REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL. SAN ANTONIO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Táchira, 18 de Abril de 2011
200º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2011-000778
ASUNTO : SP11-P-2011-000778

RESOLUCION

Celebrada como fue la Audiencia de Calificación de Flagrancia en el presente asunto, en virtud de la solicitud realizada por la Fiscalía Octava del Ministerio Público, en contra del ciudadano SERGIO MARTÍNEZ REALPE, de nacionalidad colombiana, natural del Municipio Atlántico, Departamento de Barranquilla, República de Colombia, titular de la cédula de ciudadanía C.C.-72.338.273, nacido en fecha 22-05-1984, de estado civil soltero, de profesión u oficio estudiante, residenciado en el barrio Soledad, carrera 42, casa N° 30-60, Municipio Atlántico, Departamento de Barranquilla, República de Colombia; sin residencia fija en el país, a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previstos y sancionados en los artículos 45 de la Ley Orgánica de Identificación, procede el Tribunal a dictar la Resolución en los siguientes términos:

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

JUEZ: ABG. JERSON QUIROZ RAMÍREZ
FISCAL: MARÍA TERESA OCHOA
SECRETARIO: RODRIGO CASANOVA D’JESÚS
IMPUTADO (S): SERGIO MARTÍNEZ REALPE
DEFENSOR (A): YANED CONTRERAS DE ESCALANTE
DELITO: USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación.

DE LOS HECHOS

La presente causa penal se inició en virtud del procedimiento realizado por funcionarios adscritos a la Subdelegación San Antonio, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, reflejado en acta de investigación penal de fecha 28 de marzo de 2011, obrante al folio dos (02) de las actuaciones, en la cual dejan constancia que siendo aproximadamente las 12:25 horas de la tarde, encontrándose de servicio en la Brigada de Vehículos, específicamente en el canal de circulación que va desde la población de Capacho hacia San Antonio del Táchira, observaron un vehículo de servicio público, procediendo a realizar un chequeo de rutina, solicitando su identificación a los ocupantes del mismo. Señalan que al verificar la cédula de identidad N° V-21.450.286, a nombre de JHON HENRY FLOREZ PINTO, arrojó como resultado que la misma registra en el SAIME, pero que al realizar inspección ocular al documento, se percataron que presenta características discrepantes de producción, determinando que no fue expedido por el SAIME, por cuanto los estándares de seguridad no son los utilizados por dicho organismo. Al inquirir al ciudadano que presentó dicho documento, sobre dónde obtuvo el mismo, señaló que lo había obtenido a través de un ciudadano que le presentó un conocido en la ciudad de San Antonio del Táchira, a quien pagó la cantidad de mil bolívares (Bs. 1.000,00). El referido ciudadano, quedó identificado como SERGIO MARTÍNEZ REALPE, de nacionalidad colombiana, siendo detenido ante la presunta comisión de un hecho punible y puesto a órdenes de la Fiscalía del Ministerio Público actuante.
Al folio (06) de la causa, obra experticia de autenticidad o falsedad N° 9700-062-ST-204, de fecha 28 de marzo de 2011, practicada al documento presentado por el imputado, en la cual concluye la experto que el mismo es falso y de uso ilegal en el país.
Al folio (07) obra inserto el documento con apariencia de cédula de identidad de la República Bolivariana de Venezuela, que fue presentado por el imputado de autos y peritado por la funcionaria adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el cual resultó ser falso y de uso ilegal en el país.


