REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCION DE CONTROL NUMERO NUEVE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA San Cristóbal, 02 de Marzo de 2006 195° y 147° Visto el escrito presentado en la Audiencia de Solicitud de Prórroga, en fecha 22 de fe-brero de 2006, por el ciudadano Abg. Efraín Eliécer Mogollón Rodríguez, Defensor Privado, en su condición de Defensor de los imputados JOSE NOEL ORTEGA FANDIÑO, quien dice ser de nacionalidad venezolano, natural de Nula, Estado Apure, nacido en fecha 13-07-1986, titular de la cédula de identidad Nº V.- 17.503.446, de 19 años de edad, casado, de profesión u oficio Comerciante, hijo de Maria Yaly Fandiño Buitrago (v) y de José Javel Ortega Castro, residenciado en el Nula, Barrio Páez, casa Nº 5-35, frente a la Iglesia Católica, teléfono 0278-7721233, Estado Apure, y JOSE ALBERTO FLORES CARRERO, quien dice ser de nacionali-dad venezolano, natural de Nula, Estado Apure, nacido en fecha 06-11-1982, titular de la cé-dula de identidad Nº V.- 15.209.967, de 23 años de edad, soltero, de profesión u oficio chofer, hijo de Carmen Tulia Carrero Sandoval (v) y dijo no conocer a su padre, residenciado en el Nula, Barrio Páez, casa Nº 5-4, a dos cuadras de la iglesia católica, Estado Apure, por la pre-sunta comisión del delito de CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 2 en concordancia con el artículo 4 ordinal 16º de la Ley Sobre el delito de Contra-bando, y a quienes se les decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en fe-cha veinticuatro (24) de Enero de 2006, este Tribunal para decidir observa: El defensor, en síntesis expone una relación y análisis en cuanto a la tipicidad jurídica referida al delito de Contrabando, y acerca de la vigencia del Principio de la Legalidad consa-grado en el Artículo 49 numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezue-la; solicitando, asimismo, el otorgamiento de una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad. Al efecto, el Tribunal comparte la existencia, vigencia y aplicación de los principios constitucionales y legales invocados por la defensa; sin embargo, la existencia de los mismos, en nada desnaturaliza la existencia, vigencia y aplicación de las medidas cautelares existente en el proceso penal, justamente a los fines de garantizar el eventual cumplimiento de los po-sibles resultados del proceso penal y la debida estabilidad en la tramitación del proceso me-diante el sometimiento del justiciable a la investigación, y el esclarecimiento debido de los hechos para la aplicación del derecho y por ende la realización de la Justicia. Es así como, el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: “El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el Juez al dictar su decisión.” De manera que, en todo caso, tales principios de veracidad y justicia, se observarán como pilares fundamentales en el proceso penal, de allí que, las medidas cautelares en gene-ral, cobren vigencia y aplicación, ello, en nada merma el también principio constitucional de presunción de inocencia y afirmación de libertad, que a pesar de la aparente antinomia, sin embargo, la medida cautelar extrema –Privación Judicial Preventiva de Libertad -, está sujeta al razonamiento judicial que deberá establecerse y apreciarse en el caso en concreto, por ex-presa disposición del artículo 44.1 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Ve-nezuela, al establecer: “La libertad personal es inviolable, en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.” Comillas y subrayado es propio. Con base a ello, deberá razonarse del modo establecido las circunstancias por las que debe decretarse, mantenerse, sustituirse o revocarse la medida cautelar extrema, siempre, bajo el prisma integral establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, primero, la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad cuya ac-ción no esté evidentemente prescrita, segundo, la existencia de fundados elementos de con-vicción para estimar la autoría o participación de los imputados en tal hecho punible, y de último, la existencia de presunción razonable del Peligro de fuga o de Obstaculización en la búsqueda de la verdad. En opinión del juzgador, la existencia del particular primero y se-gundo permitirá abordar el razonamiento del último para determinar el tipo o clase de la medida cautelar a dictar, -extrema o no- , por el contrario, la inexistencia de algunos de los primeros, impedirá abordar el último, surgiendo así una verdadera máxima jurídica; pues aceptar lo contrario