TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Táchira, 15 de Febrero de 2011
200º y 151º
ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2010-002694
ASUNTO : SP11-P-2010-002694

IMPUTADA: MISLEIDA CAROLINA ARAQUE BRACHO
Visto el escrito presentado por el ciudadano ABG. William José Rivera Corredor, en su carácter de Defensor, mediante el cual requiere del Tribunal se Revise la Medida Privativa de Libertad impuesta por esté Tribunal en fecha 09 de Noviembre de 2010, y se imponga de una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo264, 256 del Código Orgánico Procesal Penal, a su representada la ciudadana: MISLEIDA CAROLINA ARQUE BRACHO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, natural de San Antonio del Táchira, nacida en fecha 27 de enero de 1985, de 25 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº 17.467.682, soltera, de profesión u oficio Oficios del Hogar, hija de José Alcides Araque (v) y de Sara Bracho Araque (v), residenciada en la carrera 10, calle 12, Nº 75, Barrio la Popa, San Antonio del Táchira; El Tribunal para decidir observa:

PRIMERO: En fecha 09-11-2010, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Número Tres, Extensión San Antonio, celebró Audiencia de Calificación de Flagrancia y Medida de Coerción Personal, por la presunta comisión de los delitos de: EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el articulo 16 de La Ley Sobre el Delito de Secuestro y Extorsión, en perjuicio de Yaneth Pimiento de Moreno, audiencia en la que esté Tribunal, decreta la siguiente dispositiva:
1: CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión de la ciudadana MISLEIDA CAROLINA ARQUE BRACHO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, natural de San Antonio del Táchira, nacida en fecha 27 de enero de 1985, de 25 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº 17.467.682, soltera, de profesión u oficio Oficios del Hogar, hija de José Alcides Araque (v) y de Sara Bracho Araque (v), residenciada en la carrera 10, calle 12, Nº 75, Barrio la Popa, San Antonio del Táchira, en la presunta comisión del delito EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el articulo 16 de La Ley Sobre el Delito de Secuestro y Extorsión, en perjuicio de Yaneth Pimiento de Moreno, por encontrarse llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
2: Se Ordena la prosecución del proceso por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la remisión de la causa al Juzgado de Juicio correspondiente vencido que sea el lapso de ley.
3: SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, a la imputada MISLEIDA CAROLINA ARQUE BRACHO, por el delito atribuido, de conformidad con lo establecido en los artículos 250 y 251 Y último aparte del artículo 252 del Código Orgánico Procesal Penal, señalándose como su sitio de reclusión la Comisaría San Antonio de la Policía del estado Táchira.
4: SE ORDENA, remitir copia Certificada de la presente acta a la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público oídas las declaraciones de la imputada.
Regístrese y déjese copia para el Archivo del Tribunal. Remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía actuante vencido el plazo de ley correspondiente. Expídanse las copias solicitadas por la Defensa
SEGUNDO: Igualmente observa esta Juzgadora, el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece:

“El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el Juez al dictar su decisión.”
De manera que, en todo caso, tales principios de veracidad y justicia, se observarán como pilares fundamentales en el proceso penal, de allí que, las medidas cautelares en general, cobren vigencia y aplicación, ello, en nada merma el también principio constitucional de presunción de inocencia y afirmación de libertad, que a pesar de la aparente antinomia, sin embargo, la medida cautelar extrema –Privación Judicial Preventiva de Libertad, está sujeta al razonamiento judicial que deberá establecerse y apreciarse en el caso en concreto, por expresa disposición del artículo 44.1 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer:
“La libertad personal es inviolable, en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.” Comillas y subrayado es propio.”
Con base a ello, deberá razonarse del modo establecido las circunstancias por las que debe decretarse, mantenerse, sustituirse o revocarse la medida cautelar extrema, siempre, bajo el prisma integral establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, primero, la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad cuya acción no esté evidentemente prescrita, segundo, la existencia de fundados elementos de convicción para estimar la autoría o participación del imputado en tal hecho punible, y de último, la existencia de presunción razonable del Peligro de fuga o de Obstaculización en la búsqueda de la verdad. En opinión de la juzgadora, la existencia del particular primero y segundo permitirá abordar el razonamiento del último para determinar el tipo o clase de la medida cautelar a dictar, -extrema o no- , por el contrario, la inexistencia de algunos de los primeros, impedirá abordar el último, surgiendo así una verdadera máxima jurídica; pues aceptar lo contrario implicaría someter al proceso a una persona por la mera existencia de una investigación, lo cual resultaría craso error de juzgamiento, en detrimento de los derechos fundamentales del ser humano.
Ahora bien, como derecho natural del justiciable, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé que el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente; debiendo el Juzgador examinar la necesidad de mantener la medida o sustituirla por otra menos gravosa.

