REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Táchira, 16 de Mayo de 2012
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2012-001294
ASUNTO : SP11-P-2012-001294

Celebrada como ha sido la audiencia de calificación de flagrancia en el presente asunto, se pasa a dictar el correspondiente auto fundado, en virtud de ello, el Tribunal, cumplidas las formalidades de ley, oída la solicitud efectuada por la Representante Fiscal, lo expuesto por el imputado y lo alegado y solicitado por la defensa, efectuó las siguientes consideraciones para motivar su decisión que, de conformidad con el artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal, es del tenor siguiente:

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

JUEZ: ABG. KARINA TERESA DUQUE DURÁN
FISCAL: ABG. JOMAN ARMANDO SUÁREZ
SECRETARIO: ABG. BLANCA JANETH ACERO CAICEDO
IMPUTADOS: JOSE ANTONIO LABRADOR ZAMBRANO Y JOSE ALFONSO MARQUEZ ANGARITA Y CARMEN YAMILE PEÑALOZA CACERES
DEFENSORES: ABG. JAVIER CASTILLO
ABG. ARGENIS ALEXIS MENDOZA

• DELITOS: TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento en el artículo 149 en concordancia con el artículo 163 numeral 11 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano y el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en relación a los artículos 2 numeral 1 con el artículo 16 numeral 1 de la Ley Sobre Delincuencia Organizada.
DE LOS HECHOS

Se lee de las actuaciones presentadas por el Representante del Ministerio Público que: “Acta de Investigación Penal Nro.- CR1-DF-11-1RA-CIA-SIP: 488, REALIZADA POR FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA DE VENEZUELA, DESTACAMENTO DE FRONTERAS Nro.-11, PRIMERA COMPAÑÍA, SAN ANTONIO DEL TACHIRA, en la que los funcionarios actuantes dejan constancia de que “el día 10 de Mayo del año 2012, siendo las 06:00 horas de la tarde, nos encontrábamos de servicio carga pesada del Punto e Control fijo de Peracal, cuando observamos que llego un vehículo tipo camión Marca Chevrolet, modelo Kodiak, color azul y blanco, placas A57A16T, en el cual se trasladaban dos personas de sexo masculino y una de sexo femenino, en este automotor eran trasportadas neveras, seguidamente procedimos a realizar el chequeo de rutina de una mercancía que transportaba y del vehiculo de conformidad con el artículo 207 del código Orgánico Procesal Penal, al realizar la inspección del automotor pudimos notar que este no era igual a las que normalmente vemos en los vehículos de esté tipo que inspeccionamos diariamente, en vista a está situación procedimos a solicitar la colaboración a dos ciudadanos para que fungieran como testigos presenciales de la revisión que se realizaría, quedando identificados como: LUIS JAUREGUI y JOSE BUSTOS, …, seguidamente procedimos a inspeccionar el automotor con la ayuda de los semovientes caninos de nombre “negro” y “junior”, quienes procedieron a ladrar y rasgar al lado del caucho de repuesto del vehículo, motivado a ello procedimos a desarmar el compartimiento secreto ubicado en el chasis del vehiculo clase camión y otro compartimiento secreto en el porta repuestos de este; logrando detectar en un compartimiento secreto en los porta repuestos del mismo varios envoltorios de forma rectangular, tipo “PANELAS”, confeccionadas en material sintético transparente con un cinta adhesiva de color verde, los cuales al ser sacados de su posición original, resultaron ser CUARENTA Y CINCO (45) ENVOLTORIOS, de forma rectangular (PANELAS ), forrados en material sintético transparente con un cinta adhesiva de color amarillo, CUARENTA Y NUEVE (49) ENVOLTORIOS de forma rectangular (PANELAS) forradas en material sintético transparente con una cinta adhesiva de color azul y TREINTA Y UN (31) ENVOLTORIOS de forma rectangular (PANELAS) forradas en material sintético transparente con una cinta adhesiva de color verde, para un total de CIENTO VEINTICINCO (1259 ENVOLTORIOS, inmediatamente procedimos a pedir a los ciudadanos que se movilizaran en el vehículo que se identificaran, quienes resultaron ser: 1)MARQUEZ ANGARITA JOSE ALFONSO (conductor del vehiculo), de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad Nro.- V10.159.495..; 2) LABRADOR ZAMBRANO JOSE ANTONIO (acompañante) de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad Nro.-9.343.011…;3) PEÑALOZA CACERES CARMEN YAMILE (acompañante), de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad Nro.-11.507.468…posteriormente procedimos a realizar la prueba de orientación de campo Narco Test, a la presunta droga la cual se torno de un color azul turquesa la cual es positivo para la presunta droga denominada Cocaína.., luego realizamos un pesaje a los ciento veinticinco (125) envoltorios el cual arrojo lo siguiente CIENTO TREINTA Y DOS KILOS CON SEISCIENTOS GRAMOS (132,600 KG)…” SE ENCUENTRAN AGREGADO A LAS ACTUACIONES: Al folio 08, 09, 10, Constancia de Lectura de Derechos de los Imputados de autos; al folio 11 y 12 de la presente causa riela acta de entrevista de testigos; a los folios 49 y 50 riela registro de cadena de custodia de evidencias físicas; a los folios 51 y 52 riela reseña fotográfica.

