REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL



JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS PANAMERICANO, SAMUEL DARÍO MALDONADO Y SIMON RODRÍGUEZ DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.
SENTENCIA DEFINITIVA
OBLIGACION MANUTENCION
EXPEDIENTE Nº 1766-2010
PARTES:
SOLICITANTE: NELSON GABRIEL ROJAS LAZARO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.939.701, domiciliada en la urbanización Bella Vista, casa No. 11-115 diagonal a Transito Terrestre, Coloncito, Municipio Panamericano del Estado Táchira.
REQUERIDO: ANDRA LEONELA ESCALANTE TORO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.685.527, domiciliada en el Kilómetro 99 Urbanización Tierra Tachirense quinta No. 1, Coloncito, Municipio Panamericano del Estado Táchira.
MOTIVO: OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN
BENEFICIARIO: SE OMITEN NOMBRES.
PARTE NARRATIVA
Del folio 1 al 5, riela solicitud de denuncia presentada por el ciudadano NELSON GABRIEL ROJAS LAZARO, en contra de la ciudadana ANDRA LEONELA ESCALANTE TORO, junto con recaudos.
Al folio 6 riela auto de fecha 03-11-2010, mediante el cual se procedió darle entrada bajo el No. 1766-2010 y admitiéndolo se ordeno iniciar el procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 457 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, librándose boleta de notificación a la ciudadana ANDRA LEONELA ESCALANTE TORO, para que comparezcan por ante este tribunal al tercer (3er) día de despacho siguiente aquel y de que conste en autos su notificación a las 10:00 a.m., mediante boleta en la cual expresará el objeto y fundamentos de la reclamación, a fin de llevar a efecto acto conciliatorio entre las partes, de conformidad con el artículo 463, notificó al Fiscal Especializada para la Protección del Niño y Adolescente de esta Circunscripción Judicial y a la defensora del Niño y del Adolescente del Municipio Panamericano del Estado Táchira.
Al vuelto del folio (10) riela diligencia presentada por el ciudadano Rigoberto Contreras Pérez, Alguacil de este Despacho en la cual consignó en un folio útil boleta de notificación personal debidamente firmada por la Defensora Local del Niño y del Adolescente del Municipio Panamericano del Estado Táchira.
Del folio (11) al (27) riela auto de fecha 15 de noviembre de 2010, dictado por este Tribunal, mediante el cual se ordena agregar al expediente oficio No. 0312-09 de fecha 29-09-2010, junto con actuaciones complementarias, procedente de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente del Municipio Panamericano del Estado Táchira.
Al folio (28) riela diligencia presentada por el ciudadano Jairo Enrique Guirigay Ordóñez, Alguacil Temporal de este Despacho en la cual consignó en un folio útil boleta de notificación personal de la ciudadana ANDRA LEONELA ESCALANTE TORO, de la cual se entregó boleta igual a la ciudadana LIC. BELSY JEANTEH PEREZ, titular de la cédula de identidad No. V-14.808.655, se practico de conformidad con el artículo 458 de la Ley orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
Al folio (30) riela diligencia presentada por el ciudadano Jairo Enrique Guirigay Ordóñez, Alguacil Temporal de este Despacho en la cual consignó en un folio útil boleta de notificación personal debidamente firmada por la Fiscal XIV Especializado para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente del Ministerio Público del Estado Táchira.
Al folio (32) riela acto conciliatorio entre las partes, compareciendo solo el ciudadano NELSON GABRIEL ROJAS LAZARO, expuso: “Yo ofrezco como mensualidad para la obligación de manutención de mi niño la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES MENSUALES (Bs. 350,00), a partir del presente mes de noviembre y aclaro que debo dos meses de mensualidad los cuales depositare en una cuenta de ahorro que solicito sea aperturada en este acto, la ciudadana Juez le manifiesta que debe de dar estricto cumplimiento a lo ofrecido y le hace saber al mismo que para los meses de septiembre y diciembre dicha cuota será por el doble para los gastos escolares y decembrinos es decir, quedaría la mensualidad en SETECIENTOS BOLÍVARES (Bs. 700,00) en esos dos meses, y que los gastos médicos, medicinas, odontólogo, ropa, zapatos y demás que se susciten serán compartidos por ambos progenitores en un 50% y en el mes de diciembre lo que corresponde a el regalo navideño le dará la taquera correspondiente al mismo, igualmente lo are en el mes de septiembre que nos dan para los útiles escolares y aclarando que si le doy la taquera no le deposito el dinero”.
