TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.

198° y 150°

PARTE DEMANDANTE: ANA CECILIA GARAVITO Vda. DE CARDENAS, JUAN JOSE CARDENAS GARAVITO Y ELISEO CARDENAS GARAVITO, venezolano, mayor de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros, V.-13.973.445, V.-5.032.564 y V.-5.667.368, en su orden, de este domicilio y civilmente hábiles.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: Abogado MARIA ALEJANDRA DIZA MANRIQUE, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V.-9.245.447 e inscrita en el I.P.S.A el N° 6.062, de este domiciliado y vilmente hábil.
PARTE DEMANDA: JUAN MANUEL MORILLO MERJECH, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V.-11.494.690, de este domicilio y civilmente hábil.
MOTIVO: PRESCRIPCFIÓN ADQUISITIVA
EXPEDIENTE Nº: 18.300

PARTE NARRATIVA
Comienza esta causa mediante escrito liberar en el cual la parte demanda, expresa que:
En fecha 31 de mayo de año 1976, se les adjudico un lote de terreno propio, ubicado en el Municipio San Sebastian De Distrito San Cristóbal, con techos de zinc alinderado así: NORTE: propiedad de la sucesión Cárdenas Ortíz; SUR: La calle 4, ESTE: Propiedad de la sucesión Cárdenas Ortiz y sucesión Lozada, OESTE: propiedad de la sucesión Cárdenas Ortiz, fue adquirido por el causante Eliseo Cárdenas Ojeda, según documento Registrado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito San Cristóbal de fecha 17 de octubre de 1963, bajo el N° 31, Tomo I y el Registro de adjudicación bajo el N° 86, tomo 7.
Que demandan al ciudadano Juan Manuel Morillo Merjec, para que convenga en que son propietarios de un lote de terreno ubicado al norte del inmueble de la sucesión Cárdenas San Sebastian, cuyas medidas ya descritas que colindan con el inmueble de su propiedad que consta los siguientes linderos NORTE: Con propiedad del Dr. Martín Pérez roa con una extensión de cincuenta y tres con noventa y nueve centímetros (53,99 mts);SUR: Con una extensión de veinticinco con setenta y cuatro metros(25,74 mts) que en línea recta parte del lindero Este, hacia el Oeste, de este punto al ángulo recto hacia el Norte asciende en 6 metros con diez centímetros de este punto que es la base de la columna y el ángulo recto hacia el lindero Oeste mide en línea recta con un ángulo de noventa grados, mide veintiocho metros con veinticinco centímetros, llegando al punto donde se hallaban el tanque de agua y sanitarios; ESTE: con la carrera dos mide once metros con cuarenta centímetros (11,40mts) con la carrera dos. Y Oste: Con propiedad que son o fueron de la sucesión cárdenas Ortiz, mide siete metros ( 7 mts).
Fundamentaron la presente pretensión por cuanto ha transcurrido veinte años de conformidad con el artículo 1997 del código de Procedimiento civil, 1952,1953, 1956 todos del Código Civil.
En fecha 12 de noviembre de 2009, se admitió la demanda, ordenándose la citación del demandado Juan Manuel Morillo Merjech, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V.-11.494.690 y de conformidad con el artículo 692 en concordancia con el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, se ordenó citar mediante edicto a todas aquellas personas que se crean con derecho sobre el inmueble objeto de la presente acción. (f.27).
PARTE MOTIVA
La interpretación que ha hecho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el derecho a la obtención de una tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y principio pro actione, garantizados en nuestro Texto Constitucional, establece que todo ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia, al juzgamiento con las garantías debidas, a la obtención de una sentencia cuya ejecución no sea ilusoria y a que los requisitos procesales se interpreten en el sentido más favorable a la admisión de las pretensiones procesales. En consecuencia este principio forma parte del núcleo esencial de los derechos fundamentales a la tutela judicial eficaz y al debido proceso. No obstante, hacer uso de este derecho, activando los órganos jurisdiccionales para reclamar aquéllos que se crean conculcados, no es suficiente para materializar la resolución de los conflictos sometidos al arbitrio del Juez, como mecanismo idóneo para alcanzar la paz social, pues dicho acto, genera a los justiciables obligaciones o cargas que se traducen en conductas que permiten el impulso al proceso, con el conjunto de procedimientos y actos que le son propios para ser cumplidos por los sujetos involucrados en el mismo, en la forma, tiempo y lugar establecidos en la ley para tengan los efectos previstos en la ley, con las consecuencias perjudiciales que se derivan de su incumplimiento por ser violatorio del orden público, tal y como lo señala la Sala de Casación Civil en sentencia Nº 729 del 27 de julio de 2004, y lo cual da potestad al Juez para actuar, aun de oficio.
Entre los actos procesales, la citación constituye formalidad necesaria para la validez del juicio y garantía esencial del principio de contradictorio y en consecuencia, expresión fundamental del derecho a la defensa y elemento básico del debido proceso. Así pues, acordada en el auto de admisión, surge para el sujeto activo de la relación procesal, la carga de ejecutar los actos propios para su impulso dentro de los treinta días contados desde la fecha de dicho auto, los cuales, de manera reiterada la Sala de Casación Civil los ha determinado, so pena de ser perimida la instancia.
El artículo 267, Ordinal 1º, del Código de Procedimiento Civil, reza:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…”

