TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Táchira, 2 de Abril de 2012
201º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2012-000856
ASUNTO : SP11-P-2012-000856

RESOLUCION AUDIENCIA DE CALIFICACION DE FLAGRANCIA
DE LAS PARTES

JUEZ: ABG. KARINA TERESA DUQUE DURÁN
Fiscal: ABG. HENRY FLORES
SECRETARIO: ABG. DILY MARIEL GARCIA ROJAS
IMPUTADO: JOSE ALFREDO SANCHEZ DAVILA
DEFENSOR: ABG. SANDRO MARQUEZ

Celebrada como fue la Audiencia de Calificación de Flagrancia el día 27 de Marzo del 2012, en virtud de la solicitud de calificación de flagrancia presentada por la Abg. HENRY FLORES, Representante de la Fiscalía 25 del Ministerio Público, en contra del ciudadano: JOSE ALFREDO SANCHEZ DAVILA, de nacionalidad venezolano, mayor de edad, natural de San Antonio, nacido en fecha 23 de Febrero de 1.971, de 40 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.760.891, de profesión u oficio Agricultor, hijo de Sigilfredo Sánchez (v) y de Blanca Estela Dávila (v), residenciado en Palotal barrio José Félix Rivas vereda Los Maldonados casa S/N, san Antonio, parroquia El Palotal, Municipio Bolívar del estado Táchira, quien el Ministerio Público le atribuye el delito de AMENAZA, VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA, previsto y sancionado en el artículo 41, 50 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana María Quinverly Rey Sanabria. Procede este Tribunal a dictar su Resolución en los siguientes términos:

DE LOS HECHOS

ACTA POLICIAL de fecha 26 de marzo de 2012, siendo las 10:40 horas de la mañana, en la estación policial Palotal, los funcionarios MENDOZA MARCO TULIO, PEÑALOZA DUGLASY GONZALES ANDERSON, adscritos a la policía del Estado Táchira, dejan constancia de la siguiente diligencia policial efectuada: “ en esta misma fecha y hora, se presento una ciudadana a la estación policial Palotal, la cual suministro datos e indico que a las 08:30 de la mañana, su pareja se presento en la casa de su madre donde ella se encontraba agrediéndola con malas palabras y amenazándola, al llegar al sitio la comisión se percato de la presencia de un ciudadano dentro de la vivienda a quien se le realizo una inspección corporal, no encontrándole algún objeto extraño en sus pertenecías, quedando identificado como JOSE ALFREDO SANCHEZ DAVILA, titular de la cedula de identidad N° 12.760.891, de 40 años de edad, dicho ciudadano fue trasladado a la estación policial, así como la ciudadana para que formulara la respectiva denuncia, y se le notifico vía telefónica al fiscal 25 del Ministerio Público Abg. Henry Flores”. Es todo.

