TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Juicio de San Antonio del Táchira
San Antonio del Táchira, 19 de Marzo de 2012
201º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2011-002405
ASUNTO : SP11-P-2011-002405

AUTO REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA POR LA DEFENSA DEL ACUSADO WILMER ALEXANDER ALARCÓN BRACAMONTE

Visto el escrito de solicitud de Revisión de Medida de Coerción solicitada por el ciudadano abogado, CARLOS ALBERTO ARGUELLO COLMENARES, en su carácter de defensora técnica del ciudadano WILMER ALEXANDER ALARCÓN BRACAMONTE, de nacionalidad venezolana, natural de San Antonio Estado Táchira, nacido en fecha 26 de Enero de 1983, de 18 años de edad, hijo de Wilmar Alarcón (f) y de Judith Francisca Bracamonte (v), titular de la cédula de identidad V- 26.156.241, soltero, de profesión u oficio obrero, residenciado en Cristo Rey, casa 01-23, Barrio Rafael Páez, San Antonio Estado Táchira, teléfono 0426-9356483; a quien el Ministerio Público señala en la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano.

Este Tribunal para decidir considera:
I
LOS HECHOS
Consta en Acta de Investigación Penal, de fecha 08 de Octubre de 2011, que siendo aproximadamente las 05:30 horas de la tarde, funcionarios adscritos a la Policía del Estado Táchira, se encontraban realizado operativo de profilxis social cuando se trasladaron por el barrio Pedro Rafael Paéz específicamente donde se encuentra la cancha deportiva porque dentro de la misma se encontraba un ciudadano con una actitud sospechosa, el mismo notar la presencia policial, optó por corre, razón por la cual fue intervenido policialmente; el cual al ser revisado por los funcionarios se pudo detectar alrededor de la ingle dos bolsas de material sintético transparente una de regular tamaño, cerrado por su extremos abierto mediante sierre hermético exhibe en su parte superior una raya de color rojo, ambas contentiva en su interior de un polvo de color blanco de olor fuerte y penetrante presunta droga; motivo por el cual se produjo la detención del ciudadano, quedando identificado como WILMER ALEXANDER ALARCÓN BRACAMONTE.

Al folio 02, consta Acta Policial de fecha 08 de octubre de 2011.

Al folio 07, consta cadena de custodia de evidencias físicas, relacionada con el acta policial 161 de fecha 08-10-2011, Nro. De registro 63.

Al folio 08, consta prueba de Orientación y Certeza, practicada a la sustancia incautada, dando como resultado un peso bruto de .08 gramos con 530 miligramos, positivo para COCAINA.

Al folio 51, consta experticia química Nro. 9700-134-LCT-4264-11, de fecha 18 de octubre de 2011, emitida por el Cuerpo de Investigaciones Científica Penales y Criminalísticas, el cual expone que se trata de un polvo de color blanco, con un peso bruto de 08 GRAMOS CON 530 MILIGRAMOS, y un peso neto de SIETE (07) GRAMOS CON NOVECIENTOS (900) MILIGARMOS, dando como resultado POSITIVO PARA COCAINA.

A los folios 47 al 50 corre inserto escrito de acusación, presentado por el representante del Ministerio Público.
II

En virtud de tales hechos, en fecha 11 de octubre de 2011, el Tribunal Tercero en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, CALIFICÓ LA FLAGRANCIA en la aprehensión del imputado WILMER ALEXANDER ALARCÓN BRACAMONTE, plenamente identificado en autos, en la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del Artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano, se ordenó seguir la presente causa por el PROCEDIMIENTO ABREVIADO y se decretó MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al prenombrado imputado, WILMER ALEXANDER ALARCÓN BRACAMONTE, por encontrarse presuntamente incurso en la comisión de hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita.

