TSJ Regiones - Decisión

San Cristóbal, 14 de octubre de 2010
200° y 151°

CAUSA 10C-SP21-P-2010-003808

JUEZ: ABG. JOSE MAURICIO MUÑOZ MONTILVA
FISCAL: ABG. KHARINA HERNANDEZ
SECRETARIO: ABG. EDWAR NARVAEZ GARCIA
IMPUTADO: JUAN JAVIER PAREDES
DEFENSOR: ABG. DANIEL GERARDO PEREZ
RESOLUCIÓN
Celebrada como fue la Audiencia de solicitud de solicitud de Calificación de flagrancia el día de hoy 14 de octubre de 2010, en virtud de la solicitud presentado por la Fiscal Tercera del Ministerio Público Abogada KHARINA HERNANDEZ CANDIALES, en contra de JUAN JAVIER PAREDES, por la presunta comisión del delito de HURTO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el articulo 453 numerales 3° y 4° Código Penal en concordancia con el artículo 80 “ejusdem”, en perjuicio de José Otardo Barroso Nariño, procede el Tribunal a dictar la Resolución en los siguientes términos:

DE LOS HECHOS:
En fecha 14 de Octubre de 2010, según acta policial suscrita por funcionarios adscritos a la Policía del Estado Táchira, en la cual dejan constancia de la siguiente diligencia policial: “Siendo las 02:50 horas de la mañana aproximadamente, me encontraba efectuando labores de patrullaje por alrededores del sector Sabaneta, cuando recibimos un reporte de MASTERD, quien nos informo que un ciudadano de nombre José Barroso, le había indicado por vía telefónica que en un local comercial de su propiedad ubicado en la carrera 10 entre avenida 19 de Abril y calle 10, casa N° 2-43 de La Concordia, al pararse se encontraban unos ciudadanos dentro de su local ya que las cerraduras estaban forzadas, al llegar al sitio escuchamos ruidos entre el local, efectuando un llamado policial para que dichos ciudadanos salieran del local siendo negativa su respuestas, procedimos a tomar las medidas de seguridad respectivas y procedimos a entrar a dicho local, encontrando dos ciudadanos lo cuales al darle la voz de alto procedieron a entregarse, colocamos a los ciudadanos bajo custodia policial…motivo por el cual realizamos una inspección personal, encontrando a uno de ellos DESTORNILLADOR DE PALETA, MARCA STANLEY U.S.A DE COLOR AMARILLO Y NEGRO, al realizar un recorrido por el local logramos ubicar en la parte interior al lado derecho del suelo, UN CANDADO donde se lee el siguiente serial 26510/77…., por tal motivo pusimos a los ciudadanos bajo custodia se les notifico el motivo de su detención, siendo trasladados a la Comandancia General donde los ciudadanos aprehendidos fueron identificados como JUAN JAVIER PAREDES y JESUS ALFREDO LA CRUZ ESCOBAR….”

DE LA AUDIENCIA

Por tales hechos, este Tribunal, declaro abierto el acto, en la que la Representación del Ministerio Público quien realiza un breve relato sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, bajo las cuales se produjo la aprehensión del ciudadano JUAN JAVIER PAREDES, de nacionalidad Venezolana, natural de Trujillo, Estado Trujillo, nacido en fecha 12-05-1.984, de 26 años de edad, titular de la cédula de Identidad Nro V.- 19.9688.878, soltero, de profesión u oficio latonero, hijo de Zulay Paredes (v) y dijo no conocer a su padre, residenciado en la calle 11 con carrera 9 del centro San Cristóbal, Estado Táchira, teléfono 0424-7556084, por la presunta comisión del delito HURTO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el articulo 453 numerales 3° y 4° Código Penal en concordancia con el artículo 80 “ejusdem”, en perjuicio de José Otardo Barroso Nariño, realizando verbalmente las siguientes peticiones: 1) Solicito que se decrete la aprehensión del imputado en estado de flagrancia, alegando la presencia de los presupuestos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal. 2) Solicito que se acuerde la aplicación del procedimiento ordinario, conforme lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, 3) Solicito que se le imponga al imputado Medida de Privación Judicial de Privación Preventiva de Libertad, conforme lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

