REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Tachira, 30 de Agosto de 2010
200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2010-001992
ASUNTO SP11-P-2010-001992


RESOLUCION
DE LAS PARTES
JUEZ: ABG. ESTEBAN RAMÓN QUINTERO
FISCAL: ABG. CARLOS JULIO USECHE CARRERA
SECRETARIA: ABG. NOHEMY SEPULVEDA GÓMEZ
IMPUTADO: FREDDY JESUS GARCIA PEÑARANDA
DEFENSOR: ABG. JAVIER CASTILLO


RESOLUCION

Celebrada como ha sido la audiencia de Calificación de flagrancia en fecha 28 de agosto del año 2010 este Tribunal decide en los siguientes términos:
HECHOS

Los hechos objeto de la presente causa penal ocurrieron según Acta de Investigación Penal No. CR-1-DF-11-1-3-SIP-550, de fecha 27 de Agosto de 2010, cuando en esa misma fecha, siendo las 08:50 horas de la mañana, encontrándose el funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana S/1 Rosales Díaz Leonardo de servicio en el punto de control fijo de Peracal, procede a la revisión de un vehículo de transporte público formal, placas AEH01N, conducido por el ciudadano Jairo Escalante Medina; seguidamente le solicita la documentación personal de sus ocupantes, identificándose uno de ellos de forma nerviosa con una cédula venezolana a nombre de Fredy Jesús García Peñaranda, No. V-23.970.280, la cual observa que presentaba características no acordes a las emitidas por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), lo que le motivo a que en presencia del ciudadano conductor como testigo, verificara por ante la oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería la referida cédula, informando el funcionario de esa oficina que la misma no registra en el Sistema y que el ejemplar con apariencia de cédula de identidad, se encuentra presuntamente falso, ya que presenta características no acordes; razón por la cual conforme al artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, y en presencia del testigo el funcionario efectúa chequeo a las pertenencia del ciudadano detectando en el bolsillo trasero izquierdo del pantalón una cédula de identidad de las Expedidas en la República de Colombia y visto el nerviosismo del mismo indaga sobre la obtención de la cédula venezolana, indicando el ciudadano por voluntad propia que se la habían dado en Caracas; en tal, sentido procede ala detención preventiva del ciudadano, quedando a disposición de la Fiscalía Octava del Ministerio Público, quien ordeno las actuaciones pertinente.
H
DE LA AUDIENCIA
En el día de hoy, Sábado 28 de Agosto de 2010, siendo las 02:00 horas de la tarde, se constituyó el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Extensión San Antonio, a los fines de celebrar Audiencia de Calificación de Flagrancia, del aprehendido: FREDY JESÚS GARCÍA PEÑARANDA, quien dice ser de nacionalidad colombiana, natural de Málaga, Santander, República de Colombia; nacido en fecha 18 de Septiembre de 1970, de 39 años de edad, hijo de Eudon García Ramírez (v) y de Herminda Peñaranda (v), titular de la cedula de ciudadanía No. CC-13.925.393, casado, de profesión u oficio Zootecnista, domiciliado en la calle 5D, No. 6B14, Málaga, Santander, Colombia, teléfono 0412-065.46.16; por parte de la Fiscalía Octava del Ministerio Público, con el fin de que se califique el carácter Flagrante de la detención conforme al artículo 248 del código orgánico procesal penal y así mismo comunicarle al juez de control el Procedimiento por el cual optará.
Presentes: el Juez Abg. Esteban Ramón Quintero; el Fiscal Octavo del Ministerio Público Abg. Carlos Julio Useche Carrero y el imputado previo traslado del órgano legal.
En este estado, el Tribunal impuso al imputado del derecho que le asiste de nombrar un abogado defensor para ejercer el derecho a “SER OÍDO” y para que la asista en todos los actos del proceso, conforme lo previsto en el numeral 3 del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo tanto se le preguntó si tenía abogado de su confianza que lo asistiera, manifestando el imputado que SI, designando al Abogado en Ejercicio JAVIER CASTILLO DÍAZ, venezolano, mayor de edad, inscritos en el I.P.S.A bajo el No. 111.218, con domicilio procesal en la Avenida Primero de Mayo, Edificio Luis y Humberto, piso 3, oficina 201, San Antonio, Estado Táchira, teléfono 0416-478.60.83, quien estando presentes expuso: “Acepto el nombramiento que se me hace en este acto y Juro cumplir fielmente con las obligaciones inherentes a tal designación, es todo”.
Seguidamente el Juez declara la celebración inmediata de la Audiencia de Calificación de Flagrancia e Imposición de Medida de Coerción Personal, y así determinar las circunstancias que rodearon la aprehensión del imputado, de conformidad con los artículos 248, 250 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal; advirtiendo a las partes, sobre la importancia y trascendencia de este acto, en el cual se va a administrar justicia, instándolas a litigar de buena fe y a no hacer planteamientos dilatorios o aquellos que sean propios del Juicio oral y público. Igualmente, le informa a las partes, que esta audiencia se desarrolla en forma oral y con la presencia ininterrumpida del Juez y de las partes cumpliendo así, con los principios de Oralidad e Inmediación, a lo cual sólo se dejará constancia en el acta, de lo que las partes consideren les sirva de prueba para una eventual apelación.
