TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA
CORTE DE APELACIONES

JUEZ PONENTE: IKER YANEIFER ZAMBRANO CONTRERAS.

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

DEMANDANTES

Abogados LUIS FRANCISCO INDRIAGO ACOSTA y SERGIO SANCHEZ FERNANDEZ, actuando con el carácter de defensores de los ciudadanos LUIS ENRIQUE MATOS RINCONES y HERNAN ALBERTO SANCHEZ ATENCIO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-8.799.728 y V-2.773.924.

DEMANDADOS

DISTRIBUIDORA DE MOTORES CORDILLERA ANDINA, C.A. (DIMCA, C.A.)., sociedad mercantil domiciliada en San Cristóbal, Estado Táchira, inscrita en el registro mercantil que por secretaría llevó el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, anotado bajo el Nº 4, de fecha 22 de enero de 1.959, con modificación inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado Táchira, de fecha 12 de enero de 2000, anotado bajo el Nº 55, Tomo 1-A. Modificación de fecha 26 de marzo de 2003, anotado bajo el Nº 63, Tomo 3-A. y según acta de asamblea extraodinaria registrada ante ese mismo registro, en fecha 15 de abril de 2005, bajo el Nº 46, Tomo 7-A. en la persona de JULIO CESAR HIDALGO BAZO, INDALECIA HELENA RIVAS DE HIDALGO y OSWALDO JOSE MONZON LOPEZ, con el carácter de presidente, vice-presidente y director, respectivamente, de dicha sociedad mercantil , titulares de las cédulas de identidad Números 2.612.905, V-5.010.595 y V-9.236.717 respectivamente.

MOTIVO

Subieron las presentes actuaciones a esta Corte de Apelaciones, en virtud de la solicitud de aclaratoria formulada por los abogados SERGIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ y LUIS FRANCISCO INDRIAGO ACOSTA, venezolanos, con cédula de identidad N° V- 9.230.615 y V-1.519.556, abogados en ejercicio inscritos en el INPREABOGADO con los números 38.664 y 10.069, en su orden, quienes actúan en su condición de INTIMANTES POR HONORARIOS PROFESIONALES en la presente causa, mediante la cual manifiestan:
Omissis…
“sin menoscabo del derecho a interponer el respectivo recurso de casación, ocurrimos con el debido acatamiento por ante ustedes a fin de solicitar que de conformidad con el artículo 262, único aparte, del Código de Procedimiento Civil, proceda esta Corte a ACLARAR, mediante AMPLIACIÓN, el punto dudoso en lo que concierne al dispositivo QUINTO del fallo definitivo proferido en fecha 18 de diciembre de 2007, en el cual se señala que la INDEXACIÓN se practique “a contar desde el 12 de agosto de 2004, hasta el momento que el pago se haga efectivo”.
La solicitud precedente encuentra su justificación por cuanto en criterio del Tribunal Supremo de Justicia, la decisión que acuerde INDEXAR la cantidad objeto de condena debe, por mandato del ordinal 6° del artículo 243 del referido Código adjetivo, señalar los parámetros que al efecto ha de seguir el o los expertos designados para tal fin, entre los cuales se encuentran: 1) Tomar como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central de Venezuela; 2) Indicar el inicio de fecha del referido cálculo, esto es, en el caso concreto, el de admisión de la demanda intimatoria(12 de agosto de 2004); y 3) Indicar la fecha límite final del cálculo.
Ahora bien, toda vez que en el dispositivo SEXTO se ordena al Tribunal de Primera Instancia correspondiente, el trámite de la fase de retasa, bien puede esta Corte, mediante ampliación del referido dispositivo QUINTO, ordenar al Juez de Primera Instancia que, una vez establecido el monto a pagar, este, al ordenar el cálculo indexatorio, fije al experto los referidos parámetros”.

Recibida la solicitud en comento en esta Corte de Apelaciones, en fecha 22 de enero de 2008, se ordenó agregar a la causa que contiene la decisión, cuya aclaratoria se solicita, la cual fue pasada nuevamente al ponente, Juez Iker Yaneifer Zambrano Contreras, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

MOTIVACIONES DE ESTA CORTE PARA DECIDIR
Analizados los fundamentos expuestos en la solicitud de aclaratoria interpuesta por los abogados SERGIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ y LUIS FRANCISCO INDRIAGO ACOSTA, esta Corte para decidir previamente, hace las siguientes consideraciones:

Primera: En fecha 18 de diciembre de 2007, esta Corte de Apelaciones dictó decisión en el presente asunto, en los siguientes términos:

Omissis…

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación IN LUGAR la oposición al pago de honorarios efectuada por la demandada DISTRIBUIDOinterpuesto por los abogados LUIS FRANCISCO INDRIAGO ACOSTA y SERGIO SANCHEZ FERNANDEZ demandantes contra la sentencia definitiva de fecha 20 de marzo de 2007 dictada por el Juez de Primera Instancia en Funciones de Juicio Nº 04 de este Circuito Judicial Penal, en el procedimiento de intimación de honorarios a la parte vencida, tramitado en el cuaderno separado de la Causa Penal Nº 4J-38-99, mediante la cual se declaró sin lugar la demanda de intimación de honorarios.