El imputado JUAN JAVIER PAREDES, se le impuso el precepto constitucional que lo exime de declarar en causa propia de reconocer culpabilidad contra si mismo y contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de su cónyuge si lo tuviere o de su concubina, de conformidad con el numeral 5 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le informó que su declaración no es un objeto de prueba sino un medio para su defensa, que con ella puede desvirtuar si fuere el caso la precalificación que le ha hecho en la audiencia el Ministerio Público, conforme a la disposición contenida en el artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, le indicó y le informó que el Código Orgánico Procesal Penal, prevé las alternativas a la prosecución del proceso, consistentes en el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, previstas en los artículos 37 y siguientes, así como el procedimiento especial por admisión de hechos, establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, indicándoles que la oportunidad para hacer uso de tales instituciones de composición procesal no es la presente, sino en el caso de aprobarse el Procedimiento Abreviado en la audiencia de Juicio Oral y Público antes del debate, o en el Procedimiento Ordinario en la Audiencia Preliminar, le informó sobre el hecho por el cual el Ministerio Público lo presenta detenido en la audiencia y le explicó las circunstancias que para éste influyeron en la calificación jurídica, asimismo, le hizo lectura del precepto jurídico aplicable, se le preguntó seguidamente si estaba dispuesto a declarar manifestando que si por lo que libre de juramento apremio y coacción, expone: “estoy arrepentido de verdad y quisiera hacer un acuerdo reparatorio con la victima, es todo”.
Acto seguido el Defensor Publico Abogado DANIEL GERARDO PEREZ AVENDAÑO alega: “revisadas las actuaciones, por lo que ciudadano juez solicito se le otorgue una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Judicial Preventiva de Libertad para mi defendido, quien esta dispuesto a cumplir con las obligaciones que imponga el Tribunal, además de que mi defendido es venezolano, tiene su residencia en el país, así mismo solicito se fije fecha para la realización de un acuerdo reparatorio con la victima, por ultimo me adhiero al procedimiento solicitado por la Fiscal del Ministerio Público, es todo”.

DE LA APREHENSION EN FLAGRANCIA

Corresponde en consecuencia a esta instancia, pronunciarse en primer término sobre la solicitud formulada por el Ministerio Público de aprehensión en flagrancia del imputado de autos, en virtud de la presentación hecha por el Ministerio Público y de los hechos anteriormente descritos.
El artículo 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:
Artículo 44 “.....Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden Judicial a menos que sea sorprendido in fraganti, en este caso, será llevado a una autoridad policial Judicial...”.
En el presente caso no existiendo Orden Judicial, se hace necesario analizar las circunstancias del delito Flagrante. Al efecto el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, señala:
Artículo 248. “Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos de los Estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado”
En el anterior dispositivo se establecen los supuestos o conductas típicas para calificar como flagrante a un delito. En primer lugar requiere que el sujeto sea detenido cuando está cometiendo un hecho, se trata entonces, de la captura e identificación del delincuente en plena comisión del hecho, es lo que la doctrina llama FLAGRANCIA REAL; de igual manera se admite la flagrancia cuando el sujeto es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, como producto de una persecución ininterrumpida de las autoridades o del público, que no le hayan perdido de vista, es la llamada FLAGRANCIA EX POST IPSO O CUASIFLAGRANCIA; y por último cuando se practica la detención de una persona con instrumentos o cosas provenientes del delito, tiempo después de haber cesado la persecución o sin que esta haya existido, conocida como FLAGRANCIA PRESUNTA A POSTERIORI; por cierto, figura esta muy cuestionada debido a que la flagrancia está determinada por la posesión de los objetos provenientes del delito y no en cuanto a la participación del sujeto en el hecho.

Ante lo explícito de los elementos aportados en el acta policial donde señalan los funcionarios que recibieron reporte de dirigirse a un establecimiento comercial donde estaba su propietario señalando que sujetos desconocidos se encontraban dentro del mismo, apersonándose al lugar donde luego de realizar varios llamados procedieron a ingresar al establecimiento hallando al ciudadano Juan Javier paredes junto con un menor de edad, Acta de denuncia del ciudadano JOSE OTARDO BARROSO MARIÑO, quien informa que el mismo llamo a la Policía por cuanto escucho ruidos dentro de su local comercial, así mismo observo cuando los funcionarios hallaron dentro del negocio a los ciudadanos, siendo aprehendidos por lo que encontramos que las circunstancias en las cuales se produjo la misma, enmarcan perfectamente en los supuestos del artículo 248 del código orgánico procesal penal y a quien el Ministerio Público presume responsable al ciudadano JUAN JAVIER PAREDES, por la presunta comisión del delito de HURTO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el articulo 453 numerales 3° y 4° Código Penal en concordancia con el artículo 80 “ejusdem”, en perjuicio de José Otardo Barroso Nariño, por cuanto de las actuaciones se desprende del acta policial y la denuncia que le imputado fue detenido en el momento en que se hallaban dentro del establecimiento comercial hurtando la mercancía.

