REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira San Antonio del Táchira, 31 de Mayo de 2012 202º y 153º ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2012-001278 ASUNTO : SP11-P-2012-001278 RESOLUCION Celebrada como ha sido la audiencia de calificación de flagrancia en el presente asunto, se pasa a dictar el correspondiente auto fundado, en virtud de ello, el Tribunal, cumplidas las formalidades de ley, oída la solicitud efectuada por la Representante Fiscal, lo expuesto por el imputado y lo alegado y solicitado por la defensa, efectuó las siguientes consideraciones para motivar su decisión que, de conformidad con el artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal, es del tenor siguiente: IDENTIFICACION DE LAS PARTES • JUEZ: ABG. JERSON QUIROZ • FISCAL: ABG. JOMAN ARMANDO SUÁREZ • SECRETARIO: ABG. FRANCISCO JAVIER CORREA SERPA • IMPUTADO: RENSON PINTO OSPINA • DEFENSOR: ABG. JESÚS LEONARDO SUÁREZ SÁNCHEZ • DELITO: OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del articulo 149 de la Ley Orgánica de Drogas en perjuicio del Estado Venezolano. DE LOS HECHOS Los hechos objeto de la presente causa penal, ocurrieron conforme se desprende del ACTA POLICIAL N° 0608MAYO2012, suscrita por funcionarios adscritos a la Estación Policial de Ureña de la Policía del estado Táchira, quienes dejaron constancia de la siguiente diligencia policial: Siendo las 10:05 horas de la noche del martes 08 de mayo del presente año, en operativo de profilaxis social en la unidad motorizada R-768 por el Barrio Simon Bolívar carrera 15 entre calles 16 y 17, se visualizo a un ciudadano que se encontraba en la zona boscosa quien al percatar la presencia policial tomo una actitud sospechosa y evasiva tratándose de ir a la fuga, siendo interceptado como a 10 mts del lugar dentro de la zona boscosa, el mismo tomando una actitud agresiva en contra de la comisión policial, manifestándole al ciudadano que desistiera de su actitud, el ciudadano desistió de su agresividad, se le advirtió al ciudadano sobre la sospecha relacionada con objeto de tenencia prohibida solicitando su exhibición, manifestando que no poseía, posteriormente se le realizo una inspección policial al ciudadano, de conformidad con lo establecido en el articulo 205 del COOP, encontrándole en el bolsillo derecho del pantalón dos envoltorios de material sintético color blanco contentivo en su interior de restos vegetales de olor penetrante amarrados con un nudo entre si, presunta droga (marihuana). Se le pregunto al ciudadano sobre la evidencia encontrada y el mismo no dijo nada y se le indico el motivo de la detención es por posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y posteriormente se traslado hasta la Estación Policial de Ureña, quien dijo llamarse como queda escrito: RENSON PINTO OSPINA, venezolano, titular de la cedula de identidad V-25.495.529, fecha de nacimiento 02-10-1989, de 22 años de edad, estado civil soltero, natural de Guadualito, Estado Apure, residenciado en Sabana Seca calle 14 N° 4-63, Ureña, alfabeta, profesión u oficio obrero. Quien vestía para el momento pantalón jeans de color azul, franela de color amarilla, zapato deportivo de color gris con negro. Se le leyeron sus derechos legales y Constitucionales que le son inherentes en los artículos 44, 46 y 49 de nuestra carta magna y el artículo 125 de Código Orgánico Procesal Penal. Cabe resaltar que los envoltorios de material sintético de color transparente contentivo de sustancia estupefaciente y psicotrópica (marihuana) serán remitidas al CICPC a los fines de que le sean practicadas las experticias de rigor, el ciudadano fue llevado al Hospital Dr. Samuel Darío Maldonado de San Antonio del Táchira. Del presente procedimiento conoció vía telefónica el Fiscal Vigésimo Primero del Ministerio Publico. Al folio tres (03) riela agregado Constancia de Lectura de Derechos del Imputado. Al folio nueve (09) riela agregado Informe Medico realizado al imputado de autos. Al folio diez (10) de la causa, riela PRUEBA DE ENSAYO DE ORIENTACIÓN, PESAJE Y PRECINTAJE Nº 9700-134-LCT-134- 12, de fecha 09 de mayo de 2012, suscrita por el Experto Farm Edgar Delgado Jerez, adscrito al Laboratorio Criminalístico Toxicológico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en el cual se deja constancia de haber analizado; DOS (02) ENVOLTORIOS elaborados a manera de “CEBOLLA” con material sintético de color blanco, cerrado en su extremo abierto con hilo de color blanco (pabilo) contentivos en su interior de FRAGMENTOS VEGETALES DE COLOR PARDO VERDOSO Y SEMILLAS DEL MISMO COLOR