Ahora bien, nuestra Doctrina, la detención preventiva es una derogación singular del principio general de libertad, la cual es procedente en casos de delitos graves, donde existan fundamentos muy sólidos para suponer al imputado incurso en el delito que se le investiga o procesa, así como el temor fundado de que éste pudiera tratar de evadir la acción de la justicia.

Conforme lo establece el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal procede la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, siempre que se hubiere acreditado la existencia de A) UN HECHO PUNIBLE que merezca pena privativa de libertad y cuya acción no se encuentre evidentemente prescrita; B) FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN para estimar que el imputado ha sido autor o participe de ese hecho y C) Presunción razonable del PELIGRO DE FUGA u OBSTACULIZACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN, por ello pasa a analizar la Juzgadora el posible cumplimiento de los requisitos pautados en el artículo 250 numerales 1, 2 y 3 del Código Orgánico Procesal Penal. Sobre el particular, el legislador establece que la detención preventiva procede cuando se den los tres supuestos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal y el delito supere los tres años en su límite máximo, el legislador mantiene aquí un criterio de carácter objetivo que, ante todo, atiende a la gravedad del hecho establecida a partir del monto de la pena. Elementos que se acreditan conforme a las actuaciones sólo en lo que respecta al hecho punible y a los elementos de convicción, pero no en cuanto al peligro de fuga, por cuanto este requisito se torna patente cuando se percibe que una de las finalidades de la medida de privación judicial preventiva de libertad es evitar la fuga y/o el descubrimiento de la verdad y que el riesgo de evasión es mayor frente a hechos punibles sancionados con cierta severidad. Es así, como el legislador establece que la detención preventiva procede cuando se den los tres supuestos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal y el delito supere los tres años en su límite máximo: también el legislador se atuvo aquí un criterio de carácter objetivo que, ante todo, atiende a la gravedad del hecho establecida a partir del monto de la pena.

Con respecto a las medidas cautelares en esta clase especial de delitos y con mayor énfasis por el Trafico en la Modalidad de Transporte, Ocultamiento y Distribución, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha reiterado su Sentencia en el que aparentemente prohíbe el otorgamiento de medidas cautelares ante estas modalidades del Tráfico de Estupefacientes, señalado en la decisión No 1728-10 de fecha 10/12/2009, con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Merchán, que entre otras cosas dijo:

“…el artículo 29 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, así como los Convenios Internacionales suscritos por Venezuela en esta materia, según los cuales los delitos vinculados al tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas que esta Sala ha calificado como de lesa humanidad quedan excluidos de los beneficios procesales que puedan conllevar a su impunidad, incluso el indulto y la amnistía, y por desconocer la jurisprudencia vinculante y reiterada de esta Sala referida a que dichos delitos tampoco admiten el otorgamiento de medidas cautelares sustitutivas a la privación judicial preventiva de la libertad…”

Sin embargo, es preciso destacar con precisión sobre dicha sentencia, la cual ha servido de base para las posteriores decisiones emitidas por la Sala Constitucional en ese mismo sentido, de allí que también establece:

“…[la corte] consideró que al ciudadano Johan Manuel Ruiz Machado no debía otorgársele ninguna de las medidas cautelares sustitutivas previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, sino mantenerlo privado de libertad durante el proceso penal, para lo cual se apoyó en jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Sala Constitucional; decisión judicial correcta por cuanto los delitos contemplados en el artículo 31 de la referida Ley Orgánica, los cuales se refieren al tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en todas modalidades, son catalogados por esta Sala como de lesa humanidad, desde su sentencias número…ni tampoco dicha cautelar puede derivar en un obstáculo para el ejercicio de la potestad jurisdiccional que ostentan los jueces y juezas con competencia en materia penal para que ponderen las circunstancias del caso en concreto y acuerden o nieguen la medida de privación judicial preventiva de libertad, con base en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal; no obstante deberán los jueces y juezas en ejercicio de esta potestad desvirtuar motivadamente la presunción del “peligro de fuga” de los procesados por este tipo de delitos….”.(subrayado y negrilla de este tribunal).

