Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.
196° y 147°
PARTE DEMANDANTE: José Eduardo de la Cruz Contreras, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.075.560 y civilmente hábil.
ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN: Abg. José Marcelino Sánchez Vargas, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.687.468, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 31.082, de este domicilio y hábil.
PARTE DEMANDADA: Alix Margarita Ramírez de Salas y Andrés Eduardo Salas Carrero, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-10.742.676 y V-9.231.087 respectivamente, domiciliados en Queniquea, Municipio Sucre del Estado Táchira y civilmente hábiles.
APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: Abg. Gerónimo Andrés Domínguez Guillén, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.940.621, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 58.917 y civilmente hábil.
MOTIVO: Cobro de Bolívares-Intimación.
Suben a esta alzada las actuaciones, en virtud de la apelación interpuesta por el abogado Argimiro Tovito Vivas, en su carácter de apoderado de la parte demandada en el Juzgado de la causa, contra la sentencia proferida por el Juzgado de los Municipios Uribante y Sucre de esta Circunscripción Judicial, en fecha 19 de marzo de 2003, donde declaró lo siguiente: PRIMERO: Con lugar la demanda instaurada por el abogado José Marcelino Sánchez Vargas, endosatario en procuración del ciudadano José Eduardo de la Cruz Contreras, contra el ciudadano Andrés Eduardo Salas Carrero, en su carácter de avalista. SEGUNDO: Se condenó al co-demandado a pagarle al demandante las siguientes cantidades: 1.) La cantidad de Un Millón de Bolívares (Bs. 1.000.000,00), por concepto de capital. 2.) La suma de Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta Bolívares (Bs. 41.660,00), por concepto de intereses convencionales calculados a la tasa del cinco por ciento (5%), contados a partir del día 24 de agosto de 2001, hasta el 24 de junio de 2002, ambas fechas inclusives. 3.) La suma de Un Mil Seiscientos Bolívares (Bs. 1.660,00) por derecho de comisión de un sexto por ciento (1/6%) de la letra de cambio. 4.) La cantidad de Ciento Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 150.000,00) correspondientes a las costas del proceso, calculadas al 15%. 5.) La cantidad de Doscientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 250.000,00) por honorarios profesionales calculados al 25%. 6.) Por Corrección Monetaria, monto obtenido al multiplicar el principal de la obligación por el factor obtenido al dividir el I.P.C. actual (Febrero) entre el I.P.C. histórico (Julio) se debe cancelar la cantidad Doscientos Diecinueve Mil Veintiún Bolívares (Bs. 219.021,00).
La apelación fue oída en ambos efectos, en fecha 25 de marzo de 2003, correspondiéndole el conocimiento a esta alzada según sorteo de distribución, la cual le dio entrada en fecha 31 de abril de 2003.
El Dr Rodrigo Rivera Morales, en su obra “Los Recursos Procesales” define los recursos teniendo las siguientes consideraciones:
“Son un tipo o una clase de los medios de impugnación, mediante los cuales atacamos un acto jurídico injusto, específicamente una sentencia injusta. Una sentencia es injusta cuando se quebranta, por algún motivo de los determinados por la ley, la idea de justicia establecida en el ordenamiento jurídico o por que infringe formas procesales que provocan indefensión…”
El reconocido autor cita:
“..como doctrina nacional, al Dr Duque Corredor, quien define que los recursos son en consecuencia, medios de ataque y de defensa establecidos en beneficio de las partes, que por regla general se interponen en los procesos pendientes (fin de la cita).. y culmina concluyendo: “El recurso es un acto procesal mediante el cual la parte en el proceso, o quien tenga legitimación para actuar en él, pide que se subsanen los errores que le perjudican, cometidos por una resolución judicial...”
De lo cual podemos inferir, que si bien es cierto que el recurso es un medio de impugnación, la recurrente debe necesariamente indicar los defectos de que adolece el acto jurídico recurrible, específicamente, la sentencia apelada, y no asumir la postura indicadora de lo que se quiere sea conocido por la superioridad, conduce a tener por desistido el recurso interpuesto, más aún, cuando el Juez dirimente de la apelación tiene limites objetivos en cuanto a lo que puede y debe analizar en su decisión, lo que no podrá saber, si no se le han enmarcado esos limites del recurso.