DE ASPECTO GLOBULOSO. Con un peso bruto de veintinueve (29) gramos con setecientos sesenta (760) miligramos, con resultado positivo para MARIHUANA (Cannabis sativa). DE LA AUDIENCIA Por tales hechos, este Tribunal, fijó Audiencia, en la que la Representante del Ministerio Público, hizo una exposición sucinta de las circunstancias de tiempo modo y lugar en la que ocurrieron los hechos y señala los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales basa la solicitud de calificación de flagrancia del imputado RENSON PINTO OSPINA, de nacionalidad venezolana, natural de Guasdualito estado Apure, titular de la cédula de identidad N° 25.495.529, nacido en fecha 02 de octubre de 1989, de 22 años de edad, hijo de Carlos Julio Pinto (v) y de Miriam Ospina (v), soltero, de profesión u oficio Metalúrgico Soldador; residenciado en la avenida 14 Nº 4-63, Sabana Seca, , Ureña, Municipio Pedro María Ureña del estado Táchira, por la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del articulo 149 de la Ley Orgánica de Drogas en perjuicio del Estado Venezolano, por consiguiente solicita se informe a los imputados, el hecho punible que se les atribuye, así como las alternativas a la prosecución del proceso; así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, se les oiga, previo el cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 131 ibídem se califique la aprehensión como flagrante conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, ordene la prosecución de la presente causa por los tramites del procedimiento ordinario, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, se decrete Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal. Por su parte, el imputado RENSON PINTO OSPINA, impuesto del precepto constitucional del artículo 49 ordinal 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, de las alternativas a la prosecución del proceso, consistentes en el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, previstas en los artículos 37 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, así como del procedimiento especial por admisión de hechos, establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestando los aprehendidos que si y al efecto libre de juramento, apremio y coacción manifestó: “Yo salí de mi casa a los 8 y media pase por donde el vecino el me ofreció unos guantes para vender, le pedí unas muestras, me la metí al bolsillo y subí por la avenida los parceleros, doble por la calle 15 hasta el Simón Bolívar, cunado cruce ellos venían saliendo, me preguntaron si estaba en el monte, dijeron tráigame para aca, me quitaron la ropa y las botas yo empecé a gritar y me asuste, me sacaron por el monte , luego me llevaron a la casilla como alas nueves me metieron a calabozo no dejaron entrar a la familia, la sustancia esa no la tenia yo, luego mas tarde me preguntó el policía si tenia plata y que si tenia iba a salir, les dije que no que yo granaba sueldo mínimo, les dije que no lo volvía a hacer en la mañana me pusieron una capuacha y me tomaron fotos, me llevaron a la ptejota y me decían que ya tenían un positivo, yo tengo nervios de que me lleven a allá y dicen que allá pasan muchas cosas feas, es todo” . A preguntas de la Defensa el declarante contestó: “La sustancia la vi cuando me tomaron las fotos con la capucha”…. “No se de adonde sacaron la sustancia los policías”… A preguntas del Juez el declarante contestó: “Yo le decía que me servia de escarmiento era que no iba a volver a consumir drogas, yo soy consumidor”… “Ese día yo no había consumido drogas yo iba era mostrar la muestra del guante”. El defensor público penal Abg. Jesús Leonardo Suárez Sánchez, realizó sus alegatos de defensa, solicitó se desestimase la flagrancia en la aprehensión aduciendo que no existe; dice, cadena de custodia de la supuesta ilícita incautada, agrega que no se señala ni un solo testigo del procedimiento no obstante la supuesta hora de su aprehensión, solicita la libertad plena de su cliente y a todo evento solicita en su defecto se le otorgue una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, refiriendo se trata de un ciudadano venezolano con domicilio en el país a cuyo efecto consigna constancia de residencia, refiere que éste tiene el derecho a que se le presuma como consumidor. DE LA APREHENSIÓN El artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala: Artículo 44 “.....Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden Judicial a menos que sea sorprendido in fraganti, en este caso, será llevado a una autoridad policial Judicial...”