JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA. San Cristóbal, dos de Julio de 2008.

198º y 149º


IDENTIFICACION DE LAS PARTES


PARTE DEMANDANTE: NELSO OSTOS PINZON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V – 9.350.408, domiciliado en Coloncito, Municipio Panamericano Estado Táchira.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogado Giulio Homero Vivas García, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 15.086.

DOMICILIO PROCESAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Carrera 4, con calle 13, Edificio Torre Pepita, segundo piso, oficina 2 – 11, La Ermita, San Cristóbal – Estado Táchira.

PARTE DEMANDADA: MERY OSTOS PINZON VIUDA DE ONORATO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V – 9.350.406, domiciliada en Caracas.

MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

EXPEDIENTE: CIVIL 8027/ 2008. (Solicitud de Medida).



I

Se inicia la presente causa mediante libelo de demanda recibido por distribución e intentado por el ciudadano NELSO OSTOS PINZON, contra la ciudadana MERY OSTOS PINZON VIUDA DE ONORATO, por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Alegando para la solicitud de medida cautelar lo siguiente:

“Pido que de conformidad con el articulo 585 del Código de Procedimiento Civil y a fin de que no se haga ilusoria la ejecución del fallo, por cuanto existe la posibilidad que la vendedora enajene o grave el inmueble en cuestión y acompañado un instrumento que constituye presunción grave del derecho que reclama mi representado, siguiendo los articulos 388 y 600 del código de Procedimiento Civil se decrete MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre el inmueble aquí descrito.”

Por auto de fecha 06 de Junio de 2008, se admitió la demanda y se ordeno abrir cuaderno de medidas.


El tribunal para decidir observa:

El articulo 585 del Código de Procedimiento Civil que es la norma rectora en materia de Medidas Cautelares, establece: “Las medidas preventivas establecidas en este titulo las decretara el Juez, solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.

Acogiendo sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia del 18/11/2004, Sala Constitucional en el caso L. E. Herrera en Amparo, estableció:

…Cuando un Juez, mediante decreto, acuerda o niega medidas cautelares, cualesquiera que sean (nominadas o innominadas), realiza una actividad de juzgamiento que la doctrina y la jurisprudencia nacional han calificado como discrecional, ello, por interpretación de los artículos 23, 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, que disponen: …

Ahora bien, es conteste la doctrina y la jurisprudencia en que dicha discrecionalidad no significa arbitrariedad o autonomía absoluta e irrevisabilidad del criterio que sea plasmado en la decisión. (Cfr. Ricardo Henríquez La Roche, “Código de Procedimiento Civil”, Tomo I, Caracas, 1995, p.120 y s.S.C.C. Nº s. 387/30.11.00, caso: Cedel Mercado de Capitales C. A. y 00224/19.05.03, caso: La Notte C. A.).

En ese sentido, Rafael Ortiz – Ortiz, en su obra “Las Medidas Cautelares Innominadas. Estudio Analítico y Temático de la Jurisprudencia Nacional”, Tomo I, Paredes Editores, caracas, 1999, p. p. 16 y 17, sostiene: “… el Juez debe verificar que se cumpla la condición, esto es, “cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación…”.

Así mismo, en Sentencia de fecha 19/05/2003, la Sala de Casación Civil en el caso La Notte C.A. contra Hoteles Cumberland de Oriente C. A. y otras, estableció: “… En materia de medidas preventivas, el requisito de motivación del fallo se reduce al examen de los supuestos de procedibilidad a que se refiere el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, el fumus boni iuris y el periculum in mora; y, en caso de tratarse de la llamada por un sector de la doctrina: medida preventiva innominada, la sentencia del Tribunal ha de referirse también al periculum in damni (artículo 588, Parágrafo Primero, ejusdem), independientemente de que haya habido o no oposición, pues siendo potestativa de la parte afectada por la cautela, la falta de tal medio defensivo no acarrea la confesión ficta, ni limita la actividad probatoria de ésta. Así se desprende de la interpretación concordada de los artículos 585, 602 y 603 del expresado Código. Por tanto, la sentencia debe reflejar el proceso que justifique los dispositivos que ella contiene, y que obliga al Juez a dar una explicación del porqué del rechazo o admisión de un hecho y su apreciación…”.

Igualmente, la sentencia del 27 de Julio de 2004, caso J. Dergham contra M. Mariñez y Otro. “ … Para decidir la Sala observa: El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, denunciado como infringido, señala … De conformidad con lo previsto en el precedente artículo, las medidas preventivas se decretarán cuando se verifique en forma concurrente los dos elementos esenciales para su procedencia, a saber: 1) La presunción grave del derecho que se reclama ( “fumus boni iuris”); y, 2) El riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva ( “periculum in mora”). Es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.

En relación con el periculum in mora, Piero Calamandrei sostiene lo siguiente: “… Por lo que se refiere a la investigación sobre el peligro, el conocimiento en vía cautelar puede dirigirse a conseguir, dentro del mismo procedimiento cautelar y antes de que se dicte la providencia principal, la certeza (juicio de verdad, no de simple verosimilitud) sobre la existencia de las condiciones de hecho que, si el derecho existiese, serían tales que harían verdaderamente temer el daño inherente a la no satisfacción del mismo…”.