Precisamente en forma por demás sabia, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, deja abierta la posibilidad del otorgamiento de medidas en esta clase especial de delitos, al ratificar la potestad jurisdiccional de los jueces mediante la ponderación de las circunstancias del caso concreto, haciendo énfasis en que debemos los jueces desvirtuar la presunción de peligro de fuga. Siendo así, en el caso que nos ocupa encontramos que los hechos que dieron origen a la presente causa, en la que aparece incurso el acusado WILMER ALEXANDER ALARCÓN BRACAMONTE, se inició cuando funcionarios adscritos a la Policía del Estado Táchira, se encontraban realizado operativo de profilxis social cuando se trasladaron por el barrio Pedro Rafael Paéz específicamente donde se encuentra la cancha deportiva porque dentro de la misma se encontraba un ciudadano con una actitud sospechosa, el mismo notar la presencia policial, optó por corre, razón por la cual fue intervenido policialmente; el cual al ser revisado por los funcionarios se pudo detectar alrededor de la ingle dos bolsas de material sintético transparente una de regular tamaño, cerrado por su extremos abierto mediante sierre hermético exhibe en su parte superior una raya de color rojo, ambas contentiva en su interior de un polvo de color blanco de olor fuerte y penetrante presunta droga; motivo por el cual se produjo la detención del ciudadano, quedando identificado como WILMER ALEXANDER ALARCÓN BRACAMONTE.

Al folio 08 consta Experticia de Orientación, Pesaje y Certeza, Nro. 9700-134-LCT-404-11, practicada en fecha 09 de octubre de 2011, practicada por la experto Farm. Sofía Carrasquero Salcedo, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, practicada a: MUESTRA DOS (02) PEQUEÑAS BOLSAS, elaboradas en material sintético transparente, con cierre hermético, exhibe en su parte superior una raya de color rojo. Contentivo de POLVO HUMEDO DE COLOR BLANCO. Con un peso bruto de OCHO (08) GRAMOS CON QUINIENTOS TREINTA (530) MILIGRAMOS ( B. JADEVER); y realizada las Pruebas de Certeza arrojó como resultado resultó POSITIVO para CLORHIDRATO DE COCAINA.

Al folio 51, consta EXPERTICIA QUÍMICA Nro. 9700-134-LCT-4264-11, de fecha 18 de octubre de 2011, emitida por el Cuerpo de Investigaciones Científica Penales y Criminalísticas, el cual expone que se trata de un polvo de color blanco, con un peso bruto de 08 GRAMOS CON 530 MILIGRAMOS, y un peso neto de SIETE (07) GRAMOS CON NOVECIENTOS (900) MILIGARMOS, dando como resultado POSITIVO PARA COCAINA.

Así las cosas tenemos, que la cantidad incautada al acusado WILMER ALEXANDER ALARCÓN BRACAMONTE es mínima, pues se trata de: SIETE (07) GRAMOS CON NOVECIENTOS (900) MILIGARMOS, (B. JADEVER), y que en cuanto al daño que pueda ocasionar a los bienes jurídicos protegidos, no es relevante, pero si nos detenemos en el análisis de la presunción de peligro de fuga relacionada con el contenido del artículo 251 parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal, el prenombrado ciudadano es venezolano, y con residencia en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, tal y como se desprende en la audiencia de presentación del imputado, manifestó que su lugar de residencia es en Cristo Rey, casa 01-23, Barrio Rafael Páez, San Antonio Estado Táchira,, Municipio Bolívar, (fl. 17 y siguientes pieza N° 1); dibujándose con ello la idea clara este Tribunal, que sí posee arraigo en el país.