Estando ya el imputado provisto de Abogados defensores, determinadas las condiciones físicas y psicológicas del mismo y la temporalidad de su presentación ante el órgano jurisdiccional, el ciudadano Juez a los fines de resolver sobre las peticiones de las partes, declara abierto el acto cediendo el derecho de palabra a la Representante de la Fiscalía Octava del Ministerio Público, Abg. Carlos Julio Useche Carrero, quien expuso de manera pormenorizada los hechos, el derecho y las pretensiones en las cuales funda la imputación; manifestando las circunstancias de tiempo, modo, lugar, espacio y de relación causal, entre el aprehendido y el hecho que se le imputa, y de como se produjo la aprehensión del mismo, e igualmente las razones de hecho y de derecho en las cuales fundamenta su solicitud de la calificación de flagrancia, para el ciudadano FREDY JESÚS GARCÍA PEÑARANDA, a quien le atribuye la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la Fe Pública; reservándose el derecho de ampliar en el acto conclusivo fiscal en caso de ser necesario. Se deja constancia que el Represente Fiscal hizo formal imputación del referido delito, es decir, Uso De Documento Público Falso, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación haciéndole del conocimiento de los elementos en los cuales fundamenta la imputación. Solicitando en resumen la representante del Ministerio Público lo siguiente:
• QUE SE INFORME al imputado del hecho punible que se le atribuye, así como las alternativas a la prosecución del proceso; así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, se le oiga, previo el cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 131 ibídem.
• Que se decrete la aprehensión del imputado en estado de FLAGRANCIA, alegando la presencia de los presupuestos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal.
• Que se acuerde la aplicación del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, conforme lo previsto en el último aparte del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal.
• Que se imponga al imputado MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, de conformidad con el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.
Dicho esto, el Tribunal impuso al imputado del Precepto Constitucional previsto en el artículo 49 ordinal 5º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la disposición contenida en los artículos 130 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal, Acto seguido, se le impuso los elementos constitutivos del tipo penal endilgado y de las Medidas Alternativas a la Prosecución del proceso lo cual se hace en términos claros y sencillos, explicándole su naturaleza y consecuencias que de ellas se derivan, siendo estas: Principio de oportunidad, acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso, y del procedimiento especial por admisión de los hechos, de conformidad con el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal; informándole que estos sólo proceden en la Audiencia Preliminar en caso de decretarse el procedimiento ordinario, o en el Juicio Oral y Público de decretarse el procedimiento abreviado, siempre que la calificación jurídica así lo permita y no en esta oportunidad procesal; a lo que manifestó el ciudadano FREDY JESÚS GARCÍA PEÑARANDA haber entendido el propósito de la norma legal y sus consecuencias; Igualmente le informa que el caso de no acogerse a ninguna de las alternativas antes señaladas, ni al procedimiento especial lo conducente es ordenar la apertura a juicio oral y público; seguidamente se le pregunto al imputado si desea declarar, manifestando, que No, en tal sentido, se deja constancia que se acoge al precepto constitucional.
• Seguidamente el Juez le cedió el derecho de palabra a la Defensa Privada Abg. Javier Castillo, quien expuso: “dejos a criterio del Tribunal la calificación de flagrancia en la aprehensión de mi defendido, estoy de acuerdo con la aplicación del procedimiento ordinario y que se le imponga a nuestro representado una medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad, es todo.”

DE LA FLAGRANCIA
Corresponde en consecuencia a ésta instancia, pronunciarse en primer término sobre la solicitud formulada por el Ministerio Público de aprehensión en flagrancia del imputado de autos, en virtud de la presentación hecha por el Ministerio Público, y de los hechos anteriormente descritos.

El artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:

Artículo 44 “.....Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden Judicial a menos que sea sorprendido in fraganti, en este caso, será llevado a una autoridad policial Judicial...”.

