TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS JÁUREGUI, ANTONIO RÓMULO COSTA, SEBORUCO, JOSÉ MARIA VARGAS Y FRANCISCO DE MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.

195º Y 146º

PARTE DEMANDANTE: RAMIREZ PERNIA SONIA MARISOL, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-10.748.256, domiciliada en La Quebrada de San José, Sector el Parchal, N° 6-121, calle principal, La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira y hábil.

PARTE DEMANDADA: JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-5.023.367, domiciliado en Urbanización Rio Grita, bloque 23, apartamento 00-001. La Fría, Municipio García de Hevia del Estado Táchira. y hábil.

MOTIVO: AUMENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARÍA
EXPEDIENTE: No. 269-2004
I
PARTE NARRATIVA

En fecha, 25-04-2006, se recibió solicitud de Aumento de Obligación Alimentaria, presentada por la ciudadana RAMIREZ PERNIA SONIA MARISOL, contra el ciudadano, JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ, quien es el padre de sus hijos MARBELIS DE LOS ÁNGELES y YORYI DAVID GONZÁLEZ RAMIREZ, a la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES ( Bs. 200.000,oo) mensuales. En fecha, 28-04-2006 (flio. 92) Se observa auto del Tribunal mediante el cual se acordó, citar al obligado para que comparezca por ante el recinto de este Juzgado al 3er día de despacho siguiente a que conste en autos su citación, más un día que se le concede como termino de distancia, a las 10:00 a.m, a fin de celebrar reunión conciliatoria en presencia de la solicitante. Se acordó librar oficio a la Fiscal de Protección y exhorto de citación al Juzgado del Municipio García de Hevia. En fecha, 14-06-2006 (flios. 95 al 100) se observa exhorto de citación del obligado debidamente cumplido enviado del Juzgado del Municipio García. En fecha, 20-06-2006, (flio. 101) se realizo Acto de Reunión Conciliatoria, estando presente el demando, se declaro desierto el acto por cuanto no se hizo

presente la solicitante, el obligado solicito el derecho de palabra y expuso que no puede pagar la cantidad solicitada por cuanto el tiene otra familia, conformada por cuatro hijos, y que lo que puede es aumentar la cantidad de veinte mil Bolívares ( Bs. 20.000,oo), aparte tiene gastos de universidad, transporte..., quedando abierto el procedimiento a pruebas. En fecha 29-06-2006,(flio. 104) se observa escrito de promoción de pruebas presentado por el ciudadano JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ, con el carácter de autos, mediante el cual reproduce el merito favorable de autos, promueve copias simples de partidas de nacimiento y copia simple de constancia de trabajo. En fecha, 30-06-2006 (flio. 111) se observa escrito de promoción de pruebas presentado por la ciudadana SONIA MARISOL RAMIREZ PERNIA, con el carácter de autos, mediante el cual reproduce el valor de los autos, promovió copias simples de recibos y de facturas de gastos. En fecha 30-06-2006, (flio. 118) se observa auto del Tribunal mediante el cual se admitieron la pruebas presentadas por el demandado salvo su apreciación en la definitiva. En fecha 30-06-2006, (flio. 118) se observa auto del Tribunal mediante el cual se admitieron la pruebas presentadas por la demandante salvo su apreciación en la definitiva.