. En el presente caso no existiendo Orden Judicial, se hace necesario analizar las circunstancias del delito flagrante. Al efecto el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, señala: Artículo 248. “Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor. En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos de los Estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado” En el anterior dispositivo se establecen los supuestos o conductas típicas para calificar como flagrante a un delito. En primer lugar requiere que el sujeto sea detenido cuando está cometiendo un hecho, se trata entonces, de la captura e identificación del delincuente en plena comisión del hecho, es lo que la doctrina llama FLAGRANCIA REAL; de igual manera se admite la flagrancia cuando el sujeto es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, como producto de una persecución ininterrumpida de las autoridades o del público, que no le hayan perdido de vista, es la llamada FLAGRANCIA EX POST IPSO O CUASIFLAGRANCIA; y por último cuando se practica la detención de una persona con instrumentos o cosas provenientes del delito, tiempo después de haber cesado la persecución o sin que esta haya existido, conocida como FLAGRANCIA PRESUNTA A POSTERIORI; por cierto, figura esta muy cuestionada debido a que la flagrancia está determinada por la posesión de los objetos provenientes del delito y no en cuanto a la participación del sujeto en el hecho. Como se expresó, la ley adjetiva penal ordinaria venezolana en su artículo 248, dispone tres supuestos bajo los cuales puede considerarse como flagrante la aprehensión de un imputado, ellos son: 1) La aprehensión cuando se esta cometiendo o se acaba de cometer un delito. 2) La aprehensión cuando el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, ante la presunta comisión de un delito. Y 3) La aprehensión cuando se sorprende al sospechoso a poco de haber cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor. Conocidas las circunstancias bajo las cuales el legislador patrio considera que una aprehensión es en estado flagrancia, pasamos inmediatamente a examinar las actuaciones consignadas por el Ministerio Público, ante la oficina de alguacilazgo para determinar si están o no presentes algunas de esas circunstancias. En el caso in examine, se observa del acta policial N° 0608MAYO2012, suscrita por funcionarios adscritos a la Estación Policial de Ureña de la Policía del estado Táchira, quienes dejaron constancia de la siguiente diligencia policial: “Siendo las 10:05 horas de la noche del martes 08 de mayo del presente año, en operativo de profilaxis social en la unidad motorizada R-768 por el Barrio Simon Bolívar carrera 15 entre calles 16 y 17, se visualizo a un ciudadano que se encontraba en la zona boscosa quien al percatar la presencia policial tomo una actitud sospechosa y evasiva tratándose de ir a la fuga, siendo interceptado como a 10 mts del lugar dentro de la zona boscosa, el mismo tomando una actitud agresiva en contra de la comisión policial, manifestándole al ciudadano que desistiera de su actitud, el ciudadano desistió de su agresividad, se le advirtió al ciudadano sobre la sospecha relacionada con objeto de tenencia prohibida solicitando su exhibición, manifestando que no poseía, posteriormente se le realizo una inspección policial al ciudadano, de conformidad con lo establecido en el articulo 205 del COOP, encontrándole en el bolsillo derecho del pantalón dos envoltorios de material sintético color blanco contentivo en su interior de restos vegetales de olor penetrante amarrados con un nudo entre si, presunta droga (marihuana). Se le pregunto al ciudadano sobre la evidencia encontrada y el mismo no dijo nada y se le indico el motivo de la detención es por posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y posteriormente se traslado hasta la Estación Policial de Ureña, quien dijo llamarse como queda escrito: RENSON PINTO OSPINA, venezolano, titular de la cedula de identidad V-25.495.529, fecha de nacimiento 02-10-1989, de 22 años de edad, estado civil soltero, natural de Guadualito, estado Apure, residenciado en Sabana Seca calle 14 N° 4-63, Ureña, alfabeta, profesión u oficio obrero. Quien vestía para el momento pantalón jeans de color azul, franela de color amarilla, zapato deportivo de color gris con negro. Se le leyeron sus derechos legales y Constitucionales que le son inherentes en los artículos 44, 46 y 49 de nuestra carta magna y el artículo 125 de Código Orgánico Procesal Penal. Cabe resaltar que los envoltorios de material sintético de color transparente contentivo