REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SEGUNDO EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTOBAL, TORBES, CARDENAS, GUASIMOS, FERNANDO FEO, LIBERTADOR Y ANDRÉS BELLO

En el día de hoy, jueves veintinueve de marzo de dos mil doce, siendo las 5:00 de la tarde, se trasladó y constituyó este JUZGADO SEGUNDO EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL, TORBES, CÁRDENAS, GUÁSIMOS, ANDRÉS BELLO, FERNÁNDEZ FEO Y LIBERTADOR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, previa habilitación del tiempo necesario junto con los abogados WENDY D. GUERRERO L., ELIANA DEL MAR VELÀSQUEZ DE GUTIERREZ y BENAVIDES LIZARAZO RENZO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 89.954, 67.369 y 48.448, quienes actúan con el carácter de Procuradores de Trabajadores en el Estado Táchira, y apoderados de la Parte Accionante, ciudadanos: RAFAEL ALFONSO SALAZAR ARDILA, CARMEN DILIA LEAL DE MORA, SALOMÓN VEGA VEGA, ISELA REYES SANDOVAL, JOSÉ ERASMO LÓPEZ LAGUADO, ANA DEL CARMEN CELIS IBAÑEZ y JACINTO IBAÑEZ DELGADO, titulares de las Cédulas de Identidad N°s. V-5.653.723, V-10.145.638, V-22.176.459, V-9.220.125, V-5.739.452, V-10.172.425 y V-5.645.162 respectivamente; è indicó a este Tribunal la siguiente dirección: Sede de la Gobernación del Estado Táchira, Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la calle 5 con carrera 10 y 11, de esta ciudad de San Cristóbal Estado Táchira, a fin de dar cumplimiento a la comisión conferida por el JUZGADO SUPERIOR CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN LOS ANDES, la cual consiste en la EJECUCIÓN FORZOSA decretada en el ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por los ciudadanos: RAFAEL ALFONSO SALAZAR ARDILA, CARMEN DILIA LEAL DE MORA, SALOMÓN VEGA VEGA, ISELA REYES SANDOVAL, JOSÉ ERASMO LÓPEZ LAGUADO, YRIS JEANETH PAZ MONTAÑEZ, ANA DEL CARMEN CELIS IBAÑEZ y JACINTO IBAÑEZ DELGADO, en el expediente N° 7766-2009 que cursa por ante el Juzgado de la Causa. Acompañan al Tribunal el funcionario policial CHARLES VICTOR MORA DÍAZ, placa 1439, y el Alguacil Titular de este Tribunal, ciudadano: CARLOS IVÀN GARCÌA GUERRERO, titular de la Cèdula de Identidad Nº V-11.372.913. Se encuentra presente el ciudadano: DAVID AUGUSTO NIÑO ANDRADE, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.212.245 en su carácter de Procurador General del Estado Táchira, según decreto N° 158 de fecha 24 de febrero de 2009, publicado en Gaceta Oficial del Estado Táchira Número extraordinario N° 2369, el Abogado JUAN JOSÈ MATIGUAN DÌAZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.102.277 è inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 91.185 en su condición de Apoderado Judicial del Ejecutivo del Estado Táchira, según se evidencia de instrumento Poder otorgado por ante la Notaría Pública Primera de San Cristóbal, Estado Táchira, de fecha 02 de noviembre de 2010, inserto bajo el Nº 17, Tomo 245 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaria, el cual se anexa en copia fotostática simple, constante de dos folios útiles. Igualmente se encuentra presente el ciudadano: CARLOS JULIO RIVAS MEDINA, titular de la Cedula de Identidad Nº V-4.110.099 con el carácter de Director de Personal del Ejecutivo del Estado Táchira. En este estado el Tribunal procede a dar cumplimiento a la comisión conferida por el Juzgado Comitente, para lo cual impone al ciudadano Procurador General del Estado Táchira, ya identificado, la obligatoriedad que tiene la Gobernación del Estado Táchira de dar cumplimiento y acato inmediato a la Acción Amparo Constitucional declarada con lugar por el JUZGADO SUPERIOR CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN LOS ANDES, a favor de los ciudadanos: RAFAEL ALFONSO SALAZAR ARDILA, CARMEN DILIA LEAL DE MORA, SALOMÓN VEGA VEGA, ISELA REYES SANDOVAL, JOSÉ ERASMO LÓPEZ LAGUADO, YRIS JEANETH PAZ MONTAÑEZ, ANA DEL CARMEN CELIS IBAÑEZ y JACINTO IBAÑEZ DELGADO, ya identificados, la cual ordena el cumplimiento inmediato a la Providencia Administrativa N° 317-2009 dictada por la Inspectoría del Trabajo General Cipriano Castro del Estado Táchira, de fecha 19 de marzo de 2009 en todas y cada una de sus partes; advirtiéndole que el presente Amparo Constitucional debe ser acatado, so pena de incurrir en desacato de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en consecuencia los Querellantes deben ser incorporados inmediatamente a sus funciones normales en las mismas condiciones que venían desempeñando, así como el pago de los salarios y demás conceptos laborales dejados de percibir. En este estado solicitó el derecho de palabra el ciudadano Procurador General del Estado Táchira, ya identificado, y concedido como le fue expuso: “En mi condición de Procurador me doy por notificado de la finalidad de este acto y manifiesto