REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA.
199° 151°
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
PARTE DEMANDANTE: RAFAEL ARCÁNGEL MORA MORENO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 4.701.530, domiciliado en el sector Valladito, vía San Simón, Parroquia La Tendida, Municipio Samuel Dario Maldonado, Estado Táchira.
REPRESENTANTE JUDICIAL: Defensor Público Agrario N° 1 del Estado Táchira, abogado FRANCISO JOSÉ RUBIO QUINTERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 52.924, según oficio N° CJ-07-2788 de fecha 14 de diciembre de 2007 por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia.
DOMICILIO PROCESAL: Edificio Nacional, piso 2, oficina 21, Unidad de la Defensa Pública, San Cristóbal, Estado Táchira.
PARTE DEMANDADA: JOSÉ LUIS DÁVILA, LUDY AYARI DÁVILA GARCÍA, SANDRA DÁVILA VALENCIA, SYNDY DÁVILA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos.- V- 18.637.256, V- 18.637.546, V- 13.676.704 y V- 14.762.435 en su orden, domiciliados en el Vigía, Municipio Alberto Adriani, Estado Mérida y hábil.
APODERADA JUDICIAL PARTE DEMANDADA: No presentó.
DOMICILIO PROCESAL: Sin Indicar
MOTIVO: Acción Posesoria
EXPEDIENTE: Agrario Nº 8730/10
I
De la revisión que este Tribunal realiza a los expedientes se observa:
Que por auto de fecha 16 de julio de 2009, se admitió la demanda por Acción Posesoria Agraria intentada por el ciudadano RAFAEL ARCÁNGEL MORA MORENO contra los ciudadanos JOSÉ LUIS DÁVILA, LUDY AYARI DÁVILA GARCÍA, SANDRA DÁVILA VALENCIA, SYNDY DÁVILA por ACCIÓN POSESORIA.
En fecha 24 de septiembre de 2009, se libraron boletas de citación, despacho y con oficio N° 1422 se envió al Juzgado del Municipio Alberto Adriani y del Municipio Libertador del Estado Mérida, remitiéndole boletas de citación.
En fecha 03 de marzo de 2010, se agregó a los autos, la comisión de citación procedente del Juzgado Segundo de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra y Olmedo del Estado Mérida, de la cual se evidencia al folio 157, auto dictado por el Juzgado comisionado, mediante el cual acuerda devolver la presente comisión, en virtud de que han transcurrido más de dos meses y la parte interesada no le dio el impulso procesal correspondiente, a fin de lograr la citación de la parte demandada.
En fecha 17 de julio de 2009, se decretó Medida Cautelar Provisional Innominada solicitada. ( Folios 55 al 77).
Corre a los folios 129 y 130, acta de fecha 28 de julio de 2009, mediante la cual el Tribunal ejecuta la Medida Innominada dictada en fecha 17 de julio de 2009, en el inmueble descrito en autos.
En fecha 18 de agosto de 2009, el Tribunal declaró Con Lugar la Medida Innominada solicitada por la parte actora, decretando medida innominada, consistente en notificar a la Alcaldía del Municipio Jáuregui del Estado Táchira, a los fines de que no emita ningún contrato sobre el lote de terreno denominado “ Granja Vallalito”, oficiándose bajo el N° 1295.
Así las cosas, se observa que la parte demandante, no dió impulso procesal en el Juzgado comisionado a fin de que pudiera lograr la citación de los demandados, como se evidencia del auto dictado en fecha 09 de febrero de 2010 ( folio 157), no dando así cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley para la práctica de la citación de la parte demandada, tal y como lo establece el artículo 267, ordinal 1°:
“Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.”
Al respecto el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido:
“En el sub iudice, denuncia el recurrente que el Juez de Alzada, interpretó de manera errónea la preceptiva legal contenida en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, al decidir consumada la perención de la instancia, por el hecho de que el demandante, aún habiendo cancelado oportunamente los derechos arancelarios correspondientes a la compulsa para la citación, aportó la dirección del demandado pasados treinta (30) días después de realizado el pago aludido.
No obstante, dado en principio constitucional actual respecto a la gratuidad de la justicia y de la naturaleza que había entre las obligaciones (previstas en la ley para el logro de la citación cuando ésta haya de practicarse en un sitio que diste más de 500 metros de la sede el Tribunal), se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de la obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especie o de otra forma, entre tanto que la obligación que aun subsiste de transportación de los funcionarios o auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público.
Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.