SEGUNDO: CON LUGAR el derecho a cobrar honorarios profesionales por parte de los abogados LUIS FRANCISCO INDRIAGO ACOSTA y SERGIO SANCHEZ FERNANDEZ, quienes actuaron en la Causa Penal Nº 4J-38-99 con el carácter de defensores de los ciudadanos LUIS ENRIQUE MATOS RINCONES y HERNAN ALBERTO SANCHEZ ATENCIO.

TERCERO: SIN LUGAR la oposición al pago de honorarios efectuada por la demandada DISTRIBUIDORA DE MOTORES CORDILLERA ANDINA, C.A. (DIMCA, C.A.), a través de la abogada MORELLA CASTILLO.

CUARTO: Se REVOCA la sentencia definitiva de fecha 20 de marzo de 2007 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio Nº 04 de este Circuito Judicial Penal, en el procedimiento de intimación de honorarios a la parte vencida, tramitado en el cuaderno separado de la Causa Penal Nº 4J-38-99, mediante la cual se declaró sin lugar la demanda de intimación de honorarios

QUINTO: CON LUGAR la indexación solicitada por la parte demandante, a la suma que en definitiva deba pagar la parte demandada, a contar desde el 12 de agosto de 2004, hasta el momento que el pago se haga efectivo.

SEXTO: Visto que la representación judicial de la parte demandada se acogió en su oportunidad al derecho de retasa, esta Corte tiene por válido el ejercicio de ese derecho y ordena que, una vez firme esta decisión, se tramite esa fase del procedimiento por ante el tribunal de primera instancia penal en funciones de juicio, que deba seguir conociendo, ordenando que se haga con la mayor celeridad, debido a las injustificadas demoras que ha presentado este procedimiento...” …Omissis.

Segunda: El artículo 176 del Código Orgánico Procesal Penal establece:
Prohibición de reforma. Excepción. Después de dictada una sentencia o auto, la decisión no podrá ser revocada ni reformada por el tribunal que la haya pronunciado, salvo que sea admisible el recurso de revocación.
Dentro de los tres días siguientes de pronunciada una decisión, el juez podrá corregir cualquier error material o suplir alguna omisión en la que haya incurrido, siempre que ello no importe una modificación esencial.
Las partes podrán solicitar aclaraciones dentro de los tres días posteriores a la notificación.

De la norma anteriormente trascrita se evidencia, que luego de dictada una decisión, la misma no puede ser revocada ni reformada por el tribunal que la dictó, pero dentro de los tres días siguientes de pronunciada, el juez puede corregir cualquier error material o suplir alguna omisión en la que haya incurrido, siempre que ello no importe una modificación esencial. Así mismo, las partes pueden solicitar aclaraciones dentro de los tres (03) días posteriores a su notificación.

De igual forma el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal prevé lo siguiente:

Artículo 175. Pronunciamiento y notificación. Toda sentencia debe ser pronunciada en audiencia pública, y con su lectura las partes quedan legalmente notificadas.
Los autos que no sean dictados en audiencia pública, y salvo disposición en contrario, se notificarán a las partes conforme a lo establecido en este Código. (negrillas de esta Corte)

Por notificación debemos entender:

“Acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento. Couture dice que es también constancia escrita, puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del procedimiento”. (1881: 489)

En el caso de marras, ante el pronunciamiento de esta alzada en fecha 18 de diciembre de 2007, en letra del artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, se debe notificar a las partes, para que éstas en uso del legítimo derecho a la defensa, puedan ejercer los recursos que la propia ley le confiere.

La boleta que se libre para notificar a las partes de la decisión dictada, tiene las siguientes características: (1) Es un acto judicial de un órgano administrador de justicia, el hecho de que la practique el alguacil no le quita la naturaleza del acto; (2) No es una formalidad necesaria para que nazca el derecho a las partes a ejercer los recursos que la ley ha preestablecido; (3) Es consagrada como institución de orden público, la falta de notificación o la notificación practicada indebidamente acarrean una violación al derecho constitucional a la defensa y a la tutela judicial efectiva, por indefensión a la parte a quien se ordenó notificar; y (4) Su finalidad es la de hacer saber, a la parte interesada en un juicio, cualquiera sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial.