II
PARTE MOTIVA

Cumplido con todo lo ordenado en el auto de fecha 28-04-2006, de conformidad con el artículo 511 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente concerniente al Procedimiento especial de Alimentos y Guarda; y siendo la oportunidad procesal fijada para dictar Sentencia, este Juzgador pasa a decidir tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
La presente solicitud trata de Aumento de Obligación Alimentaría a la suma de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES ( Bs. 200.000,oo) mensuales; y el doble de la misma cantidad como cuotas extraordinarias para los meses de Septiembre y Diciembre.
Para la celebración del acto conciliatorio se hizo presente solamente el demandado, quien manifestó que no puede fijar la cantidad solicitada, por tener demasiados gastos, por cuanto el tiene otra familia, conformada por cuatro hijos, y que lo que puede es aumentar la cantidad de veinte mil Bolívares ( Bs. 20.000,oo), para un total de Bs.90.000,oo mensuales; además tiene gastos de universidad y transporte.
DE LAS PRUEBAS Y SU VALORACIÓN:
Abierto el procedimiento a pruebas, las partes promovieron pruebas en el lapso legal oportuno.
El demandado consignó las siguientes: 1.) 1.- El valor y mérito de los autos. Este Tribunal acoge criterio jurisprudencial de fecha 26 de mayo de 1999, C.S.J., Casación Civil, por lo que en cuanto al “mérito favorable de los autos” promovido, éste, sin ser una mención legal, no puede de manera aislada y genéricamente invocado, considerarse un medio probatorio en sí mismo. El tribunal deja establecido, que de existir el mismo en beneficio del demandante, éste surgirá de la valoración positiva que de las pruebas emerjan del proceso. En consecuencia él como tal, al no ser un medio probatorio en sí mismo, no da lugar per sé a análisis probatorio alguno. Así se deja establecido. 2.) Documentales: A) Copia simple de recibo de pago (cursante al folio 105) y Copia simple de constancia de Trabajo (cursante al folio 106), para este Juzgador de conformidad con el artículo 369 de la Ley Organica para la Protección del Niño y Adolescente tales documentales sirven para determinar la capacidad económica del obligado, en cuanto al ingreso mensual y sus deducciones, incluyendose en ellas la retención mensual de la pensión alimentaria por Bs.70.000,oo, para un resultado final de Bs.473.003,60. B) Copias fotostáticas de 04 Partidas de Nacimiento Nos. 387, 373, 17 y 931, cursantes a los folios 107 al 110. Este Juzgador las valora de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y los artículo 1357 y 1384 del Código Civil, con lo cual queda demostrada la paternidad del obligado con los niños Erika Yaneth, Franklin Alberto, Anthony Jose y Malber Grisel, por consiguiente la subsistencia de la obligación alimentaria con respecto a ellos.
La demandante consigno las siguientes pruebas: Documentales: Copias de facturas de gastos, las cuales rielan del folio 112 al 114. En cuanto a tales documentales, este Tribunal no las valora por cuanto las mismas no fueron ratificados en juicio por la testimonial del tercero que los emite, de conformidad con el articulo 431 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo para este Juzgador las mismas constituyen indicios de gastos efectuados por la solicitante.
En primer termino, debemos destacar lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 76, último aparte: “ El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijas e hijas, y éstos tienen el deber de asistirlos cuando aquél o aquella no puedan hacerlo por sí mismos. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaría.”.
La Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, en su artículo 377, consagra “El derecho a exigir el cumplimiento de la obligación alimentaría es
irrenunciable e inalienable” .
“La obligación alimentaría comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos
por el niño y el adolescente.” (Artículo 365, de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente).
En atención a que todo niño y adolescente tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral, como lo son: alimentación, la higiene y la salud; vestido; vivienda digna, segura, higiénica y salubre, con acceso a los servicios públicos esenciales, es por lo que los hermanos GONZÁLEZ PERNIA, identificados en autos, deben tener una vida adecuada, que asegure su desarrollo integral, conforme al artículo 30 y 377 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente y el articulo 76 de nuestra Carta Magna.
Para establecer el monto por concepto de Obligación Alimentaría, el sentenciador debe guiarse por lo dispuesto en los artículos 369 y 365 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, que establecen: “…la necesidad e interés del niño o del adolescente que la requiera y la capacidad económica del obligado.” “La obligación alimentaría comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño y el adolescente.”
Consagra nuestra Jurisprudencia y Doctrina que la Obligación Alimentaría es aquella que no solo comprende las sustancias nutrientes básicas propias de la

