TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Táchira, 7 de Noviembre de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2011-002788
ASUNTO : SP11-P-2011-002788

RESOLUCION

Celebrada como ha sido la audiencia de calificación de flagrancia en el presente asunto, se pasa a dictar el correspondiente auto fundado, en virtud de ello, el Tribunal, cumplidas las formalidades de ley, oída la solicitud efectuada por la Representante Fiscal, lo expuesto por el imputado y lo alegado y solicitado por la defensa, efectuó las siguientes consideraciones para motivar su decisión que, de conformidad con el artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal, es del tenor siguiente:

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

JUEZ: ABG. JERSON QUIROZ RAMÍREZ
FISCAL: ABG. MARJA LORENA SANABRIA
SECRETARIA: ABG. DILY MARIE GARCÍA ROJAS.
IMPUTADA: MARÍA ISABEL BUSTOS RUEDA
DEFENSORA: ABG. BETTY SANGUINO

DELITO: LESIONES PERSONALES INTENCIONALES GENERICAS, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano José Jaimes Torres.

DE LOS HECHOS

Se desprende del acta policial inserta a las presentes actuaciones que Funcionarios adscritos a la Policía del estado Táchira, estación policial San Antonio dejaron constancia que en fecha 30 Octubre de 2011, se hizo presente por ante esa estación Policial, el ciudadano JOSÉ JAIMES TORRES, el cual formulo denuncia en contra de la ciudadana MARIA ISABEL BUSTOS, por cuanto el mismo se encontraba durmiendo y fue cuando llegó la chama antes referida, quien es su novia y empezó a insultarlo y se le lanzo para agredirla aruñándole el cuello y le lanzaba golpes, como pudo se soltó y salió corriendo, ella quedo con el hijo de ella, porque el hijo la tenía agarrada y él aprovecho a soltarse, el denunciante no la goleó, ni la maltrato, solo se la quito de encima para salir corriendo al patio del vecino y la señora Sheylka Karin, la dueña de la casa por donde escapo, le dijo que subiera y hablara con la policía, razón por la cual la esposaron y la detuvieron.

Al folio cuatro (04) de las actas, riela inserta denuncia interpuesta por el ciudadano JOSÉ JAIMES TORRES, contra de la ciudadana MARIA ISABEL BUSTOS, señalando que el mismo se encontraba durmiendo y fue cuando llegó la chama antes referida, quien es su novia y empezó a insultarlo y se le lanzo para agredirla aruñándole el cuello y le lanzaba golpes, como pudo se soltó y salió corriendo, ella quedo con el hijo de ella, porque el hijo la tenía agarrada y él aprovecho a soltarse.

Al folio cinco (05) de las actas riela entrevista rendida por la ciudadana SHEYLA KARIN MORENO GAFARO, quien relata como sucedieron los hechos objeto de la presente causa.

Al folio ocho (08) riela esquela con sello húmedo donde se lee “Ministerio del Poder Popular para la Salud, Hospital II, “Dr. Samuel Darío Maldonado” San Antonio, suscrito por el Dr. Santos Anchicoque, Médico Cirujano, cédula de identidad 1.589.263, CMT: 1415, en el cual se refiere que la victima presenta entre otras lesiones hematomas leves en la cara lateral izquierda.

DE LA AUDIENCIA

Por tales hechos, este Tribunal, fijó Audiencia, en la que la representante del Ministerio Público, hizo una exposición sucinta de las circunstancias de tiempo modo y lugar en la que ocurrieron los hechos y señala los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales basa la solicitud de calificación de flagrancia de la ciudadana MARÍA ISABEL BUSTOS RUEDA, colombiana, natural de Bucaramanga, titular de la cédula de ciudadanía Nº CC-37.556.150, nacida en fecha 25 de Noviembre de 1976, de 34 años de edad, soltero, de profesión u oficio trabaja calzado, hija de Pedro Bustos (v) y Mirian Rueda (v); residenciada en las Minas, carrera 23, en la invasión, San Antonio, Municipio Bolívar, estado Táchira, a quien le atribuye la presunta comisión del delito de LESIONES PERSONALES INTENCIONALES GENERICAS, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano José Jaimes Torres, por consiguiente solicita se informe a la imputada, el hecho punible que se le atribuye, así como las alternativas a la prosecución del proceso; así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, se le oiga, previo el cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 131 ibídem se califique la aprehensión como flagrante conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, ordene la prosecución de la presente causa por los tramites del procedimiento ordinario, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, se decrete Medida Cautelar Sustitutiva de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por su parte la ciudadana MARÍA ISABEL BUSTOS RUEDA, impuesta del precepto constitucional del artículo 49 ordinal 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, de las alternativas a la prosecución del proceso, consistentes en el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, previstas en los artículos 37 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, así como del procedimiento especial por admisión de hechos, establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal manifestando la imputada NO querer declarar y al efecto de manera libre y voluntaria expuso: “me acojo al precepto constitucional”.

