TSJ Regiones - Decisión

AUTO QUE DECIDE SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA
Y MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL

Vista la Audiencia de Calificación de Flagrancia, este Tribunal oídas las partes pasa a hacer las siguientes consideraciones:

DE LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA
En relación a las circunstancias, que rodearon la aprehensión del ciudadano ERNESTO ANGARITA DUARTE, quien es de nacionalidad venezolana, natural de La Fría, Estado Táchira, titular de la cédula de identidad Nº V.-11.301.782, de 37 años de edad, nacido el 01 de septiembre de 1973, profesión u oficio Comerciante, hijo de Pedro José Angarita (f) y de María del Carmen Duarte de Angarita (v), de estado civil soltero, residenciado en Barrio Libertador, Pasaje Orinoco, casa N° 3-84, San Cristóbal Estado Táchira, cabe señalar que el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, refiere:

Artículo 248. Definición. Para los efectos de este Capítulo, se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional y a los consejos legislativos de los estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado.

De manera que, la flagrancia debe entenderse como una forma de evidencia procesal en cuanto a los participes, derivada de la oportunidad que han tenido una o varias personas de presenciar la realización del hecho o apreciar el delincuente con objetos instrumentos o huellas que indiquen fundadamente su participación en el hecho punible. Son dos entonces los requisitos fundamentales que concurren a la formación conceptual de la flagrancia, en primer término la actualidad, esto es la presencia de personas en el momento de la realización del hecho o momentos después percatándose de él y en segundo término la identificación o por lo menos la individualización del autor.
Considera esta Juzgadora que están llenos los extremos del mencionado artículo, por cuanto el referido imputado fue aprehendido por Funcionarios del Destacamento de Seguridad Urbana del Comando Regional Número Uno de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes dejan constancia en acta policial de fecha 22 de marzo de 2010, que siendo las 12:40 horas de la tarde, cuando se encontraban de servicio en el punto de control móvil establecido en la Plaza Miranda de la ciudad de San Cristóbal, recibieron llamada telefónica de la Abg. Penélope Ortiz, Notario Público Tercero, manifestando que se encontraba en su Notaría un ciudadano consignando un documento presuntamente alterad, al llegar al sitio y sostener entrevista con la Notario, esta manifestó que efectivamente fue presentado un documento de venta de un vehículo automotor, en el que se observó que el vendedor, identificado como Ernesto Angarita Duarte, estaba obrando en representación del ciudadano Roberto Antonio Rizquez Arriagas y por cuanto ella conocía al mencionado ciudadano le realizó llamada telefónica y este le manifestó que el vehículo que pretendían vender no le pertenecía desde el año 2005 y que nunca había otorgado al ciudadano Ernesto Angarita Duarte, haciendo entrega a la comisión actuante los documentos consignados ante la Notaria con la finalidad de realizar la venta; en vista de esta situación, se logró ubicar al vehículo objeto de la venta y su incautación preventiva, procediendo a la detención del ciudadano ERNESTO ANGARITA DUARTE, participando de la misma a la Fiscalía del Ministerio Público.
Consta así mismo en las actuaciones procesales, denuncia interpuesta por la víctima y entrevistas tomadas a los testigos, quienes narran de forma detallada, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aprehenden al imputado de autos por el intento de vender un vehículo usando un documento falso..
Con base a los razonamientos anteriormente expuestos, se hace procedente Calificar como Flagrante la aprehensión del imputado ERNESTO ANGARITA DUARTE, quien es de nacionalidad venezolana, natural de La Fría, Estado Táchira, titular de la cédula de identidad Nº V.-11.301.782, de 37 años de edad, nacido el 01 de septiembre de 1973, profesión u oficio Comerciante, hijo de Pedro José Angarita (f) y de María del Carmen Duarte de Angarita (v), de estado civil soltero, residenciado en Barrio Libertador, Pasaje Orinoco, casa N° 3-84, San Cristóbal Estado Táchira, en la presunta comisión de los delitos de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO y FRAUDE, previstos y sancionados en los artículos 322, en concordancia con el artículo 319 y 463, numeral 1 del Código Penal, en perjuicio de la Fe Pública y del ciudadano José Alirio Echeverria, al encontrarse satisfechos los extremos establecidos en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el mismo fue aprehendido al intentar vender un vehículo usando un documento falso. Por lo tanto se encuentran satisfechos los extremos exigidos en el artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la disposición 248 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

