TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Táchira, 6 de Junio de 2012
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2012-001275
ASUNTO : SP11-P-2012-001275

RESOLUCION

Celebrada como ha sido la audiencia de calificación de flagrancia en el presente asunto, se pasa a dictar el correspondiente auto fundado, en virtud de ello, el Tribunal, cumplidas las formalidades de ley, oída la solicitud efectuada por la Representante Fiscal, lo expuesto por el imputado y lo alegado y solicitado por la defensa, efectuó las siguientes consideraciones para motivar su decisión que, de conformidad con el artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal, es del tenor siguiente:

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

JUEZ: ABG. JERSON QUIROZ RAMÍREZ
FISCAL: ABG. HENRY ALEXANDER FLORES RONDON
SECRETARIA: ABG. JANICE ABREU DE LOPEZ.
IMPUTADO: RICARDO ANDRES PEÑARANDA ORTEGA
DEFENSOR: ABG. SANDRO JOSÉ MÁRQUEZ MONSALVE
DELITO: APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE ROBO, previsto y sancionado en el articulo 9 de la Ley sobre Robo y Hurto de Vehículos.

DE LOS HECHOS

Los hechos objeto de la presente causa penal, ocurrieron conforme se desprende del ACTADE INVESTIGACION PENAL, por parte de los funcionarios adscritos a la Primera Compañía del Destacamento de Fronteras Niro. 11 del Comando Regional Niro. 1 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, quienes dejaron constancia de la siguiente diligencia: En el día de hoy 08 de mayo del presente año, Siendo aproximadamente las 08:00 horas de la noche, encontrándose el funcionario de comisión de servicio en el punto de control de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, específicamente en el canal norte con sentido San Antonio–Cúcuta de la Republica de Colombia, observo acercarse al punto de control un vehículo tipo grúa de color blanco tipo plataforma, en la cual transportaba un vehiculo marca Chevrolet, color blanco, indicándole al ciudadano conductor del vehiculo, identificándose con una cedula de identidad de la Republica de Colombia, con una fotografía cuyos rasgos fisonómicos concuerdan con el ciudadano que la presenta y donde se indica como titular de la misma al ciudadano: LUIS ABELARDO AYALA RODRIGUEZ, titular de la cedula de identidad Niro. 13.304.352, de 44 años de edad, estado civil soltero, alfabeta, de ocupación u oficio grueso, de fecha de nacimiento 10-11-1967, natural de San Cristóbal, Estado Táchira y residenciado actualmente en el sector 1, parte alta, casa Niro. 06 San Josecito Estado Táchira, teléfono 0424-7233374, conductor del vehiculo con las siguientes características: Marca Mitsubishi, modelo Canter, color Blanco, año 1994, placa A01AS3S, manifestando el mencionado ciudadano que le estaba prestando un servicio al ciudadano quien venia acompañándolo, procediendo a identificar a dicho ciudadano, quien se identifico con una cedula de identidad de la Republica Bolivariana de Venezuela para extranjeros en condición de residente con su fotografía cuyos rasgos fisonómicos concuerdan con el ciudadano que la presenta y donde se indica como titular al ciudadano: RICARDO ANDRES PEÑARANDA ORTEGA, de nacionalidad extranjero, titular de la cedula de identidad Niro. V-84.361.684, de 48 años de edad, fecha d nacimiento 10-06-1964, soltero, alfabeta, no reservista, de profesión u oficio comerciante independiente, natural de Sardinata, norte de Santander de la Republica de Colombia, teléfonos 0057-3212425543, quien manifestó ser el propietario del vehiculo con las siguientes características: Marca Chevrolet, Modelo Aveo, Placa AB878AK, serial de carrocería 8Z1TJ51618V371991, serial de motor 18V371991, año 2008, color Blanco, clase Automóvil, tipo Sedan, uso Particular, axial mismo me entrego los siguientes documentos: 1.- copia fotostática de un certificado de registro de vehiculo signado con el numero 27375128, a nombre del ciudadano ALBEIRO BERMUDEZ SANCHEZ, titular de la cedula de identidad Nro. V-23.214.269, de fecha 21 de octubre de 2011, el cual ampara la propiedad del referido vehiculo. 2.- original de documento notariado donde el ciudadano ALBEIRO BERMUDEZ SANCHEZ, titular de la cedula de identidad Nro. V-23.214.269, da un poder amplio y suficiente al ciudadano RICARDO ANDRES PEÑARANDA ORTEGA, de nacionalidad extranjero, titular de la cedula de identidad Nro. V-84.361.684. Seguidamente de acuerdo a lo establecido en el articulo 205 y 207 del Código Orgánico Procesal Penal, se procedió a efectuar una inspección minuciosa a los seriales de identificación de referido vehiculo, donde pude observar que el mismo presenta presunta suplantación y alteración de seriales, por lo que se traslado el vehiculo al estacionamiento del puesto de comando de la Primera Compañía, una vez allí, en vista de tal se situación , se procedió a apoyarse con el equipo de diagnostico escáner marca maxiscan MS509 OBDII/EOBD, conectándolo al computador del referido vehiculo, donde arrojo el siguiente serial 8Z1TJ51626V314860, se procedió a realizar llamada telefónica a la Brigada de vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede Peracal, Municipio Bolívar del Estado Táchira, siendo atendido por el funcionario de guardia para ese momento la ciudadana Obsalida Cárdenas, a quien se le solicito información acerca del serial 8Z1TJ51626V314860, obtenido durante la operación con el equipo de diagnostico, quien informo que el referido serial corresponde a un vehiculo con las siguientes características: marca Chevrolet, modelo Aveo, clase Automóvil, tipo Sedan, uso Particular, año 2006, serial de motor 26V314860, color Plata y las placas matriculas que le corresponde según el enlace SIIPOL son MEH87Y, referido vehiculo se encuentra solicitado por la división de investigaciones contra el hurto de vehículos, Caracas distrito Federal, de fecha 21MAR2001, por el delito de hurto, axial mismo siendo aproximadamente las 09:30 horas de la noche se procedió según el articulo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, a darle lectura a los derechos al ciudadano RICARDO ANDRES PEÑARANDA ORTEGA, de nacionalidad extranjero, titular de la cedula de identidad N° 84.361.684 y acta de retención preventiva, posteriormente se le notifico al Abg. Carlos Zambrano, Fiscal Auxiliar Vigésimo Quinto del Ministerio Publico.

