TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Táchira, 24 de Noviembre de 2010
200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2010-002696
ASUNTO : SP11-P-2010-002696

RESOLUCION POR SOLICITUD DEL 264 DE LA NORMA PENAL ADJETIVA

Visto el escrito presentado por la Abogada LORENA RODRIGUEZ FIALLO, en su condición de Defensora en la causa signada con nomenclatura de este Tribunal bajo el Nº SP11-P-2010-02696, mediante el cual solicita la revisión de la Medida de Privación de Libertad impuesta por esté Tribunal en fecha 09-11-2010 y se le otorgue una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, menos gravosa; el Tribunal Tercero en Funciones de control para decidir observa:
PRIMERO: En fecha 09 de Noviembre de 2010, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Número Tres, Extensión San Antonio del Estado Táchira, dictó decisión en la cual se decreto: “PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA, EN LA APREHENSIÓN del ciudadano JOSÉ AUGUSTO CARREÑO BUSTAMENTE, de nacionalidad venezolana, Natural de Rubio estado Táchira, nacido en fecha 02-12-1968, de 42 años de edad, de estado civil soltero, hijo de Edmundo Carreño (v) y de Eloina Bustamante (v) de profesión u oficio obrero, Portador de cédula de identidad V- 11.113.392 y residenciado aldea Las Escaleras, sector la Porcia, casa de barro, calle principal Finca la Primavera Rubio, estado Táchira teléfono 0426-6282086 (primo), en la presunta comisión del delito de AMENAZA previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana Eloina Mileidy Carreño, por encontrarse llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal. Se deja constancia que el Fiscal del Ministerio Público realizó nueva imputación por el delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana Eloina Mileidy Carreño.
SEGUNDO: Se Ordena la prosecución del proceso por los trámites del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, de conformidad con el artículo 94 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenándose la remisión de las presentes actuaciones a la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público, vencido que sea el lapso de ley correspondiente.
TERCERO: SE OTORGA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL DE LA LIBERTAD al imputado JOSÉ AUGUSTO CARREÑO BUSTAMENTE en la presunta comisión del delito atribuido de conformidad con lo establecido en el artículo 256 ordinales 3 y 9 y artículo 258 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el artículo 92 ordinal 8 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, debiendo el imputado cumplir con las presentes condiciones 1.- Presentaciones una vez cada ocho (08) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de la Oficina de Alguacilazgo. 2.- No consumir bebidas alcohólicas. 3.- Prohibición de verse involucrado en hechos de carácter penal. 4.- Presentar un fiador con ingresos iguales o superiores a 70 unidades tributarias, quien en caso de incumplimiento deberá pagar por vía de multa la misma cantidad, el cual deberá consignar constancia de residencia y constancia de ingreso, constancia de buena conducta. 5.- Acudir a todos los actos del proceso. 6.- No agredir ni física, verbal, ni psicológicamente a la víctima”

SEGUNDO: Igualmente observa esta Juzgadora, el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece:

“El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el Juez al dictar su decisión.”

De manera que, en todo caso, tales principios de veracidad y justicia, se observarán como pilares fundamentales en el proceso penal, de allí que, las medidas cautelares en general, cobren vigencia y aplicación, ello, en nada merma el también principio constitucional de presunción de inocencia y afirmación de libertad, que a pesar de la aparente antinomia, sin embargo, la medida cautelar extrema –Privación Judicial Preventiva de Libertad, está sujeta al razonamiento judicial que deberá establecerse y apreciarse en el caso en concreto, por expresa disposición del artículo 44.1 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer:

“La libertad personal es inviolable, en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.” Comillas y subrayado es propio.
Con base a ello, deberá razonarse del modo establecido las circunstancias por las que debe decretarse, mantenerse, sustituirse o revocarse la medida cautelar extrema, siempre, bajo el prisma integral establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, primero, la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad cuya acción no esté evidentemente prescrita, segundo, la existencia de fundados elementos de convicción para estimar la autoría o participación del imputado en tal hecho punible, y de último, la existencia de presunción razonable del Peligro de fuga o de Obstaculización en la búsqueda de la verdad. En opinión de la juzgadora, la existencia del particular primero y segundo permitirá abordar el razonamiento del último para determinar el tipo o clase de la medida cautelar a dictar, -extrema o no- , por el contrario, la inexistencia de algunos de los primeros, impedirá abordar el último, surgiendo así una verdadera máxima jurídica; pues aceptar lo contrario implicaría someter al proceso a una persona por la mera existencia de una investigación, lo cual resultaría craso error de juzgamiento, en detrimento de los derechos fundamentales del ser humano.
Ahora bien, como derecho natural del justiciable, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé que el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente; debiendo el Juzgador examinar la necesidad de mantener la medida o sustituirla por otra menos gravosa.
Así mismo, la revisión de la medida cautelar sólo es posible en virtud de la mutabilidad de la decisión judicial referida con ocasión a la cosa juzgada formal que causa la misma, sin embargo, tal mutabilidad, está constituida sobre la base o cláusula “Rebus Sic Stantibus”, según la cual ante la invariabilidad de las circunstancias que motivaron la decisión, necesariamente deberá mantenerse la misma; por interpretación en contrario, si han sufrido alteración deberá analizarse la misma y adoptarse la medida proporcional a la situación fáctica en concreto, sea mediante su sustitución, o de ser necesario mediante su revocatoria, según sea el caso.