DE LA AUDIENCIA

Por tales hechos, este Tribunal fijó Audiencia, en la que la representante del Ministerio Público, hizo una exposición sucinta de las circunstancias de tiempo modo y lugar en la que ocurrieron los hechos y señala los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales basa la solicitud de calificación de flagrancia en la aprehensión del imputado SERGIO MARTÍNEZ REALPE, de nacionalidad colombiana, natural del Municipio Atlántico, Departamento de Barranquilla, República de Colombia, titular de la cédula de ciudadanía C.C.-72.338.273, nacido en fecha 22-05-1984, de estado civil soltero, de profesión u oficio estudiante, residenciado en el barrio Soledad, carrera 42, casa N° 30-60, Municipio Atlántico, Departamento de Barranquilla, República de Colombia; sin residencia fija en el país, a quien le atribuye la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previstos y sancionados en los artículos 45 de la Ley Orgánica de Identificación, por consiguiente solicita se informe al imputado, el hecho punible que se le atribuye, así como las alternativas a la prosecución del proceso; así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, se le oiga, previo el cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 131 ibídem se califique la aprehensión como flagrante conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, ordene la prosecución de la presente causa por los tramites del procedimiento ordinario, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, se decrete medida cautelar sustitutiva de privación judicial preventiva de libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por su parte, el imputado SERGIO MARTÍNEZ REALPE, impuesto del precepto constitucional del artículo 49 ordinal 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, de las alternativas a la prosecución del proceso, consistentes en el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, previstas en los artículos 37 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, así como del procedimiento especial por admisión de hechos, establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, preguntándole si es su deseo declarar y al efecto expuso que SI, manifestando: “Mi novia llegó de viaje a la capital de Venezuela, iba a pasar unos días y se devolvía a Colombia, fue a cambiar unos euros y la atracaron. Me llamó y me dijo que no tenía nada, que la buscara, yo desesperado me vine, me dijeron que por acá era más rápido, llegué a San Antonio tempranito en la madrugada, pagué mil, mil doscientos me dijeron, y me dijeron que iba tranquilo con la cédula a buscar a mi novia, ese fue mi grave error, de regreso fue que nos detuvieron, es todo”. El Ministerio Público preguntó: ¿Diga usted, donde vive? A lo que contestó: "en Colombia, en Barranquilla. ¿Diga usted, cuanto tiempo tiene con su novia? A lo que contestó: "siete años. ¿Diga usted, a que se dedica? A lo que contestó: "Soy estudiante y trabajo en construcción alternadamente, veo de mis papás ¿Diga usted, a que hora lo llamo su novia? A lo que contestó: "el miércoles, temprano, la atracaron el miércoles. Como loco salí el miércoles en la madrugada y llegué a Cúcuta primero, como a las 9 o 10, estaba como loco. Me dijeron vaya a tal sitio y lo embarcan, traía como 500 o 600 mil pesos. ¿Diga usted, cuando salió de Barranquilla? A lo que contestó: "la madrugada del miércoles, llegué como al mediodía. ¿Diga usted, donde la atracaron a ella? A lo que contestó: "en Caracas, lugar exacto no sé. ¿Diga usted, por qué ella tenía euros? A lo que contestó: "porque ella venía de España. No nos habíamos visto hace seis meses ¿Diga usted, cuando fue la última vez que estuvo ella acá? A lo que contestó: "7 meses ¿Diga usted, a que se dedica ella? A lo que contestó: "instrumentadota quirúrgica, cuida una persona obesa ahora mismo, estar al tanto de la señora ¿Diga usted, cuanto tiempo tiene ella en España? A lo que contestó: "como 2 a 3 años. ¿Diga usted, donde lo detuvieron? A lo que contestó: "cuando veníamos cerca de aquí, no sé como se llama. ¿Diga usted, cuantas veces ha viajado de Barranquilla para acá? A lo que contestó: "primera vez ¿Diga usted, cuantos días iba a pasar su novia aquí en Venezuela? A lo que contestó: "pocos días, después se iba para Colombia, era más económico venirse por acá ¿Diga usted, cuanto le robaron? A lo que contestó: "mil doscientos euros ¿Diga usted, Cuanto tiempo iba a estar en Colombia? A lo que contestó: "no mucho, creo que le dieron 15 o 16 días. ¿Diga usted, a qué parte de Colombia iba ella? A lo que contestó: "Yo me la llevaba, a Barranquilla ¿Diga usted, tiene familia ella en Barranquilla? A lo que contestó: "la mamá, pero actualmente está en la capital, ella viaja. ¿Diga usted, viven en Barranquilla los familiares de su novia? A lo que contestó: "si, su mamá y su hija. ¿Diga usted, que equipaje traía su novia? A lo que contestó: "la maleta, normal. ¿Diga usted, como se llama ella? A lo que contestó: "Gladys ¿Diga usted, ha estado involucrado en hechos delictivos antes? A lo que contestó: "no, primera vez, ella tampoco. ¿Diga usted, quien le entregó la cédula? A lo que contestó: "un señor, lo conocí el mismo día, creo que eso es San Antonio, no conozco bien, hay una plaza. ¿Diga usted, quien le entregó la cédula a su novia? A lo que contestó: "creo que ella se equivocó porque era de una prima allá, porque ella está legal acá. Creo que es de una hija de la que era mujer de papá, algo así. La Defensa preguntó: ¿Diga usted, a quien le compró la cédula? A lo que contestó: "a un señor, y que el “Viri”, ahí mismo en el carro que me venía comencé a preguntar, un señor me dijo vamos y yo lo llevo. Estaba ciego, no sabía lo que hacía. ¿Diga usted, donde la compró? A lo que contestó: "en Cúcuta me quedé en la terminal, pregunté y me montaron en un carrito grande, viejo, me dijeron que me fuera con él y que él conseguía a la persona. ¿Diga usted, con esa cédula fue a buscar a su novia? A lo que contestó: "claro, ya veníamos juntos para Colombia. El Tribunal no preguntó.