Regido como está el recurso de apelación por el principio dispositivo, es la apelante quien enmarca lo que debe conocer y decidir el órgano jurisdiccional decisor en alzada.
El Juez Superior no puede saber la falencia procesal o sustantiva de que adolece el fallo apelado, o si esta viciado por alguna previsión legal que así lo establezca, hasta tanto el que ha abierto la compuerta del segundo grado de jurisdicción no lo asome mediante la advertencia pertinente, lo cual, en nuestro sistema procesal, se hace normalmente en el escrito de informes presentado ante el receptor de la apelada.
No fue la intención del legislador dejar aislado el recurso de apelación, sin someterlo a exigencia alguna, pues, de ser así estaríamos tutelando con pasaporte indefinido el uso del medio de impugnación en referencia, con el sólo propósito de dilatar el procedimiento, colapsando aún más los ya abrumados órganos judiciales; lo cual contraría el texto constitucional que en su artículo 26 regula la garantía que debe dar el Estado con una justicia accesible, idónea, transparente, responsable y expedita, sin dilaciones indebidas.
Los tratadistas Juan Montero Aroca y José Flors Matíes, en su obra <>, han expuesto lo siguiente:
“Otra cosa era que, en la práctica, la incomparecencia del recurrente evidenciara su desinterés por mantener la apelación y conllevara, de ordinario, la confirmación de la sentencia apelada, para lo que solía decirse en la sentencia del caso que la Sala se había quedado sin poder conocer la fundamentación del recurso, las razones de la disconformidad del recurrente con la resolución recurrida”. Página 324.
Siendo la apelación un mecanismo procesal controlador del gravamen ocasionado con el fallo apelado, está relacionada con el principio de doble grado de jurisdicción, el cual supone que la decisión sucesiva de la controversia en dos instancias tiene mayor probabilidad de alcanzar la justicia, fin último del proceso.
Pero, frente a esta acotación, oportuno resulta destacar que no se alcanza la justicia si con la simple presencia en el Tribunal de la perdidosa afirma la propuesta de apelación, abandonando de allí en adelante el interés en el mantenimiento activo de la instancia en alzada, con lo que hemos de entender el decaimiento del recurso por falta de enunciación de las cuestiones objeto del mismo, más aún, cuando el fallo apelado esta ajustado al derecho y a la justicia, pilares sostenedores del sistema judicial venezolano.
El Máximo Tribunal de la República, Sala Político –Administrativa, en Sentencia de fecha 08 de octubre de 2003, con ponencia de la Magistrada Dra. Yolanda Jaimes Guerrero, estableció sobre la fundamentación del recurso de apelación en el procedimiento de segunda instancia, lo siguiente:
“…Ahora bien, la Sala estima que si bien es cierto que la fundamentación del recurso de apelación en el procedimiento de segunda instancia exige al recurrente delimitar los motivos de su impugnación, esto es, las razones de hecho y de derecho en que funda su apelación, no es menos cierto que tal exigencia no puede compararse, como pretende la representación legal de la Contraloría General de la República, con los formalismos y técnica que exige la Casación, pues existen notables diferencias entre ambas instituciones.