Al folio (33) riela auto de fecha 26-11-2010, mediante el cual se ordena librar boleta de notificación a la ciudadana ANDRA LEONELA ESCALANTE TORO, informando el ofrecimiento realizado por el ciudadano NELSON GABRIEL ROJAS LAZARO.
El Tribunal para decidir lo solicitado en la presente causa observa:
PARTE MOTIVA
SINTESIS DE LA CONTROVERSIA
1.- El ciudadano NELSON GABRIEL ROJAS LAZARO, le ofrece a la madre de su hijo ciudadana ANDRA LEONELA ESCALANTE TORO, la obligación de Manutención en la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES MENSUALES (Bs. 350,oo) mensuales.
2.- LAPSO PROBATORIO: Revisado que fuera el presente expediente se observa que ninguna de las partes promovió pruebas dentro del lapso legal, sin embargo de las de las actas procesales se evidencia que el ciudadano NELSON GABRIEL ROJAS LAZARO, junto con la denuncia acompaño los siguientes documentos:
1.-) Copia fotostática de la cédula de identidad del ciudadano NELSON GABRIEL ROJAS LAZARO.
3.-) Copia fotostática de la partida de nacimiento No. 595 del niño GABRIEL LEONEL ROJAS ESCALANTE.
VALORACION DE LAS PRUEBAS
Se valoran de acuerdo al principio de comunidad de la prueba, según el cual el juez debe administrarlas entre sí, independientemente de la parte que las aportó al proceso, y por cuanto se observa que ningunas de las partes promovió genero de prueba alguna este Tribunal pasa a valorar los documentos acompañados a la denuncia de la siguiente manera:
1.-) Copias fotostática de la cédula de identidad del ciudadano NELSON GABRIEL ROJAS LAZARO, la cual se valoran de conformidad con el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil.
2.-) Copias fotostática de la partida de nacimiento No. 595, expedida por el Prefecto de la Parroquia La Concordia, Municipio San Cristóbal del estado Táchira, cursante al folio 5 del presente expediente, al cual este Tribunal le asigna el valor probatorio de conformidad con el articulo 429 del Código de Procedimiento Civil y sirve para demostrar que el niño (xxxxxxxx) nació el día 03-09-2001, es hijo de los ciudadanos NELSON GABRIEL ROJAS LAZARO y ANDRA LEONELA ESCALANTE TORO, quedando plenamente demostrada la filiación en el presente caso.
Habiéndose vencido todos los lapsos y estando dentro de la oportunidad legal para sentenciar, en base a las razones antes expuestas, este Tribunal hace las siguientes consideraciones:
PRIMERO: Efectivamente quedo demostrada la filiación, por los documentos agregados por la progenitora tal como la partida de Nacimiento y copias de las cedulas de identidad, de la cual se evidencia estar ligados por un vínculo parental y les corresponde velar por el bienestar físico y mental de niño (xxxxxxxxxxxxx).
SEGUNDO: Aún cuando nada logró aportar la madre sobre la capacidad económica de lo requerido en autos, sin embargo lo preceptuado en el artículo 346 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, la cual establece que “los hijos e hijas, independientemente de cual fuere su filiación, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones con relación a su padre y a su madre“; y, al haber quedado plenamente comprobada la filiación le corresponde al padre aportar indiscutiblemente la manutención de su hija de 3 años de edad.
PROCEDENCIA DE LA ACCION
De las actas procesales, consta que la parte solicitante con la finalidad de procurarle una protección integral a su hijo, introduce una solicitud por concepto de obligación de manutención, cuyo objeto fundamental es la protección del niño (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), quien tiene el derecho de percibir alimentos por parte de su progenitor, que es el derecho constitucional y humano tutelado en la presente causa, todo en aplicación de lo previsto en los artículos 8, 365 y 366 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con lo previsto en el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ASÍ SE DECIDE.
