TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.

200º Y 152º

EXPEDIENTE Nº 1697/2009

PARTE DEMANDANTE: La ciudadana CARMEN AIDEE ZAMBRANO BORRERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.632.879 y domiciliada en el Municipio Libertad, Estado Táchira.

PARTE DEMANDADA: El ciudadano RAFAEL ALBERTO BARRETO PERNIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.485.163 y domiciliado en el Municipio Independencia, Estado Táchira.

MOTIVO: REVISION DE LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCION A FAVOR DE LOS HERMANOS ….

PARTE NARRATIVA

Al folio 44, corre inserto escrito presentado en fecha 08 de febrero de 2011, por la ciudadana CARMEN AIDEE ZAMBRANO BORRERO, mediante el cual solicita un Aumento de la Obligación de Manutención a favor de sus hijos; argumenta que la obligación de manutención está fijada desde 24 de marzo de 2009 y que las cantidades previstas ya no le alcanzan para cubrir todos los gastos de sus hijos. Solicita la citación del obligado a los fines de llegar a un acuerdo respecto al aumento de la obligación de manutención, el cual estima en la cantidad de CUATROCIENTOS BOLÍVARES (Bs.400,00) mensuales, y las cuotas especiales para gastos escolares en OCHOCIENTOS BOLÍVARES (Bs.800,00) y en navidad MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,00), más el 50% de los gastos de asistencia médica y medicina. Anexó recaudos que rielan del folio 45 al 47.

Al folio 48, corre agregado auto de fecha 11 de febrero de 2011, mediante el cual se admite la solicitud de Aumento de la Obligación de Manutención, presentada por la ciudadana CARMEN AIDEE ZAMBRANO BORRERO; se acordó la citación del ciudadano RAFAEL ALBERTO BARRETO PERNIA y la Notificación al Fiscal 15 del Ministerio Público.

Al folio 51, corre agregada diligencia suscrita por el Alguacil de este Tribunal, ciudadano MARTÍN CONTRERAS, mediante la cual consigna Boleta de notificación debidamente firmada por el Fiscal 15 del Ministerio Público (folio 52).

Al folio 53, corre agregada diligencia suscrita por el Alguacil de este Tribunal, ciudadano MARTÍN CONTRERAS, mediante la cual consigna Boleta de citación debidamente firmada por el ciudadano RAFAEL BARRETO PERNIA (Folio 54).

Al folio 55, corre inserta Acta de fecha 15 de marzo de 2011, mediante la cual siendo el día y hora fijados para la celebración del acto Conciliatorio, de conformidad con el Artículo 517 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, se abrió el lapso probatorio en vista de que la parte accionante no compareció. El ciudadano RAFAEL BARRETO PERNIA, contestó la solicitud argumentando que no tiene los ingresos suficientes para aumentar la manutención, que trabaja a destajo y gana Bs. 1400,00 mensuales, solo si trabaja, y que él mismo le aumenta cuando mejore su capacidad económica; además alegó que padece de hernias discales y discopatía degenerativa lumbrosacra y consigna recaudos que rielan a los folios 56 al 57.

PARTE MOTIVA

ESTE TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA:

1º CAPACIDAD ECONÓMICA DEL
OBLIGADO ALIMENTARIO:

A los fines de resolver el aumento solicitado, debe verificarse si el obligado tiene posibilidades económicas de proporcionar al reclamante los recursos suficientes que se le pidan, conforme se desprende del artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente:

“Para la determinación de la Obligación de Manutención, el juez o jueza debe tomar en cuenta, la necesidad e interés del niño, niña y adolescente que la requiera, la capacidad económica del obligado u obligada, el principio de unidad de la filiación, la equidad de género en las relaciones familiares y el reconocimiento del trabajo del hogar como actividad económica que genera valor agregado y produce riqueza y bienestar social.
Cuando el obligado u obligada trabaje sin relación de dependencia, su capacidad económica se establecerá por cualquier medio idóneo….” (Subrayado del Tribunal)

En consonancia con lo anterior, el artículo 294 del Código Civil, dispone:

“Para fijar los alimentos se atenderá a las necesidades del que lo reclama y al patrimonio de quien haya de prestarlo”.