En el sentido que se trae, continuemos desmenuzando la aludida sentencia de la Sala Constitucional, que continuó diciendo:

“…Tampoco podría pensarse que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al instituir en su artículo 29, la prohibición de aplicar beneficios que puedan conllevar a la impunidad en la comisión de delitos de lesa humanidad, estaría derogando el principio de la presunción de inocencia, sino que al establecer la referida prohibición, se excepciona para esos casos el principio de juzgamiento en libertad, dada la magnitud del daño que dichos delitos conlleva y del bien jurídico tutelado en el tipo penal, como lo es la salud pública o colectiva en tanto derecho social fundamental conforme lo consagra el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; por lo que deben los jueces y juezas presumir, como se señaló, el “peligro de fuga” el imputado por dichos delitos. La negativa judicial a otorgar beneficios procesales obedece a la necesidad de impedir que se obstaculice la investigación y que tales delitos puedan quedar impunes…Así entonces, con base en la referida prohibición la Sala reitera que, para efectos de los delitos a los que hace referencia el artículo 29 Constitucional –delitos de lesa humanidad-, no es aplicable el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, ni las medidas cautelares sustitutivas a que hace referencia el Capítulo IV del Título VIII, del Libro Primero del referido Código Adjetivo; sin que ello suponga una presunción de culpabilidad de quien está siendo juzgado por la comisión de un delito de tal carácter, pues la imposición de una medida privativa preventiva de libertad, requiere el cumplimiento de las exigencias contenidas en el artículo 250 del señalado texto adjetivo penal, entre las cuales está la de comprobar la existencia de elementos de convicción que evidencien la presunta comisión del hecho punible, así como la presunta participación de la persona imputada en su comisión, y por último la existencia de “peligro de fuga” o de “obstaculización de la investigación”, tal y como lo disponen los artículos 251 y 252 ambos del texto adjetivo penal, que establecen entre otras circunstancias que se ha de estimar la posible pena a imponer y el daño ocasionado, todo ello con el fin de garantizar la prosecución del proceso, sin que necesariamente concluya con una sentencia condenatoria contra la persona que se investiga….”.(subrayado y negrillas de quien aquí decide)

Continuó señalando la sentencia:

“…Sin embargo, este derecho fundamental de la presunción de inocencia no implica necesariamente el juzgamiento en libertad del procesado, pues el mismo Texto Constitucional admite ciertas limitaciones, y conforme a ello nuestro ordenamiento jurídico legal vigente permite la posibilidad de decretar medidas cautelares personales -como la detención preventiva o detención provisional-, sin que ello signifique –se insiste- presumir la culpabilidad del imputado, porque tales medidas sirven precisamente para garantizar su comparecencia a todos los actos del proceso y lograr el esclarecimiento del delito investigado; garantizando así las resultas del proceso penal orientado en principios propios de un Estado de derecho; de allí que su dictamen sea imprescindible, claro está, siempre que tales medidas sean dictadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad... De lo que se trata en definitiva, es de proteger, por las características del bien jurídico, la generalización de hábitos contrarios a la salud de un inconcreto número de ciudadanos…”. (subrayado y negrillas de quien aquí decide).

El anterior extracto permite aún más consolidar la tesis de este tribunal, que SÏ existe la posibilidad de otorgar medidas cautelares sustitutivas, atendiendo a las particulares circunstancias de cada caso, para ello tenemos que aún cuando se trata de delitos de peligro, no se puede deslastrar el tribunal del daño efectivamente causado en cantidades pequeñas de droga, la magnitud del daño en este caso que nos ocupa, vendría en un principio, dada por el daño efectivamente causado, que al tratarse de una sustancia con peso neto de: SIETE (07) GRAMOS CON NOVECIENTOS (900) MILIGRAMOS, dando como resultado POSITIVO PARA COCAINA, tal como consta al folio 51, referente a la EXPERTICIA QUÍMICA Nro. 9700-134-LCT-4264-11, de fecha 18 de octubre de 2011, emitida por el Cuerpo de Investigaciones Científica Penales y Criminalísticas, considerada como dosis no ocasionaría perjuicio de un colectivo ostensiblemente alto, el daño NO es elevado, no pudiera sostenerse la tesis de que por ser pequeñas cantidades estaríamos en presencia de la generalización de hábitos contrarios a la salud de un inconcreto número de ciudadanos, ya que el derecho penal es de acto, de hecho y bajo el también principio de la pena humanitaria, por tanto debe no solo la participación del ciudadano, su grado, sino la proporcionalidad entre la cantidad de sustancia, el daño y la persona, por lo que cosa distinta se tratara al existir cantidades elevadas, que aún cuando no se encuentren en circulación, ello si afecta considerablemente bienes colectivos indeterminados e incuantificables, que pudiera constituirse en un daño temido y valorable a los efectos de la coerción personal.

