JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA. San Cristóbal, dieciocho de Septiembre de 2.008 198º y 149º I IDENTIFICACION DE LAS PARTES PARTE DEMANDANTE: ANA ROSA GALVIS HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V – 11.018.917, domiciliada en San Cristóbal – Estado Táchira. ABOGDO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogado Jeannette Esperanza Omaña, inscrita en el inpreabogado bajo el N° 13.987. DOMICILIO PROCESAL: Carrera 8 N° 6-57 de San Antonio, Municipio Bolívar del Estado Táchira. PARTE DEMANDADA: HERNANDO BOADA GUTIERREZ, colombiano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° E – 82.261.226. MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. EXPEDIENTE: CIVIL 8116 /2008. (Solicitud de Medida). II Se inicia la presente causa mediante libelo de demanda recibido por distribución e intentado por la ciudadana ANA ROSA GALVIS HERNÁNDEZ, contra el ciudadano HERNANDO BOADA GUTIERREZ, por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. Alegando para la solicitud de medida cautelar lo siguiente: “Con fundamento en el artículo 39 parte in fine de la Ley de Arrendamientos inmobiliarios, solicito se decrete medida preventiva de secuestro sobre el local arrendado y al mismo tiempo se nombre secuestrataria del mismo, en concordancia con lo establecido en el ordinal 7 del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, dado que existe fundado temor de que el demandado pueda seguir causando mas daños de los ya causados que sean de difícil reparación a los locales y por cuanto el arrendador ha abandonado el inmueble arrendado y dejó en su interior a otras personas con las cuales no tengo, ni he mantenido relación de ninguna naturaleza , ni tampoco he autorizado el sub arrendamiento de todo o parte de inmueble.” Por auto de fecha 23 de Julio de 2008, se admitió la presente demanda y se ordeno abrir cuaderno de medidas. El tribunal para decidir observa: Acogiendo sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia del 18/1172004, Sala Constitucional en el caso L. E. Herrera en Amparo, estableció: …Cuando un Juez, mediante decreto, acuerda o niega medidas cautelares, cualesquiera que sean (nominadas o innominadas), realiza una actividad de juzgamiento que la doctrina y la jurisprudencia nacional han calificado como discrecional, ello, por interpretación de los artículos 23, 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, que disponen: … Ahora bien, es conteste la doctrina y la jurisprudencia en que dicha discrecionalidad no significa arbitrariedad o autonomía absoluta e irrevisabilidad del criterio que sea plasmado en la decisión. (Cfr. Ricardo Henríquez La Roche, “Código de Procedimiento Civil”, Tomo I, Caracas, 1995, p.120 y s.S.C.C. Nº s. 387/30.11.00, caso: Cedel Mercado de Capitales C. A. y 00224/19.05.03, caso: La Notte C. A.). En ese sentido, Rafael Ortiz – Ortiz, en su obra “Las Medidas Cautelares Innominadas. Estudio Analítico y Temático de la Jurisprudencia Nacional”, Tomo I, Paredes Editores, caracas, 1999, p. p. 16 y 17, sostiene: “… el Juez debe verificar que se cumpla la condición, esto es, “cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación …”. Así mismo, en Sentencia de fecha 19/05/2003, la Sala de Casación Civil en el caso La Notte C.A. contra Hoteles Cumberland de Oriente C. A. y otras, estableció: “… En materia de medidas preventivas, el requisito de motivación del fallo se reduce al examen de los supuestos de procedibilidad a que se refiere el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, el fumus boni iuris y el periculum in mora; y, en caso de tratarse de la llamada por un sector de la doctrina: medida preventiva innominada, la sentencia del Tribunal ha de referirse también al periculum in damni (artículo 588, Parágrafo Primero, ejusdem), independientemente de que haya habido o no oposición, pues siendo potestativa de la parte afectada por la cautela, la falta de tal medio defensivo no acarrea la confesión ficta, ni limita la actividad probatoria de ésta. Así se desprende de la interpretación concordada de los artículos 585, 602 y 603 del expresado Código. Por tanto, la sentencia debe reflejar el proceso que justifique los dispositivos que ella contiene, y que obliga al Juez a dar una explicación del porqué del rechazo o admisión de un hecho y su apreciación…”. Igualmente, la sentencia del 27 de Julio de 2004, caso J. Dergham contra M. Mariñez y Otro. “ … Para decidir la Sala observa: El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, denunciado como