TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Táchira, 8 de Diciembre de 2010
200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2010-002956
ASUNTO : SP11-P-2010-002956

RESOLUCIÓN DE AUDIENCIA DE FLAGRANCIA

CAPITULO I
IDENTIFICACION DE LAS PARTES

Vista en el día de 07 de Diciembre de 2010, en audiencia privada conforme lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, las actuaciones signadas en la nomenclatura de este Tribunal bajo el N° SP11-P-2010-002956, seguida por la Fiscal Vigésima Quinta del Ministerio Público, en contra del imputado ALEJANDRO BARAJAS BARRIENTOS, de nacionalidad Colombiana, natural de Cúcuta Norte de Santander, nacido en fecha 19 de Noviembre de 1.987, de 23 años de edad, hijo de Ricardo Barajas (v) y de Rosalba Barrientos (v), titular de la cédula de Extranjería Nº 1.094.244.409, residenciado en la Barrio Hugo Rafael Chávez Frías, Calle 6, Nº Q-535, Ureña, Municipio Pedro María Ureña del Estado Táchira, a quien se le atribuye la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y AMENAZAS, previsto y sancionado en los artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana, en perjuicio de la ciudadana MARIA ISABEL LLANES OVALLOS; donde el imputado estuvo asistido por la Defensora Pública ABG. WILMA ZULAY CASTRO GALAVIZ; este Tribunal pasa a decidir las peticiones de las partes de la siguiente manera:

CAPITULO II
HECHO IMPUTADO

El presente asunto tiene su origen el día Domingo 05 de Diciembre de 2010, a las 01:30 horas de la tarde, y están referidos en Acta Policial Nº I-668-147, de idéntica fecha, suscrita por funcionario adscrito a la Comisaría Ureña de la Policía del Estado Táchira, en la cual señala que mientras cumplía funciones detectivesca compareció de manera espontánea la ciudadana MARIA ISABEL LLANES OVALLOS quien manifiesta que fue objeto de agresión verbal por parte del ciudadano ALEJANDRO BARAJAS BARRIENTOS, domiciliado en la Calle 06, Casa Q-532, Barrio Hugo Rafael Chavez Frias de Ureña, Municipio Pedro María Ureña del Estado Táchira, por lo que en comisión se dirigió al lugar referido por la denunciante, en donde se encontraba el ciudadano ALEJANDRO BARAJAS BARRIENTOS, se le informó del motivo de la presencia de la comisión policial en el lugar, procedieron a intervenir policialmente al señalado ciudadano, trasladándole a su sede de comando informándole que quedaba detenido, y quedó identificado como ALEJANDRO BARAJAS BARRIENTOS, de nacionalidad Colombiana, natural de Cúcuta Norte de Santander, nacido en fecha 19 de Noviembre de 1.987, de 23 años de edad, hijo de Ricardo Barajas (v) y de Rosalba Barrientos (v), titular de la cédula de Extranjería Nº 1.094.244.409, residenciado en la Barrio Hugo Rafael Chávez Frías, Calle 6, Nº Q-535, Ureña, Municipio Pedro María Ureña del Estado Táchira. (Imputado de autos), quien fue puesto a disposición de la Fiscalía actuante.