DE LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS:

Al los folios cinco (05) y seis (06) riela agregado Constancia de Lectura de Derechos del Imputado al ciudadano RICARDO ANDRES PEÑARANDA ORTEGA.

Al folio siete (07) riela agregado Acta de retención Preventiva de Vehiculo Automotor Marca Chevrolet, Modelo Aveo, Placa AB878AK, serial de carrocería 8Z1TJ51618V371991, serial de motor 18V371991, año 2008, color Blanco, clase Automóvil, tipo Sedan, uso Particular.

Al folio nueve (09) riela agregado copia fotostática de Cedula de Identidad del ciudadano RICARDO ANDRÉS PEÑARANDA ORTEGA.

Al folio diez (10) riela agregado Acta de Entrevista al ciudadano LUIS ABELARDO AYALA RODRIGUEZ

Al folio once (11) riela agregado copia fotostática de Certificado de Registro de Vehiculo a nombre de ALBEIRO BERMUDEZ SANCHEZ.
6.- Al folio trece (13) riela agregado valoración Medica del ciudadano RICARDO ANDRÉS PEÑARANDA ORTEGA.

Al folio veinticinco (25) riela agregado Poder Especial para gestionar traspaso del vehiculo Automotor Marca Chevrolet, Modelo Aveo, Placa AB878AK, serial de carrocería 8Z1TJ51618V371991, serial de motor 18V371991, año 2008, color Blanco, clase Automóvil, tipo Sedan, uso Particular.

A los folios veintinueve (29) y treinta (30) riela agregado Reseña Fotográfica donde se puede apreciar en la parte superior el equipo de diagnostico escáner marca maxiscan MS509 OBDII/EOBD y en la parte inferior una vista de la parte izquierda delantera de una vehiculo tipo grúa sobre el cual se encuentra un vehiculo automotor color blanco. En la siguiente fotografía ubicada en la parte superior de la pagina se aprecia la parte delantera de un vehiculo color blanco cuyas placas son AB878AK y en la parte inferior una fotografía donde se muestra la parte trasera de un vehiculo color blanco en medio de otros vehículos automotores.

DE LA AUDIENCIA

Por tales hechos, este Tribunal, fijó Audiencia, en la que la Representante del Ministerio Público, hizo una exposición sucinta de las circunstancias de tiempo modo y lugar en la que ocurrieron los hechos y señala los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales basa la solicitud de calificación de flagrancia del imputado RICARDO ANDRES PEÑARANDA ORTEGA, de nacionalidad colombiana, natural del Sardinata, Departamento Norte de Santander, titular de la cédula de identidad Nº E-84.361684, nacido en fecha 10 de junio de 1964, de 48 años de edad, soltero, hijo de Carlos Julio Peñaranda (f) y de Rita Ortega (v), de profesión u oficio comerciante; residenciado en la calle 22 No 2-78 Barrio García Herreros, Cúcuta 0424 3299420, Departamento Norte de Santander, República de Colombia, y/o Zona Industrial Aguas Calientes Parcela No 8, Lote No 41, teléfono 0424 3299420, por la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE ROBO, previsto y sancionado en el articulo 9 de la Ley sobre Robo y Hurto de Vehículos, por consiguiente solicita se informe al imputado, el hecho punible que se le atribuye, así como las alternativas a la prosecución del proceso; así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, se le oiga, previo el cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 131 ibídem se califique la aprehensión como flagrante conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, ordene la prosecución de la presente causa por los tramites del procedimiento ordinario, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, se decrete de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por su parte, el imputado RICARDO ANDRES PEÑARANDA ORTEGA, impuestos del precepto constitucional del artículo 49 ordinal 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, de las alternativas a la prosecución del proceso, consistentes en el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, previstas en los artículos 37 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, así como del procedimiento especial por admisión de hechos, establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestó SI querer declarar y al efecto expuso de forma libre, voluntaria, espontánea y sin coacción de ninguna naturaleza expuso: “No deseo declarar, es todo”

