TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, veintitrés (23) de mayo del año dos mil once (2011).

201° y 152°

PARTE DEMANDANTE: ANYUR ALEXANDER CARRERO P, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad N° V-17.208.559, de este domicilio y civilmente hábil.

ABOGADO APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE: WOLFRED B. MONTILLA B., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 28.357.

PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil NUEVO MUNDO, SEGUROS S.A., con domicilio especial y comercial en la ciudad de San Cristóbal Estado Táchira.

MOTIVO: Cumplimiento de Contrato.

EXPEDIENTE: 16983-2007.

PARTE NARRATIVA

En fecha 19 de agosto de 2007, se admitió la presente demanda de Cumplimiento de Contrato, interpuesta por el abogado WOLFRED B. MONTILLA B., apoderado del ciudadano ANYUR ALEXANDER CARRERO P., contra la Sociedad Mercantil NUEVO MUNDO, SEGUROS S.A. En la misma fecha se ordeno la citación de la parte demandada y se ordeno la Inspección Ocular solicitada en el libelo de la demanda.
En fecha 14 de agosto de 2007, se hizo presente el apoderado de la parte actora abogado Wolfred Montilla Bastidas, el cual expuso mediante diligencia que se difiriera la inspección acordada por el tribunal en el auto de admisión.
En fecha 14 de agosto de 2007, el tribunal acordó nueva oportunidad para la práctica de la inspección solicitada por la parte demandante.
En fecha 20 de septiembre de 2007, el tribunal informa que la parte solicitante de la inspección, no se hizo presente.
En fecha 26 de septiembre de 2007, se libro compulsa a la parte demandada.
En fecha 17 de octubre de 2007, informa el Alguacil del tribunal que la parte actora le suministro los medios de transporte necesarios para practicar la citación, en la misma fecha el abogado Wolfred Montilla, solicita que se expida nuevamente la compulsa para que sea citada la ciudadana Yanet Mendoza y solicita que el tribunal fije nuevamente la inspección judicial.
En fecha 1 de noviembre de 2007, el tribunal acordó lo solicitado en fecha 17-10-2007, por el abogado Wolfred Montilla.
En fecha 6 de noviembre de 2007, el tribunal informa que la parte solicitante de la inspección, no se hizo presente.
En fecha 12 de noviembre de 2007, se hizo presente el apoderado de la parte actora abogado Wolfred Montilla, el cual expuso mediante diligencia, se vuelva a fijar día y hora para la practica de la inspección judicial.
En fecha 13 de noviembre de 2007, el tribunal acordó lo solicitado por el abogado Wolfred Montilla en fecha 12-11-2007.
En fecha de hoy 19 de noviembre de 2007, se hizo presente el apoderado de la parte actora abogado Wolfred Montilla, el cual expuso mediante diligencia que el tribunal fije nuevamente la inspección judicial.
En fecha 19 de noviembre de 2007, el tribunal acordó lo solicitado por el abogado Wolfred Montilla en fecha 19-11-2007.
Endecha 26 de noviembre de 2007, se hizo la inspección judicial, acordada el 19-11-2007.
En fecha 14 de julio de 2008, se hizo presente el apoderado de la parte actora abogado Wolfred Montilla, el cual expuso mediante diligencia que se expida boleta de citación a la ciudadana Yanet Mendoza y que el Tribunal lo acuerde mediante auto.
En fecha 23 de octubre de 2008, se dejo sin efecto la compulsa librada al T.S.U Raúl González en su condición de Gerente de la Sociedad Mercantil Nuevo Mundo Seguros S.A. de fecha 26 de septiembre de 2007 y se acuerda librar nuevamente compulsa a la Gerente Licenciada Yanet Mendoza.
En fecha 28 de noviembre de 2008, se libro nueva compulsa.
En fecha 9 de diciembre de 2008, se hizo presente el apoderado de la parte actora abogado Wolfred Montilla, el cual expuso mediante diligencia que el alguacil informe sobre la citación de la demandada.
En fecha 16 de diciembre de 2008, informo el alguacil del tribunal que se traslado a la dirección indicada por la parte actora y fue informado en la recepción de la misma que la ciudadana Yanet Mendoza no se encontraba.