CAPITULO III
EXPOSICIONES ORALES EN LA AUDIENCIA

En fecha 07 de noviembre de 2009, siendo las 11:15 horas de la mañana se constituyó el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Extensión San Antonio, a los fines de celebrar Audiencia de Calificación de Flagrancia, de el aprehendido: ALEJANDRO BARAJAS BARRIENTOS, de nacionalidad Colombiana, natural de Cúcuta Norte de Santander, nacido en fecha 19 de Noviembre de 1.987, de 23 años de edad, hijo de Ricardo Barajas (v) y de Rosalba Barrientos (v), titular de la cédula de Extranjería Nº 1.094.244.409, residenciado en la Barrio Hugo Rafael Chávez Frías, Calle 6, Nº Q-535, Ureña, Municipio Pedro María Ureña del Estado Táchira. por parte de la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público, con el fin de que se califique el carácter Flagrante de la detención conforme al artículo 248 del código orgánico procesal penal y asimismo comunicarle al juez de control el Procedimiento por el cual optara. Presentes: El Juez, Abg. Luz Dary Moreno; el Secretario, Abg. Blanca Acero, el Alguacil de Sala, Carlos Mora; el Fiscal Vigésimo Quinto del Ministerio Público, Abg. Carlos Williams Zambrano y el aprehendido. En este estado, el Tribunal impuso al último del derecho que les asiste de nombrar un abogado defensor para ejercer el derecho a “SER OÍDO” y para que lo asista en todos los actos del proceso, conforme lo previsto en el numeral 3 del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo tanto se le preguntó si tenían abogado de su confianza que lo asistiera, manifestando el imputado que NO, nombrándole al efecto el Tribunal a la Abg. WILMA CASTRO, Defensor Público Segundo Penal. En este estado el Tribunal deja constancia que desde el momento de la detención del aprehendido hasta el instante de su presentación física, por ante el Tribunal de Primera Instancia Penal en Función de Control Nº 2, no se da el supuesto de la violación de la libertad personal, contenido en el artículo 44 numeral 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el sentido de que “no se ha sobrepasado el lapso de cuarenta y ocho (48) horas sin que el detenidos sea presentados físicamente por ante la autoridad judicial”; así mismo se deja constancia de que este no presenta ninguna lesión física aparente y que el aprehendido manifiesta no haber sido agredido por los funcionarios aprehensores. Seguidamente El Juez declara la celebración inmediata de la Audiencia de Calificación de Flagrancia e Imposición de Medida de Coerción Personal, y así determinar las circunstancias que rodearon la aprehensión de el imputado, de conformidad con los artículos 248, 250 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal; advirtiendo a las partes, sobre la importancia y trascendencia de este acto, en el cual se va a administrar justicia, instándolas a litigar de buena fe y a no hacer planteamientos dilatorios o aquellos que sean propios del Juicio oral y público. Igualmente, le informa a las partes, que esta audiencia se desarrolla en forma oral y con la presencia interrumpida del Juez y de las partes cumpliendo, así con los principios de oralidad e inmediación, y que sólo se dejara constancia en el acta de lo que las partes consideren les sirva de prueba para una eventual apelación. Estando ya el aprehendido ALEJANDRO BARAJAS BARRIENTOS provisto de abogado defensor, determinadas las condiciones físicas y la temporalidad de su presentación ante el órgano jurisdiccional, cediendo el derecho de palabra al representante del Ministerio Público, Abg. Carlos Williams Zambrano, quien expuso, de manera pormenorizada los hechos, el derecho y las pretensiones en las cuales funda la imputación; manifestando las circunstancias de tiempo, modo, lugar, espacio y de relación causal, entre el aprehendido y el hecho que se le imputa, y de como se produjo la aprehensión del mismo, e igualmente las razones de hecho y de derecho en las cuales fundamenta su solicitud de la calificación de flagrancia, para ALEJANDRO BARAJAS BARRIENTOS, a quien atribuye e imputa formalmente en este acto la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y AMENAZAS, previsto y sancionado en los artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana, en perjuicio de la ciudadana MARIA ISABEL LLANES OVALLOS reservándose el derecho de ampliar en el acto conclusivo fiscal en caso de ser necesario. Solicitando en resumen la representante del Ministerio Público lo siguiente:
• QUE SE INFORME al imputado del hecho punible que se le atribuye, así como las alternativas a la prosecución del proceso; así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, se le oiga, previo el cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 131 ibídem.
• Que se decrete la APREHENSIÓN del imputado EN ESTADO DE FLAGRANCIA, alegando la presencia de los presupuestos del artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• Que se acuerde la aplicación del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, conforme lo previsto en el artículo 39 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• Que se le imponga al imputado MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, que garantice las resultas del proceso, de conformidad a lo establecido en el artículo 256, del Código Orgánico Procesal Penal y 373 del Código Procesal Penal.
Acto seguido El Juez impuso al imputado del contenido del Precepto Constitucional y Legal, contenido en los artículos 49 numeral 5to de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 131 del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo las impuso de las medidas alternativas a la Prosecución del proceso, las cuales aún cuando no se puedan materializar en este acto, le son informadas, manifestando ALEJANDRO BARAJAS BARRIENTOS estar dispuesto a declarar y expuso: “lo que pasa es que mi hermano se separo de ella y sus niños van a nuestra casa, cuando el mayor sale de clase va a la casa hasta la noche, el pequeño llega a almorzar, hasta la noche, cuando la muchacho no puede cuidarlo nos lo deja nosotros.. hay veces en que llega muy tarde y ella llega a gritarlos y a tratarlos mal, mi mama le dijo que por favor no llegara a gritar.. este fin de semana le dijimos que trabajamos en el mercado de Ureña y le decimos que no nos mande al niño porque estamos ocupados y hay riesgo de que el niño se pierda… desde que se separo de mi hermano no le hablamos.. Ayer llego al niño al mercado, y de repente no aparecía, yo le dije que no podía cuidar al niño y casi se pierde… el vecino me dijo que el niño se iba y le lleve al niño pequeño le dije que no mandara al mercado y ella se molesto y salio con un cuchillo.. yo en ningún momento le hice nada.. Ella me tiro piedras a mi y a mi casa…me protegí con una lamina.. Los vecinos miraron todo.. Llamé a mi hermano y al rato llego mi mama y la policía.. yo con ella nunca me he metido.. Solo le hice el favor a los niños de cuidarlos…nunca lo despreciamos.. no queremos que ella abuse..que cuadre con mi hermano como van cuidar a los niños”. Seguidamente el Juez le cedió el derecho de palabra a la defensora del imputado Abg. Wilma Castro quien solicita sea desestimada la Flagrancia en la Aprehensión de su defendido por cuanto su conducta no se adecua a los delitos imputados por el Ministerio Público; Solicita el Procedimiento Especial y una Medida Cautelar Sustitutiva de la Libertad. El Tribunal, una vez escuchada la solicitud formulada por el Ministerio Público y los alegatos formulados por la Defensa, procede en este acto dictar en forma simultánea a la presente audiencia, y en forma oral, el auto que motiva la dispositiva siguiente, de conformidad con el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando así debidamente notificadas las partes, reservándose la publicación del integro de la misma dentro del lapso de ley.

