REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA CORTE DE APELACIONES 200° y 151° Juez Ponente: LUIS ALBERTO HERNANDEZ CONTRERAS. IDENTIFICACIÓN DEL JUEZ INHIBIDO Abogado Héctor Emiro Castillo González, Juez Provisorio de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, extensión San Antonio. I. DEL TRÁMITE Se encuentran las presentes actuaciones en esta Corte de Apelaciones en su única Sala, en virtud de la inhibición planteada en fecha diecinueve (19) de octubre de 2010, por el funcionario HECTOR EMIRO CASTILLO GONZALEZ, en su condición de Juez Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, extensión San Antonio, para conocer de la causa signada por ese tribunal bajo el N° SP11-P-2009-002994, seguida en contra del ciudadano JUAN DAVETA CHACON. En fecha veintiséis (26) de octubre de 2010, se recibió la causa por esta alzada, y se dio cuenta a los Jueces integrantes de la misma, designándose como ponente al Juez Luis Alberto Hernández Contreras, quién se avoca al conocimiento de la presente incidencia, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. En esta fecha, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, procede a revisar exhaustivamente el cumplimiento de las formalidades y demás trámites procesales, verificando que se encuentran satisfechos los supuestos establecidos, en el Título III, Capítulo VI, de la Ley Adjetiva Penal, ordenándose la sustanciación de la presente incidencia, y siendo la oportunidad procesal prevista en el artículo 96 del Código Orgánico Procesal Penal, a fin de resolver la incidencia planteada, procede a dictar el respectivo fallo, en los términos que se exponen a continuación: II. DE LA CAUSAL DE INHIBICIÓN El funcionario HECTOR EMIRO CASTILLO GONZALE, en su condición de Juez adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, extensión San Antonio, se inhibió de conocer en la causa signada con el N° SP11-P-2009-002994, alegando lo siguiente: (Omissis) “…procedo a INHIBIRME (sic) DE (sic) SEGUIR (sic) CONOCIENDO (sic) DE (sic) LA (sic) PREENTE (sic) CAUSA (sic) SP11-P-2010-002994, en donde aparece como acusado el ciudadano JUAN DAVETA CHACON, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, natural de Táriba, Municipio Cárdenas de estado Táchira, nacido en fecha 01 de Noviembre (sic) de 1961, de 48 años de edad, hijo de Doménico Antonio Daveta (f) y Domitila Chacón (v), titular de la cédula de identidad No.- V-5.654.726, teléfonos: 0276-7710159 y 0414-3760487. de profesión u oficio comerciante, residenciado actualmente en Urbanización Machipe, calle principal, Cayetano Redondo N° 393, San Antonio del Táchira, estado Táchira; a quien le atribuye la presunta comisión de los delitos de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancinado en el artículo 218, numeral 3 del Código Penal, en perjuicio de la cosa pública, e INDUCCION SIN ÉXITO A LA CORRUPCION, previsto y sancionado en el artículo 63, en concordancia con el artículo 62 de la Ley contra la Corrupción, en perjuicio del estado venezolano. El motivo de dicha inhibición es que en el día de ayer mediante acta, consta el nombramiento y juramentación en dicha causa del Abogado (sic) EDGAR GONZALO PRATO, quien se juramentó como DEFENSOR (sic) DEL (sic) ACUSADO (sic), y quien es mi amigo desde el tiempo que estudiamos juntos y nos graduamos en la Universidad Católica del Táchira, en San Cristóbal, estado Táchira, siendo esto conocido tanto en el medio judicial como social, lo cual perfectamente puede ser enmarcado en la causal de inhibición contemplada en el numeral 4 del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal…” (Omissis) III. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Pasa esta Corte de Apelaciones a emitir pronunciamiento sobre la presente inhibición propuesta, haciéndolo en los siguientes términos: La inhibición es una institución procesal de orden público, por su naturaleza intrínseca, constituye un acto judicial que se traduce en la separación voluntaria (motu propio) del juez en el asunto sometido a su consideración, el conocimiento de la referida incidencia, en cumplimiento del mandato legal; ha establecido la doctrina que son mecanismos procesales establecidos para preservar la imparcialidad y probidad del Juez, entendiendo por ésta que el Juez para la solución del caso, no se dejará llevar por ningún otro interés fuera de la aplicación correcta de la Ley y la solución justa para el litigio, tal como la Ley lo prevé. (Binder, Introducción al Derecho Procesal Penal. Págs. 320 y 321). De igual modo, el maestro Arminio Borjas, en su obra “Comentarios al Código de Procedimiento Civil”, dice: “La justicia ha de ser siempre obra de un criterio imparcial cuando el funcionario encargado de administrarla en un negocio dado, se hace sospechoso de parcialidad por concurrir en su persona algún motivo capaz de inclinar su voluntad a favor o en contra de algunas de las partes, pierde el atributo especial de los dispensadores de justicia, en consecuencia es natural que de motu propio declare el motivo de su