TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Táchira, 18 de Mayo de 2012
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2012-001295
ASUNTO : SP11-P-2012-001295

RESOLUCION DE AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA
IDENTIFICACION DE LAS PARTES

JUEZ: ABG. KARINA TERESA DUQUE DURAN
FISCAL: ABG. JOMAN ARMANDO SUÁREZ
SECRETARIO: ABG. BLANCA JANETH ACERO CAICEDO
IMPUTADO: CARLOS ARTURO MOLANO CORTES
DEFENSOR: ABG. GUSTAVO RANGEL JOLLEY

HECHOS QUE DIERON OBJETO A LA PRESENTE SOLICITUD
ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL N° CR-1-DF-11-3RA-CIA-SIP-489, de fecha 10 de mayo de 2012, siendo las 08:00 horas de la noche, funcionarios adscritos al destacamento de fronteras N° 11, quienes dejan constancia de la siguiente diligencia policial: siendo aproximadamente las 6:20 horas de la tarde en la sede de la aduana subalterna de Ureña se pudo observar un vehículo marca FREIGHTILINER, color rojo, indicándole al conductor que se detuviera así mismo se le solicito la documentación personal quedando identificado como CARLOS ARTURP MORANTES, mediante la presentación de un pasaporte colombiano, a su vez presento una copia fotostática del certificado de registro de vehículo N° 2239290, a nombre de la empresa COORPORACION VENEZOLANA DE TRASPORTE SILVA, un documento notariado expedido por la notaria de Ureña donde el ciudadano ROBERT ARISMENDI autoriza al ciudadano conductor para conducir y transitar con el vehículo, copia del certificado de origen a nombre de TALLERES MULTISERVICIO; luego se le realizo una inspección corporal al ciudadano encontrándole dos teléfonos celulares y al verificar el chuto y la cisterna que trasportaba el ciudadano mostro una actitud nerviosa el cual al ser verificado en el túnel de exploración se pudo constatar que en la parte central se aprecia una mancha negra y unos objetos extraños tipo bultos, acto seguido se solicito la presencia de dos testigos, y en compañía de un metalúrgico se perforo la parte lateral derecha de la cisterna a la altura de la parte central y se le introdujo una cabilla que al ser sacada se pudo divisar en la punta un polvo de color blanco con olor fuerte y penetrante, característico de la presunta droga denominada cocaína, luego al cortar la lamina con un esmeril se detecto un compartimiento secreto con doble fondo contentivo de unos sacos de color blanco dentro de los mismos habían unos envoltorios de forma rectangular tipo panela forrados en cinta adhesiva que al ser contabilizados arrojo un total de 109 envoltorios forrados en cinta adhesiva color negro con logotipo de sol, cien envoltorios forrados en cinta adhesiva color rojo con el logotipo mercedes Benz, y cuatro envoltorios en cinta adhesiva color marrón, arrojando un peso bruto aproximado de 230.8 kilogramos de la droga denominada cocaína, seguidamente se procedió a la aprensión del ciudadano CARLOS ARTURO MANOLO CORTES, se le dio lectura a sus derechos constitucionales y legales y se le notifico vía telefónica al fiscal vigésimo primero del Ministerio Público.
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
El día sábado 12 de mayo de 2012, siendo las 02:34 horas de la tarde, se constituyó el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Extensión San Antonio, a los fines de celebrar Audiencia de Calificación de Flagrancia del aprehendido CARLOS ARTURO MOLANO CORTES, quien dice ser de nacionalidad colombiana, mayor de edad, natural de Cúcuta departamento norte de Santander, nacido en fecha 15 de agosto de 1971, de 40 años de edad, hijo de Clemencia Cortes (v) y de Arturo Molano (v); titular de la cédula de ciudadanía N° 79.530.648, soltero, de profesión u oficio conductor, sin residencia fija en el país; por parte de la Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Público, con el fin de que se califique el carácter Flagrante de la detención conforme al artículo 248 del código orgánico procesal penal y asimismo comunicarle a la Jueza de control el Procedimiento por el cual optara. En este estado, el Tribunal impuso al imputado del derecho que le asiste de