TSJ Regiones - Decisión

San Cristóbal, 05 de Junio de 2007
198° y 147°

Visto el escrito presentado por el Abg. JOSÉ ROSARIO NIÑO, contentivo de solicitud de la Revisión de Medida Privativa de Libertad, en su carácter de defensor del los ciudadano GIOVANNY SANTOS CARRILLO GAMEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nr. 9.219.671, de 44 años de edad, y residenciada en Mamonales, parte baja, Calle los Ingenieros, casa sin número, Vía Rubio, Municipio Libertador, Estado Táchira, a quien se le imputa la presunta comisión de los delitos de ASALTO A TAXI y ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previstos y sancionados en los artículos 357 del Código Penal y 6 ordinales, 2,3,8,10 y 12 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor .
Este Juzgador para decidir observa:
En fecha 25 de Septiembre de 2007, el Juzgado Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, le decreto a GIOVANNY SANTOS CARRILLO GAMEZ, una medida de Privación Preventiva de la Libertad, por los delitos de de ASALTO A TAXI y ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previstos y sancionados en los artículos 357 del Código Penal y 6 ordinales, 2,3,8,10 y 12 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, de conformidad con el artículo de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

Al respecto, el Tribunal comparte la existencia, vigencia y aplicación de los Principios Constitucionales y Legales invocados por la Defensa; sin embargo, la existencia de los mismos, en nada desnaturaliza la existencia, vigencia y aplicación de las Medidas Cautelares existentes en el Proceso Penal, las cuales están justamente para garantizar el eventual cumplimiento de los posibles resultados del Proceso Penal y la debida estabilidad en la tramitación del proceso mediante el sometimiento del justiciable a la investigación, y el esclarecimiento debido de los hechos para la aplicación del Derecho y por consiguiente la realización de la Justicia. Es así como, el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

“El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el Juez al dictar su decisión.”

De manera que, en todo caso, tales principios de veracidad y justicia, se observarán como pilares fundamentales en el Proceso Penal, de allí que, las Medidas Cautelares en general, cobren vigencia y aplicación, ello, en nada merma el también principio constitucional de presunción de inocencia y afirmación de libertad, que a pesar de la aparente antinomia, sin embargo, la medida cautelar extrema –Privación Judicial Preventiva de Libertad, está sujeta al razonamiento judicial que deberá establecerse y apreciarse en el caso en concreto, por expresa disposición del artículo 44 ordinal 1 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer:
“La libertad personal es inviolable, en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.” Comillas y subrayado es propio.
Con base a ello, deberá razonarse del modo establecido las circunstancias por las que debe decretarse, mantenerse, sustituirse o revocarse la Medida Cautelar extrema, teniendo siempre presente lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, primero, la existencia de un hecho punible que merezca Pena Privativa de Libertad cuya acción no esté evidentemente prescrita; segundo, la existencia de fundados elementos de convicción para estimar la autoría o participación del imputado en tal hecho punible, y de último, la existencia de presunción razonable del Peligro de fuga o de Obstaculización en la búsqueda de la verdad.
Ahora bien, como derecho natural del justiciable, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé que el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la Medida Judicial de Privación Preventiva de Libertad en las oportunidades que lo considere pertinente; debiendo el Juzgador examinar la necesidad de mantener la medida o sustituirla por otra menos gravosa.
De la disposición legal enunciada, se desprende claramente, en primer lugar, el carácter de cosa juzgada formal y no material que causa el auto que decrete la medida cautelar, y en segundo el derecho irrestricto del imputado en solicitar el examen y revisión de la medida de coerción personal existente en su contra en cualquier momento, y al mismo tiempo, se establece el deber jurisdiccional en razonar y motivar el mantenimiento, revocación o sustitución de la medida, pues permitirse lo contrario, sería dejarlo al capricho judicial, lo cual es enteramente inaceptable desde todo punto de vista.

Ahora bien, la revisión de la medida cautelar sólo es posible en virtud de la mutabilidad de la decisión judicial referida con ocasión a la cosa juzgada formal que causa la misma, sin embargo, tal mutabilidad, está constituida sobre la base o cláusula “Rebus Sic Stantibus”, según la cual ante la invariabilidad de las circunstancias que motivaron la decisión, necesariamente deberá mantenerse la misma; por interpretación en contrario, si han sufrido alteración deberá analizarse la misma y adoptarse la medida proporcional a la situación fáctica en concreto, sea mediante su sustitución, o de ser necesario mediante su revocatoria, según sea el caso.

En el caso de autos, se aprecia que la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada en contra de los acusados, adquirió cosa juzgada formal, de manera que, deberá revisarse si han variado o no las circunstancias que motivaron su imposición.
Así las cosas, se evidencia del estudio de las Actas Procesales la invariabilidad de las circunstancias fácticas y jurídicas que motivaron la medida de coerción personal decretada, es por lo que, necesariamente debe mantenerse la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, existente actualmente contra del imputado GIOVANNY SANTOS CARRILLO GAMEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nr. 9.219.671, de 44 años de edad, y residenciada en Mamonales, parte baja, Calle los Ingenieros, casa sin número, Vía Rubio, Municipio Libertador, Estado Táchira, a quien se le imputa la presunta comisión de los delitos de ASALTO A TAXI y ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previstos y sancionados en los artículos 357 del Código Penal y 6 ordinales, 2,3,8,10 y 12 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor. Y así se declara.

En consecuencia, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE JUICIO NÚMERO CUATRO DEL CIRCUITO JU¬DICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RE¬SUELVE: NIEGA la solicitud de sustitución de medida por otra menos gravosa de la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada al imputado GIOVANNY SANTOS CARRILLO GAMEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nr. 9.219.671, de 44 años de edad, y residenciada en Mamonales, parte baja, Calle los Ingenieros, casa sin número, Vía Rubio, Municipio Libertador, Estado Táchira, a quien se le imputa la presunta comisión de los delitos de ASALTO A TAXI y ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previstos y sancionados en los artículos 357 del Código Penal y 6 ordinales, 2,3,8,10 y 12 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, en consecuencia; MANTIENE CON TODOS SUS EFECTOS LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD EXISTENTE ACTUALMENTE CONTRA EL MENCIONADO IMPUTADOS, de conformidad con lo señalado en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Trasládese a la imputada para notificarla de la presente decisión, asistido de su Abogado defensor.
Trasládese a los imputados, notifíquese a la representación fiscal y al defensor.

ABOG. LISANDRO SEIJAS GONZALEZ.
JUEZ CUARTO DE JUICIO

ABOG. MARÍA INES ARTAHONA MARIÑO
LA SECRETARIA

CAUSA Nº 4J-1342/08
L.S.G.