REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Táchira, 5 de Agosto de 2008
198º y 149º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2008-002783
ASUNTO : SP11-P-2008-002783

RESOLUCION
Celebrada como fue la Audiencia de Calificación de Flagrancia el día 01 de Agosto de 2008, en virtud de la solicitud presentada por el abogado CARLOS JULIO USECHE CARRERO, Fiscal Octavo del Ministerio Público, en contra del ciudadano GOMEZ AVENDAÑO JUAN VICENTE, de nacionalidad Colombiano, mayor de edad, natural de Cúcuta, Norte de Santander, Republica de Colombia, nacido en fecha 20 de Enero de 1.975, de 32 años de edad, titular de la cédula de ciudadanía Nº 88.213.006, soltero, hijo de Miguel Darío Gómez (V) y de Cecilia Avendaño (V), de profesión u oficio Costurero, residenciado en Edificio Belén San Antonio a media cuadra del club Alianza, planta baja local 301, a quien el Ministerio Público lo presume responsable en la comisión del delito de VIOLENCIA FISICA previstos y sancionados en los artículos 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Procede este Tribunal a dictar su Resolución en los siguientes términos:

EN LA AUDIENCIA
En el día viernes 01 de Agosto de 2008, siendo las 04:30 horas de la tarde se constituyó el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Extensión San Antonio, a los fines de celebrar Audiencia de Calificación de Flagrancia, del aprehendido: GOMEZ AVENDAÑO JUAN VICENTE, de nacionalidad Colombiano, mayor de edad, natural de Cúcuta, Norte de Santander, Republica de Colombia, nacido en fecha 20 de Enero de 1.975, de 32 años de edad, titular de la cédula de ciudadanía Nº 88.213.006, soltero, hijo de Miguel Darío Gómez (V) y de Cecilia Avendaño (V), de profesión u oficio Costurero, residenciado en Edificio Belén San Antonio a media cuadra del club Alianza, planta baja local 301. Presentes: El Juez, Abg. Rubén Antonio Belandria Pernia; la Secretaria, Abg. Douglenis Y. López Méndez, el Alguacil de Sala; El Fiscal Octavo del Ministerio Público, Abg. Carlos Julio Useche Carrero, y el imputado. En este estado, el Tribunal impuso al imputado del derecho que le asiste de nombrar un abogado defensor para ejercer el derecho a “SER OÍDO” y para que los asista en todos los actos del proceso, conforme lo previsto en el numeral 3 del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo tanto se le preguntó si tenía abogado de su confianza que lo asistiera, manifestando el imputado que no, nombrándole al efecto a la Abg. Betty Sanguino Pérez, Defensora Publica Penal. Seguidamente el Juez declara la celebración inmediata de la Audiencia de Calificación de Flagrancia e Imposición de Medida de Coerción Personal, y así determinar las circunstancias que rodearon la aprehensión de el imputado, de conformidad con los artículos 248, 250 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal; advirtiendo a las partes, sobre la importancia y trascendencia de este acto, en el cual se va a administrar justicia, instándolas a litigar de buena fe y a no hacer planteamientos dilatorios o aquellos que sean propios del Juicio oral y público. Igualmente, le informa a las partes, que esta audiencia se desarrolla en forma oral y con la presencia interrumpida del Juez y de las partes cumpliendo, así con los principios de Oralidad e Inmediación, a lo cual sólo se dejara constancia en el acta, de lo que las partes consideren les sirva de prueba para una eventual apelación, cediendo el derecho de palabra al ciudadano Fiscal Octavo del Ministerio Público, Abg. Carlos Julio Useche Carrero, quien expuso, de manera pormenorizada los hechos, el derecho y las pretensiones en las cuales funda la imputación; manifestando las circunstancias de tiempo, modo, lugar, espacio y de relación causal, entre el aprehendido y el hecho que se le imputa, y de como se produjo la aprehensión del mismo, e igualmente las razones de hecho y de derecho en las cuales fundamenta su solicitud de la calificación de flagrancia, para el imputado GOMEZ AVENDAÑO JUAN VICENTE, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA previstos y sancionados en los artículos 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana Ismelda Fernández Montoya, reservándose el derecho de ampliar en el acto conclusivo fiscal en caso de ser necesario. Solicitando en resumen la representante del Ministerio Público lo siguiente:
• Que se informe al imputado del hecho punible que se le atribuye, así como las alternativas a la prosecución del proceso; así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, se les oiga, previo el cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 131 Ibídem.
• QUE CALIFIQUE LA FLAGRANCIA en la Aprehensión del imputado alegando la existencia de los presupuestos del artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• Que se acuerde la aplicación del PROCEDIMIENTO ESPECIAL conforme lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• Que se le imponga al imputado SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL DE LA LIBERTAD de conformidad a lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Acto seguido el Juez impuso al imputado del contenido del Precepto Constitucional y Legal, contenido en los artículos 49 numeral 5to de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 131 del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo le impuso de las medidas alternativas a la Prosecución del proceso, las cuales aún cuando no se puedan materializar en este acto, le son informadas, manifestando el imputado GOMEZ AVENDAÑO JUAN VICENTE no querer declarar y al efecto expuso: “Yo no deseo declarar, me acojo al precepto constitucional y le cedo el derecho de palabra a mi defensor”. En este Estado la Juez cede el derecho de palabra a la Abg. Betty Sanguino Pérez, Defensora Pública Penal y cedida que le fue expuso: “Dejo a criterio del Tribunal si en la aprehensión de mi defendido, existen los presupuestos del artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, me adhiero al pedimento Fiscal de que la causa sea tramitada a través del procedimiento Especial y solicito el otorgamiento de una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de la Libertad para mi defendido que sea de posible cumplimiento y finalmente solicito se me expida copia simple de la presente Acta”.