En el presente caso el tipo penal señalado como Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes, no puede causar un gran daño, pues como se ha venido diciendo, la cantidad es considerada como dosis es ínfima, en relación con las cantidades que de Kilogramos y Toneladas que son incautadas a diario en nuestros diversos puntos de control, a lo que debe sumársele que siendo el verbo rector el de Ocultar, indudablemente que la droga no había salido a circulación, que a los fines de la medida de coerción personal se traduciría en un daño mínimo, que permite concretar bases sólidas de la tesis en el presente casi, al ser posible el otorgamiento de medidas cautelares sustitutivas, que se termina de fijar al revisar la misma Jurisprudencia Constitucional, que a la letra dijo: “…toda vez que su materialización comporta un gravísimo peligro a la salud física y moral de la población, con efectos devastadores en la familia, cuyos miembros-víctimas padecen los trastornos emocionales, psicológicos y económicos que ello conlleva….”; por lo que efectivamente para hablar de daño en pequeñas cantidades debe materializarse el mismo, de lo contrario la pena contendría ensañamiento tácito, de allí que la política criminal de corte represivo no puede generalizarse a todos los casos, sino por el contrario, individualizarlos, permitiendo garantizar el principio de legalidad, sin que ello raye en una falta de protección de la salud pública como interés colectivo.

Analizadas y evaluadas como fueron las presentes actuaciones, observa esta Juzgadora que aún cuando tiene señalada para sus infractores pena de prisión que en su límite máximo excede de Tres (3) años de prisión, inclusive los (10) Diez años, existe la factibilidad de considerar una medida cautelar sustitutiva a la privación, tomando en consideración que todo lo arriba expresado, al acusado de autos, quien es venezolano, tiene residencia en el país (Venezuela), tiene arraigo en el país, no hay elementos que demuestren el mal comportamiento del imputado como ciudadano, la existencia de un proceso anterior ni el mal comportamiento durante el proceso, aún cuando su aprehensión se produce en flagrancia, se requiere del juicio oral y público que permita consolidar la tesis del Ministerio público sobre el tipo penal, sin que para este momento exista duda de los elementos de convicción que obra en su contra por el tipo Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes, sin ser contradictorias ambas tesis ni excluirse mutuamente, lo que conduce a que por una parte se vea disminuido el peligro de fuga y pueda ser satisfecho el apego al proceso, mediante una medida de coerción personal, cautelar sustitutiva bajo ciertas condiciones.
Con base a estos razonamientos y ante la presencia del ciudadano WILMER ALEXANDER ALARCÓN BRACAMONTE, con residencia fija en el país; así mismo con base a los Principios de Presunción de Inocencia y de afirmación de Libertad, establecidos en los artículos 49 numeral 2 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, y artículos 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal; no evidenciándose el Peligro de fuga, ni de obstaculización del proceso, por parte del acusado, de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, se revisa la Medida de Coerción impuesta en fecha 11 de octubre de 2011 y en su defecto se decreta MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, al ciudadano WILMER ALEXANDER ALARCÓN BRACAMONTE, plenamente identificado en las presentes actuaciones, imponiéndoles las siguientes condiciones: 1.- Presentaciones ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial penal una (01) vez cada Ocho (08) días. 2.- Prohibición de salida del país y de circular por el Territorio Nacional, sin previa autorización de este Juzgado, 3.- El acusado deberá consignar Constancia de Residencia actualizada expedida por la Primera Autoridad Civil del Municipio donde reside, la cual se verificará. 4.- Presentarse al Tribunal cada vez que sea requerido para el juicio oral y publico. 5.- Prohibición de incurrir en nuevos hechos similares al presente o de otra naturaleza. 6.- Presentar un (01) custodio de nacionalidad venezolana y mayor de edad, que cumplan las siguientes condiciones: - Presentar cédula de identidad (original y copia) – Que resida en la Jurisdicción del Tribunal y consignar constancia emitida por la autoridad competente, la cual se verificará; - Constancia de Trabajo; - Constancia de buena conducta. El custodio mediante acta compromiso, deberán Presentar al acusado cada vez que sea requerido; - Notificar cualquier cambio de domicilio del mismo, - Que el acusado cumpla con cada una de las condiciones impuestas; - 7.- Notificar cualquier cambio de domicilio. Todo lo anterior de conformidad con el Artículo 256 numerales 2, 3, 4 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