de sustancia estupefaciente y psicotrópica (marihuana) serán remitidas al CICPC a los fines de que le sean practicadas las experticias de rigor, el ciudadano fue llevado al Hospital Dr. Samuel Darío Maldonado de San Antonio del Táchira. Del presente procedimiento conoció vía telefónica el Fiscal Vigésimo Primero del Ministerio Publico”. Este juzgador una vez analizados los fundados elementos de convicción presentados por el Ministerio Público en la audiencia celebrada, así como fundamentos jurídicos de su solicitud, considera que se encuentran llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto de las diligencias de investigación, especialmente del acta policial N° 0608MAYO2012, suscrita por funcionarios adscritos a la Estación Policial de Ureña de la Policía del estado Táchira, se observa que el imputado de autos fue detenido en el momento de ocurrir el hecho, con objetos que de alguna manera hacen presumir con fundamento serio que pudiera ser autor o participe del mismo; de otro lado se debe analizar que en este procedimiento se practico a la sustancia incautada PRUEBA DE ENSAYO DE ORIENTACIÓN, PESAJE Y PRECINTAJE Nº 9700-134-LCT-134- 12, de fecha 09 de mayo de 2012, suscrita por el Experto Farm Edgar Delgado Jerez, adscrito al Laboratorio Criminalístico Toxicológico del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en el cual se deja constancia de haber analizado; DOS (02) ENVOLTORIOS elaborados a manera de “CEBOLLA” con material sintético de color blanco, cerrado en su extremo abierto con hilo de color blanco (pabilo) contentivos en su interior de FRAGMENTOS VEGETALES DE COLOR PARDO VERDOSO Y SEMILLAS DEL MISMO COLOR DE ASPECTO GLOBULOSO. Con un peso bruto de veintinueve (29) gramos con setecientos sesenta (760) miligramos, con resultado positivo para MARIHUANA (Cannabis sativa). De tal manera que los hechos anteriormente relacionados, evidencian que la conducta desplegada por el ciudadano RENSON PINTO OSPINA, se subsume en las disposiciones legales del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas; que tipifica el delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del articulo 149 de la Ley Orgánica de Drogas en perjuicio del Estado Venezolano; como quiera que la solicitud fiscal a comprendido la presentación del imputado y la petición de calificación de flagrancia, basta entonces contrastar los hechos con la norma prevista del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, para necesariamente concluir que estamos en presencia del delito flagrante, que se tipifican, como quedo sentado ut supra, toda vez que las sustancia incautada, es la denominada MARIHUANA que constituye un estupefaciente de ilícita detentación y transporte de conformidad con la ley antes mencionada de igual manera las municiones incautadas están catalogadas como de guerra; en consecuencia la aprehensión del ciudadano RENSON PINTO OSPINA, es legal de conformidad con lo previsto en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en su artículo 44 numeral 1, en concordancia con lo establecido en el en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide. DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR Calificada como ha sido la flagrancia en la presente causa, corresponde a quien aquí decide resolver sobre el procedimiento a seguir, en tal sentido se deben hacer las siguientes consideraciones: 1.- Ha sido Jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que si hay que verificar algunas circunstancias fuera del hecho flagrante la posibilidad de un procedimiento abreviado desaparece y es en este momento cuando el Fiscal debe solicitar el procedimiento ordinario a fin de salvaguardar los derechos procesales del imputado y averiguar mejor la conexión del delito o la existencia de una posible conspiración o cualquier otra causa que se necesite dilucidar mejor. 2.- De otro lado tenemos que el Ministerio Público ha solicitado la continuación de la causa por el procedimiento ordinario, entendiendo este Juzgador que es el Ministerio Público el titular de la acción y es quien sabe y mantiene la estrategia de su investigación, reconociéndose que el Ministerio Público en este caso ha considerado que hay circunstancias que clarificar en la búsqueda de la verdad, por cuanto las actuaciones consignadas como elementos de convicción ante este Tribunal no son suficientes para producir el acto conclusivo correspondiente, por tales razones acogiendo lo señalado por la jurisprudencia patria y la solicitud del Ministerio Público, se ordena la prosecución de la presente causa mediante el