DEL PROCEDIMIENTO A APLICAR

En cuanto a la solicitud de aplicación del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, formulado por la Representante del Ministerio Público, considera este Tribunal, que del contenido del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, se desprende que la solicitud de dicha aplicación es el ejercicio de una facultad conferida a la parte Fiscal. De allí entonces, que habiéndose calificado la flagrancia, se ordena la prosecución de la presente causa por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Remitiéndose la presente Causa a la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, a los fines legales consiguientes, vencido el lapso de Ley. Y así se decide.
DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL
En cuanto a la solicitud Fiscal de imposición de una Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad para el imputado ERNESTO ANGARITA DUARTE, y la correlativa solicitud de imponer medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad por parte de la defensa, aduciendo la buena fe, la cooperación y la verdad de los hechos. Este Tribunal para decidir al respecto considera lo siguiente:
Conforme a lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para que proceda la privación judicial preventiva de libertad del imputado deben concurrir las siguientes circunstancias:
1) La existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal para perseguirlo no se encuentre prescrita.
2) La existencia de fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido el autor o partícipe en la comisión del hecho punible.
3) Una presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, sobre un acto concreto de la investigación.
El Juzgamiento en Libertad es un Derecho y una Garantía establecida en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por tanto, la libertad es la regla y la prisión preventiva es la excepción.
Corresponde a quien decide revisar sí están o no satisfechos los extremos del artículo 250 del código adjetivo penal, a los efectos de decretar una medida privativa de libertad como lo peticionó la Fiscalía o si es procedente otorgar una medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad al imputado ERNESTO ANGARITA DUARTE, como lo peticionó la Defensa. En primer lugar, en el presente caso, las actuaciones ponen en evidencia la comisión de un hecho punible imputable al ciudadano aprehendido ERNESTO ANGARITA DUARTE, como lo son los delitos de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO y FRAUDE, previstos y sancionados en los artículos 322, en concordancia con el artículo 319 y 463, numeral 1 del Código Penal, los cuales merecen pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, constando en el actuaciones producidas por el representante fiscal elementos de convicción que hacen presumir que el imputado tiene comprometida su responsabilidad penal en tal hecho ilícito. Debiendo concluirse que se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los numerales 1 y 2 del referido artículo 250 del Código adjetivo penal; ahora bien en opinión de esta juzgadora, la existencia del particular primero y segundo permitirá abordar el razonamiento del último para determinar el tipo o clase de la medida cautelar a dictar, -extrema o no- , por el contrario, la inexistencia de algunos de los primeros, impedirá abordar el último, surgiendo así una verdadera máxima jurídica; pues aceptar lo contrario implicaría someter al proceso a una persona por la mera existencia de una investigación, lo cual resultaría craso error de juzgamiento, en detrimento de los derechos fundamentales del ser humano.
En el caso que nos ocupa presente caso, respecto del tercer requisito, esto es, una presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, para quien decide considera que existen circunstancias que le hacen considerar que ciertamente en el caso de marras existe el peligro de fuga, por las siguientes razones:
En el presente caso, en la audiencia la precalificación hecha por el Ministerio Público, fue por los delitos de de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO y FRAUDE, previstos y sancionados en los artículos 322, en concordancia con el artículo 319 y 463, numeral 1 del Código Penal los cuales prevén una pena de que excede de los tres años en su límite máximo, lo que hace presumir la existencia del peligro de fuga por la pena que podría llegar a imponerse, aunado a la gravedad del delito, además, es necesario considerar que se trata de un hecho punible que atenta contra la sociedad en general, toda vez que el sentimiento de inseguridad que embarga a la colectividad en general es producto del incremento de acciones como las desplegadas por el imputado de autos, siendo necesario salvaguardar el proceso, como única vía para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la justicia, en virtud de la garantía social de la instrumentalidad del proceso penal, por tanto, se aprecia la debida proporcionalidad, entre los delitos imputados y su sanción probable con la medida cautelar decretada, y por ende, la pena probablemente aplicable, desde luego, en el evento de resultar culpable del hecho que se le imputa.
También considera esta juzgadora que puede estarse en presencia de un posible Peligro de Obstaculización para averiguar la verdad, por la influencia que pudiera ejercer los imputados de autos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 252 del código Orgánico Procesal Penal.
Ante estas circunstancias, quien aquí decide, en estricto cumplimiento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y demás Tratados, Pactos y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos, considera que en el presente caso y atendiendo las circunstancias que obran en autos, lo procedente es DECRETAR MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD para el imputado ERNESTO DUARTE ANGARITA, por la comisión de los delitos de de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO y FRAUDE, previstos y sancionados en los artículos 322, en concordancia con el artículo 319 y 463, numeral 1 del Código Penal, al considerar que se encuentran plenamente satisfechos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.-.