nombrar un abogado defensor para ejercer el derecho a “SER OÍDO” y para que lo asista en todos los actos del proceso, conforme lo previsto en el numeral 3° del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo tanto se le preguntó si tenía abogado de su confianza que la asistiera, manifestando el imputado que SI tenía defensor privado, nombrando al efecto al defensor privado Abg. Gustavo Rangel Jolley, quien estando presente manifestó: “Acepto el nombramiento que se me ha hecho y juro cumplir fielmente con las obligaciones inherentes al cargo. Seguidamente la Juez declara la celebración inmediata de la Audiencia de Calificación de Flagrancia e Imposición de Medida de Coerción Personal, y así determinar las circunstancias que rodearon la aprehensión del imputado, de conformidad con los artículos 248, 250 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal; advirtiendo a las partes, sobre la importancia y trascendencia de este acto, en el cual se va a administrar justicia, instándolas a litigar de buena fe y a no hacer planteamientos dilatorios o aquellos que sean propios del Juicio oral y público. Igualmente, le informa a las partes, que esta audiencia se desarrolla en forma oral y con la presencia interrumpida de la Juez y de las partes cumpliendo, así con los principios de Oralidad e inmediación, por lo que sólo se dejara constancia en el acta, de lo que las partes consideren les sirva de prueba para una eventual apelación. Estando ya el imputado provisto de abogado defensor, la ciudadana Jueza a los fines de resolver sobre las peticiones de las partes, declara abierto el acto cediendo el derecho de palabra al ciudadano Fiscal Vigésimo Primero del Ministerio Público Abg. Joman Armando Suárez, quien expuso, de manera pormenorizada los hechos, el derecho y las pretensiones en las cuales funda la imputación; manifestando las circunstancias de tiempo, modo, lugar, espacio y de relación causal, entre el aprehendido y el hecho que se le imputa, y como se produjo la aprehensión del mismo e igualmente las razones de hecho y de derecho en las cuales fundamenta su solicitud de la calificación de flagrancia. Se deja constancia que el ciudadano Fiscal del Ministerio Público hizo formal imputación al ciudadano CARLOS ARTURO MOLANO CORTES, a quien le atribuye la presunta comisión del delito de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento en el artículo 149 en concordancia con el artículo 163 numeral 11 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano, haciéndole igualmente del conocimiento de los elementos por el cual fundamenta la imputación, reservándose el derecho de ampliar en el acto conclusivo fiscal en caso de ser necesario. Solicitando en resumen la representante del Ministerio Público lo siguiente:
Que se informe al imputado del hecho punible que se le atribuye, así como las alternativas a la prosecución del proceso; así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, se le oiga, previo el cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 131 ibídem.
• Que se decrete la aprehensión del imputado en estado de FLAGRANCIA, alegando la presencia de los presupuestos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal.
• Que se acuerde la aplicación del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, conforme lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal.
1. Se Decrete Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al imputado, de conformidad con lo previsto en los ordinales 1º, 2º, 3º del artículo 250 y Parágrafo Primero del artículo 251, todos del Código Orgánico Procesal Penal, ya que se encuentran llenos los requisitos establecidos en las referidas normas legales.
• Se acuerde la incautación preventiva del vehículo y de la batea de conformidad con lo establecido en el artículo 183 de la Ley Orgánica de Drogas.
• Notificar al cónsul de la República de Colombia informando acerca de la aprehensión de su nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
• Autorización para extraer la información de los dos teléfonos celulares retenidos en el procedimiento.