Por todas las características referidas, la boleta librada para notificar a las partes de la decisión dictada es personalísima, y debe ser practicada de la forma establecida en la norma penal adjetiva, no cumplir con estos extremos mínimos puede ocasionar un perjuicio para la parte a quien se ha ordenado notificar, por ello, es necesario solicitar la identificación de quien se notifique y reseñarse en diligencia día, fecha, lugar y hora de la notificación.

De igual forma, al no constituir la práctica de la notificación ordenada una formalidad necesaria para que nazca el derecho a las partes a ejercer los recursos que la ley ha preestablecido, ello no es óbice para que éstas puede conocer el contenido de la decisión judicial que se ha ordenado notificar, dado que las partes pueden solicitar del tribunal de la causa el expediente contentivo de las actuaciones y enterarse de primera mano el fallo dictado; esta práctica ha sido desarrollada en reiterada jurisprudencia de nuestro máximo tribunal de justicia al resolver conflictos relativos a la notificación tácita.

Respecto de la notificación tácita en materia penal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 624 del 3 de mayo de 2001, (caso Jhon Alexander Jiménez Medina), estableció:
“…En relación con la presente impugnación, la Sala estima que, en esencia, la Corte de Apelaciones, para producir su predicho pronunciamiento, actuó implícitamente bajo el criterio generalmente admitido de que el objetivo que se persigue con la notificación de las partes en el proceso es mantener a éstas debidamente enteradas de la oportunidad en que el tribunal ha tomado decisiones (artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal), así como de los actos procesales realizados por las otras partes y de cuya celebración deban ser informados los demás intervinientes en el proceso; consiguientemente, las notificaciones, en principio, tienen por objeto enterar a las partes respecto de actuaciones cumplidas o pasadas, lo cual constituye uno de los rasgos que la distinguen de las citaciones, porque éstas (sic) no vienen a ser sino convocatorias para actos procesales futuros.
Por otra parte, el legislador ha revestido a las notificaciones de ciertas formalidades que no tienen otra finalidad que la de asegurar y resulte documentado que la información en ellas contenidas haya llegado, efectivamente, a cabal conocimiento de sus destinatarios. En tal sentido, si, por vías supletorias, estuviere suficientemente acreditado en autos que las partes están en pleno conocimiento de la decisión tomada o del acto procesal realizado, se ha cumplido el objetivo perseguido con la notificación y ésta (sic) devendría prescindible; de suerte que, en el presente caso, resultaría jurídicamente inobjetable la admisión de dichas vías sucedáneas, por virtud de la norma de Derecho común contenida en el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, la cual, aun cuando se refiere específicamente a la citación, es aplicable, como norma supletoria, por ausencia de una equivalente, a las notificaciones, tanto en el Código de Procedimiento Civil como en el Orgánico Procesal Penal. En el caso actual, insistir en notificar a una de las partes acerca del pronunciamiento judicial, respecto de lo cual ya dicha parte aparece estar en pleno conocimiento, que era, al fin y al cabo, la razón de ser de la notificación reclamada, supondría someter el proceso a formalidades no esenciales, contrarias al espíritu y la letra del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En el presente caso, la Corte de Apelaciones fundó la presunción de notificación del representante del legitimado activo en el hecho de que éste documentó suficientemente su conocimiento de la publicación del fallo definitivo recaído en el Juicio Oral, dentro del referido proceso penal seguido a su representado, mediante la diligencia que él mismo estampara, contentiva de su solicitud de expedición de copia certificada de dicha sentencia, respecto de la cual manifiesta conocer que “cursa en el expediente signado bajo el Nº 061-00”, razón por la cual la Corte de Apelaciones declaró al Defensor del ahora agraviado notificado de la publicación del fallo de primera instancia a partir de la fecha de la diligencia en referencia. En relación con la decisión de Alzada, esta Sala estima que la Corte que lo pronunciara, al declarar la inadmisibilidad de la apelación presentada, lo hizo por interpretación de dispositivos legales que regulan la materia, así como de aquéllos aplicables como normas supletorias, razón por la cual debe concluirse que actuó dentro de los límites de su competencia, entendida esta dentro de la concepción amplia ajustada acogida en reiteradas decisiones anteriores, tanto de la extinta Corte Suprema de Justicia como de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y así se declara (negrillas de esta Sala).