La defensora pública Abg. Betty Sanguino Pérez; expuso: “Ciudadano Juez, pido que se revisen si se encuentran llenos los extremos a los fines de calificar la aprehensión de mi defendida como flagrante, se siga la investigación por el procedimiento solicitado y se decrete una medida cautelar que el Tribunal considere; por cuanto mi defendido es de nacionalidad venezolana y tiene arraigo en el país, es todo”.

DE LA FLAGRANCIA

Corresponde en consecuencia a ésta instancia, pronunciarse en primer término sobre la solicitud formulada por el Ministerio Público de aprehensión en flagrancia del imputado de autos, en virtud de la presentación hecha por el Ministerio Público, y de los hechos anteriormente descritos.

El artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:

Artículo 44 “.....Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden Judicial a menos que sea sorprendido in fraganti, en este caso, será llevado a una autoridad policial Judicial...”.

En el presente caso no existiendo Orden Judicial, se hace necesario analizar las circunstancias del delito Flagrante. Al efecto el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, señala:

Artículo 248. “Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos de los Estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado”

En el anterior dispositivo se establecen los supuestos o conductas típicas para calificar como flagrante a un delito. En primer lugar requiere que el sujeto sea detenido cuando está cometiendo un hecho, se trata entonces, de la captura e identificación del delincuente en plena comisión del hecho, es lo que la doctrina llama FLAGRANCIA REAL; de igual manera se admite la flagrancia cuando el sujeto es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, como producto de una persecución ininterrumpida de las autoridades o del público, que no le hayan perdido de vista, es la llamada FLAGRANCIA EX POST IPSO O CUASIFLAGRANCIA; y por último cuando se practica la detención de una persona con instrumentos o cosas provenientes del delito, tiempo después de haber cesado la persecución o sin que esta haya existido, conocida como FLAGRANCIA PRESUNTA A POSTERIORI; por cierto, figura esta muy cuestionada debido a que la flagrancia está determinada por la posesión de los objetos provenientes del delito y no en cuanto a la participación del sujeto en el hecho.

Conforme lo relatado en Acta Policial inserta a las presentes actuaciones en la que se señala que funcionarios adscritos a la Policía del estado Táchira, estación policial San Antonio dejaron constancia que en fecha 30 Octubre de 2011, se hizo presente por ante esa estación Policial, el ciudadano JOSÉ JAIMES TORRES, el cual formulo denuncia en contra de la ciudadana MARIA ISABEL BUSTOS, por cuanto el mismo se encontraba durmiendo y fue cuando llegó la chama antes referida, quien es su novia y empezó a insultarlo y se le lanzo para agredirla aruñándole el cuello y le lanzaba golpes, como pudo se soltó y salió corriendo, por lo que procedieron a intervenir policialmente a la ciudadana quien fue identificada como MARÍA ISABEL BUSTOS RUEDA, colombiana, natural de Bucaramanga, titular de la cédula de ciudadanía Nº CC-37.556.150, nacida en fecha 25 de Noviembre de 1976, de 34 años de edad, soltero, de profesión u oficio trabaja calzado, hija de Pedro Bustos (v) y Mirian Rueda (v); residenciada en las Minas, carrera 23, en la invasión, San Antonio, Municipio Bolívar, estado Táchira; quien fue puesta o ordenes de la Fiscalía Vigésimo Cuarta del Ministerio Público.

Ahora bien, ante lo explicito de los elementos aportados en el acta policial No 170, de fecha 30 de octubre de 2011, la denuncia interpuesta por la victima de autos José Jaimes Torres, inserta al folio cuatro (04) de las presentes actuaciones, el reconocimiento médico inserto al folio ocho (08), y demás diligencias de investigación; como quiera que la solicitud fiscal a comprendido la presentación de la imputada de autos y la petición de calificación de flagrancia, basta entonces contrastar los hechos con la norma prevista del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal para determinar que la detención de la ciudadana MARÍA ISABEL BUSTOS RUEDA, colombiana, natural de Bucaramanga, titular de la cédula de ciudadanía Nº CC-37.556.150, nacida en fecha 25 de Noviembre de 1976, de 34 años de edad, soltero, de profesión u oficio trabaja calzado, hija de Pedro Bustos (v) y Mirian Rueda (v); residenciada en las Minas, carrera 23, en la invasión, San Antonio, Municipio Bolívar, estado Táchira, se produjo en estricta flagrancia por lo que se concluye que estamos en presencia de un delito flagrante, toda vez que la conducta desplegada por el imputado de autos se tipifica como LESIONES PERSONALES INTENCIONALES GENERICAS, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano José Jaimes Torres, en consecuencia la aprehensión de la ciudadana MARÍA ISABEL BUSTOS RUEDA, es legal de conformidad con lo previsto en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en su artículo 44 numeral 1, en concordancia con lo establecido en el en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Calificada como ha sido la flagrancia en la presente causa, corresponde a quien aquí decide resolver sobre el procedimiento a seguir, en tal sentido se deben hacer las siguientes consideraciones: 1.- Ha sido Jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que si hay que verificar algunas circunstancias fuera del hecho flagrante la posibilidad de un procedimiento abreviado desaparece y es en este momento cuando el Fiscal debe solicitar el procedimiento ordinario a fin de salvaguardar los derechos procesales del imputado y averiguar mejor la conexión del delito o la existencia de una posible conspiración o cualquier otra causa que se necesite dilucidar mejor. 2.- De otro lado tenemos que el Ministerio Público ha solicitado la continuación de la causa por el procedimiento ordinario, entendiendo este Juzgador que es el Ministerio Público el titular de la acción y es quien sabe y mantiene la estrategia de su investigación, reconociéndose que el Ministerio Público en este caso ha considerado que hay circunstancias que clarificar en la búsqueda de la verdad, por cuanto las actuaciones consignadas como elementos de convicción ante este Tribunal no son suficientes para producir el acto conclusivo correspondiente, por tales razones acogiendo lo señalado por la jurisprudencia patria y la solicitud del Ministerio Público, se ordena la prosecución de la presente causa mediante el procedimiento ordinario debiéndose remitir las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público correspondiente, una vez vencido el lapso de ley, a los fines legales consiguientes. Así se decide.

DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL Y DEL
PRECEPTO JURÍDICO APLICABLE

En cuanto a la medida de coerción personal solicitada por el Ministerio Publico, considera este Juzgador, que si bien la ciudadana MARÍA ISABEL BUSTOS RUEDA, esta señalada por la presunta comisión del delito de LESIONES PERSONALES INTENCIONALES GENERICAS, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano José Jaimes Torres, que merece pena privativa de libertad, que no se encuentra evidentemente prescrita, por lo que considera este Juzgador que de conformidad con lo establecido en el artículo 44 numeral 1ro.- de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también de conformidad con lo establecido en el artículo 8, 9 , 243 y 253 todos del Código Orgánico Procesal Penal, que lo procedente en el caso in comento es decretar una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial de Libertad, por las siguientes razones: No esta evidenciado el peligro de fuga, toda vez que se trata de una ciudadana que si bien es cierto son de nacionalidad colombiana, primaria en la comisión de delito, no es menos cierto que tiene acreditado su arraigo en el País, al estar residenciada en las Minas, carrera 23, en la invasión, San Antonio, Municipio Bolívar, estado Táchira, es por lo que considera quien aquí decide que con una medida sustitutiva, se resuelve la situación de carácter procesal para la asistencia de la imputada a los actos del proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 numerales 3, 4 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo cumplir con las siguientes condiciones:

1.-Obligación de Presentarse una vez cada TREINTA (30) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de esta Extensión Judicial.
2.-Prohibición de salida del país sin autorización expresa y escrita del Tribunal.
3.-Prohibición de agredir a la victima de autos; y
4.-Obligación de concurrir a todos los actos del proceso.

Presente la imputada manifestó: “Me comprometo a cumplir fielmente con la obligación impuesta, es todo”. Acto seguido el Juez le hace saber a éste último que el incumplimiento injustificado de las condiciones, e impuesta por el Tribunal, traerá como consecuencia la revocatoria de la medida, y así se decide.

DEL DISPOSITIV0 DE LA SENTENCIA

EN CONSECUENCIA, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL No 1 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:

PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión de la ciudadana MARÍA ISABEL BUSTOS RUEDA, colombiana, natural de Bucaramanga, titular de la cédula de ciudadanía Nº CC-37.556.150, nacida en fecha 25 de Noviembre de 1976, de 34 años de edad, soltero, de profesión u oficio trabaja calzado, hija de Pedro Bustos (v) y Mirian Rueda (v); residenciada en las Minas, carrera 23, en la invasión, San Antonio, Municipio Bolívar, estado Táchira, por la presunta comisión del delito de LESIONES PERSONALES INTENCIONALES GENERICAS, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano José Jaimes Torres, por encontrarse llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.

SEGUNDO: Se Ordena la prosecución del proceso por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la remisión a la Fiscalía Vigésimo Cuarta del Ministerio Público, vencido que sea el lapso de ley correspondiente.

TERCERO: DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD a la ciudadana MARÍA ISABEL BUSTOS RUEDA, plenamente identificada a quien el Ministerio Público señala en la presunta comisión del delito de LESIONES PERSONALES INTENCIONALES GENERICAS, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano José Jaimes Torres, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 numerales 3, 4 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo cumplir con las siguientes condiciones: 1.-Obligación de Presentarse una vez cada TREINTA (30) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de esta Extensión Judicial, 2.-Prohibición de salida del país sin autorización expresa y escrita del Tribunal, 3.-Prohibición de agredir a la victima de autos y 4.-Obligación de concurrir a todos los actos del proceso.

La presente decisión fue pronunciada de manera oral, al término de la audiencia celebrada en fecha 31 de octubre de 2011, con fundamento en lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 177 eiusdem. Con la lectura del acta respectiva, quedaron debidamente notificadas las partes de los fundamentos de hecho y de derecho de la presente decisión.

Regístrese y déjese copia para el Archivo del Tribunal. Remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público correspondiente, una vez vencido el lapso de ley, a los fines legales consiguientes.

ABG. JERSON H. QUIROZ RAMIREZ
JUEZ PRIMERO DE CONTROL

ABG. NOHEMI SEPULVEDA GOMEZ
SECRETARIA

Asunto SP11-P-2011-002788. JQR.