En el presente caso no existiendo Orden Judicial, se hace necesario analizar las circunstancias del delito Flagrante. Al efecto el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, señala:

Artículo 248. “Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos de los Estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado”

En el anterior dispositivo se establecen los supuestos o conductas típicas para calificar como flagrante a un delito. En primer lugar requiere que el sujeto sea detenido cuando está cometiendo un hecho, se trata entonces, de la captura e identificación del delincuente en plena comisión del hecho, es lo que la doctrina llama FLAGRANCIA REAL; de igual manera se admite la flagrancia cuando el sujeto es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, como producto de una persecución ininterrumpida de las autoridades o del público, que no le hayan perdido de vista, es la llamada FLAGRANCIA EX POST IPSO O CUASIFLAGRANCIA; y por último cuando se practica la detención de una persona con instrumentos o cosas provenientes del delito, tiempo después de haber cesado la persecución o sin que esta haya existido, conocida como FLAGRANCIA PRESUNTA A POSTERIORI; por cierto, figura esta muy cuestionada debido a que la flagrancia está determinada por la posesión de los objetos provenientes del delito y no en cuanto a la participación del sujeto en el hecho.

Los hechos objeto de la presente causa penal ocurrieron según Acta de Investigación Penal No. CR-1-DF-11-1-3-SIP-550, de fecha 27 de Agosto de 2010, cuando en esa misma fecha, siendo las 08:50 horas de la mañana, encontrándose el funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana S/1 Rosales Díaz Leonardo de servicio en el punto de control fijo de Percal, procede a la revisión de un vehículo de transporte público formal, placas AEH01N, conducido por el ciudadano Jairo Escalante Medina; seguidamente le solicita la documentación personal de sus ocupantes, identificándose uno de ellos de forma nerviosa con una cédula venezolana a nombre de Fredy Jesús García Peñaranda, No. V-23.970.280, la cual observa que presentaba características no acordes a las emitidas por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), lo que le motivo a que en presencia del ciudadano conductor como testigo, verificara por ante la oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería la referida cédula, informando el funcionario de esa oficina que la misma no registra en el Sistema y que el ejemplar con apariencia de cédula de identidad, se encuentra presuntamente falso, ya que presenta características no acordes; razón por la cual conforme al artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, y en presencia del testigo el funcionario efectúa chequeo a las pertenencia del ciudadano detectando en el bolsillo trasero izquierdo del pantalón una cédula de identidad de las Expedidas en la República de Colombia y visto el nerviosismo del mismo indaga sobre la obtención de la cédula venezolana, indicando el ciudadano por voluntad propia que se la habían dado en Caracas; en tal, sentido procede ala detención preventiva del ciudadano, quedando a disposición de la Fiscalía Octava del Ministerio Público, quien ordeno las actuaciones pertinente.
H Los hechos objeto de la presente causa penal ocurrieron según Acta de Investigación Penal No. CR-1-DF-11-1-3-SIP-550, de fecha 27 de Agosto de 2010, cuando en esa misma fecha, siendo las 08:50 horas de la mañana, encontrándose el funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana S/1 Rosales Díaz Leonardo de servicio en el punto de control fijo de Peracal, procede a la revisión de un vehículo de transporte público formal, placas AEH01N, conducido por el ciudadano Jairo Escalante Medina; seguidamente le solicita la documentación personal de sus ocupantes, identificándose uno de ellos de forma nerviosa con una cédula venezolana a nombre de Fredy Jesús García Peñaranda, No. V-23.970.280, la cual observa que presentaba características no acordes a las emitidas por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), lo que le motivo a que en presencia del ciudadano conductor como testigo, verificara por ante la oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería la referida cédula, informando el funcionario de esa oficina que la misma no registra en el Sistema y que el ejemplar con apariencia de cédula de identidad, se encuentra presuntamente falso, ya que presenta características no acordes; razón por la cual conforme al artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, y en presencia del testigo el funcionario efectúa chequeo a las pertenencia del ciudadano detectando en el bolsillo trasero izquierdo del pantalón una cédula de identidad de las Expedidas en la República de Colombia y visto el nerviosismo del mismo indaga sobre la obtención de la cédula venezolana, indicando el ciudadano por voluntad propia que se la habían dado en Caracas; en tal, sentido procede ala detención preventiva del ciudadano, quedando a disposición de la Fiscalía Octava del Ministerio Público, quien ordeno las actuaciones pertinente.
Ahora bien y vista el acta policial y demas diligencias policiales es por ello que se Califica la aprehension del ciudadano FREDY JESÚS GARCÍA PEÑARANDA, quien dice ser de nacionalidad colombiana, natural de Málaga, Santander, República de Colombia; nacido en fecha 18 de Septiembre de 1970, de 39 años de edad, hijo de Eudon García Ramírez (v) y de Herminda Peñaranda (v), titular de la cedula de ciudadanía No. CC-13.925.393, casado, de profesión u oficio Zootecnista, domiciliado en la calle 5D, No. 6B14, Málaga, Santander, Colombia, teléfono 0412-065.46.16, en la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la Fe Pública; por encontrarse llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
DEL PROCEDIMIENTO
En cuanto a la solicitud de aplicación del procedimiento ordinario, formulado por la Representante del Ministerio Público, considera este Tribunal, que la solicitud de la referida aplicación es el ejercicio de una facultad conferida a la parte Fiscal y visto que es necesaria la practica de otras diligencias de investigación, se ordena la conducción de la presente causa por los lineamientos del PROCEDIMIENTO ORDINARIO todo de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenando a remisión de las presentes actuaciones a Fiscalía 25 del Ministerio Público, una vez sea vencido el lapso de ley. Y así se decide.
DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL Y DEL
PRECEPTO JURÍDICO APLICABLE
En cuanto a la medida de coerción personal solicitada por el Ministerio Publico, considera este Juzgador, que si bien el ciudadano FREDY JESÚS GARCÍA PEÑARANDA, esta señalado por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la Fe Pública; que merece pena privativa de libertad, que no se encuentra evidentemente prescrita, por lo que considera este Juzgador que de conformidad con lo establecido en el artículo 44 numeral 1ro.- de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como tanbien de conformidad con lo establecido en el artículo 8, 9 , 243 y 253 todos del Código Orgánico Procesal Penal, que lo procedente en el caso in comento es decretar una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial de Libertad, aunado a las siguientes razones: No esta evidenciado el peligro de fuga, toda vez que se trata de un ciudadano que si bien es cierto Colombiana, también es cierto que no tiene residencia fija en el país; es por lo que considera quien aquí decide que con una medida sustitutiva, se resuelve la situación de carácter procesal para la asistencia del imputado a los actos del proceso, debiendo el imputado cumplir con las siguientes obligaciones: conforme en el articulo 256 ordinal 3° y 9° del Código Orgánico Procesal Penal con las siguientes obligaciones: 1.- Presentarse una vez cada quince (15) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de Esta Extensión del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. 2.- Arreglar la documentación de identidad en el país. Acto seguido el Juez le hace saber a éste último que el incumplimiento injustificado de las condiciones, e impuesta por el Tribunal y asumidas por él o si incurriese en la comisión de otro hecho delictivo, traerá como consecuencia la revocatoria de la medida y las consecuencias que ello acarrea, y así se decide.

