO U HOSTIGAMIENTO y VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 40 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana MARIE PALMERA CARMONA; por encontrarse llenos los extremos exigidos por el citado artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el artículo 248 de la norma penal adjetiva. Y ASI SE DECIDE.

DEL PROCEDIMIENTO

En cuanto a la solicitud de aplicación del procedimiento especial formulado por el Representante del Ministerio Público, a lo que se adhirió la Defensa, considera el Tribunal que en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se estableció un Procedimiento Especial el cual debe regir para los casos como el que aquí se está tratando; en consecuencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 94 de la citada Ley Orgánica y visto que es necesaria la práctica de otras diligencias de investigación, se ordena el trámite de la presente causa por los lineamientos del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, garantizándose además el ejercicio pleno del derecho a la defensa del imputado de autos. Y ASI SE DECIDE.

DE LA MEDIDA DE PROTECCION Y DE SEGURIDAD

En cuanto a la solicitud Fiscal y de la Defensa de imposición de una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, este Tribunal para decidir hace las siguientes consideraciones:

De conformidad con lo establecido en el artículo 256 numerales 3° y 9° del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el articulo 92 numeral 8 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es necesario proteger a la víctima de toda acción que viole o amenace sus derechos fundamentales, con el propósito de evitar nuevos actos de violencia en su contra; por otra parte, ante la petición de una Medida Cautelar para el imputado, este Tribunal acuerda lo solicitado por las partes y le impone al imputado: SAMUEL ORTIZ SIERRA, de nacionalidad colombiano, natural de Fonseca Guajira, República de Colombia, titular de la cédula de ciudadanía N° 18.956.679, nacido en fecha 17 de Abril de 1972, de 30 años de edad, hijo de Samuel Ortiz Ortiz (v) y Sara Elena Sierra Peñaloza (v), soltero, de profesión u oficio metalúrgica; residenciado el Palotal, parte alta, barrio Jorge Narciso Moros, calle 4, cerca de la cancha de béisbol grande, Municipio Bolívar, Estado Táchira, teléfono 0416-9340774; por la presunta comisión de los delitos de ACOSO U HOSTIGAMIENTO y VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 40 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana MARIE PALMERA CARMONA, consistiendo en las siguientes condiciones:

1.- Presentaciones cada quince (15) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal.
2.- Prohibición de agredir a la víctima física, verbal o psicológicamente, por si o por interpuestas personas.
3.- Prohibición de consumir bebidas alcohólicas.
4.- Se ordena la salir del domicilio en común con la víctima, debiendo informar al Tribunal dentro de los tres días siguientes su nuevo domicilio.
5.- Presenta un custodio, el cual deberá ser venezolano, debiendo consignar constancia de residencia, constancia de buena conducta y constancia de trabajo; una vez conste dicho recaudos se ordenará al verificar a través de la oficina de alguacilazgo de este Circuito Judicial.Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVO

EN CONSECUENCIA, ESTE TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:

PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión del ciudadano: SAMUEL ORTIZ SIERRA, de nacionalidad colombiano, natural de Fonseca Guajira, República de Colombia, titular de la cédula de ciudadanía N° 18.956.679, nacido en fecha 17 de Abril de 1972, de 30 años de edad, hijo de Samuel Ortiz Ortiz (v) y Sara Elena Sierra Peñaloza (v), soltero, de profesión u oficio metalúrgica; residenciado el Palotal, parte alta, barrio Jorge Narciso Moros, calle 4, cerca de la cancha de béisbol grande, Municipio Bolívar, Estado Táchira, teléfono 0416-9340774; por la presunta comisión de los delitos de ACOSO U HOSTIGAMIENTO y VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 40 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana MARIE PALMERA CARMONA; por encontrarse llenos los extremos del artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
SEGUNDO: SE ORDENA LA PROSECUCIÓN DEL PROCESO por los trámites del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, de conformidad con el artículo 94 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenándose la remisión de la causa a la Fiscalía actuante del Ministerio Público, vencido que sea el lapso de ley correspondiente.
TERCERO: SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL DE LA LIBERTAD a los imputados, por la presunta comisión del delito atribuido, de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 3° y 9° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 92 ordinal 8 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, debiendo cumplir con las presentes condiciones: 1.- Presentaciones cada quince (15) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal. 2.- Prohibición de agredir a la víctima física, verbal o psicológicamente, por si o por interpuestas personas de 3.- Prohibición de consumir bebidas alcohólicas. 4.- Se ordena la salir del domicilio en común con la víctima, debiendo informar al Tribunal dentro de los tres días siguientes su nuevo domicilio. 5.- Presenta un custodio, el cual deberá ser venezolano, debiendo consignar constancia de residencia, constancia de buena conducta y constancia de trabajo; una vez conste dicho recaudos se ordenará al verificar a través de la oficina de alguacilazgo de este Circuito Judicial.

Regístrese y déjese copia para el Archivo del Tribunal. Remítanse copia de las presentes actuaciones a la Fiscalía actuante, una vez sea vencido el plazo de ley correspondiente. Líbrese oficio a la Policía del Estado Táchira, informando que el mismo permanecerá recluido hasta tanto se materialice la medida cautelar otorgada.

ABG. KARINA TERESA DUQUE DURAN
JUEZA TERCERO DE CONTROL

ABG. DILY MARIE GARCIA ROJAS
SECRETARIO(A)