III
Por las razones antes expuestas, ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, EXTENSION SAN ANTONIO, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:
UNICO: SE REVISA LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD Y SE OTORGA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, solicitada por el Abogada, CARLOS LABERTO ARGUELLO COLMENARES, en su carácter de defensor técnico del ciudadano WILMER ALEXANDER ALARCÓN BRACAMONTE, de nacionalidad venezolana, natural de San Antonio Estado Táchira, nacido en fecha 26 de Enero de 1983, de 18 años de edad, hijo de Wilmar Alarcón (f) y de Judith Francisca Bracamonte (v), titular de la cédula de identidad V- 26.156.241, soltero, de profesión u oficio obrero, residenciado en Cristo Rey, casa 01-23, Barrio Rafael Páez, San Antonio Estado Táchira, teléfono 0426-9356483; .a quien se le sigue el presente asunto penal, por la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano; bajo las siguientes condiciones:
1.- Presentaciones ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial penal una (01) vez cada Ocho (08) días. 2.- Prohibición de salida del país y de circular por el Territorio Nacional, sin previa autorización de este Juzgado, 3.- El acusado deberá consignar Constancia de Residencia actualizada expedida por la Primera Autoridad Civil del Municipio donde reside, la cual se verificará. 4.- Presentarse al Tribunal cada vez que sea requerido para el juicio oral y publico. 5.- Prohibición de incurrir en nuevos hechos similares al presente o de otra naturaleza. 6.- Presentar un (01) custodio de nacionalidad venezolana y mayor de edad, que cumplan las siguientes condiciones: - Presentar cédula de identidad (original y copia) – Que resida en la Jurisdicción del Tribunal y consignar constancia emitida por la autoridad competente, la cual se verificará; - Constancia de Trabajo; - Constancia de buena conducta. El custodio mediante acta compromiso, deberán Presentar al acusado cada vez que sea requerido; - Notificar cualquier cambio de domicilio del mismo, - Que el acusado cumpla con cada una de las condiciones impuestas; - 7.- Notificar cualquier cambio de domicilio.
Trasládese al acusado de autos a fin de imponerlo de la presente decisión. Líbrense la respectiva boleta de libertad una vez satisfechas las condiciones impuestas.
Notifíquese a las partes, regístrese y déjese copia en el archivo del Tribunal.

ABG. MARLENY MAYLET CARDENAS CORREA
JUEZA TEMPORAL SEGUNDO EN FUNCIÓN DE JUICIO

ABG. NEYDA ANGELICA TUBIÑEZ CONTRERAS
LA SECRETARIA

SP11-P-2011-002405/19-03-2012/MMCC