La defensora pública, Abg. Yaned Contreras de Escalante; señaló: Deja a criterio del Tribunal la calificación o no de la flagrancia en la aprehensión de su defendido, se adhiere al pedimento fiscal en cuanto al procedimiento a aplicar y pide para su patrocinado una medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de la libertad de posible cumplimiento.

DE LA FLAGRANCIA

Corresponde en consecuencia a ésta instancia, pronunciarse en primer término sobre la solicitud formulada por el Ministerio Público de aprehensión en flagrancia del imputado de autos, en virtud de la presentación hecha por el Ministerio Público, y de los hechos anteriormente descritos.

El artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:

Artículo 44 “.....Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden Judicial a menos que sea sorprendido in fraganti, en este caso, será llevado a una autoridad policial Judicial...”.

En el presente caso no existiendo Orden Judicial, se hace necesario analizar las circunstancias del delito Flagrante. Al efecto el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, señala:

Artículo 248. “Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos de los Estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado”

En el anterior dispositivo se establecen los supuestos o conductas típicas para calificar como flagrante a un delito. En primer lugar requiere que el sujeto sea detenido cuando está cometiendo un hecho, se trata entonces, de la captura e identificación del delincuente en plena comisión del hecho, es lo que la doctrina llama FLAGRANCIA REAL; de igual manera se admite la flagrancia cuando el sujeto es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, como producto de una persecución ininterrumpida de las autoridades o del público, que no le hayan perdido de vista, es la llamada FLAGRANCIA EX POST IPSO O CUASIFLAGRANCIA; y por último cuando se practica la detención de una persona con instrumentos o cosas provenientes del delito, tiempo después de haber cesado la persecución o sin que esta haya existido, conocida como FLAGRANCIA PRESUNTA A POSTERIORI; por cierto, figura esta muy cuestionada debido a que la flagrancia está determinada por la posesión de los objetos provenientes del delito y no en cuanto a la participación del sujeto en el hecho.

Conforme lo relatado en Acta Policial referida ut supra, la presente causa penal se inició en virtud del procedimiento realizado por funcionarios adscritos a la Subdelegación San Antonio, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, reflejado en acta de investigación penal de fecha 28 de marzo de 2011, obrante al folio dos (02) de las actuaciones, en la cual dejan constancia que siendo aproximadamente las 12:25 horas de la tarde, encontrándose de servicio en la Brigada de Vehículos, específicamente en el canal de circulación que va desde la población de Capacho hacia San Antonio del Táchira, observaron un vehículo de servicio público, procediendo a realizar un chequeo de rutina, solicitando su identificación a los ocupantes del mismo. Señalan que al verificar la cédula de identidad N° V-21.450.286, a nombre de JHON HENRY FLOREZ PINTO, arrojó como resultado que la misma registra en el SAIME, pero que al realizar inspección ocular al documento, se percataron que presenta características discrepantes de producción, determinando que no fue expedido por el SAIME, por cuanto los estándares de seguridad no son los utilizados por dicho organismo. Al inquirir al ciudadano que presentó dicho documento, sobre dónde obtuvo el mismo, señaló que lo había obtenido a través de un ciudadano que le presentó un conocido en la ciudad de San Antonio del Táchira, a quien pagó la cantidad de mil bolívares (Bs. 1.000,00). El referido ciudadano, quedó identificado como SERGIO MARTÍNEZ REALPE, de nacionalidad colombiana, siendo detenido ante la presunta comisión de un hecho punible y puesto a órdenes de la Fiscalía del Ministerio Público actuante.

