GADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, 30 de septiembre de 2009. 199° y 150° De la revisión de las actas procesales se observa que la presente demanda de NULIDAD DE DOCUMENTOS fue admitida en fecha 02 de mayo de 1995 (f. 182) por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, y del Tránsito del Estado Táchira y en la misma fecha se ordenó la citación de 26 codemandados, librándose la respectiva compulsa para ello. Mediante auto de fecha 22 de enero de 1997 (f. 188), el Tribunal de la causa manifiesta que por resolución numero 988 de fecha 26 de noviembre de 1996 se les suprimió la competencia en materia Civil Mercantil y Tránsito razón por la cual declino la competencia aun Tribunal con competencia en las materias antes mencionadas. Mediante auto de fecha 12 de febrero de 1997 (f.192), este Tribunal recibió por distribución el presente expediente proveniente del Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, y hasta la presente fecha no se ha verificado en autos que la parte actora haya realizado la respectiva citación de los codemandados de autos. El Tribunal para decidir toma en cuenta las siguientes consideraciones: El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...” (subrayado y negrillas del Tribunal) El Tribunal Supremo de Justicia, en decisión dictada en fecha 6 de julio de 2004, dispuso: “…no debe entenderse que la citación debe ser practicada, dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o su reforma. NO. Por el contrario, lo que debe cumplirse dentro de ese lapso de 30 días, son las obligaciones previstas en la Ley destinadas a lograr la citación, importando poco que ésta se practique efectivamente después de esos 30 días…”… “Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal: de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación”. Criterio que acoge este Tribunal de conformidad con el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil. Visto lo expuesto anteriormente, se puede constatar que desde la fecha de admisión de la demanda, 02 de mayo de 1995 hasta la presente fecha, transcurrieron no tan solo mas de 30 días, sino mas de 14 años; dentro de los cuales no se realizó actuación alguna a fin dar el impulso procesal necesario para lograr la Citación de los codemandados de autos; por lo que este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y en base a la Jurisprudencia trascrita, DECLARA LA PERENCION DE LA INSTANCIA en la presente causa. Así formalmente se decide. Una vez quede firme la presente decisión, el Tribunal se pronunciará con relación al levantamiento de la medida. Notifíquese a la parte actora de la presente decisión. Josué Manuel Contreras Zambrano. El Juez (fdo.). María Alejandra Vásquez S. Secretaria Accidental (fdo.) (hay sellos húmedos del Tribunal y del libro diario del Tribunal). Exp. 13.199. JMCZ/cm.-