El defensor privado Abg. Sandro José Márquez Monsalve; realizó sus alegatos de defensa, aduciendo entre otras cosas que se adhiere a la solicitud de medida cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva, manifestando que en torno al señalamiento del delito de Aprovechamiento de Vehículo Proveniente de Hurto o Robo, refiere que su patrocinado no tenía conocimiento de que el vehiculo estaba solicitado, aduciendo que posee lo documentos que demuestran la tradición legal del referido vehículo los cuales consigna en este acto en original, por lo que refiere fue sorprendido en su buena fe, del mismo modo consigan en este acto copia simple del acta constitutiva y RIF de la empresa Materiales Recuplast.

DE LA APREHENSIÓN

El artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:

Artículo 44 “.....Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden Judicial a menos que sea sorprendido in fraganti, en este caso, será llevado a una autoridad policial Judicial...”.

En el presente caso no existiendo Orden Judicial, se hace necesario analizar las circunstancias del delito flagrante. Al efecto el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, señala:

Artículo 248. “Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos de los Estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado”

En el anterior dispositivo se establecen los supuestos o conductas típicas para calificar como flagrante a un delito. En primer lugar requiere que el sujeto sea detenido cuando está cometiendo un hecho, se trata entonces, de la captura e identificación del delincuente en plena comisión del hecho, es lo que la doctrina llama FLAGRANCIA REAL; de igual manera se admite la flagrancia cuando el sujeto es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, como producto de una persecución ininterrumpida de las autoridades o del público, que no le hayan perdido de vista, es la llamada FLAGRANCIA EX POST IPSO O CUASIFLAGRANCIA; y por último cuando se practica la detención de una persona con instrumentos o cosas provenientes del delito, tiempo después de haber cesado la persecución o sin que esta haya existido, conocida como FLAGRANCIA PRESUNTA A POSTERIORI; por cierto, figura esta muy cuestionada debido a que la flagrancia está determinada por la posesión de los objetos provenientes del delito y no en cuanto a la participación del sujeto en el hecho.

Como se expresó, la ley adjetiva penal ordinaria venezolana en su artículo 248, dispone tres supuestos bajo los cuales puede considerarse como flagrante la aprehensión de un imputado, ellos son: 1) La aprehensión cuando se esta cometiendo o se acaba de cometer un delito. 2) La aprehensión cuando el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, ante la presunta comisión de un delito. Y 3) La aprehensión cuando se sorprende al sospechoso a poco de haber cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.

Conocidas las circunstancias bajo las cuales el legislador patrio considera que una aprehensión es en estado flagrancia, pasamos inmediatamente a examinar las actuaciones consignadas por el Ministerio Público, ante la oficina de alguacilazgo para determinar si están o no presentes algunas de esas circunstancias.