Así mismo, la revisión de la medida cautelar sólo es posible en virtud de la mutabilidad de la decisión judicial referida con ocasión a la cosa juzgada formal que causa la misma, sin embargo, tal mutabilidad, está constituida sobre la base o cláusula “Rebus Sic Stantibus”, según la cual ante la invariabilidad de las circunstancias que motivaron la decisión, necesariamente deberá mantenerse la misma; por interpretación en contrario, si han sufrido alteración deberá analizarse la misma y adoptarse la medida proporcional a la situación fáctica en concreto, sea mediante su sustitución, o de ser necesario mediante su revocatoria, según sea el caso.

Ahora bien Revisadas las actuaciones del presente Asunto, se observa que a la imputada MISLEIDA CAROLINA ARQUE BRACHO, al decretase la medida de privación se encontraban vigentes los extremos previstos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, indispensables para acordar la Medida Judicial Privativa Preventiva de Libertad, toda vez que se evidencia la presunta consumación de un hecho punible que se subsumen en los tipos penales, por cuanto se podría llegar a imponerle una pena privativa tomando en cuenta los limetes estipulados por la norma penal sustantiva, siguiendo en todo caso los parámetros estipulados por el Código Penal para su calculo, en la aplicación de la dosimetría para el computo de la misma, asimismo la acción penal es de orden público y no se encuentra prescrita.
La dispositiva que tomó este Tribunal de Control en su decisión en fecha 09 de Noviembre de 2010, audiencia en la que observó la existencia de suficientes elementos de convicción para someter a un juicio público a la imputada ampliamente identificado supra, como presunta autora del delito de: EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el articulo 16 de La Ley Sobre el Delito de Secuestro y Extorsión, en perjuicio de Yaneth Pimiento de Moreno; Ahora bien en lo referente a la existencia o no de peligro de fuga y peligro de obstaculización, tal como lo disponen los artículos 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal observa que estas circunstancias son determinantes para dictar medida privativa de libertad o una cautelar sustitutiva. Es por ello que la ley adjetiva enuncia los presupuestos de peligro de fuga y peligro de obstaculización; además, en el ordinal tercero del artículo 254 eiusdem, se indican los requisitos del auto de privación judicial preventiva de libertad, estableciendo la obligación de mencionar los presupuestos a que se refieren los artículos 251 ó 252. En este caso, el Tribunal estima que han variado las circunstancias se decreto la medida extrema de privación de libertad, que no existe peligro de obstaculización en virtud de que la investigación, fue desplegada por la Fiscalía actuante, y que en razón de ello presento su respectivo acto conclusivo, tomando en cuenta de igual manera, que es una persona de nacionalidad Venezolana y tiene domicilio en el Estado Táchira en la jurisdicción del Tribunal.
Este Tribunal estima que es obligación de los Tribunales, el resguardo y protección del orden constitucional y procurar la eficaz vigencia de los derechos fundamentales de las personas, resguardar el principio constitucional de que todos serán juzgados en libertad, excepto cuando existan razones determinadas por la ley.

