TSJ Regiones - Decisión

San Antonio del Táchira, 23 de Febrero de 2010
199º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2009-003314
ASUNTO : SP11-P-2009-003314

Visto el escrito de solicitud de Revisión de Medida Cautelar hecho por el defensor Privado Abogado José Ectelio Gómez Colmenares, este Juzgador para decidir observa:
DE LOS HECHOS

Siendo el día 30 de noviembre de 2009, los funcionarios actuantes recibieron en calidad de intervenido policialmente por un grupo de personas al ciudadano OSCAR RAFAEL LOZADA AGUIRRE, por cuanto aparece como imputado por uno de los delitos contra la propiedad consistente en hurto frustrado a residencia y porte ilícito de arma blanca, en donde aparece como agraviada la ciudadana Vega Romero Luz Marina, quien a eso de las 04 de la mañana sorprendió al mencionado ciudadano dentro de una de las habitaciones de su residencia, revisando las gavetas de un mueble. La víctima pisió auxilió vía telefónica a sus familiares quienes acudieron a su ayuda, para sorprenderlo en la calle, luego que saltara una pared del solar y detenerlo. Siendo entregado minutos después a los funcionarios actuantes del presente procedimiento. Entregaron igualmente a la comisión una bolsa plástica transparente color amarillo contentivo de: un (1) cuchillo tipo arma blanca, un (1) pasamontañas de color negro con tres huecos y monedas y billetes especificadas en el acta policial. El mencionado ciudadano fue detenido e informado al fiscal de guardia.

Ahora bien, en fecha , Martes 01 de diciembre de 2009, el Tribunal Tercero de Control de este Circuito Judicial Penal, en la Audiencia de calificación de Flagrancia dictó el siguiente dispositivo de sentencia:

PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión del ciudadano: OSCAR RAFAEL LOZADA AGUIRRE, quien dice ser de nacionalidad venezolana, mayor de edad, nacido en fecha 13 de abril de 1968, de 42 años de edad, hijo de María Aguirre (v) y Ramón Lozada (v), soltero, de profesión u oficio chofer, residenciado en urbanización el rosal, calle principal, cuarta entrada, el tapón a mano izquierda, parcela 22, Rubio, Estado Táchira; por la comisión de los delitos de HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 453 ordinal 3° del Código Penal, DETENTACION ILICITA DE ARMA BLANCA, previsto y sancionado en el Artículo 277 del código Penal en concordancia con los artículos 9 de la ley sobre armas y explosivos y artículos 16 numeral 4°, 18 del reglamento de la misma Ley por encontrarse llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
SEGUNDO: Se Ordena la prosecución del proceso por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la remisión a la Fiscalia del Ministerio Público, vencido que sea el lapso de ley correspondiente.
TERCERO: SE DECRETA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, en contra del ciudadano: OSCAR RAFAEL LOZADA AGUIRRE, de conformidad a lo establecido en el articulo 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, por la comisión del delito de HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 453 ordinal 3° del Código Penal DETENTACION ILICITA DE ARMA BLANCA, previsto y sancionado en el Artículo 277 del código Penal en concordancia con los artículos 9 de la ley sobre armas y explosivos y artículos 16 numeral 4°, 18 del reglamento de la misma Ley determinando como lugar de reclusión la policía de San Cristóbal.
CUARTO: Se ordena la practica de examen medico forense integral al imputado por las lesiones manifestadas.

En ese sentido este Tribunal hechas las anteriores consideraciones este Juzgador, procede a fundar su decisión sobre la base de los siguientes señalamientos:

De la Revisión de las actuaciones que constan en el expediente y justamente a los fines de garantizar el eventual cumplimiento de los posibles resultados del proceso penal y la debida estabilidad en la tramitación del proceso mediante el sometimiento del justiciable a la investigación, y el esclarecimiento debido de los hechos para la aplicación del derecho y por ende la realización de la Justicia, es así como, el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

“El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el Juez al dictar su decisión.”