procedimiento ordinario debiéndose remitir las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público correspondiente, una vez vencido el lapso de ley, a los fines legales consiguientes. Así se decide. DE LA MEDIDA DE COERCION PERSONAL Nuestro actual sistema penal acusatorio se funda en el principio de la presunción de inocencia, que constituye una regla imperativa del ordenamiento procesal que prohíbe a los órganos del Estado y a los particulares, dar un tratamiento a quien se le juzga, como si estuviere condenado por sentencia firme. Entre los principios esenciales y específicos del proceso penal éste es el más importante, ya que determina el estado procesal del encausado durante la investigación. Por ello resulta innegable afirmar que en principio todo imputado tiene el derecho de ser juzgado en libertad y que el Estado debe tomar todas las previsiones posibles para que se materialice este derecho; sin embargo, tal derecho comporta determinadas excepciones que no solamente son reconocidas en la Constitución (artículo 44.1 parte in fine); también las prevén los tratados internacionales sobre derechos humanos que constituyen derecho positivo en Venezuela, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7.2) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 9.1), instrumentos todos que remiten el contenido de dichas excepciones a lo que disponga la ley. En el caso venezolano, tales disposiciones de excepción están reguladas en los artículos 250 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. De otro lado, se debe resaltar que las regulaciones constitucionales y legales del proceso penal en Venezuela están diseñadas dentro del contexto del respeto y garantía de los derechos humanos fundamentales del justiciable, en la medida en que se han acogido, con el mayor empeño, todas las tendencias de avanzada en materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y así, se consagra para el Estado la obligación del respeto y la garantía de tales derechos esenciales como es el caso del derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, al trabajo, a la educación, etc., simultáneamente por supuesto, con lo que son derechos procesales, amparados en general, por la garantía del debido proceso y demás disposiciones constitucionales y legales referidas al tema, que han sido harto reguladas y difundidas, así como exhortados los diversos entes del sistema de justicia a su práctica integral y cotidiana. Junto a este sistema garantísta, sin embargo, coexisten principios que no son excluyentes sino coetáneos con el mismo, tales como la materialización de la justicia, noción que no solo abarca el respeto y la garantía de los derechos del imputado; también implica el impedir la impunidad y la potestad del Estado de ejercer la persecución penal de las conductas tipificadas por la ley como delitos, los derechos de la víctima y la estabilidad, el bien común y la seguridad jurídica de todos los ciudadanos en general. A todas estas perspectivas debe atender el Juez cuando se propone tomar una decisión como la que hoy examina este Juzgador con motivo de la solicitud fiscal de dictar en el presente caso medida de coerción personal en contra del imputado RENSON PINTO OSPINA; y más allá de las mismas, debe considerar rigurosamente, las normas legales aplicables al tema, como es el caso de las disposiciones contenidas en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal. Conforme a lo establecido en nuestra legislación penal adjetiva, para que se haga procedente una medida de coerción personal, el Juez debe analizar cuidadosamente los supuestos establecidos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y para el caso que concurran los contenidos en los numerales 1 y 2, sin que se verifique el numeral 3 pudiera imponer una medida cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva de la libertad, pero si se configuran de manera concurrente los tres supuestos establecidos en dicha norma, necesariamente debe proceder a decretar la medida de coerción extrema como lo es la privación judicial preventiva de la libertad. Por ello, ante la comisión de un hecho punible por parte de un individuo determinado, el Juzgador debe valorar todos los elementos y con criterio razonable imponer alguna medida cautelar, en el caso de que no se encuentren llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para evitar con ello, que quede enervada la acción de la justicia, no obstante, tal providencia debe necesariamente respetar los principios de presunción de inocencia y afirmación de libertad, que son la