PARTE MOTIVA

La interpretación que ha hecho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el derecho a la obtención de una tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y principio pro actione, garantizados en nuestro Texto Constitucional, establece que todo ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia, al juzgamiento con las garantías debidas, a la obtención de una sentencia cuya ejecución no sea ilusoria y a que los requisitos procesales se interpreten en el sentido más favorable a la admisión de las pretensiones procesales. En consecuencia este principio forma parte del núcleo esencial de los derechos fundamentales a la tutela judicial eficaz y al debido proceso. No obstante, hacer uso de este derecho, activando los órganos jurisdiccionales para reclamar aquéllos que se crean conculcados, no es suficiente para materializar la resolución de los conflictos sometidos al arbitrio del Juez, como mecanismo idóneo para alcanzar la paz social, pues dicho acto, genera a los justiciables obligaciones o cargas que se traducen en conductas que permiten el impulso al proceso, con el conjunto de procedimientos y actos que le son propios para ser cumplidos por los sujetos involucrados en el mismo, en la forma, tiempo y lugar establecidos en la ley para tengan los efectos previstos en la ley, con las consecuencias perjudiciales que se derivan de su incumplimiento por ser violatorio del orden público, tal y como lo señala la Sala de Casación Civil en sentencia Nº 729 del 27 de julio de 2004, y lo cual da potestad al Juez para actuar, aún de oficio.
Entre los actos procesales, la citación constituye formalidad necesaria para la validez del juicio y garantía esencial del principio de contradictorio y en consecuencia, expresión fundamental del derecho a la defensa y elemento básico, del debido proceso. Así pues, acordada en el auto de admisión, surge para el sujeto activo de la relación procesal, la carga de ejecutar los actos propios para su impulso dentro de los treinta días contados desde la fecha de dicho auto, los cuales, de manera reiterada la Sala de Casación Civil los ha determinado, so pena de ser perimida la instancia.

El artículo 267, Ordinal 1º, del Código de Procedimiento Civil, reza:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…”

Ahora bien, de la revisión de las presentes actuaciones, se observa que a la demanda se le dio entrada el 10 de agosto de 2007, y hasta la presente fecha no consta en autos que se haya practicado la citación.
Sobre la perención los criterios jurisprudenciales han sido reiterados en tiempo. Así en sentencia de vieja data quedó sentado:

“… La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal. Consecuente con este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo…” (Sala de Casación Civil. Expediente N° 92-0439 del 22-09-1993)

Nuestro tratadista patrio, Ricardo Henríquez La Roche, en sus comentarios al “Código de Procedimiento Civil, Tomo II”, señala:

“Un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes… El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios.”.

Por otra parte, Sala de Casación Civil, en sentencia, del 06 de julio de 2004:

“… Ahora bien, dada la severidad del castigo, este Supremo Tribunal ha considerado de aplicación e interpretación restrictiva, las normas relativas a la perención y bajo estos lineamientos ha establecido, mediante su doctrina, que por cuanto la ley habla de las obligaciones que debe cumplir el demandante, basta que éste ejecute alguna de ellas a los efectos de la práctica de la citación, para evitar que se produzca la perención.
“… Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero ambas destinadas a lograr la citación del demandado.
En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial…….omisis…. en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de manera diferente, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención.”
…omisis…
.“…Que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación “ . (Subrayado del Juez).

De allí tenemos, que a partir del auto de admisión de la demanda, el actor deberá cumplir las actividades y obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación o intimación de la parte demandada; como es suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, es decir, el demandado; así como a través de diligencias, consignar las copias fotostáticas necesarias para la elaboración de la compulsa y poner a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el traslado a los fines de practicar la citación.
Ahora bien, de la revisión de las presentes actuaciones, se observa que el auto mediante el cual se le da entrada a la demanda, fue dictado el día 10 de agosto de 2007, donde se ordeno la citación, luego el abogado Wolfred Montilla suministra nuevamente el nombre de la nueva Gerente del Seguro la cual se debe citar pero hasta la presente fecha, no ha sido citada la parte demandada; y no lo hizo dentro del lapso establecido; demostrando con esto que no impulsó la citación de la parte demandada dentro del lapso de treinta días desde el auto de fecha 23 de octubre de 2008, de lo que se evidencia la falta de interés procesal por la parte actora, generando la pérdida de la instancia, la cual debe ser sancionada con su perención, y así se decide.
Por las razones de hecho, de derecho y jurisprudenciales antes expuestas este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente procedimiento judicial.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil._ El Juez, (Fdo) Pedro Alfonso Sánchez Rodríguez. Secretaria, (Fdo) María Alejandra Marquina de Hernández.