TSJ Regiones - Decisión

San Antonio del Táchira, 1 de Julio de 2010
200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2007-002743
ASUNTO : SP11-P-2007-002743

RESOLUCION PARA DECLARAR LA INTERRUPCIÓN DEL JUICIO

Visto lo ocurrido en la Celebración del Juicio Oral y Público en la presente causa, se precisa ahondar en los detalles que rodearon el desarrollo del mismo, a fin de decidir, así tenemos:

I
En fecha 26 de mayo de 2009, se inició la celebración del Juicio Oral y Público, con la presencia de las partes, a decir, fiscal, defensor, y el acusado, quienes una vez impuestos de sus derechos constitucionales y alternativas a la prosecución del proceso, junto a la admisión de hechos para imposición inmediata de pena declararon, compareciendo en esa oportunidad varios testigos, difiriéndose su continuación para nueva fecha.

A los folios 260 y siguientes corre agregada acta de donde no se pudo reanudar el juicio por la incomparecencia del defensor privado Dr. William Rivera, por lo que estando dentro del lapso para salvaguardar la concentración del debate se fijo su reanudación para el día 10 de junio de 2010, a las dos horas de la tarde.

En fecha 10 de junio presentes las partes se reanudo la audiencia y una vez impuesto el acusado del precepto constitucional el mismo manifestó que no deseaba declarar por lo que se abrió la fase para la recepción de pruebas de conformidad con lo establecido en el artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal, es así como ante la falta de órganos de prueba se incorpora una prueba documental a fines de mantener la concentración del debate, suspendiéndose se y fijándose su continuación para el día 25 de junio de 2010 a las 08:30 AM.

En fecha 25 de junio por cuanto no hubo despacho según lo acordado por la Presidencia del Circuito Judicial Penal, es por ello que se fijo nueva fecha para el día martes 29 de junio de 2010 a las 11 horas AM.

En fecha 29 de junio de 2010, una vez verificada la presencia de las partes por el secretario de sala se observa que no se hizo presente el abogado William Corredor quien es el defensor privado del acusado, por lo que estando en el día 11 sin que se hubiese reanudado el debate lo procedente conforme a los establecido en el artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal es declarar interrumpido el debate.
II
En apego al Principio de la Concentración en la etapa de realización del Juicio Oral y Público, las normas que lo regulan para su cumplimiento conforme al debido proceso, son los artículos 335 y 337 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales se refieren a la necesidad de realización del debate en un solo día, estableciendo como excepción a dicha regla, ante la imposibilidad de realizarlo, la de suspender el mismo por los motivos taxativamente señalados en dicha norma, por un plazo máximo de diez días continuos, encontrándonos con la consecuencia procesal, que de no reanudarse el debate como máximo al undécimo día, debe considerarse INTERRUMPIDO el desarrollo del Juicio Oral y Público, con la consecuencia necesaria de realizarlo nuevamente desde su inicio.

Por otra parte, en atención al Principio de la Inmediación, se observa que el Juicio Oral y Público en esta causa se desarrolló con normalidad los días 26 de mayo y 10 de junio de 2010, cuando se inicio y se recepcionó parte del acervo probatorio, no obstante en las ultimas audiencias no comparece el defensor privado situación esta que hace al tribunal entorpecer su labor no pudiéndose continuar, siendo claro e inequívoco que tal circunstancia conduce irremediablemente a que debe declararse interrumpido el debate y nuevamente iniciarse el Juicio Oral y Público.

Todo ello en atención a lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual se considera al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia, ocurriendo que para cumplir tal finalidad el proceso debe ofrecer garantías formales y sustanciales, cuya efectividad es atribuida a los órganos judiciales. Entre ellas el respeto a una serie de principios rectores, que fungen como ejes transversales para la validez del proceso en sí.

Así tenemos que sobre el principio de inmediación, la Sala Constitucional en Sentencia N° 952 de 17 de mayo de 2002 (caso: Milena Adele Biagioni), estableció que la finalidad de la audiencia oral es que el órgano jurisdiccional tenga contacto directo con las partes, de manera que ciertos aspectos del caso, quizá difíciles de expresar a través de la forma escrita, sean más fácilmente apreciados. Por ello es necesario que el juzgador y las partes estén en contacto directo, sin mediación alguna. Sólo circunstancias absolutamente excepcionales, podrían eventualmente justificar una relajación del mencionado principio.

Asimismo, la Sala Constitucional en Sentencia N° 3744 de 22 de diciembre de 2003 (caso: Raúl Mathison), respecto al principio de inmediación, lo reconoce como rector para diversos procesos, y reitera que el mismo se caracteriza porque el juez que ha de dictar la sentencia, debe presenciar personalmente la incorporación de las pruebas en las audiencias destinadas a ello, es decir, los jueces que han de pronunciar la sentencia, deben presenciar el debate y la evacuación de las pruebas de las cuales obtienen su conocimiento.

Igualmente, la Sala Constitucional en Sentencia N° 1840 de 26 de agosto de 2004 (caso Programa Agroindustrial Tapipa C.A. [TAPIPA]), reiteró las decisiones antes citadas, así como las Sentencias Nos 1236 de 2003 y 2807 de 2003, entre otras, según las cuales atendiendo al principio de inmediación, la Sala Constitucional expresó que debió ser el juez que presidió el debate oral y ante quien se evacuaron las pruebas, quien pronunciara la sentencia, so pena de violación de la tutela judicial efectiva y del debido proceso.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, y con respeto a lo dispuesto en los artículos 19, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, el Tribunal declara INTERRUMPIDO el DEBATE, en consecuencia, se Decreta la Nulidad de las actas levantadas con motivo del inicio del Juicio Oral y su continuación, de fechas 26 de mayo y 10 de junio de 2010, y se repone la causa al estado de fijar nueva fecha para la realización del Juicio Oral y Público. ASI SE DECIDE.

III
Por lo expuesto ESTE TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE JUICIO, DE LA EXTENSION SAN ANTONIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR LA AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:
PRIMERO: Declara INTERRUMPIDO el debate, en consecuencia DECRETA la NULIDAD de las actas levantadas con motivo del inicio del Juicio Oral y su continuación de fechas de fechas 26 de mayo y 10 de junio de 2010
SEGUNDO: Se repone la causa al estado de fijar nueva fecha para el inicio y realización del Juicio Oral y Público.
TERCERO: Se ordena fijar por secretaría nueva fecha para el inicio del juicio.
Regístrese, déjese copia, y notifíquese a las partes de la presente decisión.

EL JUEZ SEGUNDO DE JUICIO
ABG. MIKE ANDREWS OMAR PARADA AMAYA

SECRETARIO (A)
CAUSA PENAL SP11-P-2007-002743
MAOPA/01/07/2010