DEL DISPOSITIV0 DE L A SENTENCIA
ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL NÚMERO UNO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:
PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión del ciudadano FREDY JESÚS GARCÍA PEÑARANDA, quien dice ser de nacionalidad colombiana, natural de Málaga, Santander, República de Colombia; nacido en fecha 18 de Septiembre de 1970, de 39 años de edad, hijo de Eudon García Ramírez (v) y de Herminda Peñaranda (v), titular de la cedula de ciudadanía No. CC-13.925.393, casado, de profesión u oficio Zootecnista, domiciliado en la calle 5D, No. 6B14, Málaga, Santander, Colombia, teléfono 0412-065.46.16, en la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la Fe Pública; por encontrarse llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
SEGUNDO: Se Ordena la prosecución del proceso por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, conforme lo previsto en el último aparte del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la remisión de la causa al Fiscalía Octava del Ministerio Público, una vez vencido que sea el lapso de ley correspondiente.
TERCERO: SE IMPONE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, al ciudadano FREDY JESÚS GARCÍA PEÑARANDA, plenamente identificado, por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la Fe Pública, debiendo el imputado cumplir con las siguientes condiciones: 1.- Presentarse una vez cada quince (15) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de Esta Extensión del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. 2.- Arreglar la documentación de identidad en el país.
En este estado, el Juez le hace saber al imputado que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas en esta audiencia será causal para revocar la medida cautelar sustitutiva acordada en este acto, de conformidad con el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal.
Con la lectura de la presente acta, quedaron debidamente notificadas las partes Regístrese y déjese copia para el Archivo del Tribunal. Remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía Octava del Ministerio Público, una vez sea vencido el plazo de ley correspondiente.





ABG. ESTEBAN RAMÓN QUINTERO
JUEZ PRIMERO DE CONTROL


ABOG
SECRETARIO