TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, AGRARIO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, Veinticinco (25) de octubre de dos mil once.-

201º y 152º

Revisadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, consta del legajo de copias fotostáticas certificadas remitidas por el a quo, que:
- El 09 de mayo de 2011, la ciudadana YAJAIRA MÁRQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.502.568, asistida por el abogado JESÚS MARÍA COLMENARES VALERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.644.300, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 20.663, presentó demanda (con sus respectivos anexos) de EJECUCIÓN DE HIPOTECA, en contra del ciudadano JOSÉ IGNACIO ARIAS ORTIZ, colombiano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° E-82.208.244 (Folios 01 al 22); siendo admitida el 10 de mayo de 2011 por el Juzgado de los Municipios Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. (Folios 23 y 24).
- El 11 de mayo de 2011, la ciudadana YAJAIRA MÁRQUEZ otorgó poder apud - acta al abogado JESÚS MARÍA COLMENARES VALERO, antes identificado. (Folios 25 y 26).
- El 18 de mayo de 2011, el a quo ordenó librar boleta de intimación para el ciudadano JOSÉ IGNACIO ARIAS ORTIZ (Folios 28 y 29), siendo practicada efectivamente el 23 de mayo de 2011. (Folios 30 y 31).
- El 27 de mayo de 2011, el abogado JESÚS MARÍA COLMENARES VALERO, apoderado judicial de la ciudadana YAJAIRA MÁRQUEZ, presentó escrito mediante el cual solicitó decretar medida de embargo sobre el bien inmueble objeto de gravamen hipotecario. (Folios 32 y 33).
- El 27 de junio de 2011, el Juzgado de los Municipios Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, ordenó suspender la presente causa conforme a lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas. (Folio 35).
- El 29 de junio de 2011, el abogado JESÚS MARÍA COLMENARES VALERO, mediante diligencia apeló contra la decisión dictada el 27 de junio de 2011 por el a quo. (Folio 38).
- Oída la apelación en un solo efecto, esta alzada recibió el legajo de copias certificadas, formó expediente, le dio entrada y el curso de ley correspondiente, quedando inventariado bajo el N° 2.550, en fecha 10 de agosto de 2011. (Folios 43 y 44).
- El 27 de septiembre de 2011, el abogado JESÚS MARÍA COLMENARES VALERO presentó escrito de informes. (Folios 48 al 64).
- Riela anexo al presente expediente un (01) Cuaderno de Medidas, que va desde el folio 1 al 10, en numeración corrida.
AUTO APELADO
El a quo fundamentó su decisión así:
“Conforme a lo establecido en los artículo 3 y 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, este Juzgado Acuerda Suspender la presente causa hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en el citado Decreto Ley. Hecho lo cual, y según las resultas obtenidas continuará la causa en el estado en que se encontraba antes de la suspensión. En consecuencia, no acuerda la solicitud de embargo peticionada por la parte demandante.”. (Negritas y subrayado de quien decide).