En el caso in examine, se observa que os hechos objeto de la presente causa penal, ocurrieron conforme se desprende del ACTA DE INVESTIGACION PENAL, suscrita por funcionarios adscritos a la Primera Compañía del Destacamento de Fronteras Niro. 11 del Comando Regional Niro. 1 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, quienes dejaron constancia de la siguiente diligencia: En el día de hoy 08 de mayo del presente año, Siendo aproximadamente las 08:00 horas de la noche, encontrándose el funcionario de comisión de servicio en el punto de control de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira, específicamente en el canal norte con sentido San Antonio – Cúcuta de la Republica de Colombia, observo acercarse al punto de control un vehiculo tipo grúa de color blanco tipo plataforma, en la cual transportaba un vehiculo marca Chevrolet, color blanco, indicándole al ciudadano conductor del vehiculo, identificándose con una cedula de identidad de la Republica de Colombia, con una fotografía cuyos rasgos fisonómicos concuerdan con el ciudadano que la presenta y donde se indica como titular de la misma al ciudadano: LUIS ABELARDO AYALA RODRIGUEZ, titular de la cedula de identidad Niro. 13.304.352, de 44 años de edad, estado civil soltero, alfabeta, de ocupación u oficio grueso, de fecha de nacimiento 10-11-1967, natural de San Cristóbal, Estado Táchira y residenciado actualmente en el sector 1, parte alta, casa Niro. 06 San Josecito Estado Táchira, teléfono 0424-7233374, conductor del vehiculo con las siguientes características: Marca Mitsubishi, modelo Canter, color Blanco, año 1994, placa A01AS3S, manifestando el mencionado ciudadano que le estaba prestando un servicio al ciudadano quien venia acompañándolo, procediendo a identificar a dicho ciudadano, quien se identifico con una cedula de identidad de la Republica Bolivariana de Venezuela para extranjeros en condición de residente con su fotografía cuyos rasgos fisonómicos concuerdan con el ciudadano que la presenta y donde se indica como titular al ciudadano: RICARDO ANDRES PEÑARANDA ORTEGA, de nacionalidad extranjero, titular de la cedula de identidad Niro. V-84.361.684, de 48 años de edad, fecha d nacimiento 10-06-1964, soltero, alfabeta, no reservista, de profesión u oficio comerciante independiente, natural de Sardinata, norte de Santander de la Republica de Colombia, teléfonos 0057-3212425543, quien manifestó ser el propietario del vehiculo con las siguientes características: Marca Chevrolet, Modelo Aveo, Placa AB878AK, serial de carrocería 8Z1TJ51618V371991, serial de motor 18V371991, año 2008, color Blanco, clase Automóvil, tipo Sedan, uso Particular, axial mismo me entrego los siguientes documentos: 1.- copia fotostática de un certificado de registro de vehiculo signado con el numero 27375128, a nombre del ciudadano ALBEIRO BERMUDEZ SANCHEZ, titular de la cedula de identidad Nro. V-23.214.269, de fecha 21 de octubre de 2011, el cual ampara la propiedad del referido vehiculo. 2.- original de documento notariado donde el ciudadano ALBEIRO BERMUDEZ SANCHEZ, titular de la cedula de identidad Nro. V-23.214.269, da un poder amplio y suficiente al ciudadano RICARDO ANDRES PEÑARANDA ORTEGA, de nacionalidad extranjero, titular de la cedula de identidad Nro. V-84.361.684. Seguidamente de acuerdo a lo establecido en el articulo 205 y 207 del Código Orgánico Procesal Penal, se procedió a efectuar una inspección minuciosa a los seriales de identificación de referido vehiculo, donde pude observar que el mismo presenta presunta suplantación y alteración de seriales, por lo que se traslado el vehiculo al estacionamiento del puesto de comando de la Primera Compañía, una vez allí, en vista de tal se situación , se procedió a apoyarse con el equipo de diagnostico escáner marca maxiscan MS509 OBDII/EOBD, conectándolo al computador del referido vehiculo, donde arrojo el siguiente serial 8Z1TJ51626V314860, se procedió a realizar llamada telefónica a la Brigada de vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede Peracal, Municipio Bolívar del Estado Táchira, siendo atendido por el funcionario de guardia para ese momento la ciudadana Obsalida Cárdenas, a quien se le solicito información acerca del serial 8Z1TJ51626V314860, obtenido durante la operación con el equipo de diagnostico, quien informo que el referido serial corresponde a un vehiculo con las siguientes características: marca Chevrolet, modelo Aveo, clase Automóvil, tipo Sedan, uso Particular, año 2006, serial de motor 26V314860, color Plata y las placas matriculas que le corresponde según el enlace SIIPOL son MEH87Y, referido vehiculo se encuentra solicitado por la división de investigaciones contra el hurto de vehículos, Caracas distrito Federal, de fecha 21MAR2001, por el delito de hurto, axial mismo siendo aproximadamente las 09:30 horas de la noche se procedió según el articulo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, a darle lectura a los derechos al ciudadano RICARDO ANDRES PEÑARANDA ORTEGA, de nacionalidad extranjero, titular de la cedula de identidad N° 84.361.684 y acta de retención preventiva, posteriormente se le notifico al Abg. Carlos Zambrano, Fiscal Auxiliar Vigésimo Quinto del Ministerio Publico.

