TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Táchira, 28 de Noviembre de 2008
198º y 149º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2008-004192
ASUNTO : SP11-P-2008-004192

DE LAS PARTES
JUEZ: ABG. RUBEN ANTONIO BELANDRIA PERNIA
FISCAL: ABG. BEN SANCHEZ
SECRETARIA: ABG. MARBI CACERES PAZ
IMPUTADOS: OMAR NAVARRO REALES y CARLOS ALBERTO JAIMES SANTOS
DEFENSORA: ABG. GARCIA PINTO SANDRA MILENA

El Tribunal, cumplidas las formalidades de ley, oída la solicitud efectuada por el Representante Fiscal, lo expuesto por el imputado y lo alegado y solicitado por la defensa, efectuó las siguientes consideraciones para motivar su decisión que, de conformidad con el artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo del tenor siguiente:

DE LOS HECHOS
Encontrándose de servicios los funcionarios SM/1 Jorge Luis Parra Ramírez cedula de identidad N° 11.463.666 y SM/3 Camacho Ruiz Richard Gerardo cedula de identidad N° 14.349.046 adscritos al Destacamento de Frontera N° 11 tercera compañía comando Ureña El día de hoy 23 de noviembre de 2008 siendo aproximadamente a las 8:30 AM en la trocha la Mona ubicada en el municipio Pedro María Ureña, observaron que salían clandestinamente a través del río Táchira dos ciudadanos cada uno en bicicleta que transportaban canasta de plásticos cada uno, por tratarse de una zona vigilada por la Guardia Nacional Bolivariana, se le dio la voz de alto a los mencionados ciudadanos la cual acataron y fueron identificados como : Omar Navarro Reales ,titular de la cedula de identidad N° C-7.959.293,colombiano de 35 años de edad, analfabeta ,de estado civil casado, de ocupación vendedor ambulante, nacido el en fecha 1.973 en San Estanislao departamento Bolívar República de Colombia, y residenciado actualmente en la calle 26 casa N° 14-100 Barrio Libertad sector Aguas Calientes Cúcuta Republica de Colombia teléfono 313-8406354, quien conducía una bicicleta color blanca ,tipo montañera sin marca y serial ring N° 26, y Carlos Alberto Jaime Santos, venezolano titular de la cedula de identidad N° 8.986.986, de 43 años de edad, analfabeta, soltero de profesión u oficio obrero nacido el 14 de febrero de 1965, residenciado actualmente en barrio la libertad sector bella vista, calle 26 casa N° 62 quien conducía una bicicleta tipo montañera ring N° 24 color azul, a tal efecto estos ciudadanos cruzaron en forma clandestina la Frontera a través del río Táchira y desacataron de esta forma la orden legal dictada por las autoridades Venezolanas relacionadas al cierre de Frontera por el día de hoy motivado por las actividades electorales, los mencionados ciudadanos fueron trasladados con las respectivas bicicletas antes descritas al comando de la Guardia Nacional Bolivariana Comando Ureña,, donde fue notificado del caso al Fiscal Vigésimo Cuarto del Ministerio Publico Ben Alexander Sánchez, quien ordeno instruir las diligencias urgentes y necesarias, para ser remitidas a la citada Fiscalía del Ministerio Publico, se deja constancias que referidas bicicletas quedaran en calidad de deposito en el Comando de Fronteras N° 11.Seguidamente fueron leídos los derechos a los imputados mediante respectiva acta .