En atención a ello, el objeto de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, según lo dispone su artículo 1°, “es garantizar a todos los niños y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías a través de la protección integral que el Estado, la familia y la sociedad deben brindarles, desde el momento de su concepción”. (Subrayado del Tribunal).
El derecho a reclamar la Obligación de Manutención, deriva de la filiación legal que une al hijo con su progenitor, tal como ha sido desarrollado por nuestro máximo exponente de justicia, en sentencia de la sala constitucional de fecha 23 de abril de 2003, con ponencia del magistrado PEDRO RAFAEL RONDON HAAZ, donde se indica:
“…Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, se estableció de manera expresa el carácter de orden público de los derechos y garantías de los niños y adolescentes. Igualmente, se instituyó el Interés Superior del Niño como principio interpretativo para su aplicación y como garantía del desarrollo integral de los mismos.
…En tal sentido el artículo 366 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente es concordante con el Código Civil venezolano, cuando establece que la obligación alimentaria es una consecuencia de la filiación legal o judicialmente declarada…”
En este mismo orden de ideas, a los fines de proteger a los niños, niñas y adolescentes dentro de sus familias, la Constitución vigente establece sin ambigüedades las obligaciones que tienen sus progenitores con respeto a ellos y ellas. Así, su artículo 76 establece que:
“El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas… La Ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria.”
Esta norma incorpora tres regulaciones novedosas en nuestra historia constitucional, que contribuyen a fortalecer las relaciones familiares en aras de la protección de niños, niñas y adolescentes:
El enfoque de equidad de género en las obligaciones del padre y de la madre para con sus hijos e hijas.
El carácter irrenunciable, intransferible e indelegable de estas obligaciones.
La mención expresa a la obligación alimentaria, como garantía fundamental de los derechos humanos de la infancia y de la adolescencia.
Así se establecen las bases para un sistema de protección integral a favor de los niños y adolescentes, en consecuencia el disfrutar de una vivienda digna, alimentación adecuada y nutritiva, acceso a la educación y a la salud, son derechos de los niños y adolescentes, que deben ser garantizados con prioridad absoluta, por parte de sus progenitores, en aplicación al principio “Interés Superior del niño”. Y ASÍ SE DECIDE.
En cuanto a la procedencia de la acción aquí reclamada, observa esta juzgadora, que de autos quedó demostrada la filiación que une al niño (xxxxxxxxxxxxxxx) con su progenitor NELSON GABRIEL ROJAS LAZARO, es por ello, que una vez establecido el real carácter de legitimado pasivo del demandado se requiere, que éste posea recursos económicos para suministrarlos, de conformidad con lo previsto con el artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con lo previsto en el artículo 294 del Código Civil, lo que constituye un requisito de procedibilidad, ya que es fundamental demostrar la solvencia económica del obligado alimentario. En este orden de ideas, se destaca que los elementos que el Juez debe tomar en cuenta para fijar el monto alimentario, se encuentran previstos en la norma contenida en el artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que establece:
“Para la determinación de la Obligación de Manutención, el Juez o Jueza debe tomar en cuenta, la necesidad e interés del niño, niña y adolescente que la requiera, la capacidad económica del obligado u obligada, el principio de Unidad de filiación, la equidad de genero en las relaciones familiares y el reconocimiento del trabajo de hogar como actividad económica que genera valor agregado y produce riqueza y bienestar social.
Cuando el obligado u obligado trabaje sin relación de dependencia, su capacidad económica se establecerá por cualquier medio idóneo…” (Subrayado del Tribunal).
Al respecto, resulta oportuno el criterio desarrollado por la doctora HAYDEE BARIIOS, en la obra titulada “CUARTO AÑO DE VIGENCIA DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE”, al comentar la “Interpretación y alcance de la obligación alimentaria en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente”, (página 151) el cual es del tenor siguiente:
”Los elementos mencionados en el encabezado del artículo 369 de la LOPNA, deben ser considerados necesariamente al momento de decidirse cualquier solicitud para la fijación de alimentos, que se formule a favor de un niño o adolescente, así como para la revisión de la misma. De manera que la variación de uno de ellos, puede comportar la variación del monto de la obligación, por ejemplo, si el obligado dispone de mayores recursos puede ajustarse dicho monto aumentándolo, en caso contrario puede ocasionar su disminución, circunstancias éstas que deben hacerse constar en la decisión que se dicte en la oportunidad que se revise la obligación…
…La referencia a la necesidad e interés del respectivo niño o adolescente quiere decir que, el monto requerido por concepto de obligación alimentaria, debe ajustarse que verdaderamente ocasione el mantener un nivel de vida adecuado para el beneficiario de la obligación, sin que proceda abultarlo a capricho del otro progenitor…”.