Así además observa esta alzada que el escrito de fundamentación de la apelación presentado por la apoderada judicial de la contribuyente POLYPLAS C.A., sí cumplió con las exigencias legales, pues en el mismo se expresan los términos en que fuere decidida la controversia y se precisan los argumentos en que se funda el recurso, con base en los cuales la contribuyente disiente del fallo recurrido, siendo básicamente el argumento central de su defensa la causa extraña no imputable del hecho de un tercero, todo lo cual permite a esta Sala conocer el objeto del recurso a los efectos de precisar los extremos que debe abarcar su pronunciamiento…”
De dicho pronunciamiento la Sala aclaró que la fundamentación tiene por objeto la determinación de los motivos de impugnación a la Sentencia que se recurre, con las razones de hecho y de derecho de la misma, así mismo siendo parte de la fundamentación jurídica de la Apelación es la formalización de la misma, es necesario acotar la Sentencia de la Sala de Casación Civil, de data anterior proferida en fecha 13 de marzo de 2003, con ponencia del Magistrado Dr. Juan Rafael Perdomo, donde se define dicho término estableciendo:
“ … La ley impone al apelante una carga, no un deber, o una obligación, o un derecho. La carga impuesta por la ley tiene que ser cumplida para el actor cual se refiera sea eficaz. Pero, además (…) emplea el término formalizar, que en el lenguaje jurídico debe entenderse como la necesidad de revestir un acto con determinados requisitos legales. Tales requisitos son, en este caso, precisar el o los puntos de la sentencia con los cuales no está conforme y las razones en las cuales se funda. La omisión de tal formalidad, o la defectuosa formalización, deben ser interpretadas por el Juez de Alzada como desistimiento de la apelación por falta de precisión de los puntos de la sentencia apelada sobre los cuales debe pronunciarse, es decir, cuál es el thema decidendum..”
Ahora bien, la Sala de Casación Civil, ha mantenido el criterio de la necesidad de la fundamentación, expresándose en Sentencia de fecha 06 de abril de 2000, lo siguiente:
“En forma pacifica y reiterada ha mantenido esta Sala que toda denuncia para considerarse motivada o fundamentada dentro de los cánones que conforman la perfecta técnica de la formalización, es necesario que se evidencie cada infracción debiendo guardar estrecha y formal relación los alegatos que se hagan con el texto legal que se pretende quebrantado.
Ha dicho la Sala de manera reiterada, que en forma impositiva la ley obliga al formalizante a encuadrar su conducta al deber procesal de razonar en forma clara y precisa en que consiste la infracción, es decir, demostrarla en forma clara y categórica, sin que a tal efecto baste que se diga en forma genérica que la sentencia violó tal o cual precepto legal(…) el no cumplimiento de esta formalidad.(..) considera toda formalización carente y debe ser considerado perecido ”
En el caso que nos ocupa, observa quien aquí Juzga que la parte apelante abogado Argimiro Tovito Vivas, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, en fecha 24 de marzo de 2003, ejerce su recurso, donde en dicha diligencia manifiesta ante el Juzgado a quo, corriente al folio (65), textualmente lo siguiente: “…APELO de la sentencia definitiva anterior, de fecha diecinueve de marzo de Dos Mil Tres…”. De lo cual, considera quien aquí Juzga que permitir que con sólo escribir la palabra apelo, sin ninguna indicación del motivo, razón u objeto del recurso, estaría desnaturalizando el principio que conduce a la actividad necesaria y dinámica que deben realizar los sujetos procesales que buscan la tutela judicial efectiva, de la conducta inactiva del recurrente, quien posterior al acto de apelación no realizó acto procesal alguno subsiguiente hasta la presente fecha, que pueda considerarse como fundamentación del recurso, en consecuencia, cree este Juzgador que resulta perfectamente aplicable al presente caso el decaimiento del recurso, abandono tácito o desistimiento, ya que el apelante prácticamente ha desertado del recurso anunciado.
En consecuencia, el auto apelado debe mantenerse incólume al no observar este Juzgador violación alguna al orden público, debiendo sucumbir la parte desfavorecida con el fallo apelado.
Este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, resuelve lo siguiente:
PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 24 de marzo de 2003, por el abogado Argimiro Tovito Vivas, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada en el Juzgado de la causa.
SEGUNDO: Se CONFIRMA la decisión proferida por el Juzgado de los Municipios Uribante y Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 19 de marzo de 2003.
TERCERO: Se condena en costas a la parte apelante por haber resultado totalmente vencida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión para el archivo del Tribunal.
Notifíquese a las partes de la presente decisión.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a los seis (06) días del mes de junio de dos mil seis (2006)._ El Juez Temporal, (Fdo) Pedro Alfonso Sánchez Rodríguez. El Secretario, (Fdo) Guillermo Antonio Sánchez Muñoz. Esta el sello del Tribunal.
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