que la conducta del Gobierno Democrático del Estado Táchira ha sido de acatar las decisiones de los órganos competentes, por lo que estamos dispuestos a dar cumplimiento a las Providencias emanadas de la Inspectoria del Trabajo, en los términos en ella expresado, bien sea mediante la reposición de los trabajadores a los puestos que venían desempeñando en las mismas condiciones que tenían o bien en el caso de que éstos renuncien al reenganche proceder al pago de sus respectivos derechos. Con respecto a las condiciones de trabajo se verificarán los requisitos para éstas y se procederá al cálculo por lo adeudado por conceptos laborales, para cuyo pago nos acogemos a las disposiciones de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado Táchira. Tengo entendido y pido que así lo confirmen los ciudadanos Procuradores del Trabajo que los ciudadanos: CARMEN DILIA LEAL DE MORA, ANA DEL CARMEN CELIS DE IBAÑEZ y JACINTO IBAÑEZ DELGADO, han renunciado al reenganche y piden el pago de sus conceptos laborales, es todo”. En este estado solicitaron el derecho de palabra los Procuradores de Trabajo del Estado Táchira, ya identificados, y concedido como les fue expusieron: “Oída la exposición del Procurador General del Estado Táchira manifestamos nuestra conformidad con respecto al acatamiento de la orden de reenganche por cuanto se trata de Amparo que protege el derecho constitucional al trabajo, en razón de ello se debe acatar la orden de reenganche para el cargo que venían desempeñando cada trabajador, así tenemos para el ciudadano: RAFAEL ALFONSO SALAZAR ARDILA, en el cargo de Vigilante; SALOMÒN VEGA VEGA, en el cargo de Obrero; ISELA REYES SANDOVAL, en el cargo de Asistente Bibliotecaria y JOSÈ ERASMO LÒPEZ LAGUADO, en el cargo de Bedel, lo cual debe cumplirse de manera inmediata. Ahora bien, con respecto al pago de los salarios caídos, beneficio de alimentación y demás conceptos laborales, se solicita el pago desde la fecha correspondiente al despido tal como quedó establecido en la Providencia Administrativa por tratarse de un crédito privilegiado a favor de los trabajadores. Con respecto a los ciudadanos: CARMEN DILIA LEAL DE MORA, ANA DEL CARMEN CELIS DE IBAÑEZ y JACINTO IBAÑEZ DELGADO, manifiestan de manera voluntaria su deseo de no continuar con la Acción de Amparo ya que ellos mismos han manifestado en este acto su derecho a reclamar el pago de prestaciones, beneficio de alimentación, salarios caídos y demás derechos patrimoniales, tomando en cuenta que su fecha de terminación de la relación laboral es el día de hoy, 29 de marzo de 2012. Asimismo dejamos constancia con respecto a la ciudadana: YRIS JEANETH PAZ MONTAÑEZ nos reservamos el derecho de proceder a la ejecución forzosa de la misma, en virtud de que no compareció al acto de hoy, es todo”. El Tribunal deja constancia que los ciudadanos CARMEN DILIA LEAL DE MORA, ANA DEL CARMEN CELIS DE IBAÑEZ y JACINTO IBAÑEZ DELGADO, ya identificados, expresaron su voluntad frente a este Tribunal y en este mismo acto de no acogerse al reenganche al cargo que venían ejerciendo, pero sì al cobro de todos los conceptos patrimoniales y salariales dejados de percibir derivados de la relación laboral y aquellos que se le hayan privado por el curso del presente procedimiento, en consecuencia a partir de la presente fecha quedan reenganchados los ciudadanos: RAFAEL ALFONSO SALAZAR ARDILA, SALOMÒN VEGA VEGA, ISELA REYES SANDOVAL y JOSÈ ERASMO LÒPEZ LAGUADO, ya identificados, a sus funciones normales en las mismas condiciones en que venían desempeñando para el momento del despido, debiendo la Gobernación del Estado Táchira proceder al pago de los salarios caídos y demás conceptos patrimoniales conforme lo ordena el Tribunal de la Causa. Asimismo este Tribunal acuerda expedir dos (2) juegos de copias certificadas de la presente acta y hacer entrega de las mismas a ambas partes, para fines legales consiguientes. Es todo. No siendo más el Tribunal concluye el acto a las 6:30 p.m. y regresa a su sede. Terminó, se leyó y conformes firman. LA JUEZA TITULAR, ABG. ROSA MIREYA CASTILLO QUIROZ. LA PARTE ACCIONANTE, RAFAEL ALFONSO SALAZAR ARDILA CARMEN DILIA LEAL DE MORA SALOMÓN VEGA VEGA ISELA REYES SANDOVAL JOSÉ ERASMO LÓPEZ LAGUADO ANA DEL CARMEN CELIS IBAÑEZ JACINTO IBAÑEZ DELGADO LOS PROCURADORES DE TRABAJADORES DEL ESTADO TÁCHIRA, ABG. WENDY D. GUERRERO L. ABG. ELIANA DEL MAR VELÁSQUEZ ABG. BENAVIDES LIZARAZO RENZO EL FUNCIONARIO POLICIAL, Cabo 1° CHARLES VICTOR MORA DÍAZ EL ALGUACIL TITULAR, CARLOS IVÀN GARCÌA GUERRERO EL NOTIFICADO Y PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ABG. DAVID AUGUSTO NIÑO ANDRADE EL APODERADO JUDICIAL DEL EJECUTIVO DEL ESTADO TÀCHIRA, ABG. JUAN JOSÈ MATIGUAN DÌAZ EL DIRECTOR DE PERSONAL, CARLOS JULIO RIVAS MEDINA LA SECRETARIA, HAYDEÉ SOCORRO MORENO