Ahora bien, esta Juzgadora acogiendo el criterio plasmado en las Sentencias anteriormente mencionadas y en relación a los requisitos exigidos por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, el Fumus Bonis Iuris y el Periculum in Mora, este tribunal observa:

Presenta la parte solicitante copia simple del documento por medio del cual la ciudadana Mery Ostos Pinson viuda de Honorato, declara que le da en venta al ciudadano Nelso Ostos Pinzon, los derechos y acciones sobre un inmueble constante de de un lote de terreno propio, ubicado en población de Coloncito, Municipio Panamericano del Estado Táchira, documento inserto bajo el N° 34, tomo 34 del Libro de autenticaciones llevados por la Oficina Notarial de la Fría en fecha 09 de Agosto de 2005, y que será valorado de conformidad con lo señalado en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil.

Del documento anteriormente analizado se puede presumir el buen derecho de la parte demandante, en el sentido del interés (presunto) que hasta ahora podría demostrar el comprador, del inmueble que reclama Y ASI SE ESTABLECE.

En cuanto al Periculum in Mora (presunción iuris tantum), según se evidencia de la copia simple del Documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Publico del Distrito Panamericano del Estado Táchira, por medio del cual el ciudadano José del Carmen Ostos con el consentimiento de su esposa ciudadana Olivia Pinzon de Ostos, le da en venta a la ciudadana Mery Ostos Pinzon, un lote de terreno propio ubicado en la población de Coloncito, Municipio Panamericano del Estado Táchira, esto que la demandada todavía tiene poder de disponer del bien en cualquier momento, es decir, tiene disponibilidad sobre el inmueble objeto de demanda, para realizar transacciones sobre el mismo, pudiendo quedar de esta manera en caso de un eventual fallo a favor de la parte demandante, ilusoria la ejecución del fallo. Y ASÍ SE ESTABLECE.

Así tenemos que el artículo 115 de la Constitución Nacional establece:

“Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”; (subrayado nuestro).

De allí que como titular del derecho de propiedad aparente, la ciudadana Mery Ostos Pinzon, pudiera seguir disponiendo del bien quedando ilusoria la ejecución del fallo, al consagrarse eventualmente el hecho verosímil de quedar fuera de su patrimonio el inmueble mencionado pudiendo causarle lesiones graves o de difícil reparación a los derechos de la demandante, además que este es el único bien sobre el cual recae la pretensión. Y ASI SE DECIDE

De modo que habiendo quedado demostrada la existencia de los dos (2) requisitos exigidos por los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, este tribunal debe decidir lo siguiente:

UNICO: En relación a la Solicitud de Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar, debe declararse con lugar, y ASI SE DECLARA.


DISPOSITIVO

En mérito de los precedentes razonamientos, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara:

- PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar realizada por el ciudadano Nelso Ostos Pinzon.

- SEGUNDO: En consecuencia SE DECRETA la Medida de Prohibición de Enajenar sobre:

Un inmueble constante de un lote de terreno propio cubierto de unas mejoras, ubicadas en la Población de Coloncito, Municipio panamericano, Estado Táchira, consistente el tres unidades familiares, la primera casa signada con el N° 8 -15 de dos plantas, la baja compuesta de el sajuam, sala de recibo, patio interno, tres dormitorios, cocina, comedor, sala de baño, sanitario, lavadero, tanque aéreo para agua potable, lo constituye su planta alta compuesta por: Un pasillo con reja de hierro en su frente con la carretera Panamericana, sala de recibo, cocina, comedor, sala de baño, sanitario y su escalera. La Tercera es otra plante alta, la cual consta de local comercial, compuesto de su pasillo o balcón con su portón de hierro, cuatro (04) dormitorios, una sala de recibo, cocina, compuesta de baño, sanitario y su escalera. Dichas mejoras se encuentran sobre el referido lote de terreno propio, y tiene los siguientes linderos y medidas: FRENTE; Mide once (119 metros, co la carrera 5, FONDO: Mide igual once (11) metros, con propiedad de la vendedora, divide pared de bloque propia de la venta; LADO DERECHO: Mide veintisiete (27) metros, con pertenencias de la vendedora, separa pared de bloque propia de la venta; LADO IZQUIERDO: Mide veintisiete (27 Mts) metros, con propiedad de la vendedora, separa pared de bloque, propia de la venta.

- TERCERO: Ofíciese al Registrador Respectivo, a los fines de que se asiente la nota marginal correspondiente.


PUBLIQUESE, REGÍSTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA PARA EL ARCHIVO DEL TRIBUNAL, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, Firmada, Sellada y Refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a los dos (2) días del mes de Julio de 2008-. AÑOS: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.-

LA JUEZ TEMPORAL

Abog. YITTZA Y. CONTRERAS BARRUETA


LA SECRETARIA


ABOG. JEINNYS MABEL CONTRERAS P.