Por ello, este Tribunal considera procedente, como en efecto lo hace, CALIFICAR LA FLAGRANCIA en la aprehensión del ciudadano JUAN JAVIER PAREDES, de nacionalidad Venezolana, natural de Trujillo, Estado Trujillo, nacido en fecha 12-05-1.984, de 26 años de edad, titular de la cédula de Identidad Nro V.- 19.9688.878, soltero, de profesión u oficio latonero, hijo de Zulay Paredes (v) y dijo no conocer a su padre, residenciado en la calle 11 con carrera 9 del centro San Cristóbal, Estado Táchira, teléfono 0424-7556084, por la presunta comisión del delito HURTO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el articulo 453 numerales 3° y 4° Código Penal en concordancia con el artículo 80 “ejusdem”, en perjuicio de José Otardo Barroso Nariño, por encontrarse llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ DECIDE.

DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR
En cuanto a la solicitud de aplicación del procedimiento ordinario, formulado por la Representante del Ministerio Público, considera este Tribunal, que la solicitud de la referida aplicación es el ejercicio de una facultad conferida a la parte Fiscal y visto que es necesaria la practica de otras diligencias de investigación, se ordena la conducción de la presente causa por los lineamientos del PROCEDIMIENTO ORDINARIO todo de conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenando a remisión de las presentes actuaciones a La Fiscalía Tercera del Ministerio Público, una vez sea vencido el lapso de ley. Y así se decide.

DE LA MEDIDA DE COERCION PERSONAL

En cuanto a la solicitud Fiscal de imposición de una Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad para el imputado JUAN JAVIER PAREDES y la correlativa solicitud de imponer medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad por parte de la defensa, aduciendo la buena fe, la cooperación y la verdad de los hechos. Este Tribunal para decidir al respecto considera lo siguiente:
Conforme a lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para que proceda la privación judicial preventiva de libertad del imputado deben concurrir las siguientes circunstancias: 1) La existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal para perseguirlo no se encuentre prescrita. 2) La existencia de fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido el autor o partícipe en la comisión del hecho punible. 3) Una presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, sobre un acto concreto de la investigación.
El Juzgamiento en Libertad es un Derecho y una Garantía establecida en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por tanto, la libertad es la regla y la prisión preventiva es la excepción.
Corresponde a quien decide revisar sí están o no satisfechos los extremos del artículo 250 del código adjetivo penal, a los efectos de decretar una medida privativa de libertad como lo peticionó la Fiscalía o si es procedente otorgar una medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad del imputado JUAN JAVIER PAREDES, por la presunta comisión del delito de HURTO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el articulo 453 numerales 3° y 4° Código Penal en concordancia con el artículo 80 “ejusdem”, en perjuicio de José Otardo Barroso Nariño que prevé una pena de CUATRO (04) A OCHO (08) AÑOS DE PRISION, que en su término medio prevé una pena de SEIS (06) AÑOS DE PRISION. Ahora bien, en el presente caso, las actuaciones ponen en evidencia la comisión de un hecho punible imputable al ciudadano aprehendido JUAN JAVIER PAREDES, el cual merece pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, constando en el actuaciones producidas por el representante fiscal elementos de convicción que hacen presumir que el imputado tienen comprometida su responsabilidad penal en tal hecho ilícito. Debiendo concluirse que se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los numerales 1 y 2 del referido artículo 250 del Código adjetivo penal; ahora bien en opinión de este juzgador, la existencia del particular primero y segundo permitirá abordar el razonamiento del último para determinar el tipo o clase de la medida cautelar a dictar, -extrema o no- , por el contrario, la inexistencia de algunos de los primeros, impedirá abordar el último, surgiendo así una verdadera máxima jurídica; pues aceptar lo contrario implicaría someter al proceso a una persona por la mera existencia de una investigación, lo cual resultaría craso error de juzgamiento, en detrimento de los derechos fundamentales del ser humano.
En el caso que nos ocupa presente caso, respecto del tercer requisito, esto es, una presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, para quien decide considera que existen circunstancias que le hacen considerar que ciertamente en el caso de marras existe el peligro de fuga, por las siguientes razones:
Se ha calificado la Flagrancia en la aprehensión previa solicitud del hecha por el Ministerio Público, para JUAN JAVIER PAREDES, por la presunta comisión del delito de HURTO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el articulo 453 numerales 3° y 4° Código Penal en concordancia con el artículo 80 “ejusdem”, que prevé una pena de CUATRO (04) A OCHO (08) AÑOS DE PRISION, que en su término medio prevé una pena de SEIS (06) AÑOS DE PRISION en el delito mas grave, lo que hace presumir la existencia del peligro de fuga por la pena que podría llegar a imponerse, aunado a la gravedad del delito, además, es necesario considerar que se trata de un hecho punible que atenta contra la sociedad en general, y que va en detrimento de bienes jurídicamente tutelados, tales como la orden público, el patrimonio, la seguridad, el bienestar personal, entre otros, considerando asimismo que mediante este tipo de hechos se afecta el bienestar económico de la colectividad en general, siendo necesario salvaguardar el proceso, como única vía para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la justicia, en virtud de la garantía social de la instrumentalidad del proceso penal, por tanto, se aprecia la debida proporcionalidad, entre el delito imputado y su sanción probable con la medida cautelar decretada, y por ende, la pena probablemente aplicable, desde luego, en el evento de resultar culpable del hecho que se le imputa.
También considera este juzgador que puede estarse en presencia de un posible Peligro de Obstaculización para averiguar la verdad, por la influencia que pudiera ejercer el imputado, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 252 del código Orgánico Procesal Penal…….
Ante estas circunstancias, quien aquí decide, en estricto cumplimiento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y demás Tratados, Pactos y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos, considera que en el presente caso y atendiendo las circunstancias que obran en autos, lo procedente es DECRETAR LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD para el imputado JUAN JAVIER PAREDES. ASÍ SE DECIDE.-.