DE LOS HECHOS
En fecha 31 de julio del 2008, los funcionarios Richard Pinto y Ortiz Pablo, adscritos a la comisaría policial de San Antonio dejaron constancia de la siguiente diligencia policial; siendo las 08:50 horas de la noche de esa misma fecha, se encontraban realizando labores de patrullaje por los diferentes sectores del Municipio Bolívar, específicamente por al avenida Venezuela a la altura de la calle 6 con carrera 3 y 4 del Barrio Ocumare, donde observaron que en la esquina de dicha dirección se encontraba un ciudadano agrediendo físicamente a una ciudadana, quien al notar la presencia policial, opto por salir corriendo siendo interceptado policialmente, le realizaron inspección personal no encontrándole ningún tipo de objeto ni evidencia proveniente del delito, entrevistaron a la ciudadana la cual fue identificada como: Ismelda Fernández Montoya, Colombiana; N° 60.406.027, natural de Chinacota Norte de Santander, fecha de nacimiento 28 septiembre 1969, de 37 años de edad, Reside Barrio la Popita calle 11, casa N° 12-42 San Antonio, quien les manifestó que el ciudadano que habían interceptado, era el ex-marido y que la había agredido física y verbalmente, por deferentes partes del cuerpo, motivado a que no le quiso dar dinero para seguir consumiendo licor, procedieron a trasladar al ciudadano al comando policial de San Antonio, le leyeron sus derechos, en compañía de la ciudadana agraviada con el fin que realizara la respectiva denuncia, dicho ciudadano quedo identificado como : GOMEZ AVENDAÑO JUAN VICENTE, de nacionalidad Colombiano, natural de Cúcuta, Norte de Santander, Republica de Colombia, nacido en fecha 20 de Enero de 1.975, de 32 años de edad, titular de la cédula de ciudadanía Nº 88.213.006, reside en Villa del Rosario Cúcuta Colombia casa 85 calle 7 con 80, el cual se encontraba en estado de embriaguez al momento que estaba agrediendo a la ciudadana; por ultimo informaron vía telefónica al representante del Ministerio Publico.