EN LA AUDIENCIA

En el día de hoy Martes 27 de Marzo de 2010, siendo las 03:30 horas de tarde se constituyó el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Extensión San Antonio, a los fines de celebrar Audiencia de Calificación de Flagrancia, del aprehendido JOSE ALFREDO SANCHEZ DAVILA, de nacionalidad venezolano, mayor de edad, natural de San Antonio, nacido en fecha 23 de Febrero de 1.971, de 40 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.760.891, de profesión u oficio Agricultor, hijo de Sigilfredo Sánchez (v) y de Blanca Estela Dávila (v), residenciado en palotal barrio José Félix Rivas vereda Los Maldonados casa S/N, san Antonio, parroquia El palotal, Municipio Bolívar del estado Táchira, con el fin de que se califique el carácter Flagrante de la detención conforme al artículo 248 del código orgánico procesal penal y asimismo comunicarle al juez de control el Procedimiento por el cual optara. Presentes: La Juez, Abg. Karina Teresa Duque Duran; el Secretario, Abg. Dily Mariel García, el Alguacil de Sala, el Fiscal Vigésimo Quinto del Ministerio Público, Abg. Henry Flores, y el imputado. En este estado, el Tribunal impuso a éste último del derecho que les asiste de nombrar un abogado defensor para ejercer el derecho a “SER OÍDO” y para que lo asista en todos los actos del proceso, conforme lo previsto en el numeral 3 del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo tanto se le preguntó si tenían abogado de su confianza que lo asistiera, manifestando el imputado que SI, nombrándole al efecto el Tribunal al defensor privado Abg. Sandro Márquez, Impre. 105.126, Se deja constancia que desde el momento de la detención del aprehendido hasta el instante de su presentación física, por ante el Tribunal de Primera Instancia Penal en Función de Control no se da el supuesto de la violación de la libertad personal, contenido en el artículo 44 numeral 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el sentido de que “no se ha sobrepasado el lapso de cuarenta y ocho (48) horas sin que el detenidos sea presentados físicamente por ante la autoridad judicial”; así mismo se deja constancia de que este no presenta ninguna lesión física aparente y que el aprehendido manifiesta no haber sido agredido por los funcionarios aprehensores. Seguidamente la Juez declara la celebración inmediata de la Audiencia de Calificación de Flagrancia e Imposición de Medida de Coerción Personal, y así determinar las circunstancias que rodearon la aprehensión del imputado, de conformidad con los artículos 248, 250 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal; advirtiendo a las partes, sobre la importancia y trascendencia de este acto, en el cual se va a administrar justicia, instándolas a litigar de buena fe y a no hacer planteamientos dilatorios o aquellos que sean propios del Juicio oral y público. Igualmente, le informa a las partes, que esta audiencia se desarrolla en forma oral y con la presencia interrumpida de la Juez y de las partes cumpliendo, así con los principios de oralidad e inmediación, y que sólo se dejara constancia en el acta de lo que las partes consideren les sirva de prueba para una eventual apelación, el ciudadano Juez a los fines de resolver sobre las peticiones de las partes, declara abierto el acto cediendo el derecho de palabra al representante Fiscal, quien expuso, de manera pormenorizada los hechos, el derecho y las pretensiones en las cuales funda la imputación; manifestando las circunstancias de tiempo, modo, lugar, espacio y de relación causal, entre el aprehendido y el hecho que se le imputa, y de como se produjo la aprehensión del mismo, e igualmente las razones de hecho y de derecho en las cuales fundamenta su solicitud de la calificación de flagrancia, para el imputado en el delito de AMENAZA, VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA, previsto y sancionado en el artículo 41, 50 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana María Quinverly Rey Sanabria, reservándose el derecho de ampliar en el acto conclusivo fiscal en caso de ser necesario. Solicitando en resumen la representante del Ministerio Público lo siguiente:
• Que SE INFORME al imputado del hecho punible que se le atribuye, así como las alternativas a la prosecución del proceso; así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, se le oiga, previo el cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 131 ibídem
• Que se decrete la aprehensión del imputado en estado de FLAGRANCIA, alegando la presencia de los presupuestos del artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• Que se acuerde la aplicación del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, conforme lo previsto en el último aparte del artículo 94 de Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• Que se le imponga al imputado MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, que garantice las resultas del proceso, de conformidad a lo establecido en el artículo 256, del Código Orgánico Procesal Penal y 92 de la Ley Especial.
Acto seguido la Jueza impuso al imputado del contenido del Precepto Constitucional y Legal, contenido en los artículos 49 numeral 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 131 del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo las impuso e instruyó de las medidas alternativas a la Prosecución del proceso, aún cuando no se puedan materializar en este acto le son informadas manifestando el aprehendido haber entendido en que consistían las mismas, preguntándole finalmente el ciudadano juez si deseaba declarar, manifestando éste que NO y al efecto expuso: “Le otorgo un derecho de palabra a mi defensor”. En este estado el Tribunal sede el derecho de palabra al defensor del imputado Abg. Sandro Marquez , quien hizo sus alegatos de defensa, deja a criterio del Tribunal si en la aprehensión de su patrocinado concurren o no los supuestos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, se adhiere al pedimento de que la causa se tramite por el procedimiento de ley y conforme al principio de presunción de inocencia, solicita para su cliente una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de la Libertad aduciendo que es un ciudadano venezolano, con arraigo en el país. Consigna tres folios útiles

DE LA FLAGRANCIA

Corresponde en consecuencia a esta instancia, pronunciarse en primer término sobre la solicitud formulada por el Ministerio Público de aprehensión en flagrancia del imputado de autos, en virtud de la presentación hecha por el Ministerio Público y de los hechos anteriormente descritos.

El artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:

Artículo 44. “... 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden Judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial...”.

En el presente caso, no existiendo orden judicial, se hace necesario analizar todas las circunstancias del delito Flagrante. Al efecto el artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala:

Artículo 93. “Se tendrá como flagrante todo delito previsto en esta Ley que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como flagrante aquél por el cual el agresor sea perseguido por la autoridad policial, por la mujer agredida, por un particular o por el clamor público, o cuando se produzcan solicitudes de ayuda a servicios especializados de atención a la violencia contra las mujeres, realizadas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o fax, que permitan establecer su comisión de manera inequívoca, o en el que sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, toda autoridad deberá y cualquier particular podrá, aprehender al agresor. Cuando la aprehensión la realizare un particular, deberá entregarlo inmediatamente a la autoridad más cercana, quien en todo caso lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión.
Se entenderá que el hecho se acaba de cometer cuando la víctima u otra persona que haya tenido conocimiento del hecho, acuda dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del hecho punible al órgano receptor y exponga los hechos de violencia relacionados con esta Ley. En este supuesto, conocida la comisión del hecho punible el órgano receptor o la autoridad que tenga conocimiento, deberá dirigirse en un lapso que no debe exceder de las doce horas, hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, recabará los elementos que acreditan su comisión y verificados los supuestos a que se refiere el presente artículo, procederá a la aprehensión del presunto agresor, quien será puesto a la disposición del Ministerio Público, según el párrafo anterior.
El Ministerio Público, en un término que no excederá de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la aprehensión del presunto agresor, lo deberá presentar ante el Tribunal de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas, el cual, en audiencia con las partes y la víctima, si ésta estuviere presente, resolverá si mantiene la privación de libertad o la sustituye por otra menos gravosa…”.

En el anterior dispositivo se establecen los supuestos o conductas típicas para calificar como flagrante la aprehensión de una persona a quien se le atribuye la comisión de un delito.

ACTA POLICIAL de fecha 26 de marzo de 2012, siendo las 10:40 horas de la mañana, en la estación policial Palotal, los funcionarios MENDOZA MARCO TULIO, PEÑALOZA DUGLASY GONZALES ANDERSON, adscritos a la policía del Estado Táchira, dejan constancia de la siguiente diligencia policial efectuada: “ en esta misma fecha y hora, se presento una ciudadana a la estación policial Palotal, la cual suministro datos e indico que a las 08:30 de la mañana, su pareja se presento en la casa de su madre donde ella se encontraba agrediéndola con malas palabras y amenazándola, al llegar al sitio la comisión se percato de la presencia de un ciudadano dentro de la vivienda a quien se le realizo una inspección corporal, no encontrándole algún objeto extraño en sus pertenecías, quedando identificado como JOSE ALFREDO SANCHEZ DAVILA, titular de la cedula de identidad N° 12.760.891, de 40 años de edad, dicho ciudadano fue trasladado a la estación policial, así como la ciudadana para que formulara la respectiva denuncia, y se le notifico vía telefónica al fiscal 25 del Ministerio Público Abg. Henry Flores”. Es todo.

Por ello, este Tribunal considera procedente CALIFICAR LA FLAGRANCIA en la aprehensión del imputado de autos el ciudadano: JOSE ALFREDO SANCHEZ DAVILA, de nacionalidad venezolano, mayor de edad, natural de San Antonio, nacido en fecha 23 de Febrero de 1.971, de 40 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.760.891, de profesión u oficio Agricultor, hijo de Sigilfredo Sánchez (v) y de Blanca Estela Dávila (v), residenciado en Palotal barrio José Félix Rivas vereda Los Maldonados casa S/N, san Antonio, parroquia El Palotal, Municipio Bolívar del estado Táchira, quien el Ministerio Público le atribuye el delito de AMENAZA, VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA, previsto y sancionado en el artículo 41, 50 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana María Quinverly Rey Sanabria; por encontrarse llenos los extremos exigidos por el citado artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el artículo 248 de la norma penal adjetiva. Y ASI SE DECIDE.