DE LA AUDIENCIA
En el día veinticinco (25) de noviembre de dos mil ocho, siendo las 10:00, horas de la mañana, se constituyó el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Extensión San Antonio, a los fines de celebrar Audiencia de Calificación de Flagrancia, de los aprehendidos: OMAR NAVARRO REALES , quien dice ser de nacionalidad colombiano, mayor de edad, natural de Sanatanislao Bolívar, Costa de Barranquilla, Republica de Colombia, nacido en fecha 13 de diciembre de 1.973, de 35 años de edad, hijo de Gloria Reales (v) y Alfonso Navarro (v), titular de la cedula de ciudadanía N° 7.959.293, soltero, de profesión u oficio comerciante, residenciado en carrera 1 N° 13-30, frente a la antena de radio frontera, Ureña, Estado Tachira y CARLOS ALBERTO JAIMES SANTOS , quien dice ser de nacionalidad venezolana, mayor de edad, natural de San Antonio, , Estado Táchira, nacido en fecha 14 de febrero de 1.965, de 43 años de edad, hijo de María Santos (v) y José Román Jaimes (v), titular de la cedula de identidad N° V-8.986.986, soltero, de profesión u oficio comerciante, residenciado en carrera 1 N° 13-30, frente a la antena de radio frontera, Ureña, Estado Táchira por parte del Fiscal Vigésimo Cuarto del Ministerio Público, con el fin de que se califique el carácter Flagrante de la detención conforme al artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal y asimismo comunicarle al Juez de control el Procedimiento por el cual optará. Presentes: El Juez Abg. Rubén Antonio Belandria Pernia; la Secretaria, Abg. Marbi Cáceres Paz, el Alguacil de Sala, el Fiscal Vigésimo Cuarto del Ministerio Público, Abg. Ben Sanchez y los imputados previo traslado del órgano legal correspondiente. En este estado, el Tribunal impuso a los imputados del derecho que les asiste de nombrar un abogado defensor para ejercer el derecho a “SER OÍDO” y para que lo asista en todos los actos del proceso, conforme lo previsto en el numeral 3 del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo tanto se le preguntó si tenían abogado de su confianza que los asistiera, manifestando los imputados que si, por lo que nombran al efecto como su defensora a la Abg. Sandra García; inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el 121.019, con domicilio Procesal carrera 1 N° 13-35, avenida principal Los Parceleros, Ureña, Estado Táchira quien estando presente manifestó: “Acepto el nombramiento que se me hace y juro cumplir fielmente las obligaciones inherentes al mismo”. Seguidamente el Juez declara la celebración inmediata de la Audiencia de Calificación de Flagrancia e Imposición de Medida de Coerción Personal, y así determinar las circunstancias que rodearon la aprehensión de los imputados, de conformidad con los artículos 248, 250 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal; advirtiendo a las partes, sobre la importancia y trascendencia de este acto, en el cual se va a administrar justicia, instándolas a litigar de buena fe y a no hacer planteamientos dilatorios o aquellos que sean propios del Juicio oral y público. Igualmente, le informa a las partes, que esta audiencia se desarrolla en forma oral y con la presencia ininterrumpida del Juez y de las partes cumpliendo, así con los principios de Oralidad e Inmediación, a lo cual sólo se dejará constancia en el acta, de lo que las partes consideren les sirva de prueba para una eventual apelación. Estando ya los imputados provistos de abogado defensor, determinadas las condiciones físicas y psicológicas del mismo y la temporalidad de su presentación ante el órgano jurisdiccional, el ciudadano Juez a los fines de resolver sobre las peticiones de las partes, declara abierto el acto cediendo el derecho de palabra al ciudadano Fiscal Vigésimo Cuarto del Ministerio Público, Abg. Ben Sanchez, quien expuso de manera pormenorizada los hechos, el derecho y las pretensiones en las cuales funda la imputación; manifestando las circunstancias de tiempo, modo, lugar, espacio y de relación causal, entre el aprehendido y el hecho que se le imputa, y de como se produjo la aprehensión del mismo, e igualmente las razones de hecho y de derecho en las cuales fundamenta su solicitud de la calificación de flagrancia, para los imputados OMAR NAVARRO REALES, y CARLOS ALBERTO JAIMES SANTOS a quien se les atribuye la presunta comisión del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal, reservándose el derecho de ampliar en el acto conclusivo fiscal en caso de ser necesario. Solicitando en resumen el representante del Ministerio Público lo siguiente:
• QUE SE INFORME a los imputados del hecho punible que se les atribuye, así como las alternativas a la prosecución del proceso; así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, se les oiga, previo el cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 131 ibídem.
• Que se decrete la aprehensión de los imputados en estado de FLAGRANCIA, alegando la presencia de los presupuestos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal.
• Que se acuerde la aplicación del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, conforme lo previsto en el artículo 372 del Código Orgánico Procesal Penal.
• Que se le imponga a los imputados MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD de conformidad a lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.
Acto seguido el Juez impuso a los imputados del contenido del Precepto Constitucional y Legal, que les exime de declarar en causa propia, de reconocer culpabilidad contra si mismo y contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de su cónyuge si la tuviere o de su concubina, de conformidad con el numeral 5 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le informó que su declaración no es un objeto de prueba sino un medio para su defensa, que con ella puede desvirtuar si fuere el caso, las imputaciones que le ha hecho en la audiencia el Ministerio Público, le indicó y le informó que el Código Orgánico Procesal Penal prevé unas alternativas a la prosecución del proceso, que consisten en el Principio de Oportunidad, Suspensión Condicional del Proceso, Acuerdos Reparatorios y así mismo, respecto del Procedimiento Especial de Admisión de los Hechos, previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, indicándole que la oportunidad para hacer uso de tales instituciones de composición procesal no es en la presente audiencia sino en el caso de aprobarse el Procedimiento Abreviado, en la audiencia de Juicio, o en el Procedimiento Ordinario en la Audiencia Preliminar, le informó sobre los hechos por los cuales el Ministerio Público los presenta detenidos en la audiencia y les explicó las circunstancias que para éste influyeron en la calificación jurídica, así mismo, le hizo lectura del precepto jurídico aplicable, manifestando el imputado no querer declarar y al efecto expuso: “Le cedo el derecho de palabra a mi defensor, es todo”. Seguidamente la Juez le cedió el derecho de palabra a la defensora privada de los imputados Abg. Sandra García, quien expuso: “Dejo a criterio del Tribunal si en la conducta de mi defendido se encuentran los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, solicito que la causa sea tramitada por el Procedimiento Ordinario, solicito se les otorgue a mis defendidos una medida cautelar sustitutiva, por cuanto son venezolanos, y son primarios en la comisión de un hecho punible, es todo.”