DE LA AUDIENCIA
Por tales hechos, este Tribunal, fijó Audiencia, en la que la Representante del Ministerio Público, hizo una exposición sucinta de las circunstancias de tiempo modo y lugar en la que ocurrieron los hechos y señala los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales basa la solicitud de calificación de flagrancia de los imputados CARMEN YAMILE PEÑALOZA CACERES, de nacionalidad venezolana, natural de Rubio estado Táchira, nacido en fecha 10 de septiembre de 1971, 40 años de edad, hijo de Luis Cáceres (v) y de Eliberto Peñaloza (f), cédula de identidad V- 11.507.468, soltera, de profesión u oficio del hogar, residenciada Unidad vecinal bloque 18 apartamento 1-C San Cristóbal, teléfono 0276-3477935; JOSÉ ALFONSO MARQUEZ ANGARITA, de nacionalidad venezolano, natural de San Cristóbal estado Táchira, nacido en fecha 02 de diciembre de 1971, 40 años de edad, hijo de Adela Angarita (v) y de José Márquez (v), cédula de identidad V- 10.159.495, soltero, de profesión u oficio chofer, residenciado La Castra 2 bloque 4 apartamento 02-04 San Cristóbal estado Táchira teléfono 0424-7124118, JOSÉ ANTONIO LABRADOR ZAMBRANO, de nacionalidad venezolano, natural de Palmira estado Táchira, nacido en fecha 21 de octubre de 1966, 45 años de edad, hijo María Zambrano (v) y de José Zambrano (f), cédula de identidad V- 9.343.011, soltero, de profesión u oficio conductor, residenciado El Abejal Palmira vía Panamericana casa N° C-33; teléfono 0276-3944827, por la presunta comisión de los delitos de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento en el artículo 149 en concordancia con el artículo 163 numeral 11 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano y el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en relación a los artículos 2 numeral 1 con el artículo 16 numeral 1 de la Ley Sobre Delincuencia Organizada; por consiguiente solicita se informe a los imputados, el hecho punible que se le atribuye, así como las alternativas a la prosecución del proceso; así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, se les oiga, previo el cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 131 ibídem se califique la aprehensión como flagrante conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, ordene la prosecución de la presente causa por los tramites del procedimiento ordinario, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, se decrete Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, La incautación preventiva del vehículo y de las cuarenta neveras de conformidad con lo establecido en el artículo 183 de la Ley Orgánica de Drogas; Autorización del Tribunal para extraer la información del los teléfonos celulares retenidos durante el procedimiento.
Acto seguido la Juez impuso a los imputados del contenido del Precepto Constitucional y Legal, contenido en los artículos 49 numeral 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 131 del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo les impuso de las medidas alternativas a la Prosecución del proceso, de conformidad con lo establecido De conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Código Orgánico Procesal Penal, por tratarse de varios detenidos se hacen salir de la sala a dos de ellos permaneciendo en la misma el imputado JOSÉ ANTONIO LABRADOR ZAMBRANO, de forma libre y voluntaria expuso: “Yo estaba donde cargamos las neveras yo cargue pero no Salí, allá se carga sobre una planilla, el señor Márquez cerro una planilla, yo cerré otra, yo me fui a San Cristóbal porque resido allá, yo iba de cola con él, es todo”. A preguntas del defensor privado respondió: ¿conoce de trato y comunicación al señor Angarita? Si, él es compañero de trabajo, solo poco tiempo. ¿Al momento de subir al vehículo del señor Peñaloza ya estaba cargado? Si. ¿Sabía lo que él transportaba? No. ¿En el sitio de Peracal el señor Peñaloza trato de darse a la fuga? Si. ¿Permaneció usted y la señora ahí? Si, yo vi cuando los guardias fueron agarrar al señor Peñaloza cuando se iba a montar en un mototaxi. ¿Al momento de la detención usted le entregó las llaves de su vehículo a quien? A los funcionarios de la Guardia Nacional y les dije que mi vehículo estaba en el estacionamiento. El Ministerio Público y la Jueza no realizaron preguntas. Seguidamente el imputado JOSE ALFONSO MARQUEZ ANGARITA quien de manera libre y voluntaria manifestó: “Yo venía del Tigre descargue las neveras que me mandaron, llegue el martes en la mañana a san Cristóbal, llame a Labrador para que me facilitara gasoil, seguí hasta San Antonio, antes de pasar la parte donde venden santos, me pare a mirar el caucho y llego un señor y me mostró unas fotos, eran de mis padres, mis hijos, mi esposa, me dijo que le hiciera un trabajito porque si yo no lo hacía esas personas corrían peligro de muerte, me dijeron que siempre yo iba cargado de neveras, que yo decidía mi familia o el trabajito, me dijo que llevara el camión que ellos se lo llevaban y luego lo traían, yo por temor y miedo por mi familia accedí a darle mi camión al señor, se llevo el camión no supe para donde, me dijo que si lo seguía mataba a mi familia, me dijo que el miércoles estaba el camión frente al cementerio tenía las llaves pegadas, estaba igualito el carro, desde que compre el carro nunca lo habían parado por tener el chasis alterado, a las dos en punto llegue a la almacenadota, al otro día a las 10:30 de la mañana lo cargaron y a las cinco y cuarto cinco y veinte nos dieron la orden de salida, cuando salgo de la almacenadota me encontré con el señor Labrador me encontré con la señora y el señor labrador quien no pudo salir con su camión ese día, entonces yo les dije que iba para San Cristóbal y les di la cola a los dos y fue cuando ocurrió lo que ocurrió, es todo”. A preguntas del defensor privado respondió: ¿Qué tiempo lleva laborando en la empresa? desde hace cuatro meses y medio desde que compre el camión. ¿En un mes cuantos viajes realizaba usted? Dos, tres viajes. ¿Usted volvió a ver el ciudadano? No, el se llevo el camión. ¿En vista de la situación porque no lo denunció usted a las autoridades? Lo consulte y me dijeron que me podían matar por irme de sapo. ¿Noto usted algo extraño en el camión al manejarlo? No, ya que el carro es liviano. ¿Dónde lo abordaron a usted los ciudadanos? Por donde estaban tomándose unos refrescos. ¿Sabían ellos lo que usted llevaba? No. ¿Teme usted por su vida? Si muchísimo, primero por la amenaza que me hicieron y por no haber llegado esa droga a su destino. El Ministerio Público y el Tribunal no hicieron preguntas. Seguidamente la imputada CARMEN YAMILE PEÑALOZA CACERES quien de manera libre y voluntaria manifestó: “El motivo por el que estoy aquí, el primer señor es pareja mía, yo estaba afuera esperando al gordo para venirme, él me dice mami el camión sale mañana, entonces fue cuando el señor dijo van para san Cristóbal y le pedimos la cola, es todo”. A preguntas del defensor privado respondió: ¿conoce de vista trato y comunicación al señor Angarita? No. ¿Al momento de la detención el señor Angarita trato de irse? Si, lo vimos nervioso y pensamos que se iba a lavar las manos, lo agarro la Guardia nacional cuando ya estaba montado en el moto taxi. El Ministerio Público y la Jueza no realizaron preguntas.
Acto seguido la Juez le cedió el derecho de palabra al defensor privado del imputado JOSE ALFONSO MARQUEZ ANGARITA, ABG. JAVIER CASTILLO quien expuso: “ Ciudadana jueza vista las actuaciones presentadas por el Ministerio Público y oídas las declaraciones de los ciudadano solicitó se tome en cuneta las amenazas de las que fue victima mi defendido, pido sea desestimada la asociación para delinquir, ellos se comunican por el trabajo, que se probara mas adelante estoy de acuerdo en que se siga el procedimiento ordinario, de lo declarado por mi defendido él tenía conocimiento que algo ilícito iba en su camión, solicito copia simple del expediente, es todo”. Acto seguido la Juez le cedió el derecho de palabra al defensor privado de los ciudadanos JOSE ANTONIO LABRADOR ZAMBRANO y CARMEN YAMILE PEÑALOZA CACERES, ABG. ARGENIS ALEXIS MENDOZA, quien expuso: “Ciudadana jueza solicitó la libertad plena para mis defendidos oídas las declaraciones de los ciudadanos y en su defecto se les otorgue medida cautelar sustitutiva a la privación de la libertad de conformidad con el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, es todo”.