Este juzgador una vez analizados los fundados elementos de convicción presentados por el Ministerio Público en la audiencia celebrada, así como fundamentos jurídicos de su solicitud, considera que se encuentran llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto de las diligencias de investigación, especialmente del Acta de Investigación Penal, de fecha 08 de mayo de 2012 suscrita por funcionarios adscritos funcionarios adscritos al Destacamento de Fronteras N° 11 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, en la cual refieren como se produjo la aprehensión del imputado luego de verificar que el vehículo que trasladaba se encuentra solicitado por el delito de hurto, según reporte de solicitud, al sistema S.I.I.C.O.P.O.L., en el que se verifica el estatus de “solicitado por hurto” del vehiculo Marca Chevrolet, Modelo Aveo, Placa AB878AK, serial de carrocería 8Z1TJ51618V371991, serial de motor 18V371991, año 2008, color Blanco, clase Automóvil, tipo Sedan, uso Particular, del acta de retención y de las fijaciones fotográficas tomadas en la presente causa; se observa que el imputado de autos fue detenido en el momento de ocurrir el hecho con objetos que de alguna manera hacen presumir con fundamento serio que él pudiera ser autor del mismo; como quiera que la solicitud fiscal a comprendido la presentación del imputado y la petición de calificación de flagrancia, basta entonces contrastar los hechos con la norma prevista del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, para necesariamente concluir que estamos en presencia del delito flagrante, que se tipifica, como quedo sentado ut supra De tal manera que los hechos anteriormente relacionados, evidencian que la conducta desplegada por el ciudadano RICARDO ANDRES PEÑARANDA ORTEGA, se subsume en la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE ROBO, previsto y sancionado en el articulo 9 de la Ley sobre Robo y Hurto de Vehículos, en perjuicio de la propiedad privada; en consecuencia la aprehensión del ciudadano RICARDO ANDRES PEÑARANDA ORTEGA, es legal de conformidad con lo previsto en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en su artículo 44 numeral 1, en concordancia con lo establecido en el en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Calificada como ha sido la flagrancia en la presente causa, corresponde a quien aquí decide resolver sobre el procedimiento a seguir, en tal sentido se deben hacer las siguientes consideraciones: 1.- Ha sido Jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que si hay que verificar algunas circunstancias fuera del hecho flagrante la posibilidad de un procedimiento abreviado desaparece y es en este momento cuando el Fiscal debe solicitar el procedimiento ordinario a fin de salvaguardar los derechos procesales del imputado y averiguar mejor la conexión del delito o la existencia de una posible conspiración o cualquier otra causa que se necesite dilucidar mejor. 2.- De otro lado tenemos que el Ministerio Público ha solicitado la continuación de la causa por el procedimiento ordinario, entendiendo este Juzgador que es el Ministerio Público el titular de la acción y es quien sabe y mantiene la estrategia de su investigación, reconociéndose que el Ministerio Público en este caso ha considerado que hay circunstancias que clarificar en la búsqueda de la verdad, por cuanto las actuaciones consignadas como elementos de convicción ante este Tribunal no son suficientes para producir el acto conclusivo correspondiente, por tales razones acogiendo lo señalado por la jurisprudencia patria y la solicitud del Ministerio Público, se ordena la prosecución de la presente causa mediante el procedimiento ordinario debiéndose remitir las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público correspondiente, una vez vencido el lapso de ley, a los fines legales consiguientes. Así se decide.

DE LA MEDIDA DE COERCION PERSONAL

Nuestro actual sistema penal acusatorio se funda en el principio de la presunción de inocencia, que constituye una regla imperativa del ordenamiento procesal que prohíbe a los órganos del Estado y a los particulares, dar un tratamiento como si estuviere condenado por sentencia firme. Entre los principios esenciales y específicos del proceso penal éste es el más importante, ya que determina el estado procesal del encausado durante la investigación. La presunción de inocencia entra en colisión con la detención preventiva en el proceso penal, ya que en los sistemas procesales caracterizados por el respeto a la dignidad y a los derechos humanos, la privación judicial de libertad es de carácter excepcional pues se trata de una medida extrema de aseguramiento del imputado, ya que allí el interés colectivo debe privar ante el interés del imputado. La presunción de inocencia está regulada constitucionalmente en el ordinal 2° del artículo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y está ratificada en el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 8, y en la práctica se concreta en la obligación que tiene toda parte acusadora de probar, más allá de toda duda razonable la culpabilidad del acusado, la garantía irrestricta de su derecho a la defensa y en la prohibición de adoptar contra el imputado, cualquier medida cautelar que pudiera convertirse en irreparable, y equiparable en un fallo definitivo de culpabilidad, como puede ser una privación de libertad prolongada. Como solución a los excesos que pueden cometerse en orden a la limitación de la libertad del imputado y la posible colisión con el principio de presunción de inocencia, el Código Orgánico Procesal Penal establece en su artículo 9 el principio de afirmación de libertad el cual dispone:

“Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.
Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución.”

Conforme se desprende de lo antes expuesto y de la norma citada ut supra, resulta innegable que todo imputado tiene el derecho de ser juzgado en libertad y que el Estado debe tomar todas las previsiones posibles para que se materialice este derecho. Sin embargo, tal derecho comporta determinadas excepciones que no solamente son reconocidas en la Constitución (artículo 44.1 parte in fine); también las prevén los tratados internacionales sobre derechos humanos que constituyen derecho positivo en Venezuela, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7.2) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 9.1), instrumentos todos que remiten el contenido de dichas excepciones a lo que disponga la ley. En el caso venezolano, tales disposiciones de excepción están reguladas en los artículos 250 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.

Las regulaciones constitucionales y legales del proceso penal en Venezuela están diseñadas dentro del contexto del respeto y garantía de los derechos humanos fundamentales del justiciable, en la medida en que se han acogido, con el mayor empeño, todas las tendencias de avanzada en materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y así, se consagra para el Estado la obligación del respeto y la garantía de tales derechos esenciales como es el caso del derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, al trabajo, a la educación, etc., simultáneamente por supuesto, con lo que son derechos procesales, amparados en general, por la garantía del debido proceso y demás disposiciones constitucionales y legales referidas al tema, que han sido harto reguladas y difundidas, así como exhortados los diversos entes del sistema de justicia a su práctica integral y cotidiana.