DE LA FLAGRANCIA
Corresponde en consecuencia a ésta instancia, pronunciarse en primer término sobre la solicitud formulada por el Ministerio Público de aprehensión en flagrancia del imputado de autos, en virtud de la presentación hecha por el Ministerio Público, y de los hechos anteriormente descritos.

El artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:

Artículo 44 “.....Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden Judicial a menos que sea sorprendido in fraganti, en este caso, será llevado a una autoridad policial Judicial...”.

En el presente caso no existiendo Orden Judicial, se hace necesario analizar las circunstancias del delito Flagrante. Al efecto el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, señala:

Artículo 248. “Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos de los Estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado”

En el anterior dispositivo se establecen los supuestos o conductas típicas para calificar como flagrante a un delito. En primer lugar requiere que el sujeto sea detenido cuando está cometiendo un hecho, se trata entonces, de la captura e identificación del delincuente en plena comisión del hecho, es lo que la doctrina llama FLAGRANCIA REAL; de igual manera se admite la flagrancia cuando el sujeto es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, como producto de una persecución ininterrumpida de las autoridades o del público, que no le hayan perdido de vista, es la llamada FLAGRANCIA EX POST IPSO O CUASIFLAGRANCIA; y por último cuando se practica la detención de una persona con instrumentos o cosas provenientes del delito, tiempo después de haber cesado la persecución o sin que esta haya existido, conocida como FLAGRANCIA PRESUNTA A POSTERIORI; por cierto, figura esta muy cuestionada debido a que la flagrancia está determinada por la posesión de los objetos provenientes del delito y no en cuanto a la participación del sujeto en el hecho.

Conforme lo relatado en Acta Policial referida “ut supra”, funcionarios policiales investidos de autoridad en el ejercicio legítimo de sus funciones, observaron a dos ciudadanos quienes salían clandestinamente a través del río Táchira . Ante lo explícito de los elementos aportados en el acta policial, se determina que la detención de los imputados se produjo en virtud que los mismos desacataron la orden de la autoridad venezolana en el sentido que no podían traspasar el Río Táchira que en todo como es el límite natural fronterizo dada la prohibición existente, difundida ampliamente por los medios de comunicación que se convirtió en hecho histórico y público desde el día anterior 23 de Noviembre del 2.008, fecha en que se realizó el proceso eleccionario libre y democrático en nuestro país, lo cual es penalizado por el legislador patrio, sin poder desvirtuar tales hechos en esta audiencia.

1. Acta Policial donde Se deja constancia que el día 23 de Noviembre de 2008 los funcionarios adscritos a la Fuerza Armada Bolivariana Comando Regional N° 1 Destacamento de Fronteras N° 11 Tercera Compañía Comando Ureña, S/M1 JORGE LUIS PARRA RAMIREZ cedula de identidad N° 11.463.666 y SM/3 CAMACHO RUIZ RICHARD GERARDO cedula de identidad N° 14.349.046, cumpliendo ordenes de vigilancia en las trochas del río Táchira, por motivo del cierre de Frontera suscitado por las elecciones electorales, observaron a dos ciudadanos cruzando el río Táchira en la trocha la mona los cuales fueron identificados como . OMAR NAVARRO REALES cédula de identidad N° C-7.959.293 y CARLOS ALBERTO JAIME SANTOS cedula de identidad N° 8.986.986

Por ello, este Tribunal, considera procedente CALIFICAR LA FLAGRANCIA EN LA APREHENSIÓN de los ciudadanos OMAR NAVARRO REALES, y CARLOS ALBERTO JAIMES SANTOS, en la comisión del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal. Y así decide.