implicaría someter al proceso a una persona por la mera existencia de una investigación, lo cual resultaría craso error de juzgamiento, en detrimento de los derechos fundamentales del ser humano. Ahora bien, como derecho natural del justiciable, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé que el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medi-da judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente; debiendo el Juzgador examinar la necesidad de mantener la medida o sustituirla por otra menos gravo-sa. De la disposición legal enunciada, se desprende claramente, en primer lugar, el carác-ter de cosa juzgada formal y no material que causa el auto que decrete la medida de coerción, y en segundo el derecho irrestricto del imputado en solicitar el examen y revisión de la me-dida de coerción personal existente en su contra en cualquier momento, y al mismo tiempo, se establece el deber jurisdiccional en razonar y motivar el mantenimiento, revocación o su susti-tución, pues permitirse lo contrario, sería dejarlo al capricho judicial, lo cual es enteramente inaceptable desde todo punto de vista. Ahora bien, la revisión de la medida cautelar sólo es posible en virtud de la mutabili-dad de la decisión judicial referida con ocasión a la cosa juzgada formal que causa la misma, sin embargo, tal mutabilidad, está constituida sobre la base o cláusula “Rebus Sic Stantibus”, según la cual ante la invariabilidad de las circunstancias que motivaron la decisión, necesa-riamente deberá mantenerse la misma; por interpretación en contrario, si han sufrido altera-ción deberá analizarse la misma y adoptarse la medida proporcional a la situación fáctica en concreto, sea mediante su sustitución, o de ser necesario mediante su revocatoria, según sea el caso. En el caso de autos, se aprecia que la medida de privación judicial preventiva de liber-tad decretada en contra de los imputados JOSE ALBERTO FLORES CARRERO Y JOSE NOEL ORTEGA FANDIÑO, adquirió cosa juzgada formal, de manera que, deberá revisarse si han variado o no las circunstancias que motivaron su imposición, las cuales observa este Juzgador no han variado. Igualmente se observa, que desde que se decretó la Medida de Privación Judicial Pre-ventiva de Libertad, en fecha veinticuatro (24) de Enero de 2006 y hasta la presente fecha, no ha transcurrido el lapso establecido en el primer aparte del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo, se aprecia la debida proporcionabilidad entre el delito objeto del proceso y su sanción probable, con la medida aplicada. En otro orden, ante la invariabilidad de las circunstancias fácticas y jurídicas que moti-varon la medida de coerción personal decretada, es por lo que, necesariamente debe mante-nerse la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada a los imputados JOSE ALBERTO FLORES CARRERO Y JOSE NOEL ORTEGA FANDIÑO, por la presunta comi-sión del delito de CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 2 en concordancia con el artículo 4 ordinal 16º de la Ley Sobre el delito de Contrabando, y así se declara. En consecuencia, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL NÚMERO NUEVE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁ-CHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIA-NA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE: PRIMERO: Negar la solicitud de Sustitución de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, decreta-da en fecha 24 de Enero de 2006 a los imputados JOSE NOEL ORTEGA FANDIÑO, quien dice ser de nacionalidad venezolano, natural de Nula, Estado Apure, nacido en fecha 13-07-1986, titular de la cédula de identidad Nº V.- 17.503.446, de 19 años de edad, casado, de profe-sión u oficio Comerciante, hijo de Maria Yaly Fandiño Buitrago (v) y de José Javel Ortega Cas-tro, residenciado en el Nula, Barrio Páez, casa Nº 5-35, frente a la Iglesia Católica, teléfono 0278-7721233, Estado Apure, y JOSE ALBERTO FLORES CARRERO, quien dice ser de na-cionalidad venezolano, natural de Nula, Estado Apure, nacido en fecha 06-11-1982, titular de la cédula de identidad Nº V.