DE LA APREHENSIÓN

El artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:

Artículo 44 “.....Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden Judicial a menos que sea sorprendido in fraganti, en este caso, será llevado a una autoridad policial Judicial...”.

En el presente caso no existiendo Orden Judicial, se hace necesario analizar las circunstancias del delito flagrante. Al efecto el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, señala:

Artículo 248. “Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos de los Estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado”

En el anterior dispositivo se establecen los supuestos o conductas típicas para calificar como flagrante a un delito. En primer lugar requiere que el sujeto sea detenido cuando está cometiendo un hecho, se trata entonces, de la captura e identificación del delincuente en plena comisión del hecho, es lo que la doctrina llama FLAGRANCIA REAL; de igual manera se admite la flagrancia cuando el sujeto es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, como producto de una persecución ininterrumpida de las autoridades o del público, que no le hayan perdido de vista, es la llamada FLAGRANCIA EX POST IPSO O CUASIFLAGRANCIA; y por último cuando se practica la detención de una persona con instrumentos o cosas provenientes del delito, tiempo después de haber cesado la persecución o sin que esta haya existido, conocida como FLAGRANCIA PRESUNTA A POSTERIORI; por cierto, figura esta muy cuestionada debido a que la flagrancia está determinada por la posesión de los objetos provenientes del delito y no en cuanto a la participación del sujeto en el hecho.