Junto a este sistema garantísta, sin embargo, coexisten principios que no son excluyentes sino coetáneos con el mismo, tales como la materialización de la justicia, noción que no solo abarca el respeto y la garantía de los derechos del imputado; también implica el impedir la impunidad y la potestad del Estado de ejercer la persecución penal de las conductas tipificadas por la ley como delitos, los derechos de la víctima y la estabilidad, el bien común y la seguridad jurídica de todos los ciudadanos en general.

A todas estas perspectivas debe atender el Juez cuando se propone tomar una decisión como la que hoy se examina con motivo de solicitud interpuesta por el imputado de autos; y más allá de las mismas, debe considerar rigurosamente las normas legales aplicables al tema, como es el caso de las disposiciones contenidas en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal, con el objeto de que la resolución que profiera cumpla a cabalidad el requerimiento estipulado en el artículo 173 eiusdem, por tanto, se hace necesario analizar el contenido de una serie de disposiciones legales referidas a la materia, en tal sentido:

El artículo 49, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 8, 9, 243, 247, 250, y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, están referidos al principio de la presunción de inocencia y al derecho a la libertad, de donde se infiere que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es decir, que aunque se le impute la comisión de uno o varios hechos punibles a una o varias personas, hasta tanto no haya una sentencia condenatoria definitivamente firme a dichas personas debe presumírsele su inocencia; y por otra parte, la libertad debe ser la regla y la privación de la misma la excepción, por lo que la medida privativa de libertad debe aplicarse cuando otras medidas resulten insuficientes a los fines de asegurar la finalidad del proceso.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado sentado en reiteradas decisiones que la medida de privación preventiva de libertad, es la provisión cautelar más extrema a que hace referencia la legislación, tanto a nivel internacional, en los distintos pactos sobre derechos humanos que regulan la materia, como a nivel interno, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal. De igual forma la referida Sala ha sostenido que la protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, no significa el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso, esto es, su normal desarrollo y la seguridad del cumplimiento de sus resultas, por lo que el juez que resuelva la restricción de la libertad del imputado debe atender básicamente a lo señalado en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, la misma Sala ha sostenido que los principios de presunción de inocencia y de libertad, son una conquista de la sociedad civilizada que debe ser defendida por esa Sala y por los restantes Tribunales de la República por imperativo de la propia Constitución y, aún mas allá, de valores fundamentales que han sido reconocidos al ser humano por su condición de tal, lo que no significa que los jueces renuncien a velar por la recta tramitación y el alcance del proceso.

En ese orden de ideas, no escapa a la responsabilidad del Juez de razonar debidamente la decisión mediante la cual decreta una medida privativa de libertad y si bien es cierto que los dispositivos del Código Orgánico Procesal Penal no pueden ser desvirtuados ni alterados para convertir en regla esa privación y continuar de esta manera manteniendo la mentalidad represiva que caracterizaba el procedimiento inquisitivo derogado, también es cierto que aun en los casos excepcionales en que no queda más opción que aplicar una medida cautelar privativa de libertad al imputado, cualquier disposición que se tome en torno a ella, debe obedecer a buenas y bien fundadas razones, con el objeto de evitar la impunidad en la administración de justicia penal, independientemente de la obligación del Juez, de evaluar la entidad del delito cometido, la conducta predelictual del imputado y la magnitud del daño.

Tomando en consideración que la posibilidad excepcional de aplicar una medida de coerción personal debe interpretarse con carácter restrictivo, el Juzgador en cada caso en que el titular de la acción penal le plantee una solicitud de tal naturaleza, debe analizar cuidadosamente si están o no, llenos los extremos de ley, es decir, los supuestos a que se refieren los numerales 1, 2 y 3 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, habida cuenta de que su resolución versa sobre el más trascendente de todos los derechos de la persona después del derecho a la vida, como es el derecho a la libertad; supuestos que constituyen las excepciones al principio establecido en el numeral 1° del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que consiste en que toda persona debe ser juzgada en libertad, excepto por la razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.

A su vez el artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente: “Toda persona a quien se le imputa participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código.

La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso”.

A su vez, el artículo 247 ibidem establece: “Todas las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, limiten sus facultades y las que definen la flagrancia, serán interpretadas restrictivamente.”

Igualmente el artículo 256 de la norma penal adjetiva en su encabezamiento establece que siempre que los supuestos que motivan la privación judicial privativa de libertad puedan ser razonablemente satisfechos por la aplicación de una medida menos gravosa para el imputado el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Publico o del imputado “deberá” imponerle en su lugar, mediante resolución motivada alguna de las medidas cautelares establecidas en la referida norma.

De otro lado, el artículo 253 eiusdem señala: “Cuando el delito materia del proceso merezca una pena privativa de libertad que no exceda de tres años en su límite máximo, y el imputado haya tenido una buena conducta predelictual, la cual podrá ser acreditada de cualquier manera idónea, sólo procederán medidas cautelares sustitutivas”.