infringido, señala … De conformidad con lo previsto en el precedente artículo, las medidas preventivas se decretarán cuando se verifique en forma concurrente los dos elementos esenciales para su procedencia, a saber: 1) La presunción grave del derecho que se reclama ( “fumus boni iuris”); y, 2) El riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva ( “periculum in mora”). Es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. En relación con el periculum in mora, Piero Calamandrei sostiene lo siguiente: “… Por lo que se refiere a la investigación sobre el peligro, el conocimiento en vía cautelar puede dirigirse a conseguir, dentro del mismo procedimiento cautelar y antes de que se dicte la providencia principal, la certeza (juicio de verdad, no de simple verosimilitud) sobre la existencia de las condiciones de hecho que, si el derecho existiese, serían tales que harían verdaderamente temer el daño inherente a la no satisfacción del mismo…”. Ahora bien, esta Juzgadora acogiendo el criterio plasmado en las Sentencias anteriormente mencionadas observa: La parte demandante presenta copia simple del contrato de arrendamiento, celebrado entre la ciudadana Ana Rosa Hernández y el ciudadano Hernando Boada Gutiérrez, en el cual se estableció que el canon de arrendamiento mensual es la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.300.000,oo), también se señala en ese contrato de arrendamiento “la arrendadora da en arrendamiento un local comercial de su propiedad, situado en la Avenida Venezuela entre calles 8 y 9 N° 8 – 39 de la Ciudad de San Antonio, Estado Táchira, contrato que será valorado de conformidad con lo señalado en el artículos 429 del Código de Procedimiento Civil, a los efectos de la presente sentencia. De los documentos anteriormente analizados se puede presumir el buen derecho que tiene el demandante, según el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Señala el Dr. Gustavo Contreras B, en su libro “El Juicio de Desalojo y el Secuestro en el Nuevo Código de Procedimiento Civil”, “El secuestro es una medida preventiva que tiene por objeto el privar de manera forzosa y violenta a la persona demandada, del bien objeto del litigio.” Observa el tribunal que la parte demandante solicita la disposición jurídica del inmueble en el cual se encuentra alquilado el demandado. Ello implicaría como señala el Dr. Ricardo Enrique La Roche en su libro Medidas Cautelares (Según el Nuevo Código de Procedimiento Civil) “que al momento de ejecutar el fallo, pasado a la autoridad de cosa juzgada, habría la necesidad de devolver la cosa arrendada y secuestrada a la posesión del arrendatario”, para que este hiciera una eventual entrega del mismo de ser sancionado el arrendatario, Y ASÍ SE ESTABLECE. De igual forma, el actor tiene como pretensión principal -o al menos es la visión superficial que se tiene hasta ahora- de resolver el contrato y lograr la entrega de inmueble, por lo que si se acordara la medida solicitada se estaría pronunciando este Tribunal, al fondo del asunto debatido, toda vez que se daría por sentado el deterioro del inmueble y la insolvencia de los arrendatarios, si fuera cierta; teniendo en cuenta los efectos jurídicos del secuestro; y que en el petitorio principal se solicita la entrega del inmueble Y ASÍ SE DECIDE. De allí que siendo inoficiosas dichas futuras y preventivas actividades, no es procedente la medida solicitada. Y ASÍ SE DECIDE Por todas las razones anteriormente expuestas la medida solicitada por la parte demandante debe declararse sin lugar y ASÍ SE DECIDE. DISPOSITIVO En mérito de los precedentes razonamientos, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECIDE: UNICO: SIN LUGAR la MEDIDA DE SECUESTRO solicitada sobre un local comercial ubicado en la Avenida Venezuela, entre calles 8 y 9 N° 8 -38 de San Antonio del Táchira, Alinderado así: NORTE: Casa que es o fue de Darío Rojas, SUR: La Avenida Venezuela, ESTE: Mejoras en parte de María Rangel y la otra parte de Rosa Buitrago y OESTE: mejoras que son o fueron en parte de Jacinto Méndez y la otra parte de Filemón Delgado. PUBLIQUESE, REGÍSTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA PARA EL ARCHIVO DEL TRIBUNAL, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, Firmada, Sellada y Refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a los dieciocho (18) días del mes de Septiembre de 2.008. AÑOS: 198° de la Independencia y 149° de la Federación. LA JUEZ TEMPORAL ABOG. YITTZA Y. CONTRERAS BARRUETA LA SECRETARIA Abg. JEINNYS M CONTRERAS.