TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Táchira, 10 de Febrero de 2012
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2011-000954
ASUNTO : SP11-P-2011-000954

RESOLUCION

-I-
Vista la solicitud del imputado JOSE DE LA CRUZ ROLON SILVA, de nacionalidad colombiana, natural de Sardinata Norte de Santander Republica de Colombia, titular de la cédula de ciudadanía Nº 5499887, nacido en fecha 10 de febrero de 1.967, de 44 años de edad, hijo de Eleuterio Rolón (v) y de Ana Dolores Silva (v), soltero, de profesión u oficio Obrero; residenciado en la carrera 7, Nº 13-14, Ureña, estado Táchira, Teléfono 0426-6532549, a quienes les atribuye la presunta comisión del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 del Código Penal, en perjuicio de la propiedad privada, en la causa penal identificada en este Juzgado con la nomenclatura SP11-P-2011-000954, en fecha 17-10-2011, este Tribunal entra a resolver las peticiones de las partes del siguiente modo:
-II-
LOS HECHOS OBJETO DE PROCESO
Los hechos que dan origen a la presente investigación constan al folio cuatro (04) de las presentes actuaciones, en la que riela acta de investigación penal, de Fecha 13 de Abril de 2011 N° K-11-0093-00094,en la cual funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, dejan constancia de la siguiente diligencia: Nos trasladamos en esta misma fecha, siendo las 4:15 horas de la tarde hasta la Ferretería el Punto de Constructor ubicado en barrio la pesa de Ureña a objeto de ubicar y aprender al ciudadano José Rolón el cual guarda relación a con las averiguaciones de expediente K-11-0093-00094, una vez con el mencionado ciudadano se le informo que se encontraba detenido por el delito Contra la Propiedad, (Apropiación Indebida) los funcionarios policiales se trasladaron con el mencionado ciudadano hasta la dirección Barrio Antonio José de Sucre carrera 07, calle 02 casa 13-14 de Ureña , donde reside dicho ciudadano, una vez allí les indico los el sitio donde se encontraron los siguientes objetos (019 un taladro, de pedestal, (01) uno taladro de mano dos (02) mesas de calibración, una (01) mesa metálica dos (02) juegos de pesas, una (01) pesa de 10 kilos una (01) maquina de cuadrar piñones, un (01) martillo uno (01) alicate, los cuales son objetos mencionados por el denunciante como los extraviados, al tal efecto se realizo la inspección técnica en la referida vivienda, acto seguido informaron vía telefónica al Fiscal 8° del Ministerio Publico.
-III-
DE LA SOLICITUD DE REVISION DE LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD
Como punto previo, en base a lo solicitado por la defensa, el Tribunal pasa a revisar la medida cautelar sustitutiva de privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre el imputado de autos, a los fines de garantizar el eventual cumplimiento de los posibles resultados del proceso penal y la debida estabilidad en la tramitación del proceso mediante el sometimiento del justiciable a la investigación, y el esclarecimiento debido de los hechos para la aplicación del derecho y por ende la realización de la Justicia, es así como, el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:
“El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el Juez al dictar su decisión.” (negrillas de este Tribunal)
De manera que, en todo caso, tales principios de veracidad y justicia, se observarán como pilares fundamentales en el proceso penal, de allí que, las medidas cautelares en general, cobren vigencia y aplicación, ello, en nada disminuye el también principio constitucional de presunción de inocencia y afirmación de libertad, que a pesar de la aparente antinomia, sin embargo, la medida cautelar extrema –Privación Judicial Preventiva de Libertad-, está sujeta al razonamiento judicial que deberá establecerse y apreciarse en el caso en concreto, por expresa disposición del artículo 44.1 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer:
“…La libertad personal es inviolable, en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.” (negrillas y subrayado de este tribunal).
A su vez el Código Orgánico Procesal Penal en el Artículo 264 establece:
EXAMEN Y REVISIÓN:
“El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación”. (negrillas de este tribunal).
Como se observa de la norma transcrita el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares y cuando lo estime prudente las sustituirá, por otras menos gravosa.
Ahora bien, una vez revisado el presente asunto a través del sistema iuris por cuanto las actuaciones se encuentra debidamente agregado el acto conclusivo respectivo, y en vista del derecho natural del justiciable, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé que el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente; debiendo el Juzgador examinar la necesidad de mantener la medida o sustituirla por otra menos gravosa.
De esta manera, este Órgano Jurisdiccional, una vez analizado la solicitud de examen y revisión de la medida cautelar, a los fines de que le sea revisada la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Preventiva de la Libertad que pesa sobre el imputado de autos, como bien lo señala su defensa técnica, considera quien decide que en el caso in comento, a fines de no desnaturalizar la intención del Legislador Venezolano al implantar un mecanismo distinto a la detención preventiva de la libertad, como lo es que jurídicamente una persona pueda ser Juzgada en libertad, claro teniendo en cuenta que al momento de la modificación de la Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Preventiva de la Libertad, ese imputado debe cumplir con los requisitos que le imponga el Tribunal a fines de que se le garantice a la Justicia Venezolana, que el mismo no evadirá el proceso que se le sigue en su contra y en donde se le imputa la presunta comisión de un hecho punible, que tiene establecida una sanción penal de UNO (01) A CINCO (05) de PRISION, conforme lo establece el artículo 268 del Código Penal, de lo cual se desprende, a tenor de lo establecido en el parágrafo primero del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, que no puede presumirse el peligro de fuga en virtud de la pena que podría llegar a imponerse, no rebasando el límite legal.