garantía que el legislador le ofrece al imputado de que no estará sometido indefinidamente a medida de coerción personal alguna sin que en su contra pese condena firme, la finalidad de dichas medidas cautelares, no es otra que asegurar que el procesado asista a todos los actos del proceso y no obstaculice los actos correspondientes. En el caso de autos este juzgador, a los fines de producir el pronunciamiento jurisdiccional en lo relativo a la medida de coerción personal que ha de recaer sobre el imputado RENSON PINTO OSPINA, pasa a verificar si en el mismo concurren los requerimientos exigidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, al respecto tenemos que se aprecia: 1) La existencia de un hecho punible, sancionado con pena privativa de libertad y cuya acción no se encuentra prescrita: En el caso sub judice, el hecho imputado al ciudadano RENSON PINTO OSPINA, es la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del articulo 149 de la Ley Orgánica de Drogas en perjuicio del Estado Venezolano, castigado el más grave de ellos con prisión de ocho (08) a doce (12) años, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita. 2) Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado es el presunto perpetrador o partícipe del hecho imputado: Como se ha indicado ut supra, los elementos de convicción que señalan al imputado RENSON PINTO OSPINA, como presunto perpetrador del delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del articulo 149 de la Ley Orgánica de Drogas en perjuicio del Estado Venezolano, se ratifica el contenido de todas las actas procesales referidas ut supra, en las que se demuestran no solamente la comisión del delito si no la presunta autoría en la perpetración del mismo que se le atribuye al hoy imputado de autos, conforme a lo establecido en el numeral segundo del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Finalmente, verificados los anteriores supuestos, es necesario determinar si existe o no presunción razonable, para apreciar peligro de fuga o peligro de obstaculización, en este sentido, este Tribunal observa que estas circunstancias son determinantes para dictar medida judicial de privación preventiva de libertad conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 251 y 252 respectivamente, que enuncia los presupuestos del peligro de fuga y del peligro de obstaculización; y en el numeral 3 del artículo 254, que establece los requisitos del auto de privación judicial preventiva de libertad al disponer la obligación de indicar los presupuestos a que se refiere los artículos 251 y 252. Uno de los presupuestos que forma parte del proceso penal es el periculum in mora, condición necesaria para que pueda dictarse la medida de privación judicial preventiva de libertad, que no es otra cosa que la referencia al riesgo de que el retardo en el proceso puede neutralizar la acción de la justicia, ante la posible fuga del imputado. Por lo que, en atención a la entidad del delito precalificado y considerando que la medida de coerción personal es preventiva en prima fase y decretado como ha sido el procedimiento abreviado en el presente asunto, y tomando en cuenta que lo que se procura es brindar seguridad a la verificación de los resultados de que pueda brindar la realización del juicio oral y público a través de las medidas de coerción personal, pues de lo contrario no cabe duda que podría resultar en la inocuidad del proceso. Por ello, al analizar la presunción establecida por el legislador en los numerales, primer, segundo y tercero del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, vale decir, el arraigo en el país del imputado de autos, la pena que podría llegarse a imponer y en la magnitud del daño causado, se debe establecer que en cuanto a estos tres requerimientos, el legislador se inclinó en estos casos por un criterio de carácter objetivo que, ante todo atienden en primer lugar al arraigo o sujeción del imputado al territorio venezolano, determinado este por su domicilio o residencia, tanto de éste como de su familia, debiéndose considerar además, la gravedad del hecho establecida a partir del monto de la pena; que para el caso en estudio donde el delito atribuido lo es OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del articulo 149 de la Ley Orgánica de Drogas en perjuicio del Estado Venezolano, que conllevan una pena igual o superior a los diez (10) años de prisión; hacen que se torne patente dictar la medida extrema, toda vez que una de las finalidades de la medida de privación judicial preventiva de libertad es evitar la fuga y que