En relación a lo transcrito el artículo 267 ordinal 1º, de la Ley Adjetiva Civil, establece:
“Toda instancia se extingue por el transcurso
de un año sin haberse ejecutado ningún acto
de procedimiento por las partes. La inactividad
del Juez después de vista la causa, no producirá
la perención”.
También se extingue la instancia:
1º. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...”
Como se observa, el legislador impone una dura sanción a la negligencia de las partes, lo cual evidentemente redunda en agilizar los procesos, puesto que obliga a los litigantes a impulsarlos bajo la amenaza de la perención, evitando así en gran medida, las paralizaciones de las causas por largos períodos, tal y como ocurría anteriormente. Ahora bien, dada la severidad del castigo, este Supremo Tribunal ha considerado de aplicación e interpretación restrictiva, las normas relativas a la perención y bajo estos lineamientos ha establecido, mediante su doctrina, que por cuanto la ley habla de las obligaciones que debe cumplir el demandante, basta que éste ejecute alguna de ellas a los efectos de la practica de la citación, para evitar que se produzca la perención. En este sentido se pronunció la sentencia Nº. 172, de fecha 22 de junio de 2001, expediente Nº.00-373, en el juicio de Raúl Esparza y otra contra Marco Puglia Morgguese y otros…
… A propósito de las obligaciones o cargas procesales que el demandante debe cumplir dentro del lapso de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de la reforma de la misma, esta Sala estima necesario y oportuno conciliarlas bajo el nuevo principio de la justicia gratuita contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la doctrina que ha considerado que no ha lugar la perención por la gratuidad de los procedimientos.
(SIC)El precitado artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial señala:
“Cuando haya de cumplirse un acto o evacuarse alguna diligencia fuera de la población en que tenga asiento el Tribunal, Registro Mercantil y Notarías Públicas la parte promovente o interesada proporcionará a los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en ellos, los vehículos necesarios y apropiados para su traslado, y proveerá los gastos de manutención y hospedaje que ocasione. Igualmente se proporcionará vehículo, cuando el acto o diligencia se efectúe en la misma población en que resida el Tribunal, Registros Mercantiles y Notarías Públicas en lugares que disten más de quinientos (500) metros de su recinto.
El Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia, respectivamente fijarán, periódicamente, mediante resolución el monto de los gastos de manutención y de hospedaje que habrán de pagar los interesados”.
(SIC) Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo
267 aludido, son de dos órdenes; pero, ambas destinadas a
lograr la citación del demandado”. (Sentencia de la Sala de Casación
Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, a los seis (06) días del mes
de julio de dos mil cuatro. Exp. Nº. AA20-C-2001-000436.
En el presente caso, se observa que transcurrieron más de Treinta (30) días continuos, sin que la parte demandante diera impulso procesal, para que el alguacil del Juzgado comisionado, practicará las citaciones de los demandados, verificándose la PERENCIÓN POR TREINTA DÍAS referida anteriormente, por lo que este Tribunal procede a declarar de oficio, conforme a lo ordenado por el artículo 267 ordinal 1 del Código de Procedimiento Civil, LA EXTINCION DEL PROCESO Y LA PERENCION DE LA INSTANCIA Y ASÍ SE DECIDE.
Así mismo, se levantan las Medidas Innominadas decretadas por autos de fechas 17 de julio de 2009 y 10 de agosto de 2009, en su orden. Una vez firme la presente decisión, ofíciese lo conducente a la Alcaldía del Municipio Jáuregui del Estado Táchira.-
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, con la facultad establecida en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA Y EXTINGUIDO EL PROCESO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 ordinal 1 del Código de Procedimiento Civil y Extinguido el presente proceso de acuerdo a lo contemplado en el artículo 270 ejusdem.
En consecuencia:
1.- La parte demandante podrá volver a proponer la demanda si así lo creyere conveniente a sus intereses.
2.- La perención no extingue los efectos de las decisiones que hayan sido dictadas en el presente procedimiento.
3.- La demandante podrá volver a proponer la demanda, luego de transcurridos noventa (90) días continuos contados a partir de la presente fecha.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE, déjese copia certificada para el archivo del Tribunal, de conformidad con lo establecido en los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, Firmada, Sellada y Refrendada en la Sala de Despacho del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, en San Cristóbal, a los nueve días del mes de marzo de dos mil diez. Años 199º de la Independencia y 151º de la Federación. –
LA JUEZ TEMPORAL
ABOG. YITTZA Y. CONTRERAS BARRUETA
LA SECRETARIA
ABOG. NELITZA CASIQUE MORA
|