Anexo a las actuaciones la Fiscalía presento
1.- Acta de Investigación Policial N° 3102, de fecha 31 de julio del 2008, suscrita por los funcionarios Richard Pinto y Ortiz Pablo, adscritos a la comisaría policial de San Antonio, corriente al folio tres (03).
2.- Denuncia de la ciudadana Ismelda Fernández Montoya, de fecha 31 de julio del 2008, corriente al folio cinco (05).
3.- Constancia medica de la ciudadana Ismelda Fernández Montoya, de fecha 31 de julio del 2008, suscrita por la Dra. Ángela Valbuena, del Hospital Samuel Darío Maldonado, corriente al folio seis (06).
4.- Reconocimiento Medico Legal N° 9700-062-0544, de fecha 01 de agosto del 2008, practicado a la ciudadana Ismelda Fernández Montoya, suscrito por el medico Forense Dr. Rolando Rojo Lobo, donde informa: presenta dos equimosis rojas una de doce (12) cm. por dos (02) cm, en el dorso del hombro y brazo izquierdo y una de seis (06) cm por cuatro (04) cm, en la región escapular izquierda y una equimosis verde en la región de pómulo izquierdo todas causadas por contusiones recientes; tiempo estimado de curación ocho (08) días salvo complicaciones; incapacidad para sus ocupaciones habituales cinco (05) salvo complicaciones, corriente al folio once (11).
5.- Reconocimiento Medico Legal N° 9700-062-0545, de fecha 01 de agosto del 2008, practicado al ciudadano GOMEZ AVENDAÑO JUAN VICENTE, suscrito por el medico Forense Dr. Rolando Rojo Lobo, donde informa: presenta excoriación lineal de doce (12) cm. por dos (02) mm, en el antebrazo izquierdo; tiempo estimado de curación cinco (05) días salvo complicaciones; sin incapacidad para sus ocupaciones habituales, corriente al folio trece (13).

DE LA FLAGRANCIA
Corresponde en consecuencia a esta instancia, pronunciarse en primer término sobre la solicitud formulada por el Ministerio Público de aprehensión en flagrancia del imputado de autos, en virtud de la presentación hecha por el Ministerio Público y de los hechos anteriormente descritos.
El artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:
Artículo 44. “... 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden Judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial...”.
En el presente caso, no existiendo orden judicial, se hace necesario analizar todas las circunstancias del delito Flagrante. Al efecto el artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala:
Artículo 93. “Se tendrá como flagrante todo delito previsto en esta Ley que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como flagrante aquél por el cual el agresor sea perseguido por la autoridad policial, por la mujer agredida, por un particular o por el clamor público, o cuando se produzcan solicitudes de ayuda a servicios especializados de atención a la violencia contra las mujeres, realizadas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o fax, que permitan establecer su comisión de manera inequívoca, o en el que sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, toda autoridad deberá y cualquier particular podrá, aprehender al agresor. Cuando la aprehensión la realizare un particular, deberá entregarlo inmediatamente a la autoridad más cercana, quien en todo caso lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión.
Se entenderá que el hecho se acaba de cometer cuando la víctima u otra persona que haya tenido conocimiento del hecho, acuda dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del hecho punible al órgano receptor y exponga los hechos de violencia relacionados con esta Ley. En este supuesto, conocida la comisión del hecho punible el órgano receptor o la autoridad que tenga conocimiento, deberá dirigirse en un lapso que no debe exceder de las doce horas, hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, recabará los elementos que acreditan su comisión y verificados los supuestos a que se refiere el presente artículo, procederá a la aprehensión del presunto agresor, quien será puesto a la disposición del Ministerio Público, según el párrafo anterior.
El Ministerio Público, en un término que no excederá de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la aprehensión del presunto agresor, lo deberá presentar ante el Tribunal de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas, el cual, en audiencia con las partes y la víctima, si ésta estuviere presente, resolverá si mantiene la privación de libertad o la sustituye por otra menos gravosa…”.
En el anterior dispositivo se establecen los supuestos o conductas típicas para calificar como flagrante la aprehensión de una persona a quien se le atribuye la comisión de un delito. Ahora bien, conforme a lo relatado en el Acta Policial referida “ut supra”, concatenado con las demás diligencias de investigación que hasta la presente ha recabado el Ministerio Público, encontramos que las circunstancias en las cuales se produjo la aprehensión del imputado GOMEZ AVENDAÑO JUAN VICENTE, enmarcan perfectamente en los supuestos del artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; hechos y precalificación que no fueron desvirtuados en la audiencia por la Defensa. Por ello, este Tribunal considera procedente CALIFICAR LA FLAGRANCIA en la aprehensión del imputado de autos, en la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA previstos y sancionados en los artículos 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por encontrarse llenos los extremos exigidos por el citado artículo 93. Y ASI SE DECIDE.