Esta Alzada para decidir observa:
Que la representación judicial de la parte demandante solicitó de conformidad con el artículo 662 del Código de Procedimiento Civil se decretara el embargo del inmueble objeto del gravamen hipotecario; por lo que se considera oportuno transcribir algunos artículos del DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACIÓN ARBITRARIA DE VIVIENDAS, publicado en Gaceta Oficial N° 39.668 el día 6 de mayo del año en curso, que son del tenor siguiente:
Artículo 2: “Serán objeto de protección especial, mediante la aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, las personas naturales y sus grupos familiares, que ocupen inmuebles destinados a vivienda principal en calidad de arrendatarias o arrendatarios, comodatarias o comodatarios, así como aquellas personas que ocupen de manera legítima dichos inmuebles como vivienda principal. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deberá aplicarse además en protección de las adquirentes y los adquirentes de viviendas nuevas o en el mercado secundario, cuando sobre dichos inmuebles, destinados a vivienda principal, se hubiere constituido garantía real, siendo susceptible de ejecución judicial que comporte la pérdida de la posesión o tenencia”.
Artículo 3: “El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley será de aplicación en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela de manera preferente a todas aquellas situaciones en las cuales, por cualquier medio, actuación administrativa o decisión judicial, alguno de los sujetos protegidos por este Decreto - Ley, sea susceptible de una medida cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda principal”.
Artículo 4: “A partir de la publicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, no podrá procederse a la ejecución de desalojos forzosos o a la desocupación de viviendas mediante coacción o constreñimiento contra los sujetos objeto de protección indicados en este Decreto Ley, sin el cumplimiento previo de los procedimientos especiales establecidos, para tales efectos, en el presente Decreto - Ley. Los procesos judiciales o administrativos en curso para la entrada en vigencia de este Decreto - Ley, independientemente de su estado o grado, deberán ser suspendidos por la respetiva autoridad que conozca de los mismos, hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en este Decreto - Ley, luego de lo cual, y según las resultas obtenidas, tales procesos continuarán su curso”.
Artículo 12: “Los funcionarios judiciales estarán obligados a suspender, por un plazo no menor de noventa (90) días hábiles ni mayor ciento ochenta (180) días hábiles, cualquier actuación o provisión judicial en fase de ejecución que implique la terminación o cese de la posesión legítima del bien destinado a uso de vivienda, bien sea que se encuentre tanto en ejecución voluntaria como forzosa, debiendo notificar al sujeto afectado por el desalojo y cualquier otra persona que considere necesaria en resguardo y estabilidad de sus derechos”.
Artículo 19: “El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tendrá aplicación preferente respecto de la legislación en materia de arrendamientos inmobiliarios y la legislación procesal vigente, en lo referente a las condiciones, requisitos y procedimiento de ejecución de desalojos de los sujetos objeto de protección”.
Analizando las normas in comento, y en el entendido de que el Estado es el garante del disfrute pleno de todos los derechos fundamentales inherentes a la existencia humana, entre ellos, el derecho a una vivienda digna que coexiste junto al derecho a la vida, a la alimentación, la educación y la salud, y visto que el legislador desarrolló todo un articulado (de aplicación preferente) cuyo propósito es garantizar a todos los habitantes de la República el respeto, la protección del hogar, la seguridad personal y a la familia, lo que redunda en el derecho a no ser desalojados arbitrariamente, observa esta Juzgadora, tal como lo señala el apoderado judicial de la parte demandante en su escrito de informes, que el ciudadano JOSÉ IGNACIO ARIAS ORTIZ es el propietario del inmueble consistente en “una casa para habitación”, por lo que la práctica material de la medida solicitada por la accionante comportaría la pérdida de la posesión o tenencia de dicho bien; lo que conlleva a incluirlo forzosamente dentro de la gama de sujetos que gozan protección especial, tal como lo contempla el artículo 2 del DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACIÓN ARBITRARIA DE VIVIENDAS.
Ahora bien, en el presente asunto la parte accionante basada en el artículo 662 del Código de Procedimiento Civil, solicitó se decretara el embargo del inmueble, lo que implica que la causa deba seguirse conforme el Título IV del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, es decir, en “ejecución de sentencia”, invocando de esta forma su derecho como acreedora de rematar en forma anticipada el bien en litigio, por lo que se evidencia que la causa entró en fase de ejecución, surgiendo por ello la obligación impuesta por el legislador para los funcionarios judiciales de suspender cualquier actuación o provisión judicial en fase de ejecución que implique la terminación o cese de la posesión legítima del bien destinado a uso de vivienda, bien sea que se encuentre tanto en ejecución voluntaria como forzosa; tal como lo dispone el artículo 12 del Decreto - Ley in comento.
En el caso de marras, si bien es cierto que con apego a la normativa prevista en el DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACIÓN ARBITRARIA DE VIVIENDAS, el a quo ordenó suspender la presente causa, lo hizo amparado en los artículos 3 y 4 y no sobre la base del artículo 12, obviando fijar el plazo de dicha suspensión, el cual no puede ser menor de noventa (90) días hábiles ni mayor a ciento ochenta (180) días hábiles; debiendo dentro del plazo de la suspensión proceder conforme el artículo 13 y siguientes del Decreto - Ley que resulten aplicables.
Así las cosas, en criterio de quien decide tejido al hilo de las consideraciones anteriores, debe declararse sin lugar la apelación interpuesta y se ordena modificar el auto apelado. ASÍ SE RESUELVE.
DECISIÓN
Este JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, AGRARIO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECIDE:
PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la apelación de fecha 29 de junio de 2011, interpuesta por el abogado JESÚS MARÍA COLMENARES VALERO, apoderado judicial de la ciudadana YAJAIRA MÁRQUEZ, en contra de la decisión del 27 de junio de 2011 emanada del Juzgado de los Municipios Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello de la Circunscripción Judicial del estado Táchira.
SEGUNDO: Se MODIFICA el auto apelado de fecha 27 de junio de 2011 dictado por el Juzgado de los Municipios Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. En consecuencia, de conformidad con el artículo 12 del DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACIÓN ARBITRARIA DE VIVIENDAS, se ordena suspender la presente causa por el plazo de ciento ochenta (180) días hábiles, contados a partir de la presente fecha.
Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas.
Déjese copia certificada para el archivo del Tribunal.
La Jueza Titular,