Aunado a lo anterior, es oportuno traer a colación el criterio plasmado por la doctora YDAMYS ÁVILA GARCÍA, en su obra titulada “LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA EN LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y ADOLESCENTE”, página 82, donde señala lo siguiente:

“…Una vez que se haya establecido el real carácter de legitimado pasivo del demandado, se aprecia que sólo se requiere para que proceda el reclamo de las pensiones alimenticias, que éste posea recursos económicos para suministrarlos…
…Poco resta por agregar; cuando se trata de los alimentos para niños y adolescente, es evidente que éste requiere de un nivel de vida adecuado para crecer de manera integral y que son sus protectores natos, sus padres, quienes deben, en primer término, suministrárselos sin que se requiera prueba alguna de otros elementos, salvo que se trate de casos especiales, de problemas de salud, por ejemplo…”.

Por lo que respecta a la capacidad económica del obligado, observa esta operadora de justicia que de las actas procesales no se verifica dicho requisito, pero en su contestación a la solicitud (folio 55), del mismo dicho del ciudadano RAFAEL ALBERTO BARRERO, se verifica que trabajaba a destajo ganando Bs. 1.400,00 mensuales, cuando labora, siendo forzoso presumir que el obligado si cuenta con los recursos económicos suficientes para garantizarle a los beneficiarios de autos, “un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual y social”. Y quien juzga, tiene como punto de partida para fijar la obligación de manutención a favor de las acreedoras alimentarias, el SALARIO MINIMO vigente establecido en Bs.1.223,89. Y ASÍ SE DECLARA.

2º PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE AUMENTO:

El artículo 1º de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, consagra como su objeto fundamental el principio de protección a los niños y adolescentes, al señalar:

“… garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y las familias deben brindarles desde el momento de su concepción”.

Además el derecho aquí reclamado (obligación de manutención) es de orden público y prioritario, tal como lo consagra el artículo 7 de la ley antes señalada:

“Prioridad Absoluta. El Estado, las familias y la sociedad deben asegurar, con Prioridad Absoluta, todos los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende: a) Especial preferencia y atención de los niños, niñas y adolescentes en la formulación y ejecución de todas las políticas públicas…”

Ahora bien, revisadas las actas procésales se verificó que el alimentista tiene la obligación de cumplir con su responsabilidad y deber de ayudar en la medida de sus posibilidades económicas con los recursos necesarios para que sus hijos puedan satisfacer las necesidades básicas, en los términos previstos en la norma contenida en el artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que establece lo siguiente:

“La obligación de manutención comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño, niña y adolescente”.

Por su parte, establece el artículo 30 ejusdem:

“Derecho a un Nivel de Vida Adecuado. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral. Este derecho comprende, entre otros, el disfrute de: a) Alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y la salud; b) Vestido apropiado al clima y que proteja la salud; c) Vivienda digna, segura, higiénica y salubre, con acceso a los servicios públicos esenciales…”.

La normativa señalada está fundamentada en la doctrina de Protección Integral y de la misma se evidencia la intención del legislador relativa con la obligación que tienen los operadores de justicia de respetar los principios rectores, los cuales constituyen sus pilares fundamentales.

A tal efecto el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece el deber del Estado de proteger a la familia como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas; en atención a ello, las relaciones familiares deben fundamentarse en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la compresión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. Además la Constitución también establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y a desarrollarse en el seno de su familia de origen.

Es por ello que en el artículo 76 de la carta magna, se prevé el deber compartido e irrenunciable del padre y de la madre de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos, correspondiendo a los administradores de justicia tomar las medidas necesarias conducentes a garantizar la efectividad de la obligación alimentaria, con lo cual además, se les propina a los acreedores alimentarios, con prioridad absoluta una protección integral, conforme lo dispone el artículo 78 eiusdem.

Como puede verse, estas normas determinan de manera clara y precisa cuáles son los derechos que deben salvaguardarse a favor de los niños, niñas y adolescentes, a fin de garantizarles un nivel de vida adecuado y una mayor cobertura de todas las necesidades básicas y de orden material, por lo cual se hace necesario un ajuste equitativo del monto alimentario a favor de los acreedores alimentarios, atendiendo a lo pautado en el en el artículo 523 de la Ley bajo estudio, que prevé:

“Cuando se modifiquen los supuestos conforme a los cuales se dictó una decisión sobre alimentos o guarda, el juez de la Sala de Juicio podrá revisarla, a instancia de parte, siguiendo para ello el procedimiento contenido en este capítulo.” (Subrayado del Tribunal).