DEL PROCEDIMIENTO

En cuanto a la solicitud de aplicación del procedimiento especial formulado por el Representante del Ministerio Público, a lo que se adhirió la Defensa, considera el Tribunal que en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se estableció un Procedimiento Especial el cual debe regir para los casos como el que aquí se está tratando; en consecuencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 94 de la citada Ley Orgánica y visto que es necesaria la práctica de otras diligencias de investigación, se ordena el trámite de la presente causa por los lineamientos del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, garantizándose además el ejercicio pleno del derecho a la defensa del imputado de autos. Y ASI SE DECIDE.

DE LA MEDIDA DE PROTECCION Y DE SEGURIDAD

En cuanto a la solicitud Fiscal y de la Defensa de imposición de una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, este Tribunal para decidir hace las siguientes consideraciones:

De conformidad con lo establecido en el artículo 256 numerales 3° y 9° del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el articulo 92 numeral 8 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es necesario proteger a la víctima de toda acción que viole o amenace sus derechos fundamentales, con el propósito de evitar nuevos actos de violencia en su contra; por otra parte, ante la petición de una Medida Cautelar para el imputado, este identificado como: JOSE ALFREDO SANCHEZ DAVILA, de nacionalidad venezolano, mayor de edad, natural de San Antonio, nacido en fecha 23 de Febrero de 1.971, de 40 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.760.891, de profesión u oficio Agricultor, hijo de Sigilfredo Sánchez (v) y de Blanca Estela Dávila (v), residenciado en Palotal barrio José Félix Rivas vereda Los Maldonados casa S/N, san Antonio, parroquia El Palotal, Municipio Bolívar del estado Táchira, quien el Ministerio Público le atribuye el delito de AMENAZA, VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA, previsto y sancionado en el artículo 41, 50 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana María Quinverly Rey Sanabria; consistiendo en las siguientes condiciones: una Vida Libre de Violencia, debiendo cumplir con las presentes condiciones 1.- Presentaciones una vez cada treinta (30) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal. 2.- La prohibición de agredir física o psicológicamente a la victima. Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVO

EN CONSECUENCIA, ESTE TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:
PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión del ciudadano JOSE ALFREDO SANCHEZ DAVILA, de nacionalidad venezolano, mayor de edad, natural de San Antonio, nacido en fecha 23 de Febrero de 1.971, de 40 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.760.891, de profesión u oficio Agricultor, hijo de Sigilfredo Sánchez (v) y de Blanca Estela Dávila (v), residenciado en Palotal barrio José Félix Rivas vereda Los Maldonados casa S/N, san Antonio, parroquia El Palotal, Municipio Bolívar del estado Táchira, quien el Ministerio Público le atribuye el delito de AMENAZA, VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA, previsto y sancionado en el artículo 41, 50 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana María Quinverly Rey Sanabria, Por encontrarse llenos los extremos del artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.

SEGUNDO: SE ORDENA LA PROSECUCIÓN DEL PROCESO por los trámites del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, de conformidad con el artículo 94 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenándose la remisión de la causa a la Fiscalía actuante del Ministerio Público, vencido que sea el lapso de ley correspondiente.

TERCERO: SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL DE LA LIBERTAD al imputado JOSE ALFREDO SANCHEZ DAVILA, por la presunta comisión del delito atribuido, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal y del artículo 92 ordinal 8, de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, debiendo el imputado cumplir con las presentes condiciones 1.- Presentaciones una vez cada treinta (30) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal. 2.- La prohibición de agredir física o psicológicamente a la victima.
Presente el imputado manifestó: “Me comprometo a cumplir fielmente con la obligación impuesta, es todo”.
Regístrese y déjese copia para el Archivo del Tribunal. Remítanse copia de las presentes actuaciones a la Fiscalía actuante.

ABG. KARINA TERESA DUQUE DURAN
JUEZA TERCERO DE CONTROL

ABG. DILY MARIE GARCIA ROJAS
SECRETARIO(A)