JEANNE LISBETH FERNÁNDEZ DE ACOSTA

El Secretario,

Javier Gerardo Omaña Vivas

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.-
JLFdeA/JGOV/Nay.-
Exp. N° 2550.-

“De la revisión minuciosa de las actas que conforman el expediente se evidencia que la ejecución de la sentencia versa sobre un inmueble destinado a vivienda principal y de conformidad con el DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACIÓN ARBITRARIA DE VIVIENDAS, publicado en gaceta oficial el día 6 de mayo del año en curso, en el artículo 2 señala: “Serán objeto de protección especial, mediante la aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, las personas naturales y sus grupos familiares, que ocupen inmuebles destinados a vivienda principal en calidad de arrendatarios o arrendatarias, comodatarias o comodatarios, así como aquellas personas que ocupen de manera legítima dichos inmuebles como vivienda principal. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deberá aplicarse además en protección de las adquirentes y los adquirentes de viviendas nuevas o en el mercado secundario, cuando sobre dichos inmuebles, destinados a vivienda principal, se hubiere constituido garantía real, siendo susceptible de ejecución judicial que comporte la perdida de la posesión o tenencia. Así mismo en el artículo 3 establece “El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley será de aplicación en toda la República Bolivariana de Venezuela de manera preferente a todas aquellas situaciones en las cuales por cualquier medio, actuación administrativa o decisión judicial, alguno de los sujetos protegidos por este Decreto - Ley, sea susceptible de una medida cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda principal por su parte el artículo 12 señala “Los funcionarios judiciales estarán obligados a suspender, por un plazo no menor de noventa días (90) hábiles ni mayor ciento ochenta (180) días hábiles, cualquier actuación o provisión judicial en fase de ejecución que implique la terminación o cese de la posesión legítima del bien destinado a uso de vivienda, bien sea que se encuentre tanto en ejecución voluntaria como forzosa, debiendo notificar al sujeto afectado por el desalojo y cualquier otra persona que considere necesaria en resguardo y estabilidad de sus derechos así mismo el artículo 19 del referido decreto señala El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tendrá aplicación preferente respecto de la legislación en materia de arrendamientos inmobiliarios y la legislación procesal vigente, en lo referente a las condiciones, requisitos y procedimiento de ejecución de desalojos de los sujetos objeto de protección este Juzgado en virtud de los artículos anteriormente trascrito suspende la fase de ejecución de la medida sobre el 50 % de embargo ejecutivo, practicado por el Juzgado ejecutor de Medidas de los Municipios Ayacucho, Michelena y Lobatera de esta Circunscripción Judicial, en fecha 08 de julio del año 2010, sobre el inmueble destinado a vivienda principal ubicado en la avenida perimetral sector el cerro, casa S/N, del municipio Michelena del Estado Táchira, propiedad del demandado ciudadano José Manuel Rosales Pernía, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.105.225, adquirido por documento registrado por la Oficina de Registro Público del Municipio Michelena inserto bajo el N° 3 tomo III, Protocolo primero de fecha 28 de registro de 1998 y documento registrado por ante la misma oficina inscrito bajo la matricula 2007-RI-TX-34 de fecha 15 de agosto de 2007, por un lapso de ciento ochenta días (180) hábiles, pudiendo la parte demandante abogada Gladys Rodríguez de Roa, ejecutar otros bienes muebles o inmuebles que sean propiedad del demandado ciudadano José Manuel Rosales Pernia, en consecuencia se acuerda librar boletas de notificación a las partes…”.