DEL PROCEDIMIENTO
En cuanto a la solicitud de aplicación del procedimiento ordinario formulado por el Representante del Ministerio Público, a lo que se adhirió la Defensa, considera el Tribunal que en la Nueva Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se estableció un Procedimiento Especial el cual debe regir para los casos como el que aquí se está tratando; en consecuencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 94 de la citada Ley Orgánica y visto que es necesaria la práctica de otras diligencias de investigación, se ordena el trámite de la presente causa por los lineamientos del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, garantizándose además el ejercicio pleno del derecho a la defensa del imputado de autos. Y ASI SE DECIDE.

DE LA MEDIDA DE PROTECCION Y DE SEGURIDAD
En cuanto a la solicitud Fiscal y de la Defensa de imposición de una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, este Tribunal para decidir hace las siguientes consideraciones:
De conformidad con lo establecido en el artículo 256 numerales 3, 6 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el articulo 92 numeral 1 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es necesario proteger a la víctima de toda acción que viole o amenace sus derechos fundamentales, con el propósito de evitar nuevos actos de violencia en su contra; por otra parte, ante la petición de una Medida Cautelar para el imputado, este Tribunal acuerda lo solicitado por las partes y le impone al ciudadano GOMEZ AVENDAÑO JUAN VICENTE, las siguientes condiciones: 1.- Presentaciones una vez cada Quince (15) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal. 2.-La prohibición de consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos y privados. 3.- Prohibición de comunicarse con la victima y 4.- No incurrir en nuevos delitos. Y ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVO
EN CONSECUENCIA, ESTE TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:
PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA, EN LA APREHENSIÓN del ciudadano GOMEZ AVENDAÑO JUAN VICENTE, de nacionalidad Colombiano, mayor de edad, natural de Cúcuta, Norte de Santander, Republica de Colombia, nacido en fecha 20 de Enero de 1.975, de 32 años de edad, titular de la cédula de ciudadanía Nº 88.213.006, soltero, hijo de Miguel Darío Gómez (V) y de Cecilia Avendaño (V), de profesión u oficio Costurero, residenciado en Edificio Belén San Antonio a media cuadra del club Alianza, planta baja local 301, en la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA previstos y sancionados en los artículos 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por encontrarse llenos los extremos del artículo 93 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
SEGUNDO: Se Ordena la prosecución del proceso por los trámites del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, de conformidad con el artículo 94 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenándose la remisión de las presentes actuaciones a la Fiscalía Octava del Ministerio publico, vencido que sea el lapso de ley.
TERCERO: SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL DE LA LIBERTAD al imputado GOMEZ AVENDAÑO JUAN VICENTE en la presunta comisión del delito atribuido de conformidad con lo establecido en el artículo 256 ordinales 3, 5, 6 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo el imputado cumplir con las presentes condiciones 1.- Presentaciones una vez cada Quince (15) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal. 2.-La prohibición de consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos y privados. 3.- Prohibición de comunicarse con la victima y 4.- No incurrir en nuevos delitos.

Con la lectura de la presente acta, quedaron debidamente notificadas las partes. Regístrese y déjese copia para el Archivo del Tribunal. Remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía Octava del Ministerio Público, una vez sea vencido el plazo de ley.



ABG. RUBEN ANTONIO BELANDRIA PERNIA
JUEZ TERCERO DE CONTROL


ABG. DOUGLENIS Y. LOPEZ MENDEZ
SECRETARIO