el riesgo de evasión, por tanto, el peligro de fuga se presume en este caso. En relación al tercero de los requerimientos de la norma bajo análisis, se debe establecer que al imputado RENSON PINTO OSPINA, se le atribuye la presunta comisión del delito, se le atribuye la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del articulo 149 de la Ley Orgánica de Drogas en perjuicio del Estado Venezolano, en el que el sujeto pasivo lo constituye la Sociedad representada por el Estado Venezolano, la cual se ve afectada en relación a la magnitud del daño social causado que comprende no solamente el bien tutelado, sino el que reporta a la sociedad, este tipo de delitos pluri-ofensivos graves, referidos por la doctrina y la jurisprudencia patria como delitos de lesa humanidad, no siendo necesario analizar el artículo 252 del Código orgánico Procesal Penal relativo PELIGRO DE OBSTUACULIZACIÓN ENLA BUSQUEDA DE LA VERDAD, lo cual atendiendo además al contenido del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, hace procedente la medida privativa decretada. En conclusión, este Juzgador considera que la libertad del imputado de autos constituye un inminente peligro de fuga, ya que si bien se trata de un ciudadano colombiano sin residencia fija en el país, aunado a que no es menos cierto que la entidad del delito y la pena que pudiera llegar a imponerse por éste, hacen que se torne necesario imponer al referido imputado, MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD de conformidad con lo establecido en el artículo 250 numerales 1, 2 y 3 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con lo establecido en los numerales 2 y 3 del artículo 251 eiusdem. Y así se decide. DISPOSITIVO EN CONSECUENCIA, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL No 1 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE: PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión de los ciudadanos RENSON PINTO OSPINA, de nacionalidad venezolana, natural de Guasdualito estado Apure, titular de la cédula de identidad N° 25.495.529, nacido en fecha 02 de octubre de 1989, de 22 años de edad, hijo de Carlos Julio Pinto (v) y de Miriam Ospina (v), soltero, de profesión u oficio Metalúrgico Soldador; residenciado en la avenida 14 Nº 4-63, Sabana Seca, , Ureña, Municipio Pedro María Ureña del estado Táchira, por la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano, por estar llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. SEGUNDO: Ordena la prosecución de la presente causa, por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, conforme lo establece el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Se ordena la remisión de la presente causa a la Fiscalía del Ministerio Público correspondiente, una vez vencido el lapso de ley, a los fines legales consiguientes. TERCERO: SE DECRETA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al ciudadano RENSON PINTO OSPINA, de nacionalidad venezolana, natural de Guasdualito estado Apure, titular de la cédula de identidad N° 25.495.529, nacido en fecha 02 de octubre de 1989, de 22 años de edad, hijo de Carlos Julio Pinto (v) y de Miriam Ospina (v), soltero, de profesión u oficio Metalúrgico Soldador; residenciado en la avenida 14 Nº 4-63, Sabana Seca, , Ureña, Municipio Pedro María Ureña del estado Táchira, por la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano, de conformidad a lo establecido en los artículos 250, en concordancia con el artículo 251 numerales 2 y 3, y parágrafo primero y último aparte del artículo 252 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose como sitio de reclusión el Centro Penitenciario de Occidente. La presente decisión fue pronunciada de manera oral, al término de la audiencia celebrada en fecha 10 de mayo de 2012, con fundamento en lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 177 eiusdem. Líbrese la respectiva Boleta de Encarcelación a la Dirección del Centro Penitenciario de Occidente. Con la lectura del acta respectiva, quedaron debidamente notificadas las partes de los fundamentos de hecho y de derecho del presente auto. Se ordena la remisión de la presente causa a la Fiscalía del Ministerio Público correspondiente, una vez vencido el lapso de ley, a los fines legales consiguientes. Trasládese al imputado de autos a los fines de imponerlo de la presente decisión, Notifíquese a las partes. Regístrese y déjese copia para el copiador de decisiones de este Tribunal. ABG. JERSON H. QUIROZ RAMIREZ JUEZ PRIMERO DE CONTROL ABG. FRANCISCO JAVIER CORREA SERPA SECRETARIO Asunto SP11-P-2012-001278. JQR.