CAPITULO IV
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

Celebrada la audiencia en cumplimiento del derecho al debido proceso, respetadas las garantías constitucionales de intervención, asistencia y representación del imputado, este Tribunal adminiculado el conjunto de diligencias de investigación consignadas por el Ministerio Público, los alegatos de cargo esgrimidos por el Ministerio Público, los de descargos presentados por la defensa, para decidir los planteamientos, estima necesario examinar cada una de las peticiones por separado, lo cual hace en los siguientes términos:

-a-
De la aprehensión

La ley adjetiva penal ordinaria venezolana en su artículo 248, dispone tres supuestos bajo los cuales puede considerarse como flagrante la aprehensión de un imputado, ellos son: 1) La aprehensión cuando se esta cometiendo o se acaba de cometer un delito. 2) La aprehensión cuando el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, ante la presunta comisión de un delito. Y 3) La aprehensión cuando se sorprende al sospechoso a poco de haber cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
Además el artículo 93 de la Ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia establece lo siguiente:

“Artículo 93. Se tendrá como flagrante todo delito previsto en esta Ley que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como flagrante aquél por el cual el agresor sea perseguido por la autoridad policial, por la mujer agredida, por un particular o por el clamor público, o cuando se produzcan solicitudes de ayuda a servicios especializados de atención a la violencia contra las mujeres, realizadas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o fax, que permitan establecer su comisión de manera
inequívoca, o en el que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, toda autoridad deberá y cualquier particular podrá, aprehender al agresor.
Cuando la aprehensión la realizare un particular, deberá entregarlo inmediatamente a la autoridad más cercana, quien en todo caso lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión.
Se entenderá que el hecho se acaba de cometer cuando la víctima u otra persona que haya tenido conocimiento del hecho, acuda dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del hecho punible al órgano receptor y exponga los hechos de violencia relacionados con esta Ley. En este supuesto, conocida la comisión del hecho punible el órgano receptor o la autoridad que tenga conocimiento, deberá dirigirse en un lapso que no
debe exceder de las doce horas, hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, recabará los elementos que acreditan su comisión y verificados los supuestos a que se refiere el presente artículo, procederá a la aprehensión del presunto agresor, quien será puesto a la disposición del Ministerio Público, según el párrafo anterior.
El Ministerio Público, en un término que no excederá de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la aprehensión del presunto agresor, lo deberá presentar ante el Tribunal de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas, el cual, en audiencia con las partes y la víctima, si ésta estuviere presente, resolverá si mantiene la privación de libertad o la sustituye por otra menos gravosa.
La decisión deberá ser debidamente fundada y observará los supuestos de procedencia para la privación de libertad contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal, ajustados a la naturaleza de los delitos contenidos en la presente Ley, según el hecho de que se trate y atendiendo a los objetivos de protección de las víctimas, sin menoscabo de los derechos del presunto agresor”.