Como se expresó, la ley adjetiva penal ordinaria venezolana en su artículo 248, dispone tres supuestos bajo los cuales puede considerarse como flagrante la aprehensión de un imputado, ellos son: 1) La aprehensión cuando se esta cometiendo o se acaba de cometer un delito. 2) La aprehensión cuando el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, ante la presunta comisión de un delito. Y 3) La aprehensión cuando se sorprende al sospechoso a poco de haber cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.

Conocidas las circunstancias bajo las cuales el legislador patrio considera que una aprehensión es en estado flagrancia, pasamos inmediatamente a examinar las actuaciones consignadas por el Ministerio Público, ante la oficina de alguacilazgo para determinar si están o no presentes algunas de esas circunstancias.

En el caso in examine, se observa que Los hechos que dieron origen a la presente investigación ocurrieron según Acta Policial de fecha 10 de mayo de 2012, Se lee de las actuaciones presentadas por el Representante del Ministerio Público que: “Acta de Investigación Penal Nro.- CR1-DF-11-1RA-CIA-SIP: 488, REALIZADA POR FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA DE VENEZUELA, DESTACAMENTO DE FRONTERAS Nro.-11, PRIMERA COMPAÑÍA, SAN ANTONIO DEL TACHIRA, en la que los funcionarios actuantes dejan constancia de que “el día 10 de Mayo del año 2012, siendo las 06:00 horas de la tarde, nos encontrábamos de servicio carga pesada del Punto e Control fijo de Peracal, cuando observamos que llego un vehículo tipo camión Marca Chevrolet, modelo Kodiak, color azul y blanco, placas A57A16T, en el cual se trasladaban dos personas de sexo masculino y una de sexo femenino, en este automotor eran trasportadas neveras, seguidamente procedimos a realizar el chequeo de rutina de una mercancía que transportaba y del vehiculo de conformidad con el artículo 207 del código Orgánico Procesal Penal, al realizar la inspección del automotor pudimos notar que este no era igual a las que normalmente vemos en los vehículos de esté tipo que inspeccionamos diariamente, en vista a está situación procedimos a solicitar la colaboración a dos ciudadanos para que fungieran como testigos presenciales de la revisión que se realizaría, quedando identificados como: LUIS JAUREGUI y JOSE BUSTOS, …, seguidamente procedimos a inspeccionar el automotor con la ayuda de los semovientes caninos de nombre “negro” y “junior”, quienes procedieron a ladrar y rasgar al lado del caucho de repuesto del vehículo, motivado a ello procedimos a desarmar el compartimiento secreto ubicado en el chasis del vehiculo clase camión y otro compartimiento secreto en el porta repuestos de este; logrando detectar en un compartimiento secreto en los porta repuestos del mismo varios envoltorios de forma rectangular, tipo “PANELAS”, confeccionadas en material sintético transparente con un cinta adhesiva de color verde, los cuales al ser sacados de su posición original, resultaron ser CUARENTA Y CINCO (45) ENVOLTORIOS, de forma rectangular (PANELAS ), forrados en material sintético transparente con un cinta adhesiva de color amarillo, CUARENTA Y NUEVE (49) ENVOLTORIOS de forma rectangular (PANELAS) forradas en material sintético transparente con una cinta adhesiva de color azul y TREINTA Y UN (31) ENVOLTORIOS de forma rectangular (PANELAS) forradas en material sintético transparente con una cinta adhesiva de color verde, para un total de CIENTO VEINTICINCO (1259 ENVOLTORIOS, inmediatamente procedimos a pedir a los ciudadanos que se movilizaran en el vehículo que se identificaran, quienes resultaron ser: 1)MARQUEZ ANGARITA JOSE ALFONSO (conductor del vehiculo), de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad Nro.- V10.159.495..; 2) LABRADOR ZAMBRANO JOSE ANTONIO (acompañante) de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad Nro.-9.343.011…;3) PEÑALOZA CACERES CARMEN YAMILE (acompañante), de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad Nro.-11.507.468…posteriormente procedimos a realizar la prueba de orientación de campo Narco Test, a la presunta droga la cual se torno de un color azul turquesa la cual es positivo para la presunta droga denominada Cocaína.., luego realizamos un pesaje a los ciento veinticinco (125) envoltorios el cual arrojo lo siguiente CIENTO TREINTA Y DOS KILOS CON SEISCIENTOS GRAMOS (132,600 KG)…” SE ENCUENTRAN AGREGADO A LAS ACTUACIONES: Al folio 08, 09, 10, Constancia de Lectura de Derechos de los Imputados de autos; al folio 11 y 12 de la presente causa riela acta de entrevista de testigos; a los folios 49 y 50 riela registro de cadena de custodia de evidencias físicas; a los folios 51 y 52 riela reseña fotográfica.