Acto seguido la Juez impuso al imputado del contenido del Precepto Constitucional y Legal, contenido en los artículos 49 numeral 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 131 del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo le impuso de las medidas alternativas a la Prosecución del proceso, las cuales aún cuando no se puedan materializar en este acto, y al efecto manifestó el ciudadano: CARLOS ARTURO MOLANO CORTES que no estaba dispuesto a declarar y expuso: “Me acojo al precepto constitucional, es todo”. Seguidamente la Jueza le cedió el derecho de palabra al defensor privado del imputado del Abg. Gustavo Rangel Jolley, quien alegó: “Solicito como sitio de reclusión politachira o procemil, en virtud de las acontecidas situaciones en de los centros penitenciarios del país, para reguardar la integridad física de mi defendido, estoy de acuerdo en que la causa se tramite por el sea el ordinario, es todo”.

DE LA FLAGRANCIA
Corresponde en consecuencia a ésta instancia, pronunciarse en primer término sobre la solicitud formulada por el Ministerio Público de aprehensión en flagrancia del imputado de autos, en virtud de la presentación hecha por el Ministerio Público, y de los hechos anteriormente descritos.

El artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:

Artículo 44 “.....Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden Judicial a menos que sea sorprendido in fraganti, en este caso, será llevado a una autoridad policial Judicial...”.

En el presente caso no existiendo Orden Judicial, se hace necesario analizar las circunstancias del delito Flagrante. Al efecto el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, señala:

Artículo 248. “Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos de los Estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado”
Conforme se evidencia de la norma contenida en el artículo 248 del Código Adjetivo penal, se tendrá como delito flagrante el que se está cometiendo o el que se acaba de cometer. También aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar en donde se cometió.
Como se evidencia, en este dispositivo de manera clara y precisa se establecen los supuestos o conductas típicas para encontrarnos frente a un delito flagrante. En primer lugar requiere que el sujeto sea detenido cuando está cometiendo un hecho. Se trata de la captura e identificación del delincuente en plena comisión del hecho, es lo que la doctrina llama FLAGRANCIA REAL. De igual manera admite la flagrancia cuando el sujeto es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, como producto de una persecución interrumpida de las autoridades o del público, que no le hayan perdido de vista, es la llamada FLAGRANCIA EX POST IPSO O CUASIFLAGRANCIA; y por último cuando se practica la detención de una persona con instrumentos o cosas provenientes del delito, tiempo después de haber cesado la persecución o sin que esta haya existido, conocida como FLAGRANCIA PRESUNTA A POSTERIORI. Por cierto, figura está muy cuestionada debido a que la flagrancia está determinada por la posesión de los objetos provenientes del delito y no en cuanto a la participación del sujeto en el hecho.
En lo expuesto en las actuaciones se señala:
ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL N° CR-1-DF-11-3RA-CIA-SIP-489, de fecha 10 de mayo de 2012, siendo las 08:00 horas de la noche, funcionarios adscritos al destacamento de fronteras N° 11, quienes dejan constancia de la siguiente diligencia policial: siendo aproximadamente las 6:20 horas de la tarde en la sede de la aduana subalterna de Ureña se pudo observar un vehículo marca FREIGHTILINER, color rojo, indicándole al conductor que se detuviera así mismo se le solicito la documentación personal quedando identificado como CARLOS ARTURP MORANTES, mediante la presentación de un pasaporte colombiano, a