TERCERO: Atendiendo a tales circunstancias, en razón de la protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente, mientras no se establezca su culpabilidad, son motivos significantes que estima quien aquí decide, para otorgar una medida cautelar sustitutiva a al privación de libertad sustituyendo la medida privativa de libertad decretada en fecha 09 de Noviembre de 2010; ello en aras del principio de afirmación de la Libertad, y el de inocencia, establecidos en los artículos 44, 49 ordinal 2º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 8 y 9 ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Por estas razones, esta Juzgadora, SUSTITUYE LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD, DECRETADA EN FECHA 09-11-2010, esto en virtud de que con el otorgamiento de la misma se llenan las exigencias de orden procesal para la comparecencia del imputado a los demás actos del proceso.

Con base en lo expuesto, se sustituye la Medida de Cautelar Sustitutiva a la Privación de libertad y se modifica por una Medida Cautelar Sustitutiva menos gravosa, conforme a lo estipulado en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo cumplir las siguiente condiciones: 1.- Presentaciones una vez cada ocho (08) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de la Oficina de Alguacilazgo. 2.- No consumir bebidas alcohólicas. 3.- Prohibición de verse involucrado en hechos de carácter penal. 4.- Presentar un custodio que debe acreditar al Tribunal: a) Ser natura de la República bolivariana de Venezuela, b) Presentar su Cédula de identidad, para su vista y devolución, c) Residir en la República Bolivariana de Venezuela, debiendo presentar constancia de residencia emitida por la Junta Comunal, d) Presentar constancia de Trabajo. e) Comprometerse a cancelar, por vía de multa en caso de que el imputado se apartare del proceso a cancelar cincuenta (50) Unidades Tributarias, para gastos de captura; Levántese acta donde se imponga al imputado de la presente decisión. Líbrese la correspondiente Boleta de Libertad, una vez conste en autos el acta de compromiso, de imposición de cambio de medida y el cumplimiento de los requisitos aquí señalados. Y así se decide.

Por los fundamentos de hecho y de derecho ya expuestos, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL NUMERO TRES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTESION SAN ANTONIO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:

UNICO: Declara con lugar la solicitud de revisión de medida Privativa de Libertad Decretada el 04-11-201 y en consecuencia, SUSTITUYE POR UNA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD MENOS GRAVOSA, al ciudadano: JOSÉ AUGUSTO CARREÑO BUSTAMENTE, de nacionalidad venezolana, Natural de Rubio estado Táchira, nacido en fecha 02-12-1968, de 42 años de edad, de estado civil soltero, hijo de Edmundo Carreño (v) y de Eloina Bustamante (v) de profesión u oficio obrero, Portador de cédula de identidad V- 11.113.392 y residenciado aldea Las Escaleras, sector la Porcia, casa de barro, calle principal Finca la Primavera Rubio, estado Táchira teléfono 0426-6282086 (primo), en la presunta comisión del delito de AMENAZA previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana Eloina Mileidy Carreño, por encontrarse llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal. Se deja constancia que el Fiscal del Ministerio Público realizó nueva imputación por el delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana Eloina Mileidy Carreño, debiendo cumplir las siguientes condiciones, estipuladas en el artículo 256 de la norma penal adjetiva: 1.- Presentaciones una vez cada ocho (08) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de la Oficina de Alguacilazgo. 2.- No consumir bebidas alcohólicas. 3.- Prohibición de verse involucrado en hechos de carácter penal. 4.- Presentar un custodio que debe acreditar al Tribunal: a) Ser natura de la República bolivariana de Venezuela, b) Presentar su Cédula de identidad, para su vista y devolución, c) Residir en la República Bolivariana de Venezuela, debiendo presentar constancia de residencia emitida por la Junta Comunal, d) Presentar constancia de Trabajo. e) Comprometerse a cancelar, por vía de multa en caso de que el imputado se apartare del proceso a cancelar cincuenta (50) Unidades Tributarias, para gastos de captura; Levántese acta donde se imponga al imputado de la presente decisión; Levántese acta donde se imponga al imputado de la presente decisión. Líbrese la correspondiente Boleta de Libertad, una vez conste en autos el acta de compromiso, de imposición de cambio de medida y el cumplimiento de los requisitos aquí señalados

Notifíquese a las partes, regístrese, publíquese y déjese copia en el archivo del Tribunal.

ABG. KARINA TERESA DUQUE DURAN
JUEZA TERCERO DE CONTROL

SECRETARIO