Esta juzgadora una vez analizados los fundados elementos de convicción presentados por el Ministerio Público en la audiencia celebrada, así como fundamentos jurídicos de su solicitud, considera que se encuentran llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto de las diligencias de investigación, en la que los funcionarios actuantes relatan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la aprehensión de los imputados de autos, De tal manera que los hechos anteriormente relacionados, evidencian que la conducta desplegada por los ciudadanos JOSÉ ANTONIO LABRADOR ZAMBRANO, JOSÉ ALFONSO MARQUEZ ANGARITA y CARMEN YAMILE PEÑALOZA CACERES, a quienes el Ministerio Público señala en la comisión del delito de comisión del delito de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento en el artículo 149 en concordancia con el artículo 163 numeral 11 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano y el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en relación a los artículos 2 numeral 1 con el artículo 16 numeral 1 de la Ley Sobre Delincuencia Organizada, en perjuicio del Estado Venezolano, como quiera que la solicitud fiscal a comprendido la presentación de los imputados y la petición de calificación de flagrancia, basta entonces contrastar los hechos con la norma prevista del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, para necesariamente concluir que estamos en presencia del delito flagrante, que se tipifica, como quedo sentado ut supra; en consecuencia la aprehensión de los ciudadanos JOSÉ ANTONIO LABRADOR ZAMBRANO, JOSÉ ALFONSO MARQUEZ ANGARITA y CARMEN YAMILE PEÑALOZA CACERES, es legal de conformidad con lo prevé de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en su artículo 44 numeral 1en concordancia con lo establecido en el en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.



DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Calificada como ha sido la flagrancia en la presente causa, corresponde a quien aquí decide resolver sobre el procedimiento a seguir, en tal sentido se deben hacer las siguientes consideraciones: 1.- Ha sido Jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que si hay que verificar algunas circunstancias fuera del hecho flagrante la posibilidad de un procedimiento abreviado desaparece y es en este momento cuando el Fiscal debe solicitar el procedimiento ordinario a fin de salvaguardar los derechos procesales del imputado y averiguar mejor la conexión del delito o la existencia de una posible conspiración o cualquier otra causa que se necesite dilucidar mejor. 2.- De otro lado tenemos que el Ministerio Público ha solicitado la continuación de la causa por el procedimiento abreviado, entendiendo este Juzgador que es el Ministerio Público el titular de la acción y es quien sabe y mantiene la estrategia de su investigación, reconociéndose que el Ministerio Público en este caso ha considerado que hay circunstancias que clarificar en la búsqueda de la verdad, por cuanto las actuaciones consignadas como elementos de convicción ante este Tribunal no son suficientes para producir el acto conclusivo correspondiente, por tales razones acogiendo lo señalado por la jurisprudencia patria y la solicitud del Ministerio Público, se ordena la prosecución de la presente causa mediante el procedimiento ordinario debiéndose remitir las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público correspondiente, una vez vencido el lapso de ley, a los fines legales consiguientes. Así se decide.

DE LA MEDIDA DE COERCION PERSONAL

Nuestro actual sistema penal acusatorio se funda en el principio de la presunción de inocencia, que constituye una regla imperativa del ordenamiento procesal que prohíbe a los órganos del Estado y a los particulares, dar un tratamiento como si estuviere condenado por sentencia firme. Entre los principios esenciales y específicos del proceso penal éste es el más importante, ya que determina el estado procesal del encausado durante la investigación. La presunción de inocencia entra en colisión con la detención preventiva en el proceso penal, ya que en los sistemas procesales caracterizados por el respeto a la dignidad y a los derechos humanos, la privación judicial de libertad es de carácter excepcional pues se trata de una medida extrema de aseguramiento del imputado, ya que allí el interés colectivo debe privar ante el interés del imputado. La presunción de inocencia está regulada constitucionalmente en el ordinal 2° del artículo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y está ratificada en el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 8, y en la práctica se concreta en la obligación que tiene toda parte acusadora de probar, más allá de toda duda razonable la culpabilidad del acusado, la garantía irrestricta de su derecho a la defensa y en la prohibición de adoptar contra el imputado, cualquier medida cautelar que pudiera convertirse en irreparable, y equiparable en un fallo definitivo de culpabilidad, como puede ser una privación de libertad prolongada. Como solución a los excesos que pueden cometerse en orden a la limitación de la libertad del imputado y la posible colisión con el principio de presunción de inocencia, el Código Orgánico Procesal Penal establece en su artículo 9 el principio de afirmación de libertad el cual dispone:

“Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.
Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución.”

