TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Táchira, 9 de Noviembre de 2010
200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2010-002433
ASUNTO : SP11-P-2010-002433
RESOLUCION POR SOLICITUD EN FUNDAMENTO AL ARTICULO 264 DE LA NORMA PENAL ADJETIVA
Visto el escrito presentado por la Abogada WENDY MIRLAY PRATO CABALLERO, en su condición de Defensora Privada en la causa signada con nomenclatura de este Tribunal bajo el NºSP11-P-2010-00433, mediante el cual solicita la revisión de la Medida de Privación de Libertad impuesta por esté Tribunal en fecha 15-10-2010 y se le otorgue una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, menos gravosa; el Tribunal Tercero en Funciones de control para decidir observa:
PRIMERO: En fecha 15 de Octubre de 2010, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Número Tres, Extensión San Antonio del Estado Táchira, dictó decisión en la cual se decreto: “1 CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión del ciudadano JUAN GUILLERMO GRANADOS SANGUINO, por la comisión del delito de CONTRABANDO, por encontrarse llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal. 2. Se Ordena la prosecución del proceso por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. 3.SE DECRETA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, al ciudadano: JUAN GUILLERMO GRANADOS SANGUINO, de conformidad a lo establecido en el articulo 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, acordando como sitio de reclusión Centro Penitenciario de Occidente.”
SEGUNDO: Igualmente observa esta Juzgadora, el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece:
“El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el Juez al dictar su decisión.”

De manera que, en todo caso, tales principios de veracidad y justicia, se observarán como pilares fundamentales en el proceso penal, de allí que, las medidas cautelares en general, cobren vigencia y aplicación, ello, en nada merma el también principio constitucional de presunción de inocencia y afirmación de libertad, que a pesar de la aparente antinomia, sin embargo, la medida cautelar extrema –Privación Judicial Preventiva de Libertad, está sujeta al razonamiento judicial que deberá establecerse y apreciarse en el caso en concreto, por expresa disposición del artículo 44.1 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer:
“La libertad personal es inviolable, en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.” Comillas y subrayado es propio.
Con base a ello, deberá razonarse del modo establecido las circunstancias por las que debe decretarse, mantenerse, sustituirse o revocarse la medida cautelar extrema, siempre, bajo el prisma integral establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, primero, la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad cuya acción no esté evidentemente prescrita, segundo, la existencia de fundados elementos de convicción para estimar la autoría o participación del imputado en tal hecho punible, y de último, la existencia de presunción razonable del Peligro de fuga o de Obstaculización en la búsqueda de la verdad. En opinión de la juzgadora, la existencia del particular primero y segundo permitirá abordar el razonamiento del último para determinar el tipo o clase de la medida cautelar a dictar, -extrema o no- , por el contrario, la inexistencia de algunos de los primeros, impedirá abordar el último, surgiendo así una verdadera máxima jurídica; pues aceptar lo contrario implicaría someter al proceso a una persona por la mera existencia de una investigación, lo cual resultaría craso error de juzgamiento, en detrimento de los derechos fundamentales del ser humano.
Ahora bien, como derecho natural del justiciable, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé que el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente; debiendo el Juzgador examinar la necesidad de mantener la medida o sustituirla por otra menos gravosa.
Así mismo, la revisión de la medida cautelar sólo es posible en virtud de la mutabilidad de la decisión judicial referida con ocasión a la cosa juzgada formal que causa la misma, sin embargo, tal mutabilidad, está constituida sobre la base o cláusula “Rebus Sic Stantibus”, según la cual ante la invariabilidad de las circunstancias que motivaron la decisión, necesariamente deberá mantenerse la misma; por interpretación en contrario, si han sufrido alteración deberá analizarse la misma y adoptarse la medida proporcional a la situación fáctica en concreto, sea mediante su sustitución, o de ser necesario mediante su revocatoria, según sea el caso.

TERCERO: Atendiendo a tales circunstancias, en razón de la protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente, mientras no se establezca su culpabilidad, son motivos significantes que estima quien aquí decide, para otorgar una medida cautelar sustitutiva a al privación de libertad sustituyendo la medida privativa de libertad decretada en fecha 15 de Octubre de 2010; ello en aras del principio de afirmación de la Libertad, y el de inocencia, establecidos en los artículos 44, 49 ordinal 2º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 8 y 9 ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Por estas razones, esta Juzgadora, SUSTITUYE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, DECRETADA EN FECHA 15-10-2010, esto en virtud de que con el otorgamiento de la misma se llenan las exigencias de orden procesal para la comparecencia del imputado a los demás actos del proceso.