Aunado a lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal para determinar el peligro de fuga, observa este Juzgador que el acusado tiene arraigo en el país, lo cual se desprende de su lugar de residencia, siendo dentro de la jurisdicción de este Tribunal, toda vez que reside la carrera 7, Nº 13-14, Ureña, estado Táchira, Teléfono 0426-6532549. En este mismo orden de ideas, no obra en autos elemento alguno que demuestre que el acusado no ha tenido una buena conducta predelictual, pues no se observa, de la revisión de la causa, reseña de antecedentes judiciales ni policiales del mismo.

Así las cosas, considera esta Juzgadora que es procedente la revisión de la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD impuesta al ciudadano JOSE DE LA CRUZ ROLON SILVA, de nacionalidad colombiana, natural de Sardinata Norte de Santander Republica de Colombia, titular de la cédula de ciudadanía Nº 5499887, nacido en fecha 10 de febrero de 1.967, de 44 años de edad, hijo de Eleuterio Rolón (v) y de Ana Dolores Silva (v), soltero, de profesión u oficio Obrero; residenciado en la carrera 7, Nº 13-14, Ureña, estado Táchira, Teléfono 0426-6532549, en la presunta comisión del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 del Código Penal, en perjuicio de la propiedad privada. Aunado al hecho que a la fecha el Ministerio Público no ha presentado el respectivo acto conclusivo. Así se decide.

-IV-
DEL DISPOSITIVO DE LA DECISIÓN

En consecuencia, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL NUMERO UNO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO IMPARTIENDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:
UNICO: SE REVISA Y AMPLIA al acusado la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Preventiva de Libertad, dictada en fecha 15 de Abril de 2011 ampliando el régimen de presentaciones de una vez cada 60 días a una vez cada 90 días, de conformidad lo establecido en el numeral 3° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, manteniéndose en todos sus efectos las demás medidas cautelares impuestas al imputado JOSE DE LA CRUZ ROLON SILVA, de nacionalidad colombiana, natural de Sardinata Norte de Santander Republica de Colombia, titular de la cédula de ciudadanía Nº 5499887, nacido en fecha 10 de febrero de 1.967, de 44 años de edad, hijo de Eleuterio Rolón (v) y de Ana Dolores Silva (v), soltero, de profesión u oficio Obrero; residenciado en la carrera 7, Nº 13-14, Ureña, estado Táchira, Teléfono 0426-6532549, en la presunta comisión del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 del Código Penal, en perjuicio de la propiedad privada.

Regístrese, déjese copia para el archivo del Tribunal y remítase la presente causa a la Fiscalía Octava del Ministerio Público, una vez vencido el lapso de ley. Notifíquese a las partes de la presente decisión.

ABG. MARLENY MAYLET CARDENAS CORREA
JUEZ PRIMERO DE CONTROL

ABG. NOHEMY SEPULVEDA GOMEZ
SECRETARIA

Asunto SP11-P-2011-000954. MMCC.