Conforme se desprende de lo antes expuesto y de la norma citada ut supra, resulta innegable que todo imputado tiene el derecho de ser juzgado en libertad y que el Estado debe tomar todas las previsiones posibles para que se materialice este derecho. Sin embargo, tal derecho comporta determinadas excepciones que no solamente son reconocidas en la Constitución (artículo 44.1 parte in fine); también las prevén los tratados internacionales sobre derechos humanos que constituyen derecho positivo en Venezuela, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7.2) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 9.1), instrumentos todos que remiten el contenido de dichas excepciones a lo que disponga la ley. En el caso venezolano, tales disposiciones de excepción están reguladas en los artículos 250 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.

Las regulaciones constitucionales y legales del proceso penal en Venezuela están diseñadas dentro del contexto del respeto y garantía de los derechos humanos fundamentales del justiciable, en la medida en que se han acogido, con el mayor empeño, todas las tendencias de avanzada en materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y así, se consagra para el Estado la obligación del respeto y la garantía de tales derechos esenciales como es el caso del derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, al trabajo, a la educación, etc., simultáneamente por supuesto, con lo que son derechos procesales, amparados en general, por la garantía del debido proceso y demás disposiciones constitucionales y legales referidas al tema, que han sido harto reguladas y difundidas, así como exhortados los diversos entes del sistema de justicia a su práctica integral y cotidiana.

Junto a este sistema garantísta, sin embargo, coexisten principios que no son excluyentes sino coetáneos con el mismo, tales como la materialización de la justicia, noción que no solo abarca el respeto y la garantía de los derechos del imputado; también implica el impedir la impunidad y la potestad del Estado de ejercer la persecución penal de las conductas tipificadas por la ley como delitos, los derechos de la víctima y la estabilidad, el bien común y la seguridad jurídica de todos los ciudadanos en general.

A todas estas perspectivas debe atender el Juez cuando se propone tomar una decisión como la que hoy se examina con motivo de solicitud interpuesta por el imputado de autos; y más allá de las mismas, debe considerar rigurosamente las normas legales aplicables al tema, como es el caso de las disposiciones contenidas en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal, con el objeto de que la resolución que profiera cumpla a cabalidad el requerimiento estipulado en el artículo 173 eiusdem, por tanto, se hace necesario analizar el contenido de una serie de disposiciones legales referidas a la materia, en tal sentido:

El artículo 49, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 8, 9, 243, 247, 250, y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, están referidos al principio de la presunción de inocencia y al derecho a la libertad, de donde se infiere que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es decir, que aunque se le impute la comisión de uno o varios hechos punibles a una o varias personas, hasta tanto no haya una sentencia condenatoria definitivamente firme a dichas personas debe presumírsele su inocencia; y por otra parte, la libertad debe ser la regla y la privación de la misma la excepción, por lo que la medida privativa de libertad debe aplicarse cuando otras medidas resulten insuficientes a los fines de asegurar la finalidad del proceso.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado sentado en reiteradas decisiones que la medida de privación preventiva de libertad, es la provisión cautelar más extrema a que hace referencia la legislación, tanto a nivel internacional, en los distintos pactos sobre derechos humanos que regulan la materia, como a nivel interno, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal. De igual forma la referida Sala ha sostenido que la protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, no significa el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso, esto es, su normal desarrollo y la seguridad del cumplimiento de sus resultas, por lo que el juez que resuelva la restricción de la libertad del imputado debe atender básicamente a lo señalado en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, la misma Sala ha sostenido que los principios de presunción de inocencia y de libertad, son una conquista de la sociedad civilizada que debe ser defendida por esa Sala y por los restantes Tribunales de la República por imperativo de la propia Constitución y, aún mas allá, de valores fundamentales que han sido reconocidos al ser humano por su condición de tal, lo que no significa que los jueces renuncien a velar por la recta tramitación y el alcance del proceso.

En ese orden de ideas, no escapa a la responsabilidad del Juez de razonar debidamente la decisión mediante la cual decreta una medida privativa de libertad y si bien es cierto que los dispositivos del Código Orgánico Procesal Penal no pueden ser desvirtuados ni alterados para convertir en regla esa privación y continuar de esta manera manteniendo la mentalidad represiva que caracterizaba el procedimiento inquisitivo derogado, también es cierto que aun en los casos excepcionales en que no queda más opción que aplicar una medida cautelar privativa de libertad al imputado, cualquier disposición que se tome en torno a ella, debe obedecer a buenas y bien fundadas razones, con el objeto de evitar la impunidad en la administración de justicia penal, independientemente de la obligación del Juez, de evaluar la entidad del delito cometido, la conducta predelictual del imputado y la magnitud del daño.

Tomando en consideración que la posibilidad excepcional de aplicar una medida de coerción personal debe interpretarse con carácter restrictivo, el Juzgador en cada caso en que el titular de la acción penal le plantee una solicitud de tal naturaleza, debe analizar cuidadosamente si están o no, llenos los extremos de ley, es decir, los supuestos a que se refieren los numerales 1, 2 y 3 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, habida cuenta de que su resolución versa sobre el más trascendente de todos los derechos de la persona después del derecho a la vida, como es el derecho a la libertad; supuestos que constituyen las excepciones al principio establecido en el numeral 1° del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que consiste en que toda persona debe ser juzgada en libertad, excepto por la razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.