Del anterior criterio jurisprudencial se evidencia que si se encuentra suficientemente acreditado en autos que la parte interesada tiene pleno conocimiento de la decisión dictada, se ha cumplido el objetivo perseguido con la notificación y esta devendría prescindible; dado que insistir en la práctica de ella, estando en conocimiento las partes acerca del pronunciamiento judicial, lo que constituye la razón de ser de la notificación ordenada, supondría someter el proceso a formalidades no esenciales, contrarias al propósito y razón del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Tercera: En el caso de marras, esta Corte dicta su pronunciamiento en fecha 18 de diciembre de 2007, declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por los abogados LUIS FRANCISCO INDRIAGO ACOSTA y SERGIO SANCHEZ FERNANDEZ, con lugar el derecho a cobrar honorarios profesionales por parte de los referidos abogados, sin lugar la oposición al pago de honorarios efectuada por la demandada DISTRIBUIDORA DE MOTORES CORDILLERA ANDINA, C.A. (DIMCA, C.A.), revocó la sentencia definitiva de fecha 20 de marzo de 2007 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio Nº 04 de este Circuito Judicial Penal, con lugar la indexación solicitada por la parte demandante, y ordenó que, una vez quede firme dicha decisión, se tramite la retasa por ante el tribunal de primera instancia penal en funciones de juicio, que deba seguir conociendo, para lo cual ordenó practicar la correspondiente notificación a las partes.

Aprecia esta alzada, que el abogado SERGIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, co-solicitante de la aclaratoria objeto del presente pronunciamiento, solicita la causa para su revisión, en fecha 20 de diciembre de 2007, tal y como se evidencia del asiento estampado en el renglón 24, folio 26, del libro de préstamo de causas llevado por esta Corte, fecha para la cual ya había sido dictada la correspondiente decisión en el presente asunto, y en esa misma fecha (20-12-2007), consigna por ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, solicitud de copia simples de la sentencia proferida en la presente causa, tal y como se desprende de la actuación que riela agregada al folio 704 del expediente.

De acuerdo a lo antes expuesto, el abogado SERGIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, co-solicitante de la presente aclaratoria, se encontraba en pleno conocimiento de la decisión dictada por esta Corte en fecha 18 de diciembre de 2007, desde el día 20 del mismo mes y año, por lo que se pone de manifiesto el cumplimiento del objetivo perseguido con la notificación ordenada, y el citado abogado disponía a tenor de lo establecido en el artículo 176 del Código Orgánico Procesal Penal, de tres días siguientes a la precitada fecha, para solicitar aclaratorias sobre la decisión.

Así las cosas, los tres días para solicitar aclaratorias, trascurrieron de la siguiente manera: El primero en la audiencia del día lunes siete (7) de enero de 2008, el segundo el día martes ocho (8); y el tercero, el día miércoles nueve (9) del corriente mes y año.

Con base a lo antes expuesto, considera esta Sala que la presente solicitud de aclaratoria formulada por la defensa no se ajusta a los extremos exigidos en el artículo 176 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo en consecuencia declararse inadmisible la misma, por extemporáneo. Y así se decide.

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, esta única Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: se declara inadmisible por extemporáneo, el recurso de aclaratoria interpuesto por los abogados SERGIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ y LUIS FRANCISCO INDRIAGO ACOSTA, venezolanos, con cédula de identidad Nros. V- 9.230.615 y V-1.519.556, abogados en ejercicio, inscritos en el INPREABOGADO con los números 38.664 y 10.069, en su orden, quienes actúan en su condición de INTIMANTES POR HONORARIOS PROFESIONALES en la presente causa, conforme a lo establecido en el artículo 176 del Código Orgánico Procesal Penal.

SEGUNDO: Se mantiene con todos sus efectos la decisión dictada por esta Corte de Apelaciones en fecha 18 de diciembre de 2007, en virtud del cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por los abogados Luís Francisco Indriago Acosta y Sergio Sánchez Fernández, en su carácter de demandantes, contra la sentencia definitiva de fecha 20 de marzo de 2007, dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 04 de este Circuito Judicial Penal; declaró con lugar el derecho a cobrar honorarios profesionales por parte de los abogados mencionados ut supra; declaró sin lugar la oposición al pago de honorarios efectuado por la demandada Distribuidora de Motores Cordillera Andina, C.A (DIMCA, C.A); revocó la sentencia definitiva de fecha 20 de marzo de 2007, dictada por el referido Tribunal y declaró con lugar la indexación solicitada por la parte demandante, a la suma que en definitiva deba pagar la parte demandada, a contar desde el 12 de agosto de 2004, hasta el momento que el pago se haga efectivo.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal a los veintinueve (29) días del mes de enero del año dos mil ocho (2008). Años: 197º de la Independencia y 147º de la Federación.

Los Jueces de la Corte,

GERSON ALEXANDER NIÑO
Presidente

IKER YANEIFER ZAMBRANO C. ELISEO JOSE PADRON HIDALGO
Juez Ponente Juez Provisorio

MILTON ELOY GRANADOS FERNANDEZ
Secretario

En la misma fecha se cumplió lo ordenado.

MILTON ELOY GRANADOS FERNANDEZ
Secretario

1-As-1222-2007/IYZC/jqr/mc.