TSJ Regiones - Decisión

San Antonio del Táchira, 17 de Abril de 2012
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2011-001561
ASUNTO : SP11-P-2011-001561

AUTO QUE RESUELVE SOLICITUD DE REVISION DE MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD

Vista la solicitud presentada por el Abg. Carmen Aurora Ibarra, en su carácter de defensora pública del ciudadano: MAIKEL JOSE PARRA AROCHA, a quien el Ministerio Público señala la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el articulo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio de la del Estado Venezolano, este Tribunal a fin de resolver sobre lo requerido, realiza previamente las siguientes consideraciones:

La representante de la defensa pública alega en su escrito de revisión, entre otras cosas lo siguiente: “En fecha 20 de Junio de 2011 se celebro audiencia de calificación de flagrancia en la cual el Tribunal de Control califico como flagrante la aprehensión de mi defendido, ordeno la prosecución del procedimiento ordinario y dicto Privación Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con el artículo 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal……El delito que se le imputa a mi defendido, si bien es cierto, excede de tres años en su límite máximo, también es cierto que el Parágrafo Primero del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, le da facultad al Juez de otorgar MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA, aun en aquellos delitos cuya pena sea igual o superior a Diez años, es decir, en el presente caso es procedente en derecho la Medida Cautelar que aquí invoco….Esta defensa propone tomar en cuenta las nuevas políticas de Estado respecto de la problemática penitenciaria, que ha llegado a niveles críticos muy diferentes a los existentes para la época de la aprobación de los parámetros para el juzgamiento sobre estas cantidades de drogas….En el presente caso esta defensa fundamenta la petición de sustituir la pena extrema de cárcel, al parecer dramáticamente exagerada en este caso, por una medida cautelar de posible cumplimiento, habida cuenta se insiste, igualmente esta Defensoría señala el derecho supremo consagrado en nuestro Ordenamiento Jurídico sobre el Juzgamiento en Libertad”…..
Al efecto, este Tribunal comparte la existencia, vigencia y aplicación de los principios constitucionales y legales invocados por la defensa; sin embargo, la existencia de los mismos, en nada desnaturaliza la aplicación de las medidas cautelares existentes en el proceso penal, justamente a los fines de garantizar el eventual cumplimiento de los posibles resultados del proceso penal y la debida estabilidad en la tramitación del proceso mediante el sometimiento del justiciable a la investigación, y el esclarecimiento debido de los hechos para la aplicación del derecho y por ende la realización de la Justicia. Es así como, el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, establece expresamente lo siguiente:

“El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el Juez al dictar su decisión”.

Dichos principios de veracidad y justicia, se observarán como pilares fundamentales en el proceso penal, de allí que, las medidas cautelares en general, cobren vigencia y aplicación. Ello, en nada merma el también principio constitucional de presunción de inocencia, que a pesar de la aparente antinomia, sin embargo, la medida cautelar extrema –Privación Judicial Preventiva de Libertad-, está sujeta al razonamiento judicial que deberá establecerse y apreciarse en el caso en concreto, por expresa disposición del artículo 44 numeral 1 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer lo siguiente:

“La libertad personal es inviolable, en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso”. (Comillas y subrayado es propio).
Con fundamento en ello, deberá razonarse del modo establecido, las circunstancias por las que debe decretarse, mantenerse, sustituirse o revocarse la medida cautelar extrema, siempre, bajo el prisma integral establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, primero, la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad cuya acción no esté evidentemente prescrita, segundo, la existencia de fundados elementos de convicción para estimar la autoría o participación del imputado en tal hecho punible, y de último, la existencia de presunción razonable del peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad.
Ahora bien, como derecho natural del justiciable, el artículo 264 del código orgánico procesal penal, prevé que el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida de coerción las veces que lo considere pertinente, debiendo el Juzgador examinar la necesidad de mantener la medida o sustituirla por otra menos gravosa.
De la disposición legal enunciada, se desprende claramente, en primer lugar, el carácter de cosa juzgada formal y no material que causa el auto que decrete la medida de coerción, y en segundo el derecho irrestricto del imputado en solicitar el examen y revisión de la medida de coerción personal existente en su contra en cualquier momento, y al mismo tiempo, se establece el deber jurisdiccional en razonar y motivar el mantenimiento, o sustitución de la misma.

Ahora bien, la revisión de la medida de coerción sólo es posible en virtud de la mutabilidad de la decisión judicial referida con ocasión a la cosa juzgada formal que causa la misma, sin embargo, tal mutabilidad, está constituida sobre la base o cláusula “Rebus Sic Stantibus”, según la cual ante la invariabilidad de las circunstancias que motivaron la decisión, necesariamente deberá mantenerse la misma; por interpretación en contrario, si han sufrido alteración deberá analizarse la misma y adoptarse la medida proporcional a la situación fáctica en concreto, sea mediante su sustitución, o de ser necesario mediante su revocatoria, según sea el caso.