su vez presento una copia fotostática del certificado de registro de vehículo N° 2239290, a nombre de la empresa COORPORACION VENEZOLANA DE TRASPORTE SILVA, un documento notariado expedido por la notaria de Ureña donde el ciudadano ROBERT ARISMENDI autoriza al ciudadano conductor para conducir y transitar con el vehículo, copia del certificado de origen a nombre de TALLERES MULTISERVICIO; luego se le realizo una inspección corporal al ciudadano encontrándole dos teléfonos celulares y al verificar el chuto y la cisterna que trasportaba el ciudadano mostro una actitud nerviosa el cual al ser verificado en el túnel de exploración se pudo constatar que en la parte central se aprecia una mancha negra y unos objetos extraños tipo bultos, acto seguido se solicito la presencia de dos testigos, y en compañía de un metalúrgico se perforo la parte lateral derecha de la cisterna a la altura de la parte central y se le introdujo una cabilla que al ser sacada se pudo divisar en la punta un polvo de color blanco con olor fuerte y penetrante, característico de la presunta droga denominada cocaína, luego al cortar la lamina con un esmeril se detecto un compartimiento secreto con doble fondo contentivo de unos sacos de color blanco dentro de los mismos habían unos envoltorios de forma rectangular tipo panela forrados en cinta adhesiva que al ser contabilizados arrojo un total de 109 envoltorios forrados en cinta adhesiva color negro con logotipo de sol, cien envoltorios forrados en cinta adhesiva color rojo con el logotipo mercedes Benz, y cuatro envoltorios en cinta adhesiva color marrón, arrojando un peso bruto aproximado de 230.8 kilogramos de la droga denominada cocaína, seguidamente se procedió a la aprensión del ciudadano CARLOS ARTURO MANOLO CORTES, se le dio lectura a sus derechos constitucionales y legales y se le notifico vía telefónica al fiscal vigésimo primero del Ministerio Público.
En este Sentido y en virtud de los hechos anteriormente descritos, correspondió a este Tribunal, resolver sobra la situación jurídica del ciudadano: CARLOS ARTURO MOLANO CORTES, quien dice ser de nacionalidad colombiana, mayor de edad, natural de Cúcuta departamento norte de Santander, nacido en fecha 15 de agosto de 1971, de 40 años de edad, hijo de Clemencia Cortes (v) y de Arturo Molano (v); titular de la cédula de ciudadanía N° 79.530.648, soltero, de profesión u oficio conductor, sin residencia fija en el país a quien el Ministerio Público le imputa presuntamente la comisión del delito de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento en el artículo 149 en concordancia con el artículo 163 numeral 11 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano.
Ahora bien, ante lo expuesto en el acta policial, así como de las actuaciones que corren insertas en el expediente en marras, se determina que la detención del imputado de autos se produce en el momento de la comisión del hecho precalificado por el Fiscal del Ministerio Público, lo que hace presumir que es el autor del mismo, por lo que se considera procedente CALIFICAR COMO FLAGRANTE, la aprehensión del ciudadano: CARLOS ARTURO MOLANO CORTES, quien dice ser de nacionalidad colombiana, mayor de edad, natural de Cúcuta departamento norte de Santander, nacido en fecha 15 de agosto de 1971, de 40 años de edad, hijo de Clemencia Cortes (v) y de Arturo Molano (v); titular de la cédula de ciudadanía N° 79.530.648, soltero, de profesión u oficio conductor, sin residencia fija en el país a quien el Ministerio Público le imputa presuntamente la comisión del delito de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento en el artículo 149 en concordancia con el artículo 163 numeral 11 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano, por encontrarse llenos los extremos del artículo 248 de la Norma Penal Adjetiva.
DEL PROCEDIMIENTO