subsistencia, sino que envuelve todo aquello que requiere cualquier ser humano para lograr un pleno desarrollo de sus facultades físicas y espirituales, por lo que abarca, además de los alimentos, la vivienda, el vestido, la educación, la salud y la recreación, entre los aspectos más importantes de la vida y la existencia del sujeto, que por su corta edad deben obligatoriamente contar con el apoyo que le puedan brindar sus
progenitores, cuya misión primordial es velar por el sano crecimiento de sus descendientes conforme se establece en nuestro ordenamiento jurídico. El Artículo 282 del Código Civil Venezolano, establece: “El padre y la madre están obligados a mantener, educar e instruir a sus hijas menores.”, y En el artículo 30 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente, se señala: “Derecho a un Nivel de Vida Adecuado. Todos los niños y adolescentes tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral. Este derecho comprende, entre otros, el disfrute de: A) Alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y la salud; b) Vestido apropiado al clima y que proteja la salud; vivienda digna, segura, higiénica y salubre, con acceso a los
servicios públicos esenciales.”, y ASÍ SE DECLARA.
Por otra parte, y por cuanto además establece el Artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente que: “...El Juez debe tomar en cuenta, para la determinación de la obligación alimentaría, la necesidad e interés del niño o del adolescente que la requiera y la capacidad económica del obligado...” (Resaltado del Tribunal), esto último probado en autos. De Igual manera establece el Artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y de Adolescente: “...el monto de la Obligación Alimentaría se fijará en salarios mínimos...”
En virtud de los razonamientos antes expuestos y por cuanto la parte actora no mostró prueba alguna de que el obligado cuenta con suficientes ingresos económicos como para Aumentar la Obligación Alimentaria en la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES, ( Bs. 200.000,oo) mensuales, siendo un hecho notorio el alto costo de la vida, lo procedente es Fijar El Aumento de la Obligación Alimentaría en la suma de CIENTO VEINTE MIL BOLÍVARES ( Bs. 120.000,oo) mensuales, y la cuota extraordinaria para los meses de Septiembre y Diciembre, de Bs. 120.000,oo, debiendo por consiguiente en dichos meses ser consignada como Pensión de Alimentos el doble de la cantidad fijada, esto es, DOSCIENTOS CUARENTA MIL BOLÍVARES ( Bs. 240.000,oo), los cuales deben ser cancelados los cinco primeros días de cada mes.
En consecuencia, de conformidad con el segundo aparte del artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en concordancia con los artículos 3, 5, 8, 30, 365, 366, 374 y 520 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, este Juez de los Municipios Jáuregui, Antonio Rómulo Costa, Seboruco,

José María Vargas y Francisco de Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de a Ley: DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR. El Aumento de la Obligación Alimentaría, formulada por la ciudadana: SONIA MARISOL RAMIREZ PERNIA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-10.748.256, domiciliada en La Quebrada de San José, sector el Parchal, calle principal, N° 6-121. La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira y hábil, contra el ciudadano JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-5.023.367, domiciliado en La Urbanización Rio Grita, bloque 23, apartamento N° 00-01. La Fría, Municipio García de Hevia del Estado Táchira y hábil, en beneficio de los hermanos: MARBELY DE LOS ÁNGELES y YORYI DAVID GONZÁLEZ RAMIREZ, de (14 y 13) años de edad respectivamente, en la que se acuerda:

III
PARTE DISPOSITIVA

PRIMERO: Se Fija la cuota ordinaria concepto de Aumento de Obligación Alimentaría en la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLÍVARES, ( Bs. 120.000,oo) mensuales y para los meses de Septiembre y Diciembre el doble de dicha cantidad es decir la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MIL BOLÍVARES ( Bs. 240.000,oo) mensuales.
SEGUNDO: Dichos montos deberán ser depositados los cinco primeros días de cada mes en la Cuenta de Ahorros que a tal efecto sé encuentra aperturada en el Banco de Fomento Regional los Andes de esta Ciudad de La Grita, Municipio Jáuregui, a nombre de la ciudadana SONIA MARISOL RAMIREZ PERNIA, madre de los hermanos MARBELY DE LOS ÁNGELES y YORYI DAVID GONZÁLEZ RAMIREZ.
Dada, firmada, sellada y refrendada en el Juzgado de los Municipios Jáuregui, Antonio Rómulo Costa, Seboruco, José María Vargas y Francisco de Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en la Ciudad de La Grita, a los días del mes de Julio de 2006.
EL JUEZ,
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DR. EDIXON ELBERTO OLANO JAIMES

LA SECRETARIA,
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Abog. GLENIS ROSALES DE ROCHE

En la misma fecha se dicto y publico la anterior decisión, siendo las 11:00 am., se dejo copia para el archivo del Tribunal.
La Secretaria,
__________________________
Abog. GLENIS ROSALES DE R.

Exp.N° 269-2004
fanny