inhabilidad y se separe de intervenir en el asunto, y de no hacerlo, es justo que a la parte a quien interese se le acuerde un recurso legal que obligue a aquél a la abstención. Este recurso es la recusación y la voluntaria abstención es la inhibición.” El mismo tratadista (Dr. Arminio Borjas) ha sostenido, que: “… Los Ministros de Justicia han de conservarse imparciales y hacer que así se les considere por todo el Mundo. No es menester, por lo tanto que se crean parcializados, basta con que teman estarlo y con que las partes o la sociedad puedan sospechar que lo estén…” Así mismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado asentado en Sentencia de fecha 13 de Diciembre de 2004, con ponencia de la Magistrada Ponente Carmen Zuleta de Merchán, en Sentencia N° 2917, lo siguiente: “…esta Sala debe reiterar que la figura de la inhibición es producto de una manifestación volitiva del decidor, ya que sólo éste es capaz de conocer si, efectivamente, es su persona existe algún motivo que pueda comprometer su imparcialidad. Así lo reconoce nuestra legislación que obliga al funcionario judicial a separarse de la causa, cuando encuentre que en su persona existe una causal de recusación (artículos 84 del Código de Procedimiento Civil y 87 del Código Orgánico Procesal Penal…” Igualmente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión N° 1484 en el Expediente N° 08-027°0 dictada en fecha 15 de Octubre de 2008, con Ponencia del Pedro Rafael Rondón Haaz, señaló que: “…Sin duda alguna, reiteramos que la inhibición “…se puede definir entonces como el acto del Juez de separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ella, prevista por la Ley como causa de recusación. En esta definición destacan las características que tiene la inhibición en nuestro Derecho: a) Es un acto judicial y no de parte, porque lo realiza el Juez y produce su efecto en el proceso, originando una crisis subjetiva del mismo, que se traduce en la separación del Juez del conocimiento del asunto. b) Aunque es un deber del Juez, las partes no tienen facultad de requerir su inhibición pues la ley no da a las partes semejante gestión procesal. c) La inhibición origina un incidente en la causa concreta sometida al conocimiento del Juez inhibido, cuya sola finalidad es resolver la crisis subjetiva del proceso creada con la separación del Juez del conocimiento de la causa…” Ahora bien, en el caso sub examine, observa este Tribunal Colegiado, que efectivamente la normativa que rige la materia inserta en el Código Orgánico Procesal Penal, alegada por la inhibida, establece lo siguiente: “Artículo 86. Causales de inhibición y recusación. Los jueces profesionales, escabinos, fiscales del Ministerio Público, secretarios, expertos e intérpretes, y cualesquiera otros funcionarios del Poder Judicial, pueden ser recusados por las causales siguientes: (…Omisis…) 4. Por tener con cualquiera de las partes amistad o enemistad manifiesta; (…Omisis…) Artículo 87. Inhibición obligatoria. Los funcionarios a quienes sean aplicables cualquiera de las causales señaladas en el artículo anterior deberán inhibirse del conocimiento del asunto sin esperar que se les recuse. Igualmente lo harán si son recusados y estimen procedente la causal invocada.” Observa esta Sala, que el ciudadano Edgar Gonzalo Prato, es el abogado defensor del ciudadano Juan Daveta Chacón, quien cursa causa signada bajo el número SP11-P-2009-002994, y que el juez inhibido mantiene una amistad manifiesta con el suscrito ciudadano, derivada de las aulas universitarias. En el marco de los argumentos expuestos, constata este Tribunal Colegiado, que efectivamente el juez inhibido se encuentra inmerso en el numeral 4° del artículo 86° del Código Adjetivo Penal, referentes a las causales de inhibición y recusación, por lo cual lo procedente en derecho es decretar CON LUGAR la presente inhibición. Así se decide. DECISIÓN Por los fundamentos expuestos, esta CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara: CON LUGAR la inhibición presentada por el funcionario Héctor Emito Castillo González, en su condición de Juez del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, extensión San Antonio, manifestada mediante acta de inhibición de fecha diecinueve (19) de octubre de 2010, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 numeral 4 y 87 del Código Orgánico Procesal Penal; se ordena que la causa sea pasada a otro juez de control de igual categoría de este Circuito judicial penal. Publíquese, regístrese y remítase en la oportunidad legal correspondiente. Dada, firmada y sellada en la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, San Cristóbal, a los dos (02) días del mes de noviembre de 2010. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación. LOS JUECES DE LA CORTE, EDGAR FUEMAYOR DE LA TORRE Presidente LADY YSABEL PEREZ RON LUIS HERNANDEZ CONTRERAS JUEZ JUEZ PONENTE MILTON ELOY GRANADOS FERNANDEZ Secretario En la misma fecha se cumplió con lo ordenado. Milton Eloy Granados Fernández Secretario 1-Inh-4324-2010/LAHC/yr