Conocidas las circunstancias bajo las cuales el legislador patrio considera que una aprehensión es en estado flagrancia, pasamos inmediatamente a examinar las actuaciones consignadas por el Ministerio Público, ante la oficina de alguacilazgo para determinar si están o no presentes algunas de esas circunstancias.
En el presente caso, en fecha 05 de Diciembre de 2010, funcionarios adscritos a la Comisaría Ureña de la Policía del Estado Táchira, mientras cumplían funciones detectivesca compareció de manera espontánea la ciudadana MARIA ISABEL LLANES OVALLOS quien manifiesta que fue objeto de agresión verbal por parte del ciudadano ALEJANDRO BARAJAS BARRIENTOS, domiciliado en la Calle 06, Casa Q-532, Barrio Hugo Rafael Chavez Frias de Ureña, Municipio Pedro María Ureña del Estado Táchira, por lo que en comisión se dirigió al lugar referido por la denunciante, en donde se encontraba el ciudadano ALEJANDRO BARAJAS BARRIENTOS, se le informó del motivo de la presencia de la comisión policial en el lugar, procedieron a intervenir policialmente al señalado ciudadano, trasladándole a su sede de comando informándole que quedaba detenido, y quedó identificado como ALEJANDRO BARAJAS BARRIENTOS, de nacionalidad Colombiana, natural de Cúcuta Norte de Santander, nacido en fecha 19 de Noviembre de 1.987, de 23 años de edad, hijo de Ricardo Barajas (v) y de Rosalba Barrientos (v), titular de la cédula de Extranjería Nº 1.094.244.409, residenciado en la Barrio Hugo Rafael Chávez Frías, Calle 6, Nº Q-535, Ureña, Municipio Pedro María Ureña del Estado Táchira. (Imputado de autos), quien fue puesto a disposición de la Fiscalía actuante.

Valorando las premisas obtenidas de los elementos fácticos y jurídicos presentados por el Ministerio Público, quien decide considera cumplido los extremos del artículo 93 de la ley especial, por cuanto de las diligencias de investigación de evidencia que el imputado fue aprehendido inmediatamente después de la comisión del hecho punible; por estas razones lo procedente es Calificar la flagrancia en la aprehensión del ciudadano ALEJANDRO BARAJAS BARRIENTOS, a quien se le atribuye la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y AMENAZAS, previsto y sancionado en los artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana, en perjuicio de la ciudadana MARIA ISABEL LLANES OVALLOS. Y así se decide.

-b-
De la medida de coerción personal

Según las normas del Código Orgánico Procesal Penal para imponer cualquier tipo de medida de coerción de aseguramiento cautelar para el imputado, es necesario que ineludiblemente concurran tres circunstancias, como son las siguientes:
1) La existencia de un hecho punible, sancionado con pena privativa de libertad y cuya acción no se encuentra prescrita: En el caso sub iudice, el hecho imputado al ciudadano ALEJANDRO BARAJAS BARRIENTOS, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y AMENAZAS, previsto y sancionado en los artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana, en perjuicio de la ciudadana MARIA ISABEL LLANES OVALLOS, el cual prevé pena de prisión y cuya acción penal indubitablemente no ha prescrito.

2) Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado es el presunto perpetrador o participe del hecho imputado: elementos de convicción que se derivan de:

• Al folio (03) de las actas corre Denuncia formulada por ante el órgano policial actuante, realizada por la victima de autos, ciudadana MARIA ISABEL OVALLOS LLANEZ, en la cual refiere la manera como fue objeto de agresiones psicológicas de su cuñado, aprehendido e imputado en la presente causa.

• Al folio (02) de las actas corre Entrevista rendida por ante el órgano policial actuante por la ciudadana MARIA ISABEL OVALLOS LLANEZ, en la cual refiere como ocurrieron los hechos.