Ahora bien, de la revisión de las presentes actuaciones, se observa que el auto de admisión de la presente causa, fue dictado el 12 de noviembre de 2009 (f. 27), emplazándose al ciudadano Juan Manuel Morillo Merjech; así como a todas aquellas personas que se crean con derechos en el inmueble objeto de la presente acción de conformidad con el artículo 692 en concordancia con el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.
Sobre la perención los criterios jurisprudenciales han sido reiterados en tiempo. Así en sentencia de vieja data quedó sentado:
“… La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal. Consecuente con este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo…” ( Sala de Casación Civil. Expediente N° 92-0439 del 22-09-1993 )

Nuestro tratadista patrio, Ricardo Henríquez La Roche, en sus comentarios al “Código de Procedimiento Civil, Tomo II”, señala:
“Un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes… El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios.”.
Por otra parte, Sala de Casación Civil, en sentencia, del 06 de julio de 2004:
“… Ahora bien, dada la severidad del castigo, este Supremo Tribunal ha considerado de aplicación e interpretación restrictiva, las normas relativas a la perención y bajo estos lineamientos ha establecido, mediante su doctrina, que por cuanto la ley habla de las obligaciones que debe cumplir el demandante, basta que éste ejecute alguna de ellas a los efectos de la práctica de la citación, para evitar que se produzca la perención.
“… Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero ambas destinadas a lograr la citación del demandado.
En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial…….omisis…. en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de manera diferente, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención.”
…omisis…
.“… Que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación “ . ( Subrayado del Juez ).

De allí tenemos, que a partir del auto de admisión de la demanda, el actor deberá cumplir las actividades y obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación de la parte demandada; como es suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, es decir, el demandado; así como a través de diligencias, poner a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el traslado a los fines de practicar la citación.
En la presente causa, se constata que, desde la fecha en que se dictó el auto de admisión, hasta la presente fecha, han transcurrido ochenta y nueve días, sin que la parte actora cumpliera con una obligación de impulso procesal, suministrando al Alguacil los recursos de transporte necesarios para practicar la citación del demandado, domiciliado en San Cristóbal, Estado Táchira, superando con creces, el lapso de treinta ( 30 ) días, previsto en el precitado Ordinal 1º del Artículo 267, para cumplirla, razón por la cual, la presente causa debe ser perimida. Así se decide.
Por las razones precedentemente expuestas este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente procedimiento judicial para la parte actora ANA CECILIA GARAVITO Vda. DE CARDENAS, JUAN JOSE CARDENAS GARAVITO Y ELISEO CARDENAS GARAVITO, asistidos por la abogado en ejercicio María Alejandra Díaz Manrique, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 66.062.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Archívese el presente expediente en su oportunidad legal. Notifíquese a las partes. Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en San Cristóbal, a los once (11) días del mes de febrero del año dos mil diez. Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación. Archívese el presente expediente en su oportunidad legal. LA JUEZ TEMPORAL (fdo) EVIS LEONOR GARCIA PABON.- LA SECRETARIA TEMPORAL (fdo) MARIA A. MARQUINA DE HERNANDEZ. (ESTA EL SELLO DEL TRIBUNAL).