En el caso de autos, se aprecia que la medida de privación judicial preventiva de libertad fue decretada en contra del ciudadano acusado de autos: MAIKEL JOSE PARRA AROCHA, en fecha 20 de Junio de 2011, por el Tribunal de Control 3, adquirió cosa juzgada formal, de manera que, deberá revisarse si han variado o no las circunstancias que motivaron su imposición, las cuales observa ésta Juzgadora que hasta la presente fecha las mismas han variado en base a los siguientes argumentos:
Al ciudadano acusado: MAIKEL JOSE PARRA AROCHA, se le imputa, conforme a la precalificación Fiscal, la comisión de un hecho punible, siendo el mismo la presunta comisión del delito de: OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del Estado Venezolano, tratándose de un hecho punible de acción pública.
Asimismo, se desprende de la revisión exhaustiva de la presente causa, que el ciudadano acusado de autos se encuentra privado de su libertad desde el día 17 de Junio de 2011, no siendo imputable a este Tribunal ni a la representación Fiscal el hecho que a la presente fecha no se le haya podido aperturar el respectivo juicio oral y público al acusado; encontrándose la presente causa al día de hoy en proceso de constitución de Tribunal Mixto.

Así pues, considera la doctrina que la función del Juez debe ser garantizar el imperio y vigencia del proceso, en el interés social de impartir justicia material. En consecuencia de lo dicho, es menester destacar que se evidencia del presente asunto penal que ciudadano: MAIKEL JOSE PARRA AROCHA, es de nacionalidad venezolana, y por ende posee arraigo en el país. Del mismo modo, corre inserto al folio 264 del presente asunto penal, informe psiquiátrico realizado al acusado de autos, en fecha 27 de Febrero de 2012, suscrito por la Dra. Betsy Medina Zambrano, médico psiquiatra forense, del cual se desprende entre otras cosas lo siguiente: “CONCLUSIONES: Posterior a evaluación psiquiatrita practicada a: MAIKEL JOSE PARRA AROCHA, se concluye que esta persona reúne suficientes criterios de: drogodependiente con uso de Cannabis desde la adolescencia en oportunidades formando parte de sus hábitos de la vida diaria, para aliviar tensiones, con deseos frecuentes de interrumpir el consumo e intentos infructuosos de remisión, niega consumo de otras drogas, posee adecuado juicio, raciocinio y discernimiento de sus actos…..”

En virtud de lo anteriormente expuesto, considera quien aquí decide, que se hace procedente en el presente caso, revisar la medida de privación judicial preventiva de libertad, decretada al imputado de autos, a fin que el mismo se someta una vez recupere su libertad, a un proceso de rehabilitación y desintoxicación a consecuencia del consumo evidenciado clínicamente a la cannabis, por poseer el mismo síndrome de dependencia a la cannabis, quien se haya incurso en la presunta comisión del delito de: OCULTAMIENTO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 de la ley orgánica de drogas, en perjuicio del Estado Venezolano; y en consecuencia se le sustituye por una medida cautelar menos gravosa de conformidad con el artículo 256 numerales 2, 3, 4 y 9 y se le impone la obligación estricta de cumplir las siguientes condiciones:

1.- La obligación de presentar ante este Tribunal un (01) Fiador con ingresos iguales o superiores a cuarenta (40) Unidades Tributarias, quien debe ser de nacionalidad venezolana, con residencia fija en la jurisdicción del Estado Táchira, y deberá consignar los siguientes recaudos: *Balance personal, debidamente sellado y visado, por ante el colegio de contadores del Estado Táchira, con sus respectivos soportes. *Constancia de residencia, debidamente emanada por el consejo comunal de su respectivo domicilio, con sello húmedo, dicha dirección deberá ser verificada por la oficina de alguacilazgo respectiva. * Fotocopia de la cédula de identidad. * En caso de sustracción del presente proceso del ciudadano acusado, la persona responsable ante este Tribunal (Fiador), tendrá la obligación de cancelar por vía de multa la cantidad de SESENTA (60) UNIDADES TRIBUTARIAS. * Dicho ciudadano (Fiador), deberá notificar a este Tribunal cualquier cambio de domicilio del acusado de autos, y estar al pendiente que el mismo cumpla con las condiciones impuestas, y que acuda al llamado de este Tribunal. 2.- Presentación una vez cada treinta (30) días por ante la oficina de alguacilazgo de esta extensión Judicial. 3.- No ingerir bebidas alcohólicas, ni consumir sustancias estupefacientes o psicotrópicas 4.- No incurrir en nuevo hecho delictivo, similar o conexo con la presente causa. 5.- Informar con antelación cualquier cambio de domicilio al conocido actualmente por este Tribunal. 6.- Someterse a terapias de desintoxicación o rehabilitación, y consignar constancia ante este Tribunal. 7.- No salir del Territorio de la República Bolivariana de Venezuela, sin autorización dada por escrito por parte de este Tribunal. 8.- No salir del Estado Táchira, si autorización dada por escrito, previa justificación a este Tribunal. 9.- Acudir de manera obligatoria al llamado de este Tribunal, cada vez que sea requerido. 10.- Mantenerse activo laboralmente, y consignar constancia ante este Tribunal. 11.- Inscribirse en un Instituto educativo, a fin de dar continuidad a sus estudios en el nivel que corresponda, y consignar constancia ante este Tribunal. Se hace del conocimiento del acusado de autos que en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas, se le REVOCARÁ la medida y en su lugar, se le dictará medida de privación judicial preventiva de libertad. Notifíquese a las partes de la presente decisión, trasládese al acusado a los fines de imponerlo de la presente decisión, una vez que cumpla con lo aquí acordado será librada la boleta de libertad. Y ASÍ SE DECIDE.