Como se desprende de la norma transcrita, para revisar una decisión sobre alimentos, es necesario que se hayan modificado los supuestos por los cuales se fijó el monto alimentario, lo cual se justifica a los fines de actualizarlo a la realidad social, ya que es un hecho público y notorio el incremento de los artículos de primera necesidad.

Observa esta sentenciadora, que el accionado produjo una certificación expedida por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridades Laborales de los Estados Táchira y Mérida de fecha 01 de julio de 2007, acompañada de una resonancia magnética de columna lumbosacra, documento administrativo el cual se valora ya que de el se evidencia que el obligado alimentista, padece de Discopatía degenerativa cervical y lumbar osteoporosis y espondiloartrosis lumbar, que le genera una discapacidad parcial permanente.

Asimismo, consta en el cuaderno de medidas (folios 7 al 29) que el demandado se hizo acreedor de una indemnización por discapacidad permanente para el trabajo habitual, equivalente a la suma de Bs. 49.056,00, que le será cancelada por la empresa Mercal C.A. Táchira, la cual si bien es cierto no consta que haya sido entregada, no es menos cierto que en el transcurso de los días se le hará efectiva la misma, ya que así fue autorizado por este Tribunal mediante oficio N° 3140-98 de fecha 11 de febrero de 2011, lo cual le va a generar ingresos que le permiten cumplir con la manutención de sus hijos. Y ASÍ SE ESTABLECE.

En consecuencia, tomando en cuenta los presupuestos procesales tanto de hecho como de derecho y en los términos de los artículos 8, 365, 366 y 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, determina esta Juzgadora que deben garantizarse los derechos que tienen los beneficiarios de autos de vivir en condiciones que le permitan llegar a su normal desarrollo biológico, psíquico, moral y social, dentro de un ambiente de seguridad amparado por sus progenitores y valorar los principios de unidad de la filiación y el reconocimiento del trabajo del hogar como actividad económica que genera valor agregado y produce riqueza; por lo que considera quien aquí juzga, que es procedente la acción intentada por la ciudadana CARMEN AIDEE ZAMBRANO, a favor de sus hijos, toda vez que el accionado cuenta con los medios para procurarles eficazmente su manutención, aunado a que transcurrió el tiempo prudencial para ajustar la manutención a la realidad social. Es por estas razones que declararse parcialmente con lugar la presente demanda. Y ASI SE DECLARA.

PARTE DISPOSITIVA

Por los razonamientos expuestos, este Juzgado de los Municipios Independencia y Libertad de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, POR AUTORIDAD DE LA LEY y en virtud del INTERÉS SUPERIOR DE LOS HERMANOS …, DECLARA:

PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la solicitud por REVISION DE LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN presentada por la ciudadana CARMEN AIDEE ZAMBRANO BORRERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.632.879 y domiciliada en el Municipio Libertad, Estado Táchira, contra el ciudadano RAFAEL ALBERTO BARRETO PERNIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.485.163 y domiciliado en el Municipio Independencia, Estado Táchira.

SEGUNDO: SE AUMENTA LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN en la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs.350,00) MENSUALES, los cuales deberá depositar el obligado alimentario a partir del mes de abril de 2011, en la cuenta de ahorros correspondiente.

TERCERO: En cuanto a los gastos de las temporadas, escolar y de navidad, se fijan dos cuotas de SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs.600,00) cada una, adicionales a la cuota ordinaria mensual.

CUARTO: En cuanto a los gastos de asistencia médica y medicinas y cualquier otro gasto que genere la manutención de los beneficiarios de autos, serán compartidos por ambos padres, es decir el 50% de los mismos cada uno, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Regístrese, publíquese y déjese copia certificada de la presente decisión para el archivo del Tribunal.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la sala de Despacho del Juzgado de los Municipios Independencia y Libertad de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en Independencia, al primer día del mes de abril de dos mil once. AÑOS: 200º de la Independencia y 152º de la Federación.
LA JUEZA TEMPORAL,

ABG. BETTY YAJAIRA VARELA MÁRQUEZ
LA SECRETARIA,

ABG. MAURIMA MOLINA COLMENARES
En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión siendo las ___________, quedó registrada bajo el Nº ________, se dejó copia certificada para el archivo del Tribunal.
Abg. Maurima Molina /Secretaria
Exp. Nº 1697-2009
BYVM/mcmc.
Va sin enmienda.