Ahora bien, ante lo explicito de los elementos aportados en el acta policial, así como en la experticia de autenticidad o falsedad N° 9700-062-ST-204, de fecha 28 de marzo de 2011, practicada al documento presentado por el imputado, en la cual concluye la experto que el mismo es falso y de uso ilegal en el país, y del documento con apariencia de cédula de identidad de la República Bolivariana de Venezuela, que fue presentado por el imputado de autos y peritado por la funcionaria adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el cual resultó ser falso y de uso ilegal en el país; y como quiera que la solicitud fiscal ha comprendido la presentación del imputado y la petición de calificación de flagrancia, basta entonces contrastar los hechos con la norma prevista del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal para determinar que la detención del ciudadano SERGIO MARTÍNEZ REALPE, se produjo en estricta flagrancia por lo que se concluye que estamos en presencia de un delito flagrante, toda vez que la conducta desplegada por el imputado de autos se tipifica como USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación; en consecuencia, la aprehensión del ciudadano SERGIO MARTÍNEZ REALPE, es legal de conformidad con lo previsto en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en su artículo 44.1, en concordancia con lo establecido en el en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Calificada como ha sido la flagrancia en la presente causa, corresponde a quien aquí decide resolver sobre el procedimiento a seguir, en tal sentido se deben hacer las siguientes consideraciones: 1.- Ha sido Jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que si hay que verificar algunas circunstancias fuera del hecho flagrante la posibilidad de un procedimiento abreviado desaparece y es en este momento cuando el Fiscal debe solicitar el procedimiento ordinario a fin de salvaguardar los derechos procesales del imputado y averiguar mejor la conexión del delito o la existencia de una posible conspiración o cualquier otra causa que se necesite dilucidar mejor. 2.- De otro lado tenemos que el Ministerio Público ha solicitado la continuación de la causa por el procedimiento ordinario, entendiendo este Juzgador que es el Ministerio Público el titular de la acción y es quien sabe y mantiene la estrategia de su investigación, reconociéndose que el Ministerio Público en este caso ha considerado que hay circunstancias que clarificar en la búsqueda de la verdad, por cuanto las actuaciones consignadas como elementos de convicción ante este Tribunal no son suficientes para producir el acto conclusivo correspondiente, por tales razones acogiendo lo señalado por la jurisprudencia patria y la solicitud del Ministerio Público, se ordena la prosecución de la presente causa mediante el procedimiento ordinario debiéndose remitir las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público correspondiente, una vez vencido el lapso de ley, a los fines legales consiguientes. Así se decide.

DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL Y DEL
PRECEPTO JURÍDICO APLICABLE