D I S P O S I T I V O

EN CONSECUENCIA, ESTE TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE JUICIO DE LA EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL CIRCUITO JU¬DICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE:

UNICO: DECLARA CON LUGAR la solicitud de la defensa y en consecuencia OTORGA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, al acusado: MAIKEL JOSE PARRA AROCHA, plenamente identificado en autos, por la presunta comisión del delito de: OCULTAMIENTO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 de la ley orgánica de drogas, una medida cautelar de conformidad con lo establecido en el artículo 256 en sus numerales 2, 3, 4 y 9, del Código Orgánico Procesal Penal consistente en:
1.- La obligación de presentar ante este Tribunal un (01) Fiador con ingresos iguales o superiores a cuarenta (40) Unidades Tributarias, quien debe ser de nacionalidad venezolana, con residencia fija en la jurisdicción del Estado Táchira, y deberá consignar los siguientes recaudos: *Balance personal, debidamente sellado y visado, por ante el colegio de contadores del Estado Táchira, con sus respectivos soportes. *Constancia de residencia, debidamente emanada por el consejo comunal de su respectivo domicilio, con sello húmedo, dicha dirección deberá ser verificada por la oficina de alguacilazgo respectiva. * Fotocopia de la cédula de identidad. * En caso de sustracción del presente proceso del ciudadano acusado, la persona responsable ante este Tribunal (Fiador), tendrá la obligación de cancelar por vía de multa la cantidad de SESENTA (60) UNIDADES TRIBUTARIAS. * Dicho ciudadano (Fiador), deberá notificar a este Tribunal cualquier cambio de domicilio del acusado de autos, y estar al pendiente que el mismo cumpla con las condiciones impuestas, y que acuda al llamado de este Tribunal. 2.- Presentación una vez cada treinta (30) días por ante la oficina de alguacilazgo de esta extensión Judicial. 3.- No ingerir bebidas alcohólicas, ni consumir sustancias estupefacientes o psicotrópicas 4.- No incurrir en nuevo hecho delictivo, similar o conexo con la presente causa. 5.- Informar con antelación cualquier cambio de domicilio al conocido actualmente por este Tribunal. 6.- Someterse a terapias de desintoxicación o rehabilitación, y consignar constancia ante este Tribunal. 7.- No salir del Territorio de la República Bolivariana de Venezuela, sin autorización dada por escrito por parte de este Tribunal. 8.- No salir del Estado Táchira, si autorización dada por escrito, previa justificación a este Tribunal. 9.- Acudir de manera obligatoria al llamado de este Tribunal, cada vez que sea requerido. 10.- Mantenerse activo laboralmente, y consignar constancia ante este Tribunal. 11.- Inscribirse en un Instituto educativo, a fin de dar continuidad a sus estudios en el nivel que corresponda, y consignar constancia ante este Tribunal. Se hace del conocimiento del acusado de autos que en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas, se le REVOCARÁ la medida y en su lugar, se le dictará medida de privación judicial preventiva de libertad. Notifíquese a las partes de la presente decisión, trasládese al acusado a los fines de imponerlo de la presente decisión, una vez que cumpla con lo aquí acordado será librada la boleta de libertad. Y ASÍ SE DECIDE.
Notifíquese a las partes y trasládese al acusado de autos por conducto del órgano legal correspondiente, para ser impuesto de la presente decisión.
Dada, firmada, sellada y refrendada a los Diecisiete (17) días del mes de Abril de 2012.

ABG. LUPE FERRER ALCEDO
JUEZA PRIMERA DE JUICIO

ABG. FRANCISCO JAVIER CORREA SERPA
SECRETARIO

SP11-P-2011-001561