DISPOSITIVO

En consecuencia, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL NÚMERO CUATRO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTI¬CIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORI¬DAD DE LA LEY, RESUELVE:

PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA en la aprehensión del ciudadano ERNESTO ANGARITA DUARTE, quien es de nacionalidad venezolana, natural de La Fría, Estado Táchira, titular de la cédula de identidad Nº V.-11.301.782, de 37 años de edad, nacido el 01 de septiembre de 1973, profesión u oficio Comerciante, hijo de Pedro José Angarita (f) y de María del Carmen Duarte de Angarita (v), de estado civil soltero, residenciado en Barrio Libertador, Pasaje Orinoco, casa N° 3-84, San Cristóbal Estado Táchira, por la presunta comisión de los delitos de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO y FRAUDE, previstos y sancionados en los artículos 322, en concordancia con el artículo 319 y 463, numeral 1 del Código Penal, en perjuicio de la Fe Pública y del ciudadano José Alirio Echeverria, al encontrarse satisfechos los extremos establecidos en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
SEGUNDO: Se acuerda el trámite de la presente causa por el Procedimiento Ordinario, de conformidad con lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenando la remisión de las actuaciones a la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, a los fines de la presentación del acto conclusivo. TERCERO: DECRETA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra del imputado ERNESTO ANGARITA DUARTE, quien es de nacionalidad venezolana, natural de La Fría, Estado Táchira, titular de la cédula de identidad Nº V.-11.301.782, de 37 años de edad, nacido el 01 de septiembre de 1973, profesión u oficio Comerciante, hijo de Pedro José Angarita (f) y de María del Carmen Duarte de Angarita (v), de estado civil soltero, residenciado en Barrio Libertador, Pasaje Orinoco, casa N° 3-84, San Cristóbal Estado Táchira, por la presunta comisión de los delitos de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO y FRAUDE, previstos y sancionados en los artículos 322, en concordancia con el artículo 319 y 463, numeral 1 del Código Penal, en perjuicio de la Fe Pública y del ciudadano José Alirio Echeverria, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, designando como sitio de reclusión el Centro Penitenciario de Occidente, haciendo la salvedad en la boleta de encarcelación de los hechos narrados por la defensa.

Regístrese y déjese copia para el archivo del Tribunal.

ABG. CLEOPATRA DEL VALLE AVGERINOS PINEDA
JUEZ CUARTO DE CONTROL

ABG. ELIANA LUCIA FERNANDEZ PEÑALOZA
SECRETARIA

CAUSA 4C-10792-10