A su vez el artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente: “Toda persona a quien se le imputa participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código.

La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso”.

A su vez, el artículo 247 ibidem establece: “Todas las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, limiten sus facultades y las que definen la flagrancia, serán interpretadas restrictivamente.”

Igualmente el artículo 256 de la norma penal adjetiva en su encabezamiento establece que siempre que los supuestos que motivan la privación judicial privativa de libertad puedan ser razonablemente satisfechos por la aplicación de una medida menos gravosa para el imputado el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Publico o del imputado “deberá” imponerle en su lugar, mediante resolución motivada alguna de las medidas cautelares establecidas en la referida norma.

De otro lado, el artículo 253 eiusdem señala: “Cuando el delito materia del proceso merezca una pena privativa de libertad que no exceda de tres años en su límite máximo, y el imputado haya tenido una buena conducta predelictual, la cual podrá ser acreditada de cualquier manera idónea, sólo procederán medidas cautelares sustitutivas”.

De acuerdo a las normas antes citas y conforme a lo relacionado ut supra, debemos concluir que para que se haga procedente una medida de coerción personal, el Juez debe analizar cuidadosamente los supuestos establecidos en los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y para el caso que concurran los contenidos en los numerales 1 y 2, sin que se verifique el numeral 3° pudiera imponer una medida cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva de la libertad, pero si se configuran de manera concurrente los tres supuestos establecidos en dicha norma, necesariamente debe proceder a decretar la medida de coerción extrema como lo es la privación judicial preventiva de la libertad.

Por ello, ante la comisión de un hecho punible por parte de un individuo determinado, el Juzgador debe valorar todos los elementos y con criterio razonable imponer alguna medida cautelar, en el caso de que no se encuentren llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para evitar con ello, que quede enervada la acción de la justicia, no obstante, tal providencia debe necesariamente respetar los principios de presunción de inocencia y afirmación de libertad, que son la garantía que el legislador le ofrece al imputado de que no estará sometido indefinidamente a medida de coerción personal alguna sin que en su contra pese condena firme, la finalidad de dichas medidas cautelares, no es otra que asegurar que el procesado asista a todos los actos del proceso y no obstaculice los actos correspondientes.

En el caso de autos esta jugadora, a los fines de producir el pronunciamiento jurisdiccional en lo relativo a la medida de coerción personal que ha de recaer sobre los imputados JOSÉ ANTONIO LABRADOR ZAMBRANO, JOSÉ ALFONSO MARQUEZ ANGARITA y CARMEN YAMILE PEÑALOZA CACERES, pasa a verificar si en el mismo concurren los requerimientos exigidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, al respecto tenemos que se aprecia:

1) La existencia de un hecho punible, sancionado con pena privativa de libertad y cuya acción no se encuentra prescrita: En el caso sub judice, el hecho imputado a los ciudadanos JOSÉ ANTONIO LABRADOR ZAMBRANO, JOSÉ ALFONSO MARQUEZ ANGARITA y CARMEN YAMILE PEÑALOZA CACERES, es la presunta comisión de los delitos de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento en el artículo 149 en concordancia con el artículo 163 numeral 11 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano y el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en relación a los artículos 2 numeral 1 con el artículo 16 numeral 1 de la Ley Sobre Delincuencia Organizada, en perjuicio del Estado Venezolano, cuya acción penal no se encuentran evidentemente prescrita.
2) Fundados elementos de convicción para estimar que los imputados es el presunto perpetrador o partícipe del hecho imputado: Como se ha indicado supra, los elementos de convicción que señalan a los imputados JOSÉ ANTONIO LABRADOR ZAMBRANO, JOSÉ ALFONSO MARQUEZ ANGARITA y CARMEN YAMILE PEÑALOZA CACERES como presuntos perpetradores de los delitos de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento en el artículo 149 en concordancia con el artículo 163 numeral 11 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano y el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en relación a los artículos 2 numeral 1 con el artículo 16 numeral 1 de la Ley Sobre Delincuencia Organizada, en perjuicio del Estado Venezolano, se ratifica del contenido de todas las actas procesales la presunta autoría en la perpetración del delito que se le atribuye a los hoy imputados de autos, conforme a lo establecido en el numeral segundo del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

Finalmente, verificados los anteriores supuestos, es necesario determinar si existe o no presunción razonable, para apreciar peligro de fuga o peligro de obstaculización, en este sentido, este Tribunal observa que estas circunstancias son determinantes para dictar medida judicial de privación preventiva de libertad conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 251 y 252 respectivamente, que enuncia los presupuestos del peligro de fuga y del peligro de obstaculización; y en el numeral 3 del artículo 254, que establece los requisitos del auto de privación judicial preventiva de libertad al disponer la obligación de indicar los presupuestos a que se refiere los artículos 251 y 252.