- 15.209.967, de 23 años de edad, soltero, de profesión u oficio chofer, hijo de Carmen Tulia Carrero Sandoval (v) y dijo no conocer a su padre, residenciado en el Nula, Barrio Páez, casa Nº 5-4, a dos cuadras de la iglesia católica, Estado Apure, por la presunta comisión del delito de CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 2 en concordancia con el artículo 4 ordinal 16º de la Ley Sobre el delito de Contra-bando, en consecuencia mantiene con todos sus efectos la Medida de Privación Judicial Pre-ventiva de Libertad, dictada en fecha 24 de Enero de 2006, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal y artículo 251 ordinal 2º “ejusdem”. Trasládese a los imputados para notificarlos de la presente decisión. Notifíquese a las partes. ABG. HECTOR EMIRO CASTILLO GONZALEZ JUEZ (S) NOVENO DE CONTROL ABG. EDWARD NARVAEZ GARCIA SECRETARIO Causa Penal Nº: 9C-6557-06 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCION DE CONTROL NUMERO NUEVE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA San Cristóbal, 02 de Marzo de 2006 195° y 146° BOLETA DE NOTIFICACION Se hace saber al ciudadano Abg. Efraín Eliécer Mogollón Rodríguez, Defensor Privado, domiciliado en la Torre Unión, piso 10, oficina 10-D, séptima avenida de esta ciudad, en su carácter de Defensor de los imputados José Noel Ortega Fandiño y José Alberto Flores Carre-ro, a quien se le sigue la causa penal Nº 9C-6557-06, por la presunta comisión del delito de CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 2 en concordancia con el artículo 4 ordinal 16º de la Ley Sobre el delito de Contrabando, que por auto de esta misma fecha, este Tribunal dictó decisión en la cual Negó la solicitud de Sustitución de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, decretada en fecha 24 de Enero de 2006; en conse-cuencia se mantiene en todos sus efectos la medida impuesta. 9C-6557-06 Notificación que hago a los fines legales consiguientes. Firmará al pie de la presente en señal de haber sido notificado. ABG. HECTOR EMIRO CASTILLO GONZALEZ JUEZ NOVENO DE CONTROL FECHA:__________________FIRMA:____________________HORA:_________________ ____________________________________________________________________________ PARA EL NOTIFICADO Se hace saber al ciudadano Abg. Efraín Eliécer Mogollón Rodríguez, Defensor Privado, domi-ciliado en la Torre Unión, piso 10, oficina 10-D, séptima avenida de esta ciudad, en su carácter de Defensor de los imputados José Noel Ortega Fandiño y José Alberto Flores Carrero, a quien se le sigue la causa penal Nº 9C-6557-06, por la presunta comisión del delito de CON-TRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 2 en concordancia con el artículo 4 ordinal 16º de la Ley Sobre el delito de Contrabando, que por auto de esta misma fecha, este Tribunal dictó decisión en la cual Negó la solicitud de Sustitución de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, decretada en fecha 24 de Enero de 2006; en conse-cuencia se mantiene en todos sus efectos la medida impuesta. 9C-6557-06 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCION DE CONTROL NU-MERO NUEVE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA San Cristóbal, 02 de Marzo de 2006 195° y 146° BOLETA DE NOTIFICACION Se hace saber a la Fiscal Séptima del Ministerio Público, que en la causa Nº 9C-6557-06, que se le sigue a los imputados José Noel Ortega Fandiño y José Alberto Flores Carrero, por la presunta comisión del delito de CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 2 en concordancia con el artículo 4 ordinal 16º de la Ley Sobre el delito de Contra-bando, que por auto de esta misma fecha, este Tribunal dictó decisión en la cual Negó la soli-citud de Sustitución de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, decretada en fecha 24 de Enero de 2006, solicitada por el ciudadano Abogado Efraín Eliécer Mogollón Ro-dríguez; en consecuencia se mantiene en todos sus efectos la medida impuesta. 9C-6557-06 Notificación que hago a los fines legales consiguientes. Firmará al pie de la presente en señal de haber sido notificado. ABG. HECTOR EMIRO CASTILLO GONZALEZ JUEZ (S) NOVENO DE CONTROL FECHA:__________________FIRMA:____________________HORA:_________________ ____________________________________________________________________________ PARA EL NOTIFICADO Se hace saber a la Fiscal Séptima del Ministerio Público, que en la causa Nº 9C-6557-06, que se le sigue a los imputados José Noel Ortega Fandiño y José Alberto Flores Carrero, por la pre-sunta comisión del delito de CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 2 en concordancia con el artículo 4 ordinal 16º de la Ley Sobre el delito de Contra-bando, que por auto de esta misma fecha, este Tribunal dictó decisión en la cual Negó la soli-citud de Sustitución de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, decretada en fecha 24 de Enero de 2006, solicitada por el ciudadano Abogado Efraín Eliécer Mogollón Ro-dríguez; en consecuencia se mantiene en todos sus efectos la medida impuesta. 9C-6557-06