De manera que, en todo caso, tales principios de veracidad y justicia, se observarán como pilares fundamentales en el proceso penal, de allí que, las medidas cautelares en general, cobren vigencia y aplicación, ello, en nada disminuye el también principio constitucional de presunción de inocencia y afirmación de libertad, que a pesar de la aparente antinomia, sin embargo, la medida cautelar extrema –Privación Judicial Preventiva de Libertad-, está sujeta al razonamiento judicial que deberá establecerse y apreciarse en el caso en concreto, por expresa disposición del artículo 44.1 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer:

“…La libertad personal es inviolable, en consecuencia:
Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.” Comillas y subrayado es propio.”
Con base a ello, deberá razonarse del modo establecido las circunstancias por las que debe decretarse, mantenerse, sustituirse o revocarse la medida cautelar extrema, siempre, bajo el prisma integral establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, primero, la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad cuya acción no esté evidentemente prescrita, segundo, la existencia de fundados elementos de convicción para estimar la autoría o participación del imputado en tal hecho punible, y tercero y último, la existencia de presunción razonable del peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad. En opinión del juzgador, la existencia del particular primero y segundo permitirá abordar el razonamiento del tercero y último para determinar el tipo o clase de la medida cautelar a dictar, -extrema o no , por el contrario, la inexistencia de algunos de los primeros, impedirá abordar el último, surgiendo así una verdadera máxima jurídica; pues aceptar lo contrario implicaría someter al proceso a una persona por la mera existencia de una investigación, lo cual resultaría craso error de juzgamiento, en detrimento de los derechos fundamentales del ser humano.
Ahora bien, como derecho natural del justiciable, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé que el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente; debiendo el Juzgador examinar la necesidad de mantener la medida o sustituirla por otra menos gravosa.
De la disposición legal enunciada, se desprende claramente, en primer lugar, el carácter de cosa juzgada formal y no material que causa el auto que decrete la medida cautelar, y en segundo el derecho irrestricto de los imputados en solicitar el examen y revisión de la medida de coerción personal existente en su contra en cualquier momento, y al mismo tiempo, se establece el deber jurisdiccional en razonar y motivar el mantenimiento, revocación o su sustitución, pues permitirse lo contrario, sería dejarlo al capricho judicial, lo cual es enteramente inaceptable desde todo punto de vista.
En el presente caso, la revisión de la medida cautelar sólo es posible en virtud de la mutabilidad de la decisión judicial referida con ocasión a la cosa juzgada formal que causa la misma, sin embargo, tal mutabilidad, está constituida sobre la base o cláusula “Rebus Sic Stantibus”, según la cual ante la invariabilidad de las circunstancias que motivaron la decisión, necesariamente deberá mantenerse la misma; por interpretación en contrario, si han sufrido alteración deberá analizarse la misma y adoptarse la medida proporcional a la situación fáctica en concreto, sea mediante su sustitución, o de ser necesario mediante su revocatoria, según sea la situación especifica. En el caso de autos, se aprecia que desde el , Martes 01 de diciembre de 2009, fecha en la cual se decretó Medida Judicial de Privación Preventiva de la Libertad, en contra del imputado de autos, hasta la presente fecha, no han cambiado las circunstancias que dieron origen a la imposición de la medida cautelar –extrema-, en virtud de la celebración de la Audiencia de Calificación de Flagrancia, es por lo que deberá mantenerse en todos y en cada uno de sus efectos la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al imputado, y así se decide.-

En consecuencia, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE JUICIO NÚMERO DOS DEL CIRCUITO JU¬DICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RE¬SUELVE: ÚNICO: Revisa la Medida Cautelar y niega la solicitud del cambio de la misma en tal sentido se MANTIENE EN TODOS Y CADA UNO DE SUS EFECTOS LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, decretada en fecha 01 de diciembre de 2009, al imputado OSCAR RAFAEL LOZADA AGUIRRE, quien dice ser de nacionalidad venezolana, mayor de edad, nacido en fecha 13 de abril de 1968, de 42 años de edad, hijo de María Aguirre (v) y Ramón Lozada (v), soltero, de profesión u oficio chofer, residenciado en urbanización el rosal, calle principal, cuarta entrada, el tapón a mano izquierda, parcela 22, Rubio, Estado Táchira; por la comisión de los delitos de HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 453 ordinal 3° del Código Penal, DETENTACION ILICITA DE ARMA BLANCA, previsto y sancionado en el Artículo 277 del código Penal en concordancia con los artículos 9 de la ley sobre armas y explosivos y artículos 16 numeral 4°, 18 del reglamento de la misma Ley, por no haber variado las circunstancias así mismo por encontrarse llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Trasládese al imputado para notificarlo de la presente decisión. Notifíquese a la Representación Fiscal y a la Defensa.

ABG. MIKE ANDREWS OMAR PARADA AMAYA
JUEZ SEGUNDO DE JUICIO.

ABG. NOHEMI SEPULVEDA GOMEZ
LA SECRETARIA