Uno de los presupuestos que forma parte del proceso penal es el periculum in mora, condición necesaria para que pueda dictarse la medida de privación judicial preventiva de libertad, que no es otra cosa que la referencia al riesgo de que el retardo en el proceso puede neutralizar la acción de la justicia, ante la posible fuga del imputado. Por lo que, en atención a la entidad del delito precalificado y considerando que la medida de coerción personal es preventiva en prima fase y abierto como ha quedado el lapso de Ley para completar la fase de investigación por parte del Ministerio Público en el presente asunto, y tomando en cuenta que lo que se procura es brindar seguridad a la verificación de los resultados de esa investigación a través de las medidas de coerción personal, pues de lo contrario no cabe duda que podría resultar en la inocuidad del proceso.

En consecuencia, por los razonamientos antes expuestos este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE CONTROL NUMERO TRES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, EXTENSION SAN ANTONIO, IMPARTIENDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:

PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA en la aprehensión de los ciudadanos CARMEN YAMILE PEÑALOZA CACERES, de nacionalidad venezolana, natural de Rubio estado Táchira, nacido en fecha 10 de septiembre de 1971, 40 años de edad, hijo de Luis Cáceres (v) y de Eliberto Peñaloza (f), cédula de identidad V- 11.507.468, soltera, de profesión u oficio del hogar, residenciada Unidad vecinal bloque 18 apartamento 1-C San Cristóbal, teléfono 0276-3477935; JOSÉ ALFONSO MARQUEZ ANGARITA, de nacionalidad venezolano, natural de San Cristóbal estado Táchira, nacido en fecha 02 de diciembre de 1971, 40 años de edad, hijo de Adela Angarita (v) y de José Márquez (v), cédula de identidad V- 10.159.495, soltero, de profesión u oficio chofer, residenciado La Castra 2 bloque 4 apartamento 02-04 San Cristóbal estado Táchira teléfono 0424-7124118 y JOSÉ ANTONIO LABRADOR ZAMBRANO, de nacionalidad venezolano, natural de Palmira estado Táchira, nacido en fecha 21 de octubre de 1966, 45 años de edad, hijo María Zambrano (v) y de José Zambrano (f), cédula de identidad V- 9.343.011, soltero, de profesión u oficio conductor, residenciado El Abejal Palmira vía Panamericana casa N° C-33; teléfono 0276-3944827, a quienes el Ministerio Público señala en la presunta comisión del delito de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento en el artículo 149 en concordancia con el artículo 163 numeral 11 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano y el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en relación a los artículos 2 numeral 1 con el artículo 16 numeral 1 de la Ley Sobre Delincuencia Organizada, de conformidad a lo establecido en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
SEGUNDO: Ordena la prosecución de la presente causa, por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, conforme lo establece el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, para lo cual se ordena remitir las presentes actuaciones a la Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Publico a los fines legales consiguientes, vencido que sea el lapso de Ley.
TERCERO: DECRETA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD a los ciudadanos JOSÉ ANTONIO LABRADOR ZAMBRANO, JOSÉ ALFONSO MARQUEZ ANGARITA y CARMEN YAMILE PEÑALOZA CACERES, a quienes el Ministerio Público señala en la comisión del delito de comisión del delito de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento en el artículo 149 en concordancia con el artículo 163 numeral 11 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano y el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en relación a los artículos 2 numeral 1 con el artículo 16 numeral 1 de la Ley Sobre Delincuencia Organizada, en perjuicio del Estado Venezolano, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, acordándose como sitio de reclusión el centro penitenciario de occidente.
CUARTO: SE ORDENA La incautación preventiva del vehículo y de las cuarenta neveras marca Mabe de conformidad con lo establecido en el artículo 183 de la Ley Orgánica de Drogas, los cuales se depositaran en la ONA.
QUINTO: Autorización del Tribunal para extraer la información del os teléfonos celulares retenidos durante el procedimiento.
SEXTO: Se acuerdan las copias simples solicitadas por el defensor Javier Castillo.
La presente decisión fue pronunciada de manera oral, al término de la audiencia celebrada en fecha 12 de mayo de 2012, con fundamento en lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 177 eiusdem. Líbrese las respectivas Boletas de Encarcelación a la Dirección del Centro Penitenciario de Occidente. Con la lectura del acta respectiva, quedaron debidamente notificadas las partes de los fundamentos de hecho y de derecho del presente auto. Se ordena la remisión de las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público correspondiente, vencido que sea el lapso de ley correspondiente. Trasládese a los imputados de autos a objeto de imponerlos de la presente decisión
Regístrese y déjese copia para el copiador de decisiones de este Tribunal.

ABG. KARINA TERESA DUQUE DURAN
JUEZ TERCERA DE CONTROL

ABG. DILY MARIE GARCÍA ROJAS
SECRETARIA