En cuanto a la solicitud de aplicación del procedimiento ORDINARIO, formulado por el Representante del Ministerio Público, considera este Tribunal, que la solicitud de la referida aplicación es el ejercicio de una facultad conferida a la parte Fiscal, se ordena la conducción de la presente causa por los lineamientos del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, conforme lo establece el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal.

DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL Y
DEL PRECEPTO JURÍDICO APLICABLE

Conforme a lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para que proceda la privación judicial preventiva de libertad del imputado, debe concurrir las siguientes circunstancias:
PRIMERO: La existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad personal y cuya acción para perseguirlo no se encuentre evidentemente prescrita.
SEGUNDO: Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido el autor o partícipe en la comisión del hecho punible.
TERCERO: Una presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad en un acto concreto de la investigación.
En el presente caso, de las actuaciones se evidencia la comisión de unos hechos punibles que merecen pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, como lo es el delito de: TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento en el artículo 149 en concordancia con el artículo 163 numeral 11 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano; De igual manera en aplicación directa del artículo 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, que refiere al peligro de fuga y obstaculización, es por lo que en el presente caso quien aquí decide procede a imponer al ciudadano imputado de MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD cuyos datos aportados en la causa son CARLOS ARTURO MOLANO CORTES, quien dice ser de nacionalidad colombiana, mayor de edad, natural de Cúcuta departamento norte de Santander, nacido en fecha 15 de agosto de 1971, de 40 años de edad, hijo de Clemencia Cortes (v) y de Arturo Molano (v); titular de la cédula de ciudadanía N° 79.530.648, soltero, de profesión u oficio conductor, sin residencia fija en el país a quien el Ministerio Público le imputa presuntamente la comisión del delito de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento en el artículo 149 en concordancia con el artículo 163 numeral 11 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, Decretándose con centro de reclusión el CENTRO PENITENCIARIO DE OCCIDENTE.
Como es sabido, el encarcelamiento preventivo es enteramente cautelar y, por lo demás se trata de una medida excepcional que tiende a garantizar la comparecencia del imputado en el proceso y la efectividad de garantizar en el mismo el derecho a su defensa.
El artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para determinados delitos, niegan los beneficios que puedan llevar a su impunidad, por lo que en relación a dichos delitos, el artículo 253 Código Orgánico Procesal Penal, no es apreciable ante el mandato constitucional.
En efecto, el artículo 29 constitucional, reza: “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.
Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.”
Los delitos de lesa humanidad, las violaciones punibles de los derechos humanos, y los delitos por crímenes de guerra, quedan excluidos de beneficios como lo serían las medidas cautelares sustitutivas, en caso que el juez considere que procede la privación de libertad del imputado. En esté orden de ideas los delitos relacionados con el trafico de drogas son delitos de lesa humanidad.
Los delitos de lesa humanidad, se equiparan a los llamados crimen majestatis, infracciones penales máximas, constituidas por crímenes a la patria o al Estado y que, al referirse a la humanidad, se reputan que perjudican al género humano, motivo por el cual el Trafico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, ha sido objeto de diversas convenciones internacionales, en virtud de que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de una sociedad.
La aplicación del artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como se refirió supra artículo esté en el que se prohíbe la aplicación de beneficios que puedan llevar a la impunidad en la comisión en los delitos contra los derechos humanos, lesa humanidad y crímenes de guerra, podría estar derogando la presunción de inocencia, pero ello no es así por cuanto el fin es que hechos que se relacionen con casos de derechos humanos , lesa humanidad y crímenes de guerra, dada la magnitud de dichos delitos y el bien jurídico tutelado en el tipo penal, en el tipo penal, debe impedirse la obstaculización de la investigación y se establezca la sanción correspondiente a los responsables de hechos de está naturaleza, siendo ello el interés general, a fin de prevenir la comisión de los mismos.

DISPOSITIVA
EN CONSECUENCIA, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL NUMERO TRES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:
PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión de al ciudadano CARLOS ARTURO MOLANO CORTES, quien dice ser de nacionalidad colombiana, mayor de edad, natural de Cúcuta departamento norte de Santander, nacido en fecha 15 de agosto de 1971, de 40 años de edad, hijo de Clemencia Cortes (v) y de Arturo Molano (v); titular de la cédula de ciudadanía N° 79.530.648, soltero, de profesión u oficio conductor, sin residencia fija en el país; a quien el Ministerio Público le imputa presuntamente la comisión del delito de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento en el artículo 149 en concordancia con el artículo 163 numeral 11 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano, por encontrarse llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
SEGUNDO: Se Ordena la prosecución del proceso por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la remisión de la causa a la Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Público, vencido que sea el lapso de ley correspondiente.
TERCERO: SE DECRETA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al ciudadano CARLOS ARTURO MOLANO CORTES, plenamente identificado en autos, a quien el Ministerio Público les atribuye la presunta comisión del delito de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento en el artículo 149 en concordancia con el artículo 163 numeral 11 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano, de conformidad con el artículo 250, 251 numeral 2° y 3° del Código Orgánico Procesal Penal. Acordándose como sitio de reclusión el Centro Penitenciario de Occidente.
CUARTO: Se acuerde la incautación preventiva del vehículo y batea de conformidad con lo establecido en el artículo 183 de la Ley Orgánica de Drogas.
QUINTO: Se acuerda notificar al cónsul de la República de Colombia informando acerca de la aprehensión de su nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
SEXTO: Se autoriza al Ministerio público para que extraiga información de los dos teléfonos celulares, incautado en el procedimiento.
La presente decisión fue pronunciada de manera oral, al término de la audiencia celebrada en fecha 12 de mayo de 2012, con fundamento en lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 177 eiusdem. Se ordena la remisión de las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público correspondiente, vencido que sea el lapso de ley correspondiente. Trasládese al imputado de autos a objeto de imponerlo de la presente decisión.

Regístrese y déjese copia para el copiador de decisiones de este Tribunal.

ABG. KARINA TERESA DUQUE DURAN
JUEZ TERCERA DE CONTROL

ABG. DILY MARIE GARCÍA ROJAS
SECRETARIA