3) Presunción del peligro de fuga o de obstaculización de la justicia: Finalmente, verificados los anteriores supuestos, es necesario determinar si existe o no presunción razonable, para apreciar peligro de fuga o peligro de obstaculización, en este sentido, este tribunal observa que estas circunstancias son determinantes para dictar medida judicial de privación preventiva de libertad o en su lugar una cautelar sustitutiva, a tenor de lo preceptuado en los artículos 256, 257, 258 y 259 de la norma procesal penal ordinaria; por ello el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 251 y 252 respectivamente, enuncia los presupuestos del peligro de fuga y del peligro de obstaculización; y en el numeral 3 del artículo 254, al establecer los requisitos del auto de privación judicial preventiva de libertad, dispone la obligación de indicar los presupuestos a que se refiere los artículos 251 y 252.
En el caso in examinne, se observa que este Tribunal considera que la libertad del imputado ALEJANDRO BARAJAS BARRIENTOS, no se traduce en un obstáculo para el desarrollo de la investigación en la búsqueda de la verdad, formalizada por no verificarse alguno de los supuestos del artículo 252 del Código Orgánico Procesal Penal, y en lo referente al peligro de fuga, no observa su presencia por tratarse de imputado con residencia fija en el país; además de que los delitos imputados no exceden de tres años en su límite superior, conforme a lo establecido en el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, es por lo que se otorga al imputado una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con el artículo 256 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo cumplir con las siguientes condiciones: 1: Prestaciones, una vez cada 45 días por ante la Oficina de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal. 2.- La Prohibición de agredir a la victima ni física ni psicológicamente. 3.- Mantener su domicilio y en caso de modificarlo deberá notificarlo al tribunal. Y así se decide.
-c-
Del procedimiento a seguir

Por petición de la representación fiscal, se acuerda el PROCEDIMIENTO ESPECIAL de conformidad con el artículo 94 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre d Violencias. En consecuencia remítanse las actuaciones a la Fiscalía Vigésimo Cuarta del Ministerio Público en su oportunidad legal. Y así se decide.

CAPITULO V
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD

A los fines de proteger a la mujer agredida en su integridad física, psicológica, sexual y patrimonial, y de toda acción que viole o amenace sus derechos, y a fin de evitar nuevos actos de violencia, se dicta a favor de la mujer agredida, las medidas de protección y seguridad contempladas en el artículo 87 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencias, en sus ordinales 5° Y 6° de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia consistentes en: A.- Prohibición de acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la mujer agredida y B.-la prohibición al agresor, por sí o por terceras personas, a no realizar actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia. Se ordena notificar a la victima de las medidas de protección y seguridad dictadas a su favor. Y así se decide.
CAPITULO VI
DISPOSITIVA

EN CONSECUENCIA, ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:

PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión del ciudadano ALEJANDRO BARAJAS BARRIENTOS, de nacionalidad Colombiana, natural de Cúcuta Norte de Santander, nacido en fecha 19 de Noviembre de 1.987, de 23 años de edad, hijo de Ricardo Barajas (v) y de Rosalba Barrientos (v), titular de la cédula de Extranjería Nº 1.094.244.409, residenciado en la Barrio Hugo Rafael Chávez Frías, Calle 6, Nº Q-535, Ureña, Municipio Pedro María Ureña del Estado Táchira, a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y AMENAZAS, artículo 39 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana, en perjuicio de la ciudadana MARIA ISABEL LLANES OVALLOS, por encontrarse llenos los extremos del artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

SEGUNDO: SE ORDENA LA PROSECUCIÓN DEL PROCESO por los trámites del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, de conformidad con el artículo 94 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ordenándose la remisión de la causa a la Fiscalía actuante, vencido que sea el lapso de ley correspondiente.

TERCERO: SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD al imputado por el delito atribuido, de conformidad con lo previsto y sancionado en los artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, debiendo el imputado cumplir con la siguiente obligaciones: 1: Prestaciones, una vez cada 45 días por ante la Oficina de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal. 2.- La Prohibición de agredir a la victima ni física ni psicológicamente. 3.- Mantener su domicilio y en caso de modificarlo deberá notificarlo al tribunal.
CUARTO: Dicta medida de Protección y Seguridad la de conformidad en el ordinal 5° y 6° Notifíquese a la víctima.
Regístrese y déjese copia para el Archivo del Tribunal. Remítanse copia de las presentes actuaciones a la Fiscalía actuante, una vez sea vencido el plazo de ley correspondiente.

ABG. LUZ DARY MORENO ACOSTA
JUEZA SEGUNDA DE CONTROL

SECRETARIO