De acuerdo a las normas antes citas y conforme a lo relacionado ut supra, debemos concluir que para que se haga procedente una medida de coerción personal, el Juez debe analizar cuidadosamente los supuestos establecidos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y para el caso que concurran los contenidos en los numerales 1 y 2, sin que se verifique el numeral 3 pudiera imponer una medida cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva de la libertad, pero si se configuran de manera concurrente los tres supuestos establecidos en dicha norma, necesariamente debe proceder a decretar la medida de coerción extrema como lo es la privación judicial preventiva de la libertad.

Por ello, ante la comisión de un hecho punible por parte de un individuo determinado, el Juzgador debe valorar todos los elementos y con criterio razonable imponer alguna medida cautelar, en el caso de que no se encuentren llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para evitar con ello, que quede enervada la acción de la justicia, no obstante, tal providencia debe necesariamente respetar los principios de presunción de inocencia y afirmación de libertad, que son la garantía que el legislador le ofrece al imputado de que no estará sometido indefinidamente a medida de coerción personal alguna sin que en su contra pese condena firme, la finalidad de dichas medidas cautelares, no es otra que asegurar que el procesado asista a todos los actos del proceso y no obstaculice los actos correspondientes.

En el caso de autos este jugador, a los fines de producir el pronunciamiento jurisdiccional en lo relativo a la medida de coerción personal que ha de recaer sobre el imputado RICARDO ANDRES PEÑARANDA ORTEGA, pasa a verificar si en el mismo concurren los requerimientos exigidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, al respecto tenemos que se aprecia:

1) La existencia de un hecho punible, sancionado con pena privativa de libertad y cuya acción no se encuentra prescrita: En el caso sub judice, el hecho imputado al ciudadano RICARDO ANDRES PEÑARANDA ORTEGA, es la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE ROBO, previsto y sancionado en el articulo 9 de la Ley sobre Robo y Hurto de Vehículos, sancionado con prisión de tres (03) a cinco (05) años cada uno de ellos, cuya acción penal no se encuentran evidentemente prescrita.
2) Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado es presunto perpetrador o partícipe del hecho imputado: Como se ha indicado supra, los elementos de convicción que señalan al imputado RICARDO ANDRES PEÑARANDA ORTEGA, como presuntos perpetradores del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE ROBO, previsto y sancionado en el articulo 9 de la Ley sobre Robo y Hurto de Vehículos, se ratifica el contenido de todas las actas procesales referidas ut supra, en las que se demuestran no solamente la comisión del precitado delito, si no la presunta autoría en la perpetración del mismo que se le atribuye al hoy imputado de autos, conforme a lo establecido en el numeral segundo del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

Finalmente, verificados los anteriores supuestos, es necesario determinar si existe o no presunción razonable, para apreciar peligro de fuga o peligro de obstaculización, en este sentido, este Tribunal observa que estas circunstancias son determinantes para dictar medida judicial de privación preventiva de libertad conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 251 y 252 respectivamente, que enuncia los presupuestos del peligro de fuga y del peligro de obstaculización; y en el numeral 3 del artículo 254, que establece los requisitos del auto de privación judicial preventiva de libertad al disponer la obligación de indicar los presupuestos a que se refiere los artículos 251 y 252.

Uno de los presupuestos que forma parte del proceso penal es el periculum in mora, condición necesaria para que pueda dictarse la medida de privación judicial preventiva de libertad, que no es otra cosa que la referencia al riesgo de que el retardo en el proceso puede neutralizar la acción de la justicia, ante la posible fuga del imputado. Por lo que, en atención a la entidad del delito precalificado y considerando que la medida de coerción personal es preventiva en prima fase y abierto como ha quedado el lapso de Ley para completar la fase de investigación por parte del Ministerio Público en el presente asunto, y tomando en cuenta que lo que se procura es brindar seguridad a la verificación de los resultados de esa investigación a través de las medidas de coerción personal, pues de lo contrario no cabe duda que podría resultar en la inocuidad del proceso.

Por ello, al analizar la presunción establecida por el legislador en los ordinales segundo y tercero del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, vale decir, la pena que podría llegarse a imponer y en la magnitud del daño causado, se debe establecer que en cuanto al primero de estos requerimientos, que el legislador se inclinó en estos casos por un criterio de carácter objetivo que, ante todo, atiende a la gravedad del hecho establecida a partir del monto de la pena; que para el caso en estudio el delito atribuido es APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE ROBO, previsto y sancionado en el articulo 9 de la Ley sobre Robo y Hurto de Vehículos, que conllevan una pena que no supera en su límite superior los diez (10) años de prisión; hacen que no se torne patente dictar la medida extrema, toda vez que una de las finalidades de la medida de privación judicial preventiva de libertad es evitar la fuga y que el riesgo de evasión, por tanto, el peligro de fuga no se presume en este caso.