Así El artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal reafirma esa garantía constitucional del juicio en libertad, cuando establece que toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, con las excepciones que establezca este Código; Asimismo, que la privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso. Tales excepciones, derivadas de los artículos 250, 251 y 252, son las que autorizan para dictar medidas cautelares privativas de libertad, las cuales, sin embargo –y siempre en procura de que, sólo en la menor medida de lo posible y dada la garantía constitucional de la presunción de inocencia, resulte afectado el derecho fundamental que reconoce el artículo 44 de la Constitución-, pueden ser atemperadas a través de la imposición de otras menos gravosas descritas en lo artículo 256 y siguientes del precitado Código Procesal. Por tanto, la privación o restricción en el ejercicio del derecho a la libertad, como medidas de excepción, requieren, del órgano jurisdiccional que las decrete, de ponderación y prudencia.
De igual manera de la imputada se observa que consta en las actas que rielan en el expediente que tiene residencia fija en el país, que la imputado es venezolana; Por lo que para está juzgadora existen circunstancias bajo las cuales se puede proceder a modificar la medida de coerción personal decretada por esté Tribunal, por lo antes expuesto para quien aquí decide se desvirtúa la presunción de peligro de fuga, o evasión de la justicia por el proceso que se le sigue, por lo que en fundamento al ordinal 1 del artículo 44 de nuestra Constitución, para está juzgadora revisa y consecuencialmente sustituye la Medida Privativa de Libertad por una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad, idónea y proporcional que tienda a garantizar el sometimiento de los imputados al proceso es decir capaz de garantizar las resultas del proceso .
Teniendo conocimiento el imputado que en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas, se les REVOCARÁ la medida y en su lugar, se le dictará Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad.
TERCERO: Atendiendo a tales circunstancias, en razón de la protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente, mientras no se establezca su culpabilidad, son motivos significantes que estima quien aquí decide, para revisar la medida de coerción personal, decretada en fecha 09-11-2010, en aras del principio de afirmación de la Libertad, y el de inocencia, establecidos en los artículos 44, 49 ordinal 2º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 8 y 9 ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Por estas razones, esta Juzgadora, SUSTITUYE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD POR UNA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD, prevista en los artículos 256 y 258 en relación con el artículo 260 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud que con el otorgamiento de la misma se llenan las exigencias de orden procesal para la comparecencia del imputado a los demás actos del proceso, por ello de conformidad con lo establecido en el artículo 256 numeral 3°, 4°, 5° y 9° y 258 del Código Orgánico Procesal Penal, impone a los imputados de las siguientes condiciones: 1.- Presentaciones cada ocho (08) días por ante el Tribunal; 2.- Prohibición de Salir de la Jurisdicción del Tribunal sin autorización del mismo; 3.- No Incurrir en hechos de carácter penal, debiéndose presentar a todos y cada uno de los actos del proceso; y 5.- Presentación de un (01) fiadores, con residencia en la jurisdicción del Tribunal, de reconocida buena conducta, responsables y con capacidad económica, quienes presentaran al Tribunal los siguientes recaudos: a) Constancias de trabajo o de ingresos iguales o superiores a cincuenta (30) Unidades Tributarias, balance personal visada por el Colegio de Contadores. b) Constancia de domicilio o residencia, expedida por la Junta Comunal. c) Copia fotostática de la cédula de identidad, presentando su original para vista y devolución. d) Comprometerse ante este Despacho, a que el imputado no salga del país sin la autorización del Tribunal. e) Presentarlos ante el Tribunal, cada vez que así lo ordene, f) Pagar por vía de multa la cantidad de cincuenta (30) Unidades Tributarias, en caso de que el afianzado se hubiere ocultado o fugado. Y así se decide.
En consecuencia este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL NÚMERO TRES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA; ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY: PRIMERO: SUSTITUYE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD IMPUESTA EN FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2010, A LA CIUDADANA MISLEIDA CAROLINA ARQUE BRACHO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, natural de San Antonio del Táchira, nacida en fecha 27 de enero de 1985, de 25 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº 17.467.682, soltera, de profesión u oficio Oficios del Hogar, hija de José Alcides Araque (v) y de Sara Bracho Araque (v), residenciada en la carrera 10, calle 12, Nº 75, Barrio la Popa, San Antonio del Táchira, en la presunta comisión del delito EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el articulo 16 de La Ley Sobre el Delito de Secuestro y Extorsión, en perjuicio de Yaneth Pimiento de Moreno , POR UNA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD, capaz de garantizar las resultas del proceso, de las previstas en los artículos artículo 256 numeral 3°, 4°, 5° y 9° y 258 del Código Orgánico Procesal Penal, imponiéndole como condición la obligación de: 1.- Presentaciones cada ocho (08) días por ante el Tribunal; 2.- Prohibición de Salir de la Jurisdicción del Tribunal sin autorización del mismo; 3.- No Incurrir en hechos de carácter penal, debiéndose presentar a todos y cada uno de los actos del proceso; y 5.- Presentación de un (01) fiadores, con residencia en la jurisdicción del Tribunal, de reconocida buena conducta, responsables y con capacidad económica, quienes presentaran al Tribunal los siguientes recaudos: a) Constancias de trabajo o de ingresos iguales o superiores a cincuenta (30) Unidades Tributarias, balance personal visada por el Colegio de Contadores. b) Constancia de domicilio o residencia, expedida por la Junta Comunal. c) Copia fotostática de la cédula de identidad, presentando su original para vista y devolución. d) Comprometerse ante este Despacho, a que el imputado no salga del país sin la autorización del Tribunal. e) Presentarlos ante el Tribunal, cada vez que así lo ordene, f) Pagar por vía de multa la cantidad de cincuenta (30) Unidades Tributarias, en caso de que el afianzado se hubiere ocultado o fugado. Levántese acta de compromiso. Líbrese la correspondiente boleta de traslado. Déjese copia para el archivador del Tribunal. Notifíquese.

ABG. KARINA TERESA DUQUE DURAN
JUEZA TERCERO DE CONTROL

SECRETARIO