Aunado a lo anterior, es oportuno traer a colación el criterio plasmado por la doctora YDAMYS AVILA GARCIA, en su obra titulada “LA OBLIGACION DE MANUTENCIÓN EN LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE”, página 82, donde señala lo siguiente:
“…Una vez que se haya establecido el real carácter de legitimado pasivo del demandado, se aprecia que sólo se requiere para que proceda el reclamo de las pensiones alimentarías, que éste posea recursos económicos para suministrarlos…
En el presente caso que observa que la madre nada logró aportar con relación a la capacidad económica del padre de su hijo, razón por la cual este Tribunal a los fines de garantizar una obligación de manutención al niño (xxxxxxxxxxxx), fija la obligación de manutención, en la presente causa, en la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 350,oo), mensuales, y así debe decidirse.-
PARTE DISPOSITIVA
En base a las consideraciones que anteceden y por los razonamientos expuestos, este Juzgado de los Municipios Panamericano, Samuel Darío Maldonado y Simón Rodríguez de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, POR AUTORIDAD DE LA LEY y en virtud del INTERES SUPERIOR DEL NIÑO (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) DECLARA: PRIMERO: De conformidad con el artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, este Tribunal fija la Obligación de Manutención en la presente causa en la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 350,00) mensuales. SEGUNDO: De igual manera se fijan dos (2) bonos especiales por la misma cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 350,00) anuales y para los meses de septiembre y diciembre tanto para los gastos de útiles escolares como decembrinos; en cuanto a los demás gastos medicinas, odontólogo, ropa, zapatos y demás que se susciten serán compartidos por ambos progenitores en un 50%. TERCERO: Así mismo y conforme lo establece el ultimo aparte del referido artículo 369 eiusdem, se establece el aumento automático y proporcional tanto de la mensualidad fijada como de los bonos aquí establecidos en un veinte por ciento (20%) anual.
Regístrese, publíquese y déjese copia certificada de la presente decisión para el archivo del Tribunal.
Dada firmada, sellada y refrendada en la sala de Despacho del Juzgado de los Municipios Panamericano, Samuel Darío Maldonado y Simón Rodríguez de la Circunscripción Judicial del Estado, en Coloncito, Municipio Panamericano del Estado Táchira, a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil diez. AÑOS: 200° de la Independencia y 151° de la Federación. LA JUEZ (FDO.) ILEGIBLE DRA. SORAYA COROMOTO ARANGUREN DE ZAMBRANO, LA SECRETARIA (FDO.) ILEGIBLE ABG. MARIA ESPERANZA GUERRERO RIVAS. En esta misma fecha se publicó la anterior decisión siendo las tres de la tarde, y se dejó copia certificada para el archivo del Tribunal. LA SCRIA., (FDO.) ILEGIBLE ABG. MARIA GUERRERO. LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS PANAMERICANO, SAMUEL DARIO MALDONADO Y SIMON RODRIGUEZ DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, CERTIFICA: QUE LAS COPIAS QUE ANTECEDE SON FIEL Y EXACTAS DE SU ORIGNAL LAS CUALES SE ENCUENTRAN INSERTAS EN EL EXPEDIENTE No. 1766-2010, CUYA CARATULA DICE: DEMANDANTE: NELSON GABRIEL ROJAS LAZARO, REQUERIDO: ANDRA LEONELA ESCALANTE TORO, MOTIVO: OBLIGACION DE MANUTENCION Y QUE SE CERTIFICAN DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 111, 112 DEL CODIGO DE PROCEDIMENTO CIVIL Y 248 EJUSDEM PARA SER AGREGADAS AL COPIADOR DE SENTENCIAS DOY FE EN COLONCITO A LOS TRECE (13) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.
LA SECRETARIA,

ABG. MARIA ESPERANZA GUERRERO RIVAS



SCAZ/megr/dlom.-