En cuanto a la medida de coerción personal solicitada por el Ministerio Publico, considera este Juzgador, que si bien el ciudadano SERGIO MARTÍNEZ REALPE, de nacionalidad colombiana, natural del Municipio Atlántico, Departamento de Barranquilla, República de Colombia, titular de la cédula de ciudadanía C.C.-72.338.273, nacido en fecha 22-05-1984, de estado civil soltero, de profesión u oficio estudiante, residenciado en el barrio Soledad, carrera 42, casa N° 30-60, Municipio Atlántico, Departamento de Barranquilla, República de Colombia, está señalado por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previstos y sancionados en los artículos 45 de la Ley Orgánica de Identificación, el cual merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, también es cierto que la pena que podría llegarse a imponer no excede en su límite máximo de tres (03) años, por lo que considera este Juzgador que de conformidad con lo establecido en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y lo establecido en los artículos 8, 9 , 243 y 253, todos del Código Orgánico Procesal Penal, lo procedente en el caso in comento es decretar una medida cautelar sustitutiva a la privación judicial de libertad, por las siguientes razones: No está evidenciado el peligro de fuga, toda vez que se trata de un ciudadano que si bien es cierto no es de nacionalidad colombiana, es primario en la comisión de delito, no obstante a la fecha no ha acreditado su arraigo en el país; por lo que considera quien aquí decide que con una medida sustitutiva, se resuelve la situación de carácter procesal para la asistencia del imputado a los actos del proceso, debiendo el mismo cumplir con las siguientes obligaciones: conforme al artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo cumplir con las siguientes condiciones:

1.- Presentaciones cada 30 días, ante la Oficina de Alguacilazgo.
2.- Prohibición de salir del país, sin autorización previa y por escrito de este Tribunal.
3.- Presentación de dos fiadores de reconocida solvencia moral y económica, que demuestren ingresos de ciento veinte unidades tributarias, que se comprometan a presentar al imputado a los actos del proceso y a pagar por vía de multa ciento ochenta unidades tributarias, debiendo presentar cédula de identidad, constancia de residencia suscrita por la primera autoridad del municipio, balance personal debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos que acredite el ingreso.
4.- Presentarse a todos los actos del proceso.

DISPOSITIVA

EN CONSECUENCIA, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL NUMERO UNO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:

PRIMERO: CALIFICA COMO FLAGRANTE EL PROCEDIMIENTO DE APREHENSIÓN del imputado SERGIO MARTÍNEZ REALPE, de nacionalidad colombiana, natural del Municipio Atlántico, Departamento de Barranquilla, República de Colombia, titular de la cédula de ciudadanía C.C.-72.338.273, nacido en fecha 22-05-1984, de estado civil soltero, de profesión u oficio estudiante, residenciado en el barrio Soledad, carrera 42, casa N° 30-60, Municipio Atlántico, Departamento de Barranquilla, República de Colombia, a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previstos y sancionados en los artículos 45 de la Ley Orgánica de Identificación, por estar llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.

SEGUNDO: AUTORIZA al Ministerio Público para el tramite de la presente causa por el PROCEDIMIENTO ORDINARIO, conforme lo establece el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo cual se ordena remitir las presentes actuaciones a la respectiva Fiscalía del Ministerio Público, vencido que sea el lapso de Ley.

TERCERO: ACUERDA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD para el aprehendido SERGIO MARTÍNEZ REALPE, de conformidad a lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo cumplir con las siguientes condiciones: 1.- Presentaciones cada 30 días, ante la Oficina de Alguacilazgo, 2.- Prohibición de salir del país, sin autorización previa y por escrito de este Tribunal, 3.- Presentación de dos fiadores de reconocida solvencia moral y económica, que demuestren ingresos de ciento veinte unidades tributarias, que se comprometan a presentar al imputado a los actos del proceso y a pagar por vía de multa ciento ochenta unidades tributarias, debiendo presentar cédula de identidad, constancia de residencia suscrita por la primera autoridad del municipio, balance personal debidamente visado por el Colegio de Contadores Públicos que acredite el ingreso, 4.- Presentarse a todos los actos del proceso.

La presente decisión fue pronunciada de manera oral, al término de la audiencia celebrada en fecha 30 de marzo de 2011, con fundamento en lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 177 eiusdem. Con la lectura del acta respectiva, quedaron debidamente notificadas las partes de los fundamentos de hecho y de derecho de la presente decisión.

Regístrese y déjese copia para el Archivo del Tribunal. Remítanse las presentes actuaciones a la respectiva Fiscalía del Ministerio Público, vencido que sea el lapso de Ley.




ABG. JERSON H. QUIROZ RAMIREZ
JUEZ PRIMERO DE CONTROL



ABG. MARIA ALEJANDRA NOGUERA
SECRETARIA


Asunto SP11-P-2011-000778. JQR.