DEL PROCEDIMIENTO
En cuanto a la solicitud de aplicación del procedimiento ordinario, formulado por la Representante del Ministerio Público, considera este Tribunal, que la solicitud de la referida aplicación es el ejercicio de una facultad conferida a la parte Fiscal y visto que es necesario la practica de otras diligencias de investigación, se ordena la conducción de la presente causa por los lineamientos del PROCEDIMIENTO ORDINARIO todo de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL Y DEL PRECEPTO JURÍDICO APLICABLE

En cuanto a la solicitud Fiscal de la Medida de Corrección Personal Sustitutiva a la Privación Judicial de Libertad, específicamente las referidas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, éste Tribunal la considera: Conforme a lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para que proceda la privación judicial preventiva de libertad del imputado deben concurrir las siguientes circunstancias 1.- La existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad personal y cuya acción para perseguirlo no se encuentre evidentemente prescrita. 2.- La existencia de fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido el autor o partícipe en la comisión del hecho punible y 3.- Una presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad en un acto concreto de la investigación.

En el presente caso, de las actuaciones ponen en evidencia la comisión; de parte de los aprehendidos OMAR NAVARRO REALES, y CARLOS ALBERTO JAIMES SANTOS, de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, como lo es el delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal, constando en las actuaciones suficientes elementos de convicción que hacen presumir que el imputado de autos, es autor o participe en el mismo. En cuanto al peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, como requisito indispensable para la procedencia de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, considera éste Tribunal en virtud de la penalidad del delito atribuido el cual no excede de los tres (03) años en su límite máximo, constando en actas que el aprehendido es un ciudadano venezolano con domicilio y empleo fijo, lo cual al permite al Juzgador con base al arraigo del imputado, la entidad del delito y cualquier otro elemento radicado fundamentalmente en los principios procesales de novísima incorporación procesal , tasar, valorando las circunstancias que rodean al delito en mayor o menor medida la gravedad del mismo, y en atención al principio del juzgamiento en libertad establecido en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual se desarrollada procesalmente en los artículos 9 y 243 de la Norma Adjetiva Penal, señalando que toda persona a quien se le impute la comisión de un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso; y habiendo establecido el legislador que la privación de libertad es excepcional, y sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso; en atención a las razones antes expuestas, este Tribunal considera que las resultas del juicio pueden verse satisfechas con el otorgamiento de una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con el artículo 256 ordinal 3° y 9° del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo los imputados cumplir con las siguientes condiciones: 1.-Obligación de Presentarse una vez cada treinta (30) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de esta Extensión Judicial y 2.- Prohibición incurrir en otros hechos punibles.
DE LA DISPOSITIVA
EN CONSECUENCIA, ESTE TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:
PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión de los ciudadanos OMAR NAVARRO REALES , quien dice ser de nacionalidad colombiano, mayor de edad, natural de Sanatanislao Bolívar, Costa de Barranquilla, Republica de Colombia, nacido en fecha 13 de diciembre de 1.973, de 35 años de edad, hijo de Gloria Reales (v) y Alfonso Navarro (v), titular de la cedula de ciudadanía N° 7.959.293, soltero, de profesión u oficio comerciante, residenciado en carrera 1 N° 13-30, frente a la antena de radio frontera, Ureña, Estado Tachira y CARLOS ALBERTO JAIMES SANTOS , quien dice ser de nacionalidad venezolana, mayor de edad, natural de San Antonio, , Estado Táchira, nacido en fecha 14 de febrero de 1.965, de 43 años de edad, hijo de María Santos (v) y José Román Jaimes (v), titular de la cedula de identidad N° V-8.986.986, soltero, de profesión u oficio comerciante, residenciado en carrera 1 N° 13-30, frente a la antena de radio frontera, Ureña, Estado Táchira por la presunta comisión del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal, por encontrarse llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
SEGUNDO: Ordena la prosecución del proceso por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la remisión a la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público, vencido que sea el lapso de ley correspondiente.
TERCERO: DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, a los imputados OMAR NAVARRO REALES, y CARLOS ALBERTO JAIMES SANTOS, plenamente identificados en autos, de conformidad con el artículo 256 ordinal 3° y 9° del Código Orgánico Procesal Penal debiendo los imputados cumplir con las siguientes condiciones: 1.-Obligación de Presentarse una vez cada treinta (30) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de esta Extensión Judicial y 2.- Prohibición incurrir en otros hechos punibles. Presentes los imputados expusieron: “Nos comprometemos a cumplir cabalmente con las obligaciones que nos han sido impuestas, en el entendido de que si no lo hacemos nos serán revocada la medida cautelar otorgada, es todo”.

Regístrese y déjese copia para el Archivo del Tribunal. Remítanse copia de las presentes actuaciones a la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público, una vez sea vencido el plazo de ley correspondiente.

ABG. RUBÉN ANTONIO BELANDRIA PERNÍA
JUEZ TERCERO DE CONTROL

ABG. MARBI CACERES PAZ
SECRETARIA