En relación al segundo de los requerimientos de la norma bajo análisis, se debe establecer que al imputado RICARDO ANDRES PEÑARANDA ORTEGA, se le atribuye la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE ROBO, previsto y sancionado en el articulo 9 de la Ley sobre Robo y Hurto de Vehículos, en que el sujeto pasivo lo constituye la propiedad privada que se ve afectada con este tipo de delitos, sin contar el daños patrimonial que sufre las empresas aseguradoras con la alta incidencia de estos delitos en la región que debe indemnizar a sus asegurados ante este tipo de siniestros.

Así mismo, en el presente caso este Juzgador aplicando un criterio objetivo que radica en el grado de convicción, sobre determinados aspectos que lo guían para valorar la necesidad o no de la detención judicial y tras verificar de las actas procesales, la naturaleza del tipo delictivo, llevan a concluir que es bastante probable la COMPARECENCIA del imputado de autos A LOS DEMÁS ACTOS PROCESALES SUBSIGUIENTES, dado por penalidad a aplicar que pudiera ser baja por la entidad del delito que se ha enunciado, hace procedente la medida cautelar sustitutiva decretada.

En conclusión, este Juzgador considera que la libertad del imputado de autos no constituye un inminente peligro de fuga, por lo cual se declara con lugar la solicitud de la defensa y consecuencialmente se impone MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, a los referidos imputados, de conformidad con lo establecido en los numerales 3, 4 y 9 el artículo 256 y artículo 258 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo el imputado cumplir con las presentes condiciones:

1.- Presentaciones periódicas una vez cada 30 días por ante la Oficina de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal.
2.- Prohibición de concurrir en la comisión de nuevos hechos punibles
3.- Prohibición de acercarse a la victima de autos.
4.- La obligación a someterse a los actos del proceso cada vez que sean requerido por esta. Y así se decide.

DISPOSITIVO

En consecuencia, por los razonamientos antes expuestos este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE CONTROL N° 01 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, EXTENSION SAN ANTONIO, IMPARTIENDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:

PRIMERO: CALIFICA COMO FLAGRANTE EL PROCEDIMIENTO DE APREHENSIÓN del ciudadano RICARDO ANDRES PEÑARANDA ORTEGA, de nacionalidad colombiana, natural del Sardinata, Departamento Norte de Santander, titular de la cédula de identidad Nº E-84.361684, nacido en fecha 10 de junio de 1964, de 48 años de edad, soltero, hijo de Carlos Julio Peñaranda (f) y de Rita Ortega (v), de profesión u oficio comerciante; residenciado en la calle 22 No 2-78 Barrio García Herreros, Cúcuta 0424 3299420, Departamento Norte de Santander, República de Colombia, y/o Zona Industrial Aguas Calientes Parcela No 8, Lote No 41, teléfono 0424 3299420, por la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE ROBO, previsto y sancionado en el artículo 09 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio de la propiedad privada, por estar llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.

SEGUNDO: ACUERDA al Ministerio Público para EL TRAMITE DE LA PRESENTE CAUSA por el PROCEDIMIENTO ORDINARIO, conforme lo establece el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, para lo cual se ordena remitir las presentes actuaciones a la Fiscalía actuante, vencido que sea el lapso de Ley.

TERCERO: SE ACUERDA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD para el imputado RICARDO ANDRES PEÑARANDA ORTEGA, de nacionalidad colombiana, natural del Sardinata, Departamento Norte de Santander, titular de la cédula de identidad Nº E-84.361684, nacido en fecha 10 de junio de 1964, de 48 años de edad, soltero, hijo de Carlos Julio Peñaranda (f) y de Rita Ortega (v), de profesión u oficio comerciante; residenciado en la calle 22 No 2-78 Barrio García Herreros, Cúcuta 0424 3299420, Departamento Norte de Santander, República de Colombia, y/o Zona Industrial Aguas Calientes Parcela No 8, Lote No 41, teléfono 0424 3299420, por la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE ROBO, previsto y sancionado en el artículo 09 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, en perjuicio de la propiedad privada, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 9 el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo éste cumplir con las presentes condiciones 1.- Presentaciones periódicas una vez cada 30 días por ante la Oficina de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal. 2.- Prohibición de concurrir en la comisión de nuevos hechos punibles 3.- Prohibición de acercarse a la victima de autos. 4 La obligación a someterse a los actos cada vez que sea requeridos por esta.

La presente decisión fue pronunciada de manera oral, al término de la audiencia celebrada en fecha 10 de mayo de 2012, con fundamento en lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 177 eiusdem. Con la lectura del acta respectiva, quedaron debidamente notificadas las partes de los fundamentos de hecho y de derecho del presente auto. Se ordena la remisión de las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público correspondiente, vencido que sea el lapso de ley correspondiente.

Regístrese y déjese copia para el copiador de decisiones de este Tribunal.

ABG. JERSON H. QUIROZ RAMIREZ
JUEZ PRIMERO DE CONTROL

ABG. FRANCISCO JAVIER CORREA SERPA
SECRETARIO

Asunto SP11-P-2012-001275. JQR.