DECISION

Por las razones antes expuestas este TRIBUNAL DECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:
PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA en la aprehensión del imputado JUAN JAVIER PAREDES, de nacionalidad Venezolana, natural de Trujillo, Estado Trujillo, nacido en fecha 12-05-1.984, de 26 años de edad, titular de la cédula de Identidad Nro V.- 19.9688.878, soltero, de profesión u oficio latonero, hijo de Zulay Paredes (v) y dijo no conocer a su padre, residenciado en la calle 11 con carrera 9 del centro San Cristóbal, Estado Táchira, teléfono 0424-7556084, por la presunta comisión del delito HURTO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el articulo 453 numerales 3° y 4° Código Penal en concordancia con el artículo 80 “ejusdem”, en perjuicio de José Otardo Barroso Nariño, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
SEGUNDO: SE ACUERDA EL TRÁMITE DE LA PRESENTE CAUSA POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal previa solicitud fiscal.
TERCERO: IMPONE MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, al imputado JUAN JAVIER PAREDES, de nacionalidad Venezolana, natural de Trujillo, Estado Trujillo, nacido en fecha 12-05-1.984, de 26 años de edad, titular de la cédula de Identidad Nro V.- 19.9688.878, soltero, de profesión u oficio latonero, hijo de Zulay Paredes (v) y dijo no conocer a su padre, residenciado en la calle 11 con carrera 9 del centro San Cristóbal, Estado Táchira, teléfono 0424-7556084, por la presunta comisión del delito HURTO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el articulo 453 numerales 3° y 4° Código Penal en concordancia con el artículo 80 “ejusdem”, en perjuicio de José Otardo Barroso Nariño, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, negándose la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial solicitada por la defensa.
CUARTO: Se fija audiencia especial de acuerdo reparatorio para el día 21 de octubre de 2010, a las 11:30 horas de la mañana.

Líbrese la correspondiente Boleta de encarcelación dirigida a la Policía del Estado Táchira. Regístrese y déjese copia para el archivo del Tribunal.

ABG. JOSE MAURICIO MUÑOZ MONTILVA
JUEZ DECIMO DE CONTROL

ABG. EDWARD JENS NARVÁEZ GARCIA
SECRETARIO