Con base en lo expuesto, se sustituye la Medida de Privación de Libertad y se otorga una Medida Cautelar Sustitutiva a la privación de Libertad, conforme a lo estipulado en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo cumplir las siguiente condiciones: 1).- presentaciones cada Treinta (30) días por ante la Oficina de Alguacilazgo.- 2) No cometer nuevos hechos punibles. 3).- No salir del Territorio de la República sin autorización del Tribunal. 4).- Presentarse a todos y cada uno de los actos de proceso. 5) Acudir a todos los llamando del Tribunal, 6) Presentar un custodio que debe acreditar al Tribunal: a) Ser natura de la República bolivariana de Venezuela, b) Presentar su Cédula de identidad, para su vista y devolución, c) Residir en la República Bolivariana de Venezuela, debiendo presentar constancia de residencia emitida por la Junta Comunal, d) Presentar constancia de Trabajo. e) Comprometerse a cancelar, por vía de multa en caso de que el imputado se apartare del proceso a cancelar cincuenta (50) Unidades Tributarias, para gastos de captura; Levántese acta donde se imponga al imputado de la presente decisión. Líbrese la correspondiente Boleta de Libertad, una vez conste en autos el acta de compromiso, de imposición de cambio de medida y el cumplimiento de los requisitos aquí señalados. Y así se decide.
Por los fundamentos de hecho y de derecho ya expuestos, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL NUMERO TRES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTESION SAN ANTONIO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:

UNICO: Declara con lugar la solicitud de revisión de medida Privativa de Libertad Decretada el 15-10-201 y en consecuencia, SUSTITUYE POR UNA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD MENOS GRAVOSA, al ciudadano: JUAN GUILLERMO GRANADOS SANGUINO, quien dice ser de nacionalidad Colombiano, mayor de edad, natural de Cúcuta; Norte de Santander, nacido en fecha 14 de Agosto de 1987, de 23 años de edad, hijo de Carmen Rosa Sanguino (v) y de José Rosas Granados (v), titular de la cédula de Ciudadanía N° C.C.- 1093740748, soltero, de profesión u oficio chofer, domiciliado en el barrio Luis Euseche Díaz; calle 14 N° 14-14 N° 2-63, vereda 7 Ureña Estado Táchira; por parte del Fiscal Vigésima Cuarta del Ministerio Público; por la comisión del delito de CONTRABANDO, previsto y sancionado en el artículo 2 de la Ley Sobre de Contrabando, en perjuicio del estado venezolano, debiendo cumplir las siguientes condiciones, estipuladas en el artículo 256 de la norma penal adjetiva: 1).- presentaciones cada Treinta (30) días por ante la Oficina de Alguacilazgo.- 2) No cometer nuevos hechos punibles. 3).- No salir del Territorio de la República sin autorización del Tribunal. 4).- Presentarse a todos y cada uno de los actos de proceso. 5) Acudir a todos los llamando del Tribunal, 6) Presentar un custodio que debe acreditar al Tribunal: a) Ser natura de la República bolivariana de Venezuela, b) Presentar su Cédula de identidad, para su vista y devolución, c) Residir en la República Bolivariana de Venezuela, debiendo presentar constancia de residencia emitida por la Junta Comunal, d) Presentar constancia de Trabajo. e) Comprometerse a cancelar, por vía de multa en caso de que el imputado se apartare del proceso a cancelar cincuenta (50) Unidades Tributarias, para gastos de captura; Levántese acta donde se imponga al imputado de la presente decisión. Líbrese la correspondiente Boleta de Libertad, una vez conste en autos el acta de compromiso, de imposición de cambio de medida y el cumplimiento de los requisitos aquí señalados

Notifíquese a las partes, regístrese, publíquese y déjese copia en el archivo del Tribunal.

ABG. KARINA TERESA DUQUE DURAN
JUEZA TERCERO DE CONTROL

SECRETARIO