REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL. SAN ANTONIO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Táchira, 15 de Octubre de 2010
200º y 151º
ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2009-002108
ASUNTO : SP11-P-2009-002108
RESOLUCION VERIFICANDO CUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR OTORGADA
Revisada la causa que se lleva por el Asunto Penal llevado ante esté Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, con la nomenclatura: SP11-P-2009-002108 seguida al ciudadano: MARTÍN TARAZONA AVILA, de nacionalidad venezolana, natural de Pie de Cuesta, Departamento del Cesar, República de Colombia, nacido en fecha 02 de septiembre de 1.970, de 38 años de edad, alfabeto, hijo de Luis Samuel Tarazona Jaimes (v) y de Paulina Ávila de Tarazona (v); titular de la cédula de identidad No. V-26.764.033, soltero, de profesión u oficio Carpintero, residenciado en el Barrio las Colinas, sector Carlos Soublette, No. 39, calle Paso de los Libertadores, Las Colinas, frente al último poste de la luz eléctrica al lado de la casa del señor Alfonso Uribe, San Antonio del Táchira, teléfono (0426) 878.83.55, por la comisión del delito de VIOLENCIA FÍSICA, ACOSO U HOSTIGAMIENTO Y AMENAZA, previsto y sancionado en el artículo 42, 40 y 41 de la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en perjuicio de la ciudadana Herrera Archila Ludy; al cual el Juez Tercero de Control otorgo MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, en Audiencia Preliminar de fecha 15 de Octubre de 2009, en la cual se acogió al beneficio de la Suspensión condicional del Proceso, se le dio un Régimen de presentaciones conforme a la norma penal adjetiva, como se evidencia de las actas que rielan en el expediente en marras, así como la base del Sistema Iuris, este Tribunal de Control Número Tres hace las siguientes observaciones:


DE LOS HECHOS
Los hechos que dan origen a la presente investigación tiene su origen el día viernes 10 de julio de 2009, a las 06:55 horas de la tarde, y están referidos en Acta Policial Nº 0310JULIO2009, de idéntica fecha, suscrita por funcionarios adscritos a la Comisaría San Antonio de la Policía del Estado Táchira, en la cual señalan que mientras cumplían funciones ordinarias de patrullaje recibieron reporte radiofónico informándoles que debían trasladarse a su sede de comando, ya que en la misma una ciudadana formulaba denuncia por agresiones verbales y físicas de parte de un ciudadano que anteriormente convivía con ella; en el sitio procedieron a entrevistarse con la denunciante quien quedó identificada como Ludy Herrera Archila, colombiana, mayor de edad, titular de la cédula de ciudadanía Nº 37.542.131, de 33 anos, residenciada en el Barrio Las Colinas, paseo Libertadores, parte alta, casa sin número, de la ciudad de la ciudad de San Antonio del Táchira, quien les informó que su agresor se encontraba en su residencia, que el mismo la maltrató verbalmente y físicamente dañándole las prendas de vestir que portaba en el momento de hecho; en razón de esto se apersonaron en el sitio indicado en compañía de la denunciante, y en la vía a esta la victima les señaló a un ciudadano como el presunto autor de los hechos, a que procedieron a intervenir policialmente y detenerle trasladándole a su sede de Comando, quedando identificado MARTÍN TARAZONA AVILA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, natural de Pie de Cuesta, Departamento del Cesar, República de Colombia, nacido en fecha 02 de septiembre de 1.970, de 38 años de edad, alfabeto, hijo de Luis Samuel Tarazona Jaimes (v) y de Paulina Avila de Tarazona (v); titular de la cédula de identidad Nº V-26.764.033, soltero, de profesión u oficio Carpintero, residenciado la calle Paso de los Libertadores, sector Carlos Soublette, Las Colinas, casa sin número, frente al último poste de la luz eléctrica al lado de la casa del señor Alfonso Uribe, San Antonio del Táchira (Imputado de autos). quien fue puesto a disposición de la Fiscalía actuante
Acompaña con la descrita acta policial los siguientes elementos:
• Al folio (04) de las actas corre Denuncia formulada por ante el órgano policial actuante, realizada por la victima de autos, ciudadana Ludy Herrera Archila, colombiana, mayor de edad, titular de la cédula de ciudadanía Nº 37.542.131, de 33 anos, residenciada en el Barrio Las Colinas, paseo Libertadores, parte alta, casa sin número, de la ciudad de la ciudad de San Antonio del Táchira, en la cual refiere la manera como fue objeto de agresiones verbales y físicas propinadas por su ex concubino, aprehendido e imputado en la presente causa.
• Al folio (05) de las actas corre inserto, Constancia, emanada del Hospital “Samuel Darío Maldonado” de San Antonio del Táchira, suscrita por el Medico Ender Zambrano, titular de la cédula de identidad Nº 16.125.220, conforme la cual señala que el día 10 de julio de 2009, se apersonó ante ese despacho la victima de autos, presentando entre otras lesiones múltiples excoriaciones en el tórax, hematomas en los glúteos y muslos, no evidenciando hallazgos en sus genitales.
• Al folio (09) de las actas corre inserto, impresiones fotográficas, en las cuales se aprecian el pecho y muslo en apariencia de una mujer, a la que se señala como “La ciudadana agraviada”.
FUNDAMENTO DE DERECHO
El reconocimiento de los derechos esenciales de la persona debe ir acompañado por la previsión de reglas sustantivas y medios adjetivos que aseguren su observancia; el artículo 44.1 del texto constitucional consagra para todo ciudadano el derecho a la inviolabilidad de la libertad personal fijándose limites constitucionales en cuanto a las causas que motivan la detención; el principio de la legalidad impone que la privación de libertad sólo procede en los supuestos previamente determinados y constitucionalmente lo será legitima la orden judicial de detención o de arresto emanada de un órgano jurisdiccional contra un ciudadano que se le imputa un hecho punible.
La libertad individual constituye uno de los bienes jurídicos valiosos del ser humano y ha sido reconocido como derecho humano y ha sido reconocido como derecho humano por los instrumentos internacionales y como derecho fundamental en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Así de igual manera se incorporan al texto constitucional como valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad individual y social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética pública y el pluralismo político.
En esté orden de ideas el Juez, como encargado de regular las actuaciones procesales, tiene como obligación y cumplimiento de la noción del debido proceso, entendido como aquel proceso que reúna las garantías indispensables para que exista tutela judicial efectiva.
Así de igual manera, los principios de veracidad y justicia, se observarán como pilares fundamentales en el proceso penal, de allí que, las medidas cautelares en general, cobran vigencia y aplicación en el mismo, pero ello, en nada merma el también principio constitucional de presunción de inocencia y afirmación de libertad, ya que la medida cautelar extrema –Privación Judicial Preventiva de Libertad, está sujeta al razonamiento judicial que deberá establecerse y apreciarse en el caso en concreto, por expresa disposición del artículo 44.1 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Con base a ello, deberá razonarse del modo establecido las circunstancias por las que debe decretarse, mantenerse, sustituirse o revocarse la medida cautelar extrema.
Ahora bien, como derecho natural del justiciable, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé que el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente; debiendo el Juzgador examinar la necesidad de mantener la medida o sustituirla por otra menos gravosa.
De la disposición legal enunciada: “El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses…,”se desprende el derecho irrestricto del imputado en solicitar el examen y revisión de la medida de coerción personal existente en su contra en cualquier momento, y al mismo tiempo, se establece el deber jurisdiccional en razonar y motivar el mantenimiento, revocación o su sustitución, pues permitirse lo contrario, sería dejarlo al capricho judicial, lo cual es enteramente inaceptable desde todo punto de vista.
Ahora bien, la revisión de la medida cautelar sólo es posible en virtud de la mutabilidad de la decisión judicial referida con ocasión a la cosa juzgada formal que causa la misma, sin embargo, tal mutabilidad, está constituida sobre la base o cláusula “Rebus Sic Stantibus”, según la cual ante la invariabilidad de las circunstancias que motivaron la decisión, necesariamente deberá mantenerse la misma; por interpretación en contrario, si han sufrido alteración deberá analizarse la misma y adoptarse la medida proporcional a la situación fáctica en concreto, sea mediante su sustitución, o de ser necesario mediante su revocatoria, según sea el caso.

Por lo antes expuesto y en fundamento a lo dispuesto en los artículos 26, 44 numeral 1, 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como los artículos 4, 5, 9, 10, 19, 244, 246, 247, 260, 262, 264 del Código Orgánico Procesal Penal, está juzgadora, a fin de examinar la medida cautelar sustitutiva a la privación preventiva de la libertad, otorgada al ciudadano: MARTÍN TARAZONA AVILA, antes identificado, y su debido cumplimiento ordena que se oficie a la Oficina de Alguacilazgo a fin de verificar el debido cumplimiento de las presentaciones impuestas como condición previa, la cual refiere: 1. Presentarse una (01) vez cada treinta (30) días, por ante la Oficina de Alguacilazgo de esta Extensión del Circuito Judicial Penal..
Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL NÚMERO TRES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSION SAN ANTONIO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, decide:
PRIMERO: Oficiar a la Oficina de Alguacilazgo a fin de verificar el debido cumplimiento de las presentaciones impuestas 15-10-2009, en Audiencia Preliminar, como condición al ciudadano: MARTÍN TARAZONA AVILA, antes identificado, por ante la Oficina de Alguacilazgo de esta Extensión Judicial, anteriormente identificado, al otorgárseles medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, a fin de examinar su debido cumplimiento, ello en fundamento a los artículos 26, 44 numeral 1, 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como los artículos 4, 5, 9, 10, 19, 244, 246, 247, 260, 262, 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Déjese copia para archivo del Tribunal, cúmplase lo ordenado.


ABG. KARINA TERESA DUQUE DURAN
JUEZ EN FUNCIONES DE CONTROL TRES



SECRETARIO(A)