REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL San Cristóbal, 20 de Junio de 2008 198º y 149º. ASUNTO: 2C-8705-08 AUTO Visto el escrito contentivo de solicitud de Revisión de Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, presentado por la Ciudadana BETSABE MURILLO DE CACIQUE, en su carácter de Defensora Pública del Ciudadano BARRIENTOS LEÓN JOSÉ GILBERTO, Venezolano, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, nacido el día 23-05-1989, de 18 años de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-21.221.168, de profesión u oficio Sin profesión definida, de estado civil soltero, manifestó desconocer el nombre de sus padres, domiciliado en Sin residencia fija en el país; a quién se le sigue Asunto Penal por el presunto delito de HURTO AGRAVADO, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 452 ordinal 4° del Código. Este Tribunal para decidir considera: I LOS HECHOS Dan cuenta las actuaciones que el funcionario policial AGENTE P/3092 LEÓN SERRANO HÉCTOR, el día 17 de Abril de 2.008, siendo las 04:00 horas de la tarde aproximadamente, se encontraba efectuando labores de patrullaje a pie, Operativo de profilaxis Social, por las adyacencias del Centro Cívico de esta ciudad, en compañía del Funcionario policial AGENTE P/3113 RUIZ EULIN, al desplazasen por la calle 07 entre carreras 06 y 7ma avenida adyacente al centro cívico, observaron un ciudadano quien se desplazaba en veloz carrera por dicho sector, asimismo era perseguido por una ciudadana quien a viva voz pedía ayuda policial, manifestando que este ciudadano le había robado su teléfono celular, por tal motivo y tomando las medidas de seguridad del caso, procedieron a efectuar la persecución en contra del ciudadano, dándole la voz de alto en reiteradas oportunidades, siendo intervenido policialmente en la entrada del Centro Cívico adyacente del Centro de Comunicaciones, manifestándole sobre la presunción relacionada con objetos de tenencia prohibida, solicitándole su exhibición la misma fue negada, procediendo a materializar la inspección personal segú lo que establece el Artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, encontrándosele en su poder, específicamente en su mano derecha Un (01) teléfono celular marca Motorola, modelo Z6, color rojo con negro, serial N° CNPJ: 01,472.720/0001-12, con su respectiva pila, color gris de la misma marca, serial N° SNN5779B, y un chip color blanco de la Empresa DIGITEL GSM, serial N° 89580, el cual fue reconocido por la ciudadana agraviada como objeto de su propiedad. Asimismo al ciudadano intervenido se le manifestó sobre la causa de la detención y se le impusieron de sus derechos constitucionales que le son inherentes en los Artículos 44, 46, 49 de nuestra carta magna y 125 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo introducido en la unidad patrullera P-181 y trasladado hasta la Comandancia General, área de receptoría, donde quedó identificado como dijo llamarse BARRIENTOS LEÓN JOSÉ GILBERTO, Venezolano, de 18 años de edad, titular de la cédula de identidad N° V- (no porta) 21.221.168, Natural de San Cristóbal, Fecha de Nacimiento 23-05-1.989., Estado civil Soltero, Profesión u Oficio Obrero, residenciado en La Popa Granjas Infantiles, Casa S/N. Quien presenta las siguientes características fisonómicas: Sexo Masculino, Piel Blanca, de estatura 1.65 aproximadamente, Contextura delgada, Ojos negros, Cabello Corto de Color negro, Nariz Perfilada, vestía para el momento, franela color azul con mangas blancas y Jeans Azul. Seguidamente el funcionario se trasladó hacia el Departamento de SICOPOL, y al ser registrado el Número de la cédula de identidad del ciudadano, no presenta inconvenientes ante el sistema en mención, se anexa a la presente denuncia N° 0214 con fecha 17/04/08, interpuesta por la ciudadana agraviada, quién quedó identificada como CONTRERAS MORA YOHANA VIRGINIA, de Nacionalidad Venezolana, Natural de Santa Ana, de 22 años de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 16.410.358; fecha de nacimiento 17/05/1.985, Estado civil soltera, Profesión Estudiante, teléfono 0276-7667848, residenciada en Santa Ana, Vía San Joaquín, Barrio Los ceibones, Calle principal, Casa N° 16. Al ciudadano detenido antes mencionado se le respetó en todo momento su integridad física y moral, del caso tuvo conocimiento por vía telefónica el Fiscal 3ero del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, quien dio N° de causa 20-F3-560-08. Es todo. En virtud de tales hechos, en fecha 18 de Abril de 2008, este Tribunal Segundo de Control CALIFICÓ LA FLAGRANCIA en la aprehensión del imputado BARRIENTOS LEÓN JOSÉ GILBERTO, identificado en autos, en la presunta comisión del delito de: a) para el imputado EDGAR RAMÓN BARRERA PARRA, el de HURTO AGRAVADO, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 452 ordinal 4° del Código Penal en perjuicio de la Ciudadana CONTRERAS MORA YOHANA, se ordenó seguir en la presente causa por el PROCEDIMIENTO ORDINARIO y se acordó dictar MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD de conformidad con lo previsto en el Artículo 256 ordinales 3° y 8° y 9° del Código Orgánico Procesal Penal, al imputado BARRIENTOS LEÓN JOSÉ GILBERTO, incurso en la presunta comisión del delito de HURTO AGRAVADO, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 452 ordinal 4° del Código Penal; en consecuencia se le impuso las siguientes condiciones: 1.- Presentación una vez cada ocho (8) días, 2.- Obligación de presentar caución económica por un monto de Cincuenta (50) unidades Tributarias y 3.- Prohibición de cometer nuevos hechos punibles. Por cuanto se observa que en fecha 09 de Junio de 2.007, la Ciudadana Defensora del imputado en cuestión, solicitó revisión de la medida, alegando la imposibilidad de su defendido materializar la Medida impuesta, por cuanto ha resultado de imposible cumplimiento ya que es una persona de escasos recursos económicos al igual que su familia solicitando la sustitución de la caución económica por otra Medida Cautelar de posible cumplimiento. Este Juzgador, vista la solicitud de la Ciudadana Defensora, observa, que desde el día 18 de Abril de 2.008, fecha en que se celebró la Audiencia de Presentación y Calificación de Flagrancia hasta el día de hoy, el imputado no ha podido materializar la Medida cautelar impuesta y como consecuencia se encuentra privado de su libertad, en virtud de su insolvencia o capacidad económica, por lo que este Tribunal en uso de sus facultades de conformidad con el Artículo 256, considera la procedencia de lo que establece el Artículo 263, donde reza en su contenido, que se evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de medios del imputado impidan la prestación; lo que puede pensarse, que aún cuando no se han acreditado elementos que sustenten el estado pobreza del imputado de autos, sin embargo dado el tiempo que ha transcurrido sin que dicho imputado haya podido materializar las condiciones impuestas, es por lo que surgen elementos de convicción a este juzgador que en realidad dicho ciudadano se encuentra imposibilitado económicamente para darle cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal. En base a lo sustentado, el Tribunal acuerda la revisión en el sentido de sustituir la Caución Económica, por lo que establece el numeral 2° del Artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que lo demás acordado en la medida otorgada, se mantiene en todos sus efectos. Así se decide. II Por las razones antes expuestas, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. DECIDE: UNICO: REVISA LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, solicitada por la ciudadana defensora, del imputado BARRIENTOS LEÓN JOSÉ GILBERTO, plenamente identificado en autos, en consecuencia se sustituye la condición de presentar Caución Económica, por lo que establece el numeral 2° del Artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en el sentido de: La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la que informará cada Quince días al Tribunal su comportamiento; por lo que las demás condiciones acordadas en la medida otorgada, se mantiene en todos sus efectos, de conformidad con el Artículo 256 ordinal 2° y 263 ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese al Fiscal, a la Defensa y trasladase al imputado para su respectiva notificación. Déjese copia de la presente decisión. ABG. JOSÉ HUMBERTO CÁCERES MALDONADO JUEZ SEGUNDO DE CONTROL ABG. PEGGY MARÍA